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Más de 3 mil hondureños murieron violentamente en 2020, pese al confinamiento por covid-19

  • Los municipios más violentos fueron el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma
  • El promedio fue de 37 crímenes por cada 100, 000 habitantes

Tegucigalpa. Honduras registró 3,496 muertes violentas durante 2020, pese al confinamiento por covid-19 que restringió la circulación de ciudadanos en todo el país, de acuerdo al informe del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.

Los datos son preliminares ya que se continúan procesando las cifras que reflejan una media diaria fue de 9.58 homicidios, lo que representa una reducción de 586 muertes respecto a las 4,082 registradas en 2019, según el informe policial.

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En ese sentido, de cada 10 víctimas de homicidios, una era mujer y de cada 23, una de las víctimas era menor de edad. También se registraron 42 homicidios múltiples (masacres).

Honduras homicidios 2021

Cifra de homicidios registrados en Honduras en 2020. Fuente/ Policía Nacional de Honduras

Los 5 meses más violentos

De acuerdo al informe, el área urbana reportó el 70 por ciento de los homicidios y los meses con mayor incidencia fueron:

  • Diciembre- 416
  • Agosto- 389
  • Octubre- 387
  • Abril -381
  • Noviembre – 367

Los 10 municipios más violentos  

  • Distrito Central (capital de Honduras)
  • San Pedro Sula
  • Choloma
  • La Ceiba
  • El Progreso
  • Catacamas
  • Comayagua
  • Olanchito
  • Puerto Cortés
  • Juticalpa
homicidios honduras 2021 masacres

Fuente/ Policía Honduras.

Los municipios con cero homicidios

Así también, en 2020 fueron decomisadas 3, 881 armas de fuego y se detuvo a 19, 087 personas por diferentes delitos.

homicidios honduras municipios

Fuente: Policía Nacional de Honduras

Vale mencionar que las autoridades policiales, argumentan que la disminución de crímenes se debió al confinamiento por covid-19 que comenzó en marzo de 2020. A la fecha, el país centroamericano reporta 151,103 casos confirmados y 3,662 muertes por coronavirus.

 

Alianza por la Paz y la Justicia, seis años trabajando por la seguridad y justicia de Honduras

  • Desde sus inicios la Alianza por la Paz y la Justicia ha trabajado en generar espacios de participación ciudadana para un desempeño eficaz y eficiente del sistema de justicia y seguridad en Honduras.
  • En 2018, la APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) surgió en 2012 en medio de un ambiente de violencia generalizada y marcado por crímenes perpetrados por miembros de la seguridad pública.

Desde entonces su propósito como plataforma de sociedad civil es demandar un efectivo y verdadero proceso de reforma en la seguridad pública de Honduras, con una policía preparada y confiable, una Fiscalía eficiente y una Corte Suprema de Justicia objetiva y ágil.

Como resultado de los constantes señalamientos de esta coalición de organizaciones de sociedad civil de la urgente necesidad de implementar acciones de profilaxis y reingeniería en la institución policial, en abril de 2016 el gobierno de Honduras crea la Comisión Nacional de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, con el objetivo de impulsar un proceso de evaluación de idoneidad de los miembros de la institución policial.

La Comisión Depuradora conformada por representantes de la sociedad civil y miembros del gobierno, impulsó procedimientos que dieron lugar a la salida obligatoria de policías vinculados al crimen organizado y narcotráfico, así como aquellos que no reunían un perfil idóneo y de moralidad que garantizara un servicio digno a la población.

A la fecha 4,925 policías salieron de la Policía Nacional por medio de la actuación de la Comisión de Depuración. La iniciativa incluyó el impulso y la aprobación de una nueva estructura orgánica, una nueva ley de policía y nueva ley de la carrera policial.

La plataforma ciudadana representada en la APJ también ha contribuido en fortalecer las capacidades de la población en la temática de seguridad y justicia, por lo que a través de los procesos formativos de Seguridad 101, jóvenes de los municipios de Siguatepeque, Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Catacamas, El Progreso y Tegucigalpa participaron en las jornadas de capacitación.

En 2017, más de 250 jóvenes pertenecientes a los capítulos regionales fueron instruidos sobre el contexto y entorno de la realidad de Honduras en la temática de seguridad y justicia.

Para 2018, la Alianza por la Paz y la Justicia aposta sus objetivos al fortalecimiento institucional del Ministerio Público y el Poder Judicial por medio de acciones que permitan una elección transparente del Fiscal General de la República, hacer más eficientes los procesos de selección de jueces y magistrados, impulsar las reformas provenientes de la gestión de la Comisión Nacional de Depuración y Transformación de la Policía Nacional y continuar con el empoderamiento ciudadano por medio del robustecimiento de los capítulos regionales de la APJ.

La APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en el país.

Acerca de la APJ

La APJ está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), el Grupo Sociedad Civil (GSC), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), World Visión Honduras (WVH), la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia MOPAWI, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transformemos Honduras (TH), el proyecto Aldea Global, movimiento Jóvenes Contra la Violencia (JCV), Comunidad Cristiana de Liderazgo, Alianza por el Dialogo, la Fundación Alfredo Landaverde, la Asociación para de Familiares y Víctimas de la Violencia, la organización Predicar y Sanar (PREDISAN), RED VIVA HONDURAS y el Espacio Regional de Occidente EROC.

 

 

 

Aunque Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no figuran entre las ciudades más violentas del mundo, lucha contra la criminalidad no debe detenerse

  • Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no están entre las 10 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
  • La APJ ha señalado la necesidad de reformar y fortalecer el sistema de seguridad y justicia del país.

Tegucigalpa. Por primera vez en los últimos cinco años, ninguna ciudad hondureña se encuentra entre los primeros puestos de la terrible lista de ciudades más violentas del mundo, emitida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

A diferencia de 2015, cuando Tegucigalpa y San Pedro Sula aparecían en los primeros puestos del ranking de muertes, en 2017 se registró un descenso importante en la tasa de homicidios.

“En 2016 en San Pedro Sula se registró una tasa de 112.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2017 fue de 51.18: una baja del 54.34% en un año. De este modo la urbe pasó de la tercera posición en el ranking en 2016 a la 26 en el de 2017 (y ocupó el primer lugar mundial en los años 2011 a 2014)”, detalla el informe.

Por otra parte, en 2016, Tegucigalpa registró una tasa de 85.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2017 se redujo a 48, lo que equivale a una reducción del 43.59% en un año. Con ello pasó de la posición cuarta en el ranking de 2016 a la 35 en 2017.

Y es que la tasa bajó favorablemente en Honduras de 60.02 en 2015 a 59.05 en 2016 y a 42.8 en 2017.

Pero, ¿qué hay detrás de esta reducción?

El estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal destaca una “pronunciada y rápida disminución de los homicidios en las ciudades de Honduras”, como resultado de acciones estatales.

“Estas reducciones extraordinarias no ocurrieron por casualidad, sino que son el resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones”, apunta el estudio.

De las 50 ciudades enlistadas, 15 están en Brasil, 12 en México, cinco en Venezuela, cuatro en Estados Unidos, tres en Colombia, tres en Sudáfrica y dos en Honduras. Además, una ciudad en: El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica.

El listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal lo lidera la ciudad mexicana Los Cabos, con una tasa de homicidios de 111.33, seguida de Caracas (111.19) y Acapulco (106.63).

+ Ver el informe original

Lo que sigue

Para Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) – organización miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), la disminución en las tasas de homicidios “es una noticia que alegra, ya que por mucho tiempo San Pedro Sula y Tegucigalpa fueron señaladas como lugares más complicados para vivir. En relación a la violencia que estaba imperando, alegra el saber que se ha logrado salir de ese espacio, pero también esto significa que se debe de continuar mejorando y no conformarnos con lo hecho”.

En ese sentido, Omar Rivera, coordinador de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que un factor determinante en la reducción de homicidios “es el esfuerzo porque existieran instancias de coordinación en los distintos operadores de seguridad del país, de defensa y justicia, a esto se le suma la dotación de recursos por parte del Estado para lograr esto”.

A criterio de la APJ, los resultados alcanzados deben servir de impulso para continuar y no detenerse en la lucha contra la criminalidad.

Desde su creación en 2012, la plataforma ciudadana de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha venido demandando del Estado un efectivo proceso de reforma y fortalecimiento al sistema de seguridad y justicia del país, a fin de reducir los elevados niveles de violencia e impunidad que benefician al crimen organizado y la delincuencia común.