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Autoridades del TSC se reúnen con comisión de depuración de la policía

Tegucigalpa. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se reunieron hoy con los miembros que conforman la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras.

Los miembros de la Comisión, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien la preside, y los comisionados Vilma Cecilia Morales y Omar Rivera, llegaron a la sede del ente contralor del Estado atendiendo una invitación que les formulara el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

La reunión tuvo por propósito informar a los integrantes de la Comisión Especial el proceso que sigue el TSC para la investigación de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

En el encuentro, que inició a las 2:30 p.m., el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, y las autoridades de la Dirección de Auditorías Centralizadas y Centralizadas, y de la Unidad de Investigación y Verificación, encargadas de investigar dicho delito, expusieron el proceso que sigue el TSC para investigar las denuncias por este ilícito, amparados en el marco legal vigente y acorde a parámetros nacionales e internacionales.

Respaldo:

La Comisión Especial reconoció los esfuerzos que realiza el TSC en investigar el enriquecimiento ilícito, a pesar de las limitantes; por lo que demandan apoyo.

“Hemos recibido todo el respaldo del parte del Tribunal Superior de Cuentas, creemos que vamos a recibir una colaboración no solo decidida por lo que hemos asistido sino porque esa es la tarea que ellos han venido realizando”, manifestó Vilma Morales.

“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribunal tiene, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, son temas que hay que ponderar y valorar”, valoró. En este contexto, comparó que el presupuesto del TSC no es siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la República. Además, consideró necesario que el tema de la investigación del delito de enriquecimiento ilícito debe ser una tarea del Ministerio Público.

“Creemos que es una tarea que tiene que tener otro contexto, tiene que estar claramente determinada a nivel de las leyes de la República para exclusivamente como una tarea del Ministerio Público”, apuntó Morales.

“Es importante evaluar estos temas y ponerlos en contexto sobre la tarea que viene realizando el Tribunal”, indicó. Destacó que el TSC cuenta con buena capacidad técnica, de quien recibieron aportes importantes.

Por su lado, Omar Rivera coincidió que es necesario una revisión del marco jurídico en el tema del delito de enriquecimiento ilícito, para no cargar la labor que realiza el TSC. “Debe haber reformas que permitan que el rol del Ministerio Público sea mucho más protagónico”, indicó.

La Comisión solicitó al TC priorizar en casos emblemáticos de policías que supuestamente se enriquecieron ilícitamente. Finalmente, Rivera agradeció el apoyo del TSC en facilitarles información de altos oficiales de la Policía.

Las autoridades del ente contralor del Estado reafirmaron la voluntad de apoyar la gestión de la Comisión Especial, atendiendo las solicitudes que le sean planteadas en el marco de las facultades que les confiere la Ley.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, informó que el ente contralor del Estado conoce 27 expedientes sobre supuesto enriquecimiento ilícito, que fueron remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

De esta cifra cinco están evacuados y cuatro están por concluir su investigación, el resto se investigarán de acuerdo a la prioridad que solicita la Comisión de Depuración. El interés del TSC es responder de forma expedita cualquier solicitud o denuncias que formulen instituciones o ciudadanos, a efecto de no dilatar cualquier proceso encaminado a la administración de la justicia en nuestro país.

Por consiguiente, el TSC reafirma que las auditorías e investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se practican con objetividad y profesionalismo, garantizando el debido proceso a los funcionarios y exservidores públicos señalados en denuncias o en los informes de auditoría.

José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, pide desde Londres proteger a miembros de Comisión Especial de Depuración Policial

  • José Ugaz condenó las amenazas a muerte contra miembros de la Comisión
  • Destacó separación de más de 30 oficiales de la Policía Nacional de Honduras

Tegucigalpa. El presidente de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, pidió este jueves al Gobierno de Honduras, ante líderes de gobiernos y organismos internacionales, proteger a los miembros de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional que han sido amenazados a muerte.

Durante su comparecencia pública en la Cumbre Anticorrupción que se celebra este jueves y viernes en Londres, Ugaz hizo un llamado particular al Gobierno hondureño para brindar protección a los activistas anticorrupción de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera y Carlos Hernández, por su participación en el proceso de depuración policial.

“Sus vidas han sido seriamente amenazadas… Los servicios de Inteligencia han dicho a Carlos Hernández y Omar (Rivera) que existen razones extraordinarias (para las amenazas) – ellos ya tienen asignados seguridad- y esto es porque ellos están involucrados en la investigación y exposición de criminales miembros de la Policía Nacional”, remarcó el titular de TI ante los asistentes al evento en Marlborough House, Westminster, Londres.

Se encontraban presentes durante la ponencia, el primer ministro de Reino Unido David Cameron; el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry; la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim; y el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari.

“A raíz de esto, tomaré ventaja de este panel para pedir al Gobierno hondureño proteger a los activistas anticorrupción y les pido que por favor, en sus posibilidades, apoyar a nuestra gente” en Honduras, dijo Ugaz.

Además, el presidente de TI destacó los resultados tangibles de este proceso de depuración liderado por la Comisión, que ya ha dejado a más de 30 oficiales de la Policía Nacional separados. Entre los cancelados y suspendidos se encuentran cinco generales y 27 comisionados.

ASJ ha exigido durante los últimos cinco años la depuración de la Policía a través de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ). Esta lucha derivó en el nombramiento el 12 de abril pasado de Omar Rivera, coordinador de APJ e Incidencia de ASJ; el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); y Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, como miembros de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional.

Asimismo, participan en el proceso como asesores de la Comisión: Carlos Hernández, presidente de la ASJ; Jorge Machado, de la CEH, y German Leitzelar, miembro de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La Cumbre Anticorrupción de Londres 2016 reúne a gobernantes y representantes mundiales, así como miembros de varios capítulos de Transparencia Internacional, entre ellos ASJ de Honduras. La ASJ es capítulo de Transparencia Internacional desde febrero de 2012.

Vea las declaraciones de Ugaz en Londres AQUÍ:

 


 

Que el éxito en el caso de Berta Cáceres se replique en los de Arístides González y Alfredo Landaverde

  • Casos del ex Zar Antidrogas y el exasesor de seguridad son emblemáticos y merecen igual trato y voluntad política.
  • ATIC ha demostrado que cuando hay voluntad, se pueden lograr avances en las investigaciones.

Tegucigalpa, MDC. 11.05.16.- Los resultados obtenidos por el Ministerio Público (MP) en las investigaciones relacionadas a la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, deben ser replicados para la resolución de los asesinatos emblemáticos del ex zar antidrogas Julián Arístides González y el experto en seguridad, Alfredo Landaverde, quienes fueron asesinados hace varios años y sus crímenes están en total impunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) califica como positivo el desempeño de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP en la investigación desarrollada en el crimen contra la dirigente indígena acribillada en su vivienda el pasado 3 de marzo. Esta labor, donde se evidenció voluntad en las investigaciones, derivó en la captura de cinco supuestos implicados en el hecho.

Por tanto, “demandamos que estas acciones y esta voluntad investigativa se repliquen a los casos de asesinatos emblemáticos como el González y Landaverde”, expresó Omar Rivera, coordinador de la APJ. “El desempeño de la ATIC ha sido positivo y ojalá continúen de la misma forma en estos casos a fin de revertir la impunidad que impera en el país”, amplió Rivera.

Por su lado, Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo que “la ATIC nos ha demostrado que cuando hay voluntad se pueden lograr avances en las investigaciones y encaminarnos a sancionar a quienes cometen delitos de alto impacto”, en referencia a los últimos resultados obtenidos en el caso de Berta Cáceres.

“Eso es lo que demandamos desde ASJ: voluntad para que las acciones que llevaron a la captura de los presuntos asesinos de Berta Cáceres se repitan en los casos de Arístides González y Alfredo Landaverde”, reiteró.

En abril pasado, el diario estadounidense The New York Times divulgó un informe sobre el vil asesinato de estas figuras prominentes en la lucha contra la criminalidad y corrupción en Honduras. En el reporte se señala a miembros de la Policía Nacional como autores intelectuales y materiales de estos crímenes.

La ASJ, a través de la APJ, ha demandado por más de cuatro años la exclusión y separación de las “manzanas podridas” de la Policía Nacional a fin de lograr una verdadera profilaxis en esa institución.

 

APJ condena amenazas a muerte contra miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición conformada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la denuncia de amenazas a favor de los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, se pronuncia de la siguiente manera:

  1. Condenamos este tipo de amenazas y nos solidarizamos con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortamos a los miembros de esta Comisión Especial, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación, y a mantenerse firmes y valientes en su actuar, y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración, ya que por primera vez se observan resultados tangibles (3 de los 9 generales, solamente el 33% fueron ratificados; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados), comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.
  1. Exigimos que el Ministerio Público (MP), proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión Especial.
  1. Pedimos al MP, designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.
  1. Demandamos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.
  1. Solicitamos al Estado de Honduras reforzar las acciones de protección contra los amenazados miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, y sus familias, a fin de garantizar la vida e integridad física de los mismos.
  1. Exhortamos a la ciudadanía, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes de este proceso de reestructuración y depuración policial, para seguir presionando por una profunda profilaxis y reingeniería a lo interno de la Policía Nacional de Honduras.

Generales y comisionados que dirigen la Policía deberán someterse a “recertificación”

Nota tomada de Proceso.hn

Tegucigalpa – Los actuales altos mandos de la Policía Nacional, desde generales, comisionados y demás estructuras con cargos de dirección, serán sometidos a un proceso de “recertificación” que implica que deberán pasar todos los filtros de rigor, anunciaron hoy los miembros de la comisión depuradora del ente, Omar Rivera y Alberto Solórzano.

Para Omar Rivera, un líder de la sociedad civil organizada, la Policía atraviesa un proceso de depuración que ya no tiene marcha atrás.

 

Dijo que por años la institución policial ha sido víctima de la tolerancia y el confort de quienes han sido permisivos ante actuaciones de policías al margen de la ley y en complicidad con criminales.

Igualmente indicó que esa displicencia ha permitido que otros policías, directamente coludidos con bandas delincuenciales, perfeccionen su accionar delictivo.

Durante una comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez; tanto Alberto Solórzano, líder religioso de la Confraternidad Evangélica, como Omar Rivera, reafirmaron que algunos de los miembros cancelados de la Policía durante el actual proceso de reestructuración, tienen millonarias fortunas que no son compatibles con sus ingresos.

En torno a lo relacionado a los policías que resulten señalados por acciones al margen de la ley, los miembros de la comisión depuradora dijeron que la acción de ley corresponde hacerla al Ministerio Público.

Los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y transformación de la Policía Nacional, advirtieron que los encargados de dar seguimiento a los miembros de la carrera policial que están saliendo para sanear la institución son los operadores de justicia, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, con cuyos representantes se reúnen este lunes al mediodía para definir el mecanismo para enjuiciar a los policías que han delinquido.

 

Video Omar Rivera comisionado especial para la depuración policial

APJ conoce avances de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

Tegucigalpa. El Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) conoció este viernes los principales avances que ha tenido la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; como parte del proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras.

A la reunión asistieron Omar Rivera y Alberto Solórzano; miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; y que dicho de paso también son miembros de la APJ.

Los miembros de la Comisión depuradora explicaron a los representantes de la sociedad civil el alcance de dicha Comisión en el marco del decreto de su creación; al tiempo que detallaron el proceso que se ha seguido para recopilar información de los entes contralores, y cómo esa información ha servido para sugerir las separaciones, ratificaciones y suspensiones que están formando parte del proceso de reestructuración de la policía.

En ese sentido resumieron que hasta la fecha de un total de 47 Comisionados, el 49% de ellos han sido cancelados; 34% fueron ratificados; al 9% de ellos se les acepto el retiro voluntario y el otro 9% restante, que corresponde a un número de 4 Comisionados, han sido suspendidos.

Los miembros de la Comisión Especial, que se encargaran de determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; aclararon a la APJ que ellos no tienen facultades de juzgar a ningún elemento policial; ya que esa tarea corresponde a los operadores de justicia.

La comisión depuradora fue nombrada y juramentada el 12 de abril del 2016 y la misma tiene entre sus tareas implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, al igual que remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de las personas separadas por la supuesta comisión de un ilícito.

Por su parte, la APJ desde su creación en 2012, ha exigido de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de la depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado en actos criminales y en redes delictivas como narcotráfico y lavado de activos. La presión ejercida por la APJ marcó el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia.

Al encuentro con los miembros de la Comisión Especial acudieron Carlos Hernández, Presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Hilda Caldera, Presidenta de la Fundación Alfredo Landaverde; Óscar Chicas, Director Ejecutivo de World Visión Honduras (WVH); Aurora Pineda, Presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia en Honduras (AVVH); Jessica Sánchez, Coordinadora Técnica del Grupo Sociedad Civil (GSC) y Amanda Madrid, Presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)

Además, acudieron Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica de Honduras; y Marcela Castañeda, Coordinadora de Incidencia de World Visión Honduras (WVH).

Posicionamiento de FOPRIDEH ante amenazas vertidas contra miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) continúa exigiendo junto a sus aliados de la sociedad civil una verdadera depuración de la Policía Nacional, para garantizar que sus miembros sean profesionales íntegros y comprometidos con la Patria y la población hondureña. Este es el momento para tomar decisiones oportunas y devolverle a la sociedad una policía en la que pueda confiar, sin importar el rango y condición de quienes por no considerarse aptos deban ser separados.

Por tanto FOPRIDEH, ante las amenazas recibidas por los miembros de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, ante nuestras afiliadas y pueblo hondureño se pronuncia en los siguientes términos:

  1. Lamentamos y condenamos de manera contundente las amenazas efectuadas contra los miembros de la Comisión, las que estamos seguros no detendrán la lucha que desde la sociedad civil se ha impulsado durante cinco años para lograr una Policía Nacional capaz, confiable y certificada.
  2. Exigimos a los entes operadores de justicia, principalmente al Ministerio Público, investigar el origen de las amenazas vertidas contra los miembros de la Comisión y dar seguimiento a los expedientes que esta le traslade sobre actos irregulares e ilegales que pudieran haber sido cometidos por elementos policiales.
  3. Demandamos del Estado de Honduras ofrecer toda la protección y garantías de seguridad para los miembros de la Comisión y sus familias, a quienes expresamos nuestro apoyo y solidaridad.
  4. Nos sumamos y respaldamos el esfuerzo que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) como afiliada a FOPRIDEH realiza, buscando transparentar el proceso de depuración policial y así una Honduras más Justa.

 

De 100 reos fugados en los últimos años solo 22 fueron recapturados

Nota tomada de Revistazo.com

La incapacidad que en el tiempo han demostrado las autoridades para el manejo del sistema penitenciario provoca descontrol y permite que las cárceles en Honduras sean regidas por autogobiernos. Son los mismos reclusos quienes llevan el control interno y manejan los presidios como escuelas de alta graduación criminal.

Tráfico de armas y drogas, asesinatos y la planeación y ejecución de crímenes, dentro y fuera de los recintos, son parte del quehacer diario de una población penitenciaria que carece de políticas gubernamentales de rehabilitación, pero que extrañamente se ha dotado de todos los accesorios para seguir delinquiendo desde adentro.

De esta situación también se derivan las facilidades que el sistema les otorga a los reos para fugarse de los centros penitenciarios, pese a la custodia militar que en los últimos años se estableció en los alrededores de los centros penales. Muchos de los fugados son personas de alta peligrosidad, “sanguinarios”, dicen unos, “bestiales”, dicen otros que se refieren a la forma en que han ejecutado crímenes horrendos. No obstante, las autoridades siguen demostrado no importarles el daño que estos delincuentes puedan ocasionarle a la sociedad.

Sólo el 22% son recapturados

Para verificar el accionar de las autoridades en torno a esta situación, Revistazo realizó un monitoreo en los periódicos digitales del país. En una muestra de 100 reos fugados, documentados por estos medios entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015, encontró que sólo 22 fueron recapturados, 70 siguen prófugos y con las posibilidades de seguir cometiendo delitos y 8 murieron en diversas circunstancias.Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.20.43 a.m.

Es probable que las cifras reales de fugas—y de fugados sin recapturar—sean mayores, debido a que Revistazo solo recopiló casos que fueron cubiertos por los medios grandes nacionales, con sedes en las principales ciudades del país y posiblemente no se dieron cuenta de algunos escapes de centros de reclusión en zonas retiradas.

Es de mencionar que varios de los fugados son personas con historiales criminales horrorosos, como tres de ellos, sentenciados a 113, 281 y 400 años de prisión. También vale mencionar que la mayoría de las recapturas se produjeron cuando los fugados se vieron involucrados en otros delitos y no porque las autoridades los estuvieran buscando.

Se fugan y siguen matando gente

La debilidad y corrupción que impera en el sistema penitenciario permite que los internos salgan de la prisión sin restricción alguna. Es por eso que varios de ellos logran fugarse en repetidas ocasiones. Por ejemplo, Benigno Ríos, se fugó del centro penal de Gracias, Lempira, el 30 de junio de 2012 y nueve meses después, el 30 de marzo de 2013, la policía lo detuvo por portación ilegal de armas, en la aldea Quebrada Carpul de Santa Bárbara.

Al revisar sus antecedentes penales las autoridades encontraron que él, había cometido varios delitos por lo que fue recluido en el centro penal de Santa Bárbara, de donde nuevamente se fugó el 12 de octubre de 2014, para seguir su carrera criminal.

Ríos fue detenido por tercera vez, el 23 mayo de 2015 y ya para ese momento el Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara le había librado una orden de captura por el asesinato de Élida Rosa Pérez Pineda (14), José Javier Pérez Pineda (12), Mario Antonio Burgos y Lourdes Suyapa Ayala Pineda, crímenes que cometió en mayo de ese año.

Olman Ariel Laínez Arias, alias “Pechuga”, formaba parte de una banda dedicada a matar niños en la colonia Nueva Suyapa de la capital.  En el 2007 fue condenado por el asesinato de Eduardo Enrique Banegas y el 27 de marzo de 2014 se fugó de la Penitenciaria Nacional.Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.27.47 a.m.

Las autoridades no emitieron la alerta para recapturarlo y el 9 de abril de ese año, 13 días después de haberse fugado, participó en el asesinato de Rony Alexander Alvarado Mejía, acribillado en las inmediaciones de la terminal de buses de esa comunidad. El Ministerio Público también lo acusa de la muerte de Erick Ariel Martínez Rodríguez, mientras que la policía de investigación lo vincula con cinco homicidios más.

 

Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.31.24 a.m.

Alex Rafael Colindres Medina, ingresó a la Penitenciaría Nacional por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas y robo agravado, pero el 25 junio de 2011, se escapó de su casa ubicada en la colonia Divino Paraíso, de Tegucigalpa, cuando gozaba de un permiso especial otorgado por las autoridades para que visitara a su mamá, quien supuestamente se encontraba enferma. En esta fuga con la ayuda de varios hombres fuertemente armados mató a un policía penitenciario e hirió a otro.

Pero a ellos también los matan

El 24 de junio de 2011 las autoridades reportaron que tres reos de alta peligrosidad se habían escapado en un camión de basura de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, pero no se interesaron en recapturarlos. Dos meses más tarde, el 15 de agosto de ese año, los tres aparecieron muertos en Siguatepeque y llegaron como desconocidos a la morgue de medicina forense donde fueron reconocidos por sus familiares.

Ellos eran Alex Rafael Colindres Medina, José Margarito Cardona Osorto y Héctor Manuel Díaz Amador. Colindres Medina y Cardona Osorto era la segunda fuga que habían llevado a cabo.

Cardona Osorto, guardaba prisión desde el 2 de marzo de 2009 por asalto bancario, tentativa de asesinato y evasión, por lo que cumplía una sentencia de 29 años con cuatro meses, mientras que Héctor Manuel Díaz Amador, había sido sentenciado a 28 años de cárcel por los delitos de robo, homicidio simple, lesiones y tráfico de drogas.

El 11 de mayo de 2011, en las cercanías de Estadio Olímpico, Metropolitano de San Pedro Sula aparecieron muertos, Allan Josué Alvarado Cruz y Eugenio Chávez Santos, fugados de la Penitenciaria Nacional, el 23 de abril de ese año.

Las autoridades informaron que Walter Iván Paz, quien estaba recluido en el centro penal de Choluteca, Alwin Osiel Suezo Suazo, en la granja penal de Comayagua y Erick David Sevilla Salgado, en la Penitenciaría Nacional, murieron acribillados por guardias de seguridad, policías y militares, cuando supuestamente trataban de impedir que se  fugaran.

¿Y por qué no los recapturan?

Esa es la interrogante que hasta ahora no encuentra respuesta de las autoridades. Expertos en el tema identifican obstáculos referidos en la aplicación de procedimientos legales, debilidades institucionales y falta de comunicación entre las instituciones. Según los especialistas consultados por Revistazo, esa modorra gubernamental, trae como consecuencia la comisión de nuevos delitos por parte de las personas fugadas.

El sistema penitenciario nacional lo conforman 24 reclusorios clasificados en once penitenciarías nacionales y trece centros penales, pero a esos se suman las celdas de aislamiento que el gobierno habilitó como prisión preventiva en dos batallones de Tegucigalpa y San pedro Sula, más cuatro reclusorios de menores, que son manejados por la Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF), antes IHNFA, pero con el mismo método de manejo.

 

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Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.33.12 a.m.

Comisión anuncia cancelación de 23 comisionados y confirma suspensión de cuatro

Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional anunció este viernes la cancelación de 23 comisionados de la institución y confirmó la suspensión de otros cuatro, tras la evaluación detallada de la información proporcionada por entes contralores del Estado y operadores de Justicia.

Luego de analizar la información de los 47 comisionados activos de la Policía que fue remitida por: el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional, la comisión resolvió ratificar en sus cargos a 16 de los oficiales.

Estos comisionados son ratificados en sus cargos “en el marco de la nueva estructura organizacional, sin perjuicio que sean sometidos a evaluaciones periódicas para asegurar su idoneidad y buen desempeño, por organismos externos”, detalló la comisión en el séptimo comunicado emitido desde su conformación el pasado 12 de abril.

Otros 23 de los oficiales fueron cancelados a raíz de la nueva estructura policial, mientras fue aceptado el retiro voluntario de cuatro de ellos.

Asimismo, confirmó la suspensión de cuatro más de sus cargos actuales, “en virtud de estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que se concluyan las mismas”.

La semana pasada, la comisión anunció la cancelación de tres generales y la suspensión de dos.

108 Subcomisionados a evaluación

La Comisión Especial informó hoy que en aras de continuar con el proceso de evaluación, se remitieron notas el pasado 26 de abril a los operadores de justicia y entes contralores para que en el plazo de tres días hábiles brinden información referente a los 108 Subcomisionados activos de la Policía Nacional.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar —con objetividad y decisión- con el proceso de depuración y reestructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda”, finaliza el comunicado.

+ Lea el Comunicado:

comunicado 7-1

 

comunicado 7-2

Ex Subcomisionada pide reunión privada

La comisión tenía prevista para ayer una reunión con la ex subcomisionada María Luis Borjas para revisar información en poder de la exfuncionaria; sin embargo, el encuentro fue suspendido.

Aunque inicialmente Borjas había confirmado la reunión vía telefónica, según lo indicado por la comisión, la tarde del jueves pidió a la comisión una reunión privada.

 

 

“Hemos recibido una nota de su parte, disculpándose por no poder asistir. Asimismo, nos solicita que, por razones de seguridad personal, reprogramemos la reunión bajo una modalidad privada”, apuntó la comisión en un sexto comunicado.

Además de Borjas fueron citados por la comisión el exministro de Seguridad, Arturo Corrales, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, quienes comparecerán en las próximas horas.

+ Lea el comunicado

 

Comunicado-6