Entradas

Sociedad Civil da un paso al costado en elección del TSC y mira hacia el futuro

/en /por

El actual proceso de selección de los nuevos magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha dejado limitado la participación de la ciudadanía organizado para ejercer una efectiva auditoría social, dejando un sabor amargo y una enorme frustración.

Por tal motivo, organismos de la sociedad civil, iglesias, universidades y otros, exponen en el siguiente pronunciamiento todos los vacíos encontrados en este momento histórico que hoy marcará el rumbo del TSC, urante los próximos siete años.

Sin embargo, dejan en claro que no abandonarán la agenda de incidencia para depurar, reformar y fortalecer la principal entidad contralora del Estado.

Las suscritas organizaciones de sociedad civil, asociaciones empresariales, iglesias y representantes de universidades, ante la población hondureña, las autoridades políticas y la comunidad internacional, nos manifestamos en torno al proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en los siguientes términos:

  1. MANDATO LEGISLATIVO. Reconocemos que es mandato constitucional de los Diputados del Congreso Nacional, elegir a los Magistrados del TSC y que el Estado de Honduras requiere fortalecer sus instituciones para garantizar que finalmente comience a combatirse la corrupción y la impunidad.
  2. EL ESTADO Y LA CORRUCPIÓN. La corrupción ha estado presente en diferentes etapas de la historia de Honduras, sin que haya habido decisión y políticas públicas sostenidas orientadas a su combate. Los informes de Transparencia Internacional ubican a Honduras desde final del Siglo XX, en los tres primeros países con mayor corrupción en el continente americano; sin que a la fecha se hayan efectuado cambios en la conducción del Estado, independientemente del partido político que ostente el gobierno.
  3. DEBILIDAD INSTITUCIONAL. La estructura estatal cuenta con instituciones para prevenir, investigar, judicializar y castigar la corrupción, pero resulta irrefutable que han sido inefectivas. El mejor ejemplo, es el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Esta débil institucionalidad, se ve reflejada en los nulos esfuerzos que han tenido los gobiernos de turno en poder ser elegibles a la asistencia de la Cuenta del Milenio; asimismo, puede ser un impedimento para acceder a los recursos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
  4. EL TSC EL PRIMER ESLABÓN EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. Según su mandato constitucional, al TSC le corresponde el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control del Patrimonio del Estado; es responsable de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y coordina con dependencias gubernamentales y operadoras de justicia en el combate a la corrupción. Es la única institución del Estado que dentro de su mandato legal puede prevenir, detectar, investigar y sancionar actos corruptos, como institución de probidad, contralora y fiscalizadora; asimismo, incide en la penalización de la corrupción y la indemnización que el Estado debe cobrar por los daños y perjuicios causados.
  5. RETROCESO EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. En meses recientes, en respuesta al clamor de un pueblo indignado y a la incidencia de organizaciones de sociedad civil, ha habido asomos de voluntad política de las autoridades para combatir la corrupción. Desafortunadamente, el proceso actual de elección de los nuevos magistrados del TSC envía un mensaje opuesto a la voluntad política y repite una práctica desgastada, cuestionada y que los únicos resultados que ha dado son más corrupción e impunidad. El incumplimiento de los principios rectores del Reglamento para la Elección de la Nómina de Candidatos a Integrar el TSC, establecidos en el artículo 1; así como la falta de publicidad de las decisiones y actos de la Comisión Especial, resta confianza y debilita el proceso.
  6. COMISIÓN MULTIPARTIDARIA NO PERMITIÓ VEEDURÍA CIUDADANA. La transparencia, más que un discurso, son acciones orientadas a asegurar el acceso a información que permita la participación ciudadana en la gestión de lo público y llevan a las autoridades a rendir cuentas de sus actos y decisiones. Contradiciendo el artículo 2 del Reglamento para la Elección, en lo referente a garantizar la transparencia del proceso y la participación ciudadana de manera que este fuera riguroso e incuestionable, la Comisión Multipartidaria aceleró la selección de candidatos, excluyendo a las Organizaciones de Sociedad Civil en la veeduría y negando información de los 102 candidatos que creyeron y participaron como aspirantes.
  7. LAS CONSECUENCIAS DE UNA INADECUADA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TSC. Para llevar a cabo un verdadero combate a la corrupción, el Estado no puede continuar gestionando sus instituciones contraloras de la misma forma. Mientras en Centroamérica avanza la lucha anticorrupción y se vislumbran importantes resultados como en el caso de Guatemala y El Salvador, en Honduras todavía no se percibe voluntad, decisión política y coherencia entre los diferentes poderes del Estado. Sectores nacionales y de la comunidad internacional que han apoyado por años al país sin ver frutos, definen a Honduras como un Estado “altamente corrupto” donde el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, siendo uno de los indicadores, la corrupción de los funcionarios públicos y de autoridades electas.
  8. SEGUIREMOS MONITOREANDO, EVALUANDO Y EXIGIENDO UN MEJOR TSC. Al margen de no tener espacio de participación ciudadana en el proceso de elección de los nuevos magistrados del TSC, como representantes de diferentes sectores de la sociedad civil hondureña ratificamos nuestro compromiso de monitorear, evaluar y denunciar irregularidades en el sistema contralor del Estado e incidir para que el TSC que cumpla de manera independiente con su mandato legal de ente fiscalizador y responda a las demandas de la población.

SOMOS CIUDADANOOS QUE TRABAJAMOS PARA TENER OTRO PAÍS Y PEDIMOS A LOS SEÑORES DIPUTADOS Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE SUMEN PARA CONSTRUIRLO

Tegucigalpa, MDC – 01 Noviembre de 2016

Alianza por la Paz y al Justicia (APJ) – Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) – Asociación Nacional de Industriales (ANDI) – Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) – Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) – Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) – Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) – Fundación Alfredo Landaverde – Grupo Sociedad Civil (GSC) – MoskitiaPawisaApiska (MOPAWI) – Pastoral Social Cáritas de Honduras – Predicar y Sanar (PREDISAN) – Proyecto Aldea Global – Transformemos Honduras (TH) – Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) – Visión Mundial Honduras (VMH).

captura-de-pantalla-2016-11-01-a-las-13-11-07

Comisión Depuradora presentará primer informe ante Congreso Nacional

/en /por

Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional acudirá este miércoles al Congreso Nacional para presentar su primer informe trimestral sobre los avances del proceso iniciado en abril.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 21-2016 del 7 de abril de 2016 que dio vida a esta Comisión Especial, la misma debe “rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración”.

En tal sentido, ya está casi listo el reporte que los depuradores harán del conocimiento de la Junta Directiva del Poder Legislativo y las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el parlamento hondureña.

Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quien forma parte de la Comisión, manifestó que el informe de gestión del primer trimestre se circunscribirá a notificar a los legisladores sobre las actividades y logros obtenidos en el marco de las atribuciones conferidas por la asamblea legislativa.

“Vamos a informar a los diputados del Congreso Nacional sobre las cancelaciones, suspensiones y ratificaciones de agentes y oficiales de la Policía Nacional en función de su idoneidad, al tenor del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en la institución y la Secretaría de Seguridad”, dijo Rivera

Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora, explicó que también se trabaja en el diseño de un sistema para el seguimiento los policías depurados y la identificación de casos de corrupción y hechos criminales en los cuales están involucrados miembros de la carrera policial que deben ser enviados a entes contralores del Estado y operadores de justicia.

Por su parte, el pastor Alberto Solórzano, depurador y presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), señaló que “hemos evaluado casi unas 459 personas, se han ido más o menos el 42 por ciento de este número. Lo importante no es tanto las cantidades sino que el esfuerzo que estamos haciendo en función de un trabajo de reestructuración y depuración de la Policía”.

 


Apuntó además que “necesitamos evaluar qué es lo que viene después de todo este esfuerzo y si es meritorio que ciertas instituciones que se abrieron con la intensión de hacer lo que nosotros estamos haciendo, continúen”.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las siguientes atribuciones: 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

CANCELADOS, SUSPENDIDOS Y RATIFICADOS

Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, los mismos han procedido a evaluar a 459 altos oficiales, de los cuales nueve pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios y 33 de otros diferentes rangos. De ese total de 459 policías evaluados, 167 fueron cancelados, 20 fueron suspendidos, a 7 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 254 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.

De los nueve generales evaluados solamente tres fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.

 


De los 47 Comisionados de Policía, 23 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a cuatro se les autorizó el retiro voluntario y 16 fueron ratificados; mientras de los 108 Subcomisionados, 29 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, cuatro continúan en proceso de evaluación y 69 fueron ratificados.

Asimismo, de los 108 Comisarios de Policía, 35 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a uno se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, seis continúan en proceso de evaluación y 62 fueron autorizados a seguir desempeñándose en sus tareas policiales. Finalmente, en el rango de Subcomisarios, la Comisión Especial evaluó a 154 de los cuales 43 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, uno continúa siendo evaluado y 104 fueron ratificados.

Es relevante destacar que en este proceso de evaluación de la idoneidad de los miembros de la carrera policial, la Comisión Especial decidió cancelar a tres exdirectores generales de la Policía Nacional, “en razón de la nueva estructura en la institución”. Los cancelados son los Generales Ricardo Ramírez del Cid y Juan Carlos Bonilla Valladares; y por abandono del cargo al General Ramón Sabillón Pineda, quien según reportes de prensa y registros migratorios salió del país sin la autorización debida.

Otros miembros de la carrera policial han sido cancelados por diferentes motivos, en función del vencimiento de plazos de su condición de disponibilidad, muerte o por faltas relacionadas a desobediencia, amenazas a muerte y otras graves.

La mayoría de los oficiales cancelados fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, como consecuencia de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional. Según el criterio de los depuradores, estas funciones no “impactaban positivamente ni eran relevantes”.

Según Omar Rivera, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja. De acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, más de 40 millones de lempiras a los policías cancelados”.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL Y CREACIÓN DE LA LEY DE PERSONAL DE LA CARRERA POLICIAL

En los últimos días, la Comisión Especial también ha dedicado gran parte de su esfuerzo a analizar el contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial.

A criterio de Vilma Morales, también comisionada, “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.

 


El coordinador de la APJ indicó que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales”.

Las leyes, apuntó Rivera, deben además “propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

La Comisión Especial ha desarrollado intensas jornadas de trabajo a fin de poder entregar en los próximos días –durante su comparecencia al Congreso Nacional- las recomendaciones pertinentes a los proyectos de reforma a la legislación policial. “Hemos estado analizando las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y las remitiremos en el marco de la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y esperamos sean bien recibidas por la Comisión de Seguridad”, aspiró el dirigente de sociedad civil.

En reiteradas ocasiones, los miembros de la Comisión Especial han manifestado que “además de depurar, también están impulsando la transformación de la Policía Nacional que incluye el mejoramiento de su marco legal”.

EXPEDIENTES DE SUPUESTOS ILÍCITOS COMETIDOS POR POLICÍAS SERÁN REMITIDOS AL MP y TSC

Coincidentemente, en esta semana la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional enviará al MP y TSC varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y sobre los cuales pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales.

Al respecto, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y asesor de la Comisión Especial, Carlos Hernández, acotó que “son varias decenas” de expedientes los que estarían siendo remitidos ante el ente acusador del Estado y al organismo contralor de la República. “Si bien es cierto no me atrevería a especificar el número, sí puedo asegurar que son muchos”, afirmó Hernández.

La ASJ, Capitulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, ya tiene más de 80 denuncias procesadas a través de la plataforma de denuncia ciudadana “Honduras Denuncia” y la aplicación para dispositivos móviles “Dilo Aquí Honduras”, insumos importantes para estructurar los expedientes que serán remitidos a las autoridades correspondientes.

“Existen indicios que varios miembros de la carrera policial protegían delincuentes y se dedicaban a actividades criminales y corruptas, muchas de ellas recurrentes como la extorsión, secuestro, sicariato, robo de vehículos, lavado de activos y otras por el estilo. Asimismo, es notorio que todo este accionar ilegal tenía un reflejo repugnante en el enriquecimiento ilícito de los malos agentes y oficiales”, dijo al respecto el comisionado Omar Rivera.

Y agregó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Antes de hacerse presente ante el pleno del Congreso Nacional, los miembros de la Comisión Especial para Depuración y Transformación de la Policía Nacional, presentarán el martes un informe especial ante el Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, quien los nombró por un período de 12 meses para cumplir el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional el pasado 12 de abril.

Además de Rivera y Solórzano, forman parte de esta Comisión Especial: Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Julián Pacheco, Secretario de Seguridad, quien la preside. Como asesores fungen Carlos Hernández, presidente de ASJ, y German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); y como secretario, Jorge Machado, de la Confraternidad Evangélica de Honduras.

Resultados de la Depuración Policial

Captura de pantalla 2016-07-18 a las 3.58.07 p.m.

Autoridades del TSC se reúnen con comisión de depuración de la policía

/en /por

Tegucigalpa. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se reunieron hoy con los miembros que conforman la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras.

Los miembros de la Comisión, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien la preside, y los comisionados Vilma Cecilia Morales y Omar Rivera, llegaron a la sede del ente contralor del Estado atendiendo una invitación que les formulara el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

La reunión tuvo por propósito informar a los integrantes de la Comisión Especial el proceso que sigue el TSC para la investigación de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

En el encuentro, que inició a las 2:30 p.m., el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, y las autoridades de la Dirección de Auditorías Centralizadas y Centralizadas, y de la Unidad de Investigación y Verificación, encargadas de investigar dicho delito, expusieron el proceso que sigue el TSC para investigar las denuncias por este ilícito, amparados en el marco legal vigente y acorde a parámetros nacionales e internacionales.

Respaldo:

La Comisión Especial reconoció los esfuerzos que realiza el TSC en investigar el enriquecimiento ilícito, a pesar de las limitantes; por lo que demandan apoyo.

“Hemos recibido todo el respaldo del parte del Tribunal Superior de Cuentas, creemos que vamos a recibir una colaboración no solo decidida por lo que hemos asistido sino porque esa es la tarea que ellos han venido realizando”, manifestó Vilma Morales.

“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribunal tiene, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, son temas que hay que ponderar y valorar”, valoró. En este contexto, comparó que el presupuesto del TSC no es siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la República. Además, consideró necesario que el tema de la investigación del delito de enriquecimiento ilícito debe ser una tarea del Ministerio Público.

“Creemos que es una tarea que tiene que tener otro contexto, tiene que estar claramente determinada a nivel de las leyes de la República para exclusivamente como una tarea del Ministerio Público”, apuntó Morales.

“Es importante evaluar estos temas y ponerlos en contexto sobre la tarea que viene realizando el Tribunal”, indicó. Destacó que el TSC cuenta con buena capacidad técnica, de quien recibieron aportes importantes.

Por su lado, Omar Rivera coincidió que es necesario una revisión del marco jurídico en el tema del delito de enriquecimiento ilícito, para no cargar la labor que realiza el TSC. “Debe haber reformas que permitan que el rol del Ministerio Público sea mucho más protagónico”, indicó.

La Comisión solicitó al TC priorizar en casos emblemáticos de policías que supuestamente se enriquecieron ilícitamente. Finalmente, Rivera agradeció el apoyo del TSC en facilitarles información de altos oficiales de la Policía.

Las autoridades del ente contralor del Estado reafirmaron la voluntad de apoyar la gestión de la Comisión Especial, atendiendo las solicitudes que le sean planteadas en el marco de las facultades que les confiere la Ley.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, informó que el ente contralor del Estado conoce 27 expedientes sobre supuesto enriquecimiento ilícito, que fueron remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

De esta cifra cinco están evacuados y cuatro están por concluir su investigación, el resto se investigarán de acuerdo a la prioridad que solicita la Comisión de Depuración. El interés del TSC es responder de forma expedita cualquier solicitud o denuncias que formulen instituciones o ciudadanos, a efecto de no dilatar cualquier proceso encaminado a la administración de la justicia en nuestro país.

Por consiguiente, el TSC reafirma que las auditorías e investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se practican con objetividad y profesionalismo, garantizando el debido proceso a los funcionarios y exservidores públicos señalados en denuncias o en los informes de auditoría.

APJ condena amenazas a muerte contra miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

/en , /por

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición conformada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la denuncia de amenazas a favor de los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, se pronuncia de la siguiente manera:

  1. Condenamos este tipo de amenazas y nos solidarizamos con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortamos a los miembros de esta Comisión Especial, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación, y a mantenerse firmes y valientes en su actuar, y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración, ya que por primera vez se observan resultados tangibles (3 de los 9 generales, solamente el 33% fueron ratificados; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados), comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.
  1. Exigimos que el Ministerio Público (MP), proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión Especial.
  1. Pedimos al MP, designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.
  1. Demandamos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.
  1. Solicitamos al Estado de Honduras reforzar las acciones de protección contra los amenazados miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, y sus familias, a fin de garantizar la vida e integridad física de los mismos.
  1. Exhortamos a la ciudadanía, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes de este proceso de reestructuración y depuración policial, para seguir presionando por una profunda profilaxis y reingeniería a lo interno de la Policía Nacional de Honduras.
Descargar Pronunciamiento