• Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la DPI y la institucionalidad.

Tela, Atlantida. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este martes los resultados de la veeduría ciudadana efectuada a la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la ciudad de Tela.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a unidades policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de Tela, participaron las organizaciones: Young Leader y Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares y la Asociación de Prevención, educación en salud sexual y Sida de Tela (APRESTELA).

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en las oficinas de la DPI, con cobertura en tres municipios, para la atención de alrededor de 142,301 personas.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Dirección Policial de Investigación es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que la desde de la unidad policial cuenta apenas con cinco cubículos con poca confidencialidad y en exposición de los detenidos, sanitarios en mal estado con escaso abastecimiento de agua y un cuarto de descanso deteriorado.

Además, indica que la estación no cuenta con celdas para personas en condición de vulnerabilidad y tampoco con una bodega para el almacenamiento de pruebas decomisadas por los investigadores, por lo que estas son remitidas a las oficinas del Ministerio Público.

Ante los hallazgos, los veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la DPI y la institucionalidad.