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COIPRODEN, 28 AÑOS A FAVOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE HONDURAS

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  • La Red de Instituciones procura que el Estado garantice derechos básicos a la niñez y juventud hondureña.
  • Más de 10 mil niños y jóvenes fueron asesinados violentamente en los últimos 17 años.

Desde su creación en el año de 1989, la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, niños, adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) surgió como un espacio de análisis, denuncia y propuestas sobre las políticas de niñez, adolescencia y juventud en Honduras desde el sector de Sociedad Civil.

Como parte de su trabajo, esta red de instituciones ha señalado la importancia de aplicar políticas encaminadas a bajar la violencia que afecta a los niños y jóvenes a nivel nacional.

De acuerdo a conteos realizados por la organización Casa Alianza, en los últimos 17 años (1998 – 2015) fueron ultimados en el país un total de 10,573 niños y jóvenes.

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En ese sentido, el director ejecutivo de la Red COIPRODEN, Wilmer Vásquez, ha señalado que es urgente que el futuro de Honduras-hablando de los niños y jóvenes- tenga la protección de una política de Estado que evite que estos menores sean asesinados.

“Existe un importante rezago por parte del Estado en el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales en favor de los derechos de la niñez y la juventud, y en este caso, es urgente disponer de un instrumento idóneo de acciones y medidas institucionales para combatir y erradicar la violencia en la niñez y la juventud, así como las mejores y oportunas decisiones para combatirla” mencionó Vásquez.

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COIPRODEN ha lamentado como a pesar de la existencia de algunas políticas de Estado a favor de la niñez y juventud, estás no cuentan con presupuesto, no se implementan y por lo tanto no se convierten en prioridad en la agenda de las instituciones del Estado.

La Red de Instituciones COIPRODEN está conformada por 36 organizaciones afiliadas, y esta a su vez forma parte del grupo de organizaciones miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) donde comparten entre sus objetivos la tarea de promover la participación ciudadana, la solidaridad y el fortalecimiento institucional; que permita contar con un ágil y eficaz sistema de justicia y seguridad, para beneficio de los sectores más vulnerables.

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APJ conoce avances de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

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Tegucigalpa. El Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) conoció este viernes los principales avances que ha tenido la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; como parte del proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras.

A la reunión asistieron Omar Rivera y Alberto Solórzano; miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; y que dicho de paso también son miembros de la APJ.

Los miembros de la Comisión depuradora explicaron a los representantes de la sociedad civil el alcance de dicha Comisión en el marco del decreto de su creación; al tiempo que detallaron el proceso que se ha seguido para recopilar información de los entes contralores, y cómo esa información ha servido para sugerir las separaciones, ratificaciones y suspensiones que están formando parte del proceso de reestructuración de la policía.

En ese sentido resumieron que hasta la fecha de un total de 47 Comisionados, el 49% de ellos han sido cancelados; 34% fueron ratificados; al 9% de ellos se les acepto el retiro voluntario y el otro 9% restante, que corresponde a un número de 4 Comisionados, han sido suspendidos.

Los miembros de la Comisión Especial, que se encargaran de determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; aclararon a la APJ que ellos no tienen facultades de juzgar a ningún elemento policial; ya que esa tarea corresponde a los operadores de justicia.

La comisión depuradora fue nombrada y juramentada el 12 de abril del 2016 y la misma tiene entre sus tareas implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, al igual que remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de las personas separadas por la supuesta comisión de un ilícito.

Por su parte, la APJ desde su creación en 2012, ha exigido de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de la depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado en actos criminales y en redes delictivas como narcotráfico y lavado de activos. La presión ejercida por la APJ marcó el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia.

Al encuentro con los miembros de la Comisión Especial acudieron Carlos Hernández, Presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Hilda Caldera, Presidenta de la Fundación Alfredo Landaverde; Óscar Chicas, Director Ejecutivo de World Visión Honduras (WVH); Aurora Pineda, Presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia en Honduras (AVVH); Jessica Sánchez, Coordinadora Técnica del Grupo Sociedad Civil (GSC) y Amanda Madrid, Presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)

Además, acudieron Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica de Honduras; y Marcela Castañeda, Coordinadora de Incidencia de World Visión Honduras (WVH).