La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la próxima discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, correspondiente al año 2017, y en torno a la propuesta de distribución de recursos entre las instituciones del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia del país, se pronuncia de la siguiente forma:

• Con beneplácito hemos observado en los últimos años una revitalización de la gestión del Ministerio Público (MP), que se ve reflejada en una lucha frontal en contra de los carteles del narcotráfico, redes de corrupción y maras, así como el incremento del número de investigaciones, requerimientos fiscales y capturas en contra de delincuentes comunes, servidores públicos y criminales dedicados a la extorsión, lavado de activos y otros delitos. En este sentido, celebramos los avances en esta lucha en contra de la impunidad y esperamos más resultados, a fin de revertir la generalizada impunidad que ha imperado en el país.
• Para poder seguir exigiendo resultados a las diferentes fiscalías especiales, agencias de investigación criminal, unidades de medicina forense y demás dependencias del MP, se requiere dotarlas de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros ya que en los últimos años, hemos observado que, pese a que el presupuesto del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en su conjunto, ha sufrido un incremento cuantioso del 290% en la última década (2006-2017), que representa Lps. 115,867 millones, de recursos regulares del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, la distribución de los mismos ha sido inequitativa y desproporcional, privilegiando las asignaciones a las Secretarías de Defensa y Seguridad, las cuales en su conjunto han recibido el 73% del total de esos montos, y relegando al MP y la Poder Judicial, entidades que únicamente han recibido el 27% de ese total. En esta oportunidad, nuevamente, se ha excluido de dar un trato justo al MP, en la distribución de los recursos presupuestarios asignados, por lo que se evidencia una equivocada decisión que debilita la capacidad institucional de este ente operador de justicia.
• Ese mismo patrón de distribución se ve reflejado en las asignaciones de recursos extraordinarios como los de la Tasa de Seguridad Poblacional, que fueron empezados a distribuir en el año 2012; del total recaudado hasta el mes de agosto de 2016, una cifra que asciende a Lps. 9,175 millones, la Secretaría de Defensa ha recibido el 36% de esos recursos, la Secretaría de Seguridad el 33%, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) el 18%, el MP el 4% y el Poder Judicial el 2% y otras instituciones estatales el 7%; esta distribución refleja con absoluta claridad el trato diferenciado hacia las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras.

• Ese mismo patrón de distribución se ve reflejado en las asignaciones de recursos extraordinarios como los de la Tasa de Seguridad Poblacional, que fueron empezados a distribuir en el año 2012; del total recaudado hasta el mes de agosto de 2016, una cifra que asciende a Lps. 9,175 millones, la Secretaría de Defensa ha recibido el 36% de esos recursos, la Secretaría de Seguridad el 33%, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) el 18%, el MP el 4% y el Poder Judicial el 2% y otras instituciones estatales el 7%; esta distribución refleja con absoluta claridad el trato diferenciado hacia las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras.

• El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, para el año 2017, recientemente enviado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), no considera el incremento solicitado por parte del Fiscal General del Estado de más de Lps. 580 millones al presupuesto del MP, que hubiese permitido la contratación de fiscales, agentes de investigación criminal, médicos forenses, peritos especializados y personal técnico, que ampliaría la cobertura y mejoraría la calidad de los servicios de las diferentes fiscalías especiales y demás dependencias de este ente operador de justicia; esta decisión de la SEFIN, ratifica la perjudicial tendencia que históricamente ha sufrido el presupuesto del MP, y obstaculiza el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de la entidad, y disminuye la capacidad de acción y limita la posibilidad de obtener mejores resultados durante el ejercicio fiscal 2017.

• No cubrir la brecha financiera del MP, para el próximo año, restringe la capacidad operativa de esta institución para poder mejorar su desempeño, ampliar su cobertura de servicios y cumplir a cabalidad sus deberes y responsabilidades para revertir la impunidad y castigar a todas aquellas personas que transgreden la Ley y violentan los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, al no tomar en consideración e incorporar la SEFIN, en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso Nacional, el incremento solicitado por el MP, no solo se traduce en un mensaje desalentador, sino que también en una muy mal señal en este esfuerzo por combatir a los corruptos y criminales en el país, especialmente porque se puede constatar que las demás instituciones que conforman el Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras, si recibieron relevantes aumentos en sus asignaciones presupuestarias, mismos que contrastan con el tratamiento dado a quien debe enfrentar el reto de construir los requerimientos fiscales para que los que violentan el ordenamiento jurídico vigente y sean ejemplarmente castigados.
• Como organizaciones que representamos a diferentes sectores de la sociedad, pedimos a los diputados del Congreso Nacional de la República, enmendar el grave error, y dar al MP el mismo trato como a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, e impedir que se margine a esta institución de los beneficios de un incremento digno de los recursos asignados para hacerle frente a sus responsabilidades y deberes durante el próximo año, y les instamos a modificar el Presupuesto General de la República con el propósito de satisfacer la petición de ente estatal.
• De ser necesario, la APJ, recomienda a los legisladores a disminuir las asignaciones a otras Secretarías de Estado que –a lo largo de los últimos años- han venido viendo incrementados sus presupuestaos de forma extraordinaria, tal es el caso de la Secretaría de Defensa, y particularmente las Fuerzas Armadas; en el marco de la estrechez y necesidad, las decisiones políticas deben ir encaminadas a priorizar, y las falencias actuales del MP, son un imperativo categórico a enfrentar y un grave problema a resolver.

Incremento porcentual por operador

• Finalmente, consideramos inaceptable el robo del expediente judicial del caso del asesinato de la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, mismo que dibuja –de cuerpo entero- la negligencia y falta de responsabilidad con la que algunos funcionarios judiciales se desempeñan en sus cargos; urgimos la expedita y efectiva intervención de las autoridades del Poder Judicial a fin de deducir las responsabilidades administrativas del caso y corregir los protocolos de manejo de la información y documentos a lo interno de los diferentes tribunales y demás instancias jurisdiccionales. Del mismo modo, exigimos una rigurosa investigación por parte del MP, a fin de castigar a los culpables de este hecho delictivo. Todos los funcionarios del Poder judicial deben saber que sus actuaciones deben realizarse en el marco de las facultades que les da la Ley, en estricto apego al mandato que están llamados a cumplir y sobre la base del decoro y la responsabilidad que sus cargos requieren. Que no se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados y responsables de la custodia y manejo del expediente judicial en mención, que no se corrija las falencias de procesos internos en los diferentes organismos judiciales y que no se esclarezca el robo de tan importante documentación de un caso emblemático que esta incrustado en el imaginario colectivo, continuará dando un muy mal mensaje a la población en general y a la comunidad internacional, y contribuirá a enraizar la impunidad de la cual tanto nos quejamos los hondureños

La APJ, reitera su compromiso de continuar ejecutando acciones conducentes a depurar, reformar y fortalecer las capacidades de las diferentes instituciones que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia del país, a fin de garantizar el pleno goce los derechos y libertades de los hondureños.