• Informe destaca necesidad de un análisis y reestructuración de la asignación presupuestaria para lograr mayor equidad en la distribución de recursos y de esta manera fortalecer el ciclo y tiempo de respuesta del sistema de justicia.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), cuestionó que las asignaciones presupuestarias destinadas a financiar al Ministerio Público (MP) y Poder Judicial, son mucho más bajas que las que se destinan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

En un informe hecho público en los municipios de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán; y San Pedro Sula, en Cortés la plataforma ciudadana indicó que “al realizar la comparación del crecimiento porcentual entre el Presupuesto General y los presupuestos de las diferentes instituciones del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia del país, en los últimos 12 años, se observa, como el presupuesto para la Secretaría de Defensa, es superior al incremento que han tenido las otras entidades”.

Russlan Espinal, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien presentó la investigación, dijo que “se muestra un trato diferenciado al asignar más recursos a la Secretaría de Defensa, que la coloca en ventaja para ejecutar operaciones y fortalecer sus capacidades logísticas”. Adicionó, que “el resto de las entidades del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia no han sido tan afortunadas; si bien es cierto, a partir de la implementación del proceso de reforma policial, la Secretaría de Seguridad, empezó a recibir mayores recursos que en el pasado, no son tantos como los que recibe la SEDN”.

“Las que menos asignaciones reciben y menores incrementos experimentan son los presupuestos del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial” reveló.

Espinal exteriorizó que “estos bajos incrementos son inaceptables, pues estos operadores de justicia son vitales para luchar contra la impunidad; se necesita que se les asignen más presupuesto”.

La investigación muestra que “el Presupuesto General de la República de Honduras, en el periodo 2006-2018 mostró un crecimiento de 464.5%, pasando de Lps. 42 mil 996 millones a Lps. 242 mil 733 millones”; entre tanto, la Secretaría de Defensa incrementó su presupuesto en 664.7%, pasando de Lps. 1 mil 41 millones a Lps. 7 mil 959 millones.

La Secretaría de Seguridad, en el período analizado, pasó de recibir Lps. 1 mil 817 millones en el año 2006  a Lps. 6 mil 584 millones en este 2018, para un incremento del 262.3%.

Por otro lado, pese a que el incremento experimentado por el MP, en estos últimos 12 años fue de 371.3%, las asignaciones monetarias son muy bajas respecto a las demás instituciones del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia; por ejemplo, mientras en el año 2018 el presupuesto de la Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad son de  Lps. 7 mil 959 millones y Lps. 6 mil 584 millones, la asignación anual del MP es de apenas Lps. 1 mil 886 millones.

Ese es el mismo caso del Poder Judicial, que ha visto incrementado su presupuesto de Lps. 1 mil 69 millones en 2006 a Lps. 2 mil 435 millones, apenas un aumento de 127.7% en 12 años.

El mismo tratamiento diferenciado se refleja en la asignación de recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, la que en los últimos ha asignado mayor cantidad de recursos a la Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad, marginando de cuantiosas asignaciones al MP y Poder Judicial.

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Finalmente, durante la presentación del informe que se tituló Evolución Histórica del Presupuesto del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia en Honduras 2006 – 2018, el asesor jurídico de la APJ, Mario Cañas, planteó que “el Gobierno, debe realizar un análisis y reestructuración de la asignación presupuestaria, generando a través de ello, mayor equidad en la distribución de recursos y de esta manera fortalecer el ciclo y tiempo de respuesta del sistema de seguridad y justicia; de la misma manera, debe procurar aumentar la transparencia en la gestión presupuestaria y rendir cuentas periódicamente, garantizando el derecho de acceso a la información pública”.

“Los niveles de inversión en seguridad y justicia, deben dirigirse a las dependencias que realmente requieren niveles de financiamiento para sus resultados y se debe garantizar que los recursos asignados sean manejados por unidades certificadas, es decir, unidades donde se hayan implementados procesos de depuración” señaló.

En su último punto, Cañas, “demandó mayor asignación presupuestaria para los programas de prevención de la violencia y atención a grupos colocados en situación de vulnerabilidad”.