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Amenazas al espacio cívico y a la participación ciudadana persisten en Honduras

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  • En 2022 el 60 % de las agresiones contra defensores o periodistas estuvieron relacionadas con el ámbito de la tierra o el medio ambiente.
  • El Congreso Nacional no revocó una reforma al Código Penal que incluye a las organizaciones de sociedad civil como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Tegucigalpa. Pese a la voluntad del gobierno actual de proteger los derechos humanos las amenazas al espacio cívico y participación ciudadana persisten en Honduras, en específico las agresiones contra periodistas, defensores de la tierra o el medio ambiente, además de ataques contra organizaciones de sociedad civil, indicó este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la presentación del informe Estado de País 2023: Espacio Cívico.

 El informe, detalla que, en Centroamérica, sólo Nicaragua se encuentra más baja que Honduras en tema de libertades civiles y según el grupo CIVICUS, Honduras se encuentra con un espacio cívico reprimido, al grado que, el año pasado, el 8.6 % de las ONG declararon haber sido víctimas de un ataque, siendo el retraso intencional de procesos burocráticos el más común, sin embargo, el porcentaje de ataques tuvo un descenso con respecto a 2021 cuando el 18 % de las ONG reportaron lo mismo.

En esa misma línea, hubo 242 agresiones contra defensores o periodistas, el 60 % de estas estuvieron relacionadas con el ámbito de la tierra o el medio ambiente. Sin embargo, en 2022, bajó la cantidad de denuncias contra periodistas en 40 %, se incrementó el índice de democracia, mejoró el Subíndice de Restricciones a los Poderes del Gobierno, pero menos de 1 de cada 3 hondureños confían en el Congreso Nacional, indica el documento.

Aunque el gobierno contribuyó a un clima propicio para la participación ciudadana con la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, se dificultó el trabajo de los defensores con el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección y el Congreso Nacional no revocó una reforma al Código Penal aprobada en 2021 que modificó el delito de lavado de activos al incluir las organizaciones de sociedad civil como Personas Expuestas Políticamente (PEP), contraviniendo lo tipificado en la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).   

 Sumado a esto, en diciembre se declaró el Estado de Excepción que restringe derechos constitucionales como la libertad personal, libertad de asociación, reunión, circulación y suspende límites a la detención y la inviolabilidad de la morada.

En ese sentido, el informe presentado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional señala cuáles son los obstáculos que enfrentan los y las hondureñas en cuanto a libertades civiles, participación ciudadana, libertad de expresión, violencia (conflictos sociales) y acceso a la democracia.

Desde la ASJ se instó a la urgente necesidad de impulsar una protección continua de grupos marginados, la apertura y la inclusión en la vida pública para construir una democracia fuerte en la que los ciudadanos exigen rendición de cuentas y confíen en que el gobierno cumplirá con sus responsabilidades, como garante de derechos humanos.

La iniciativa Estado de país informa y empodera a la ciudadanía para que a partir de estos datos se incida con propuestas de políticas públicas pertinentes y realistas, a través de datos y análisis de expertos, presentados en eventos públicos y un sitio web con información y estadísticas que reflejan la realidad nacional.

Más información sobre la situación de la economía y finanzas públicas se encuentra disponible en www.estadodepais.asjhonduras.com

“Expresate por Honduras”: Plataforma Juvenil de la APJ promueve espacios de participación a través del arte para fortalecer los espacios cívicos

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En el marco de la campaña “Expresate por Honduras”, la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), capítulo San Pedro Sula (SPS) desarrolló este lunes un espacio de participación con voluntarios de La Ceiba, El Progreso y Santa Rosa de Copán, para promover y fortalecer los espacios cívicos a través de actividades artísticas.

El objetivo de este encuentro juvenil fue empoderar a los voluntarios de la Plataforma Juvenil en cuanto a sus derechos, en especial sobre los tres componentes de los espacios cívicos: libertad de asociación, libertad de reunión y libertad de expresión; siendo este último uno de los derechos fundamentales de las democracias que protege a las personas para que se expresen libremente y asimismo a las audiencias para que accedan a diversidad de voces.

En ese sentido, el «espacio» que permite que la gente ejerza libremente estos derechos (decir lo que piensa y conversar con los demás, alzar la voz en contra de aquello que no les satisface, agruparse en colectivos ciudadanos y organizaciones de sociedad civil) se denomina «espacio cívico». Aunque en cada país sea distinto, es fundamental para la democracia y todos podemos contribuir a proteger el espacio cívico que en Honduras se ha visto amenazado por diferentes factores, entre ellos ataques a la sociedad civil y políticas gubernamentales que limitan la participación ciudadana juvenil.

Diagnósticos regionales realizados en 2022, por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades de Francisco Morazán, Copán, Comayagua, Cortés, Yoro y Atlántida encontraron que, en los últimos años en Honduras, se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

De igual manera, los informes revelaron que existe estigmatización contra personas o movimientos en disenso con el Estado y la calificación de personas que protestan por sus derechos como violentas, irrespetuosas o dignas de castigo. Los voluntarios de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) han tomado un rol importante en diversos espacios de participación, dentro y fuera de Honduras, para alzar la voz por defender sus derechos, e impulsar a otros jóvenes y a la ciudadanía en general.

Jóvenes participan en cabildos abiertos en diferentes regiones del país

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  • Es importante que toda la ciudadanía participe en el fortalecimiento de este tipo de espacios cívicos para conocer en qué se invierten sus impuestos y exigir gestión transparente de las autoridades municipales.

Los jóvenes de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), estuvieron presentes por primera vez, en cabildos abiertos realizados en distintas ciudades de Honduras.

En estos espacios los gobernantes presentan y exponen propuestas, desafíos o proyectos del municipio, además se hace una rendición de cuentas a la ciudadanía y en algunos casos los ciudadanos pueden someter propuestas e ideas a votación.

No es una tarea fácil la construcción de una ciudadanía donde el principal problema sea un bajo nivel de educación y un sistema político con poca oportunidad para que las sociedades puedan expresar sus opiniones e inquietudes.

Por ello es importante que toda la ciudadanía participe en el fortalecimiento de estos espacios cívicos a través de uno de los mecanismos de participación ciudadana que son los llamados “cabildos abiertos”, donde se da un encuentro ciudadano con el gobierno municipal para debatir y tratar asuntos de interés público, éstos pueden ser convocados por el alcalde o por iniciativa de un porcentaje de los habitantes del municipio.

El principal objetivo de los cabildos abiertos es abordar diversos problemas generales o regionales de planificación y presupuesto, temas específicos relacionados con el medio ambiente, la educación, la salud, los negocios, el género, juventud y más.

El pasado 27 de enero se llevó a cabo el primer cabildo del año en El Progreso donde el tema abordado fue “Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2022” en el mismo se procedió a la elección y juramentación del comisionado municipal de transparencia, obteniendo como resultado una Comisión Municipal de Transparencia elegida por los presentes.

Al siguiente día el cabildo fue en San Pedro Sula, donde el alcalde Roberto Contreras, destacó que todas las obras realizadas por la alcaldía se han ejecutado con fondos estrictamente municipales, dado que, de los 120 millones de lempiras que le corresponde a la alcaldía percibir por transferencia del gobierno central, solo se han recibido 20 millones.

El tercer cabildo fue en la ciudad de Siguatepeque, donde no se obtuvo ningún acuerdo debido a que el alcalde dio por terminada la sesión por falta de orden en la sesión.

El 30 de enero se llevó a cabo el cabildo en Gracias, Lempira. Donde después de la charla se llegó al acuerdo de que los alcaldes y regidores se disminuyeran el sueldo, que la municipalidad compre su propia maquinaria y que los ciudadanos puedan ser veedores en la ejecución de los proyectos.

El quinto cabildo fue en la ciudad de Tegucigalpa donde se les rindió un informe detallado a los capitalinos sobre los resultados obtenidos en la nueva administración y se llegaron a los acuerdos de poner en marcha el proyecto “corazón de pueblo” donde se brindará atención a recién nacidos en hospitales públicos, brigadas médicas, proporcionar soluciones habitacionales, el rescate y la promoción al arte y la cultura.

El 31 de enero se desarrolló en La Ceiba, donde se realizó la presentación de planes de trabajo. En este cabildo la mayoría de los presentes eran de la municipalidad y no de la ciudadanía.

El último se efectuó el pasado 3 de febrero en Comayagua donde se presentó cada informe desglosado por línea presupuestaria, ingresos y egresos de cada año y como se ejecutó. Se tomó en consideración por parte de la Plataforma Juvenil dar seguimiento al presupuesto de niñez y adolescencia.

La Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) busca contribuir a fomentar una Honduras con paz, justicia y seguridad propiciado por un mejor desempeño del Sistema de Justicia y Seguridad en forma consistente con los principios de gobernabilidad democrática, con énfasis en control interno, rendición de cuentas, transparencia y una sociedad activa en la construcción de paz y justicia.

Involucrar a los jóvenes es clave para mejorar y fortalecer los gobiernos locales, por lo que es necesario considerar procesos de inserción de los jóvenes en los espacios y procesos sociales y políticos.

Como Plataforma afirmamos y reconocemos que la participación, plena y efectiva de los jóvenes en espacios de sociedad civil y de toma de decisiones es fundamental para contribuir a la sostenibilidad, desarrollo y construcción de municipios prósperos.

Cortés, muestra pocas acciones de protesta o búsqueda de soluciones pese a criminalidad, migración y abandono gubernamental, revela informe de la ASJ

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  • La participación ciudadana se ha “acomodado” al esquema imperante de clientelismo político y del manejo centralizado de los programas y proyectos
  • Sin acceso a educación y con empleos mal remunerados, se perpetúa en la zona un ciclo vicioso que estimula el interés de emigrar.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida..

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Cortés, las problemáticas originadas por la corrupción son: pérdida de confianza en las instituciones que obstaculiza el desarrollo del país “muy prioritario” (67%); “algo prioritario” (33%). En educación. los temas que se muestran como muy prioritarios son la débil institucionalidad para enfrentar los desafíos educativos (100%), la reducción del presupuesto para educación junto con la baja eficiencia del gasto (100%) y el estancamiento en los resultados de aprendizaje (100%) y es manifiesta la preocupación ante la cantidad de NINIs (25% de la población de jóvenes).

Sin acceso a educación y con empleos mal remunerados, se perpetúa en la zona un ciclo vicioso que estimula el interés de emigrar, y el porcentaje de la población migrante retornada en Cortés, es el más alto del país con un (13%). La baja productividad en la economía rural (100%) son también problemas centrales relacionados con la pobreza. Son prioritarios para los participantes también los temas del sistema legal restrictivo (80%), y un 60% de los participantes consideran como muy prioritario el problema de baja competitividad y facilidad para hacer negocios. Mientras que, en salud, la capacidad de cobertura se ve sobrepasada y la alta tasa de homicidios y el narcotráfico siguen siendo obstáculos para lograr la seguridad ciudadana.

Pese a la gran cantidad de problemas que afectan sus garantías individuales, son muy pocas las personas y organizaciones que coordinan acciones de protesta o búsqueda de soluciones en la zona de Cortés. Se ha invisibilizado el papel de los gobiernos locales, se descontinuó el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales y de la descentralización. En este sentido, la participación ciudadana se ha “acomodado” al esquema imperante de clientelismo político y del manejo centralizado de los programas y proyectos, en la que las organizaciones y ciudadanía dejan de ser realmente críticas de las situaciones y se alinean a las directrices gubernamentales

Sin embargo, para tratar de fortalecer los espacios de participación ciudadana, se han llevado a cabo procesos de formación en diferentes temáticas, esto con el propósito de ampliar los conocimientos de diferentes organizaciones de la zona en temas de transparencia, rendición de cuentas, incidencia política y veeduría social.

Pobreza, abandono gubernamental, corrupción e intimidación limitan espacios de participación ciudadana en Yoro, revela informe de la ASJ

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  • Hay criminalización de la protesta, judicialización de líderes y lideresas comunitarias, intimidación y presión constante de organizaciones estatales y locales que no están de acuerdo con aquellos grupos o personas que les señalan.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Yoro, gran parte de la población resiente las debilidades en los servicios que se brindan con fondos estatales. Consideran que las problemáticas originadas por la corrupción como temas prioritarios son: el mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes (88%), pérdida de confianza en las instituciones democráticas (88%) y la impunidad (88%) y otros aspectos relacionados con la captura del estado (62.5%). El tema de la impunidad en la región se ha visto amplificado por numerosos casos de corrupción de figuras públicas, ya que el sistema de justicia ha sido cooptado por grupos políticos y económicos, de acuerdo al informe.

A raíz de la pandemia y tras los huracanes Eta y Iota, ha habido mayor cierre de espacios de participación, aumentó la cooptación política de estos espacios por parte de los partidos tradicionales y la estigmatización de las personas y movimientos que critiquen o se opongan a procesos, proyectos o políticas impulsados desde las instituciones gubernamentales, con el único fin de deslegitimar la crítica y minimizar la participación ciudadana.

A pesar del abandono gubernamental, graves casos de corrupción y de estar en una permanente crisis en las instituciones del estado proveedoras de servicios, son muy pocas las personas y organizaciones que coordinan acciones de protesta o búsqueda de soluciones en la zona de Yoro.

Además, la participación de la Sociedad Civil ha sido prácticamente anulada, se reporta la criminalización de la protesta, judicialización de líderes y lideresas comunitarias, intimidación y presión constante de organizaciones estatales y locales que no están de acuerdo con aquellos grupos o personas que les señalan. En este sentido, se destaca en la región el trabajo de organizaciones emblemáticas como ERIC-SJ y Radio Progreso, que trabajan desde la formación política, la denuncia y el acompañamiento de presos políticos en el marco de la crisis postelectoral y también mediante la realización de sondeos de opinión, investigaciones y manifiestos públicos.

Pese a todas las limitaciones, vale destacar que las formas en las que la ciudadanía se organiza y participa en la región de Yoro, son diversas. Hay trabajo a nivel de redes con otras organizaciones, redes de mujeres y también redes juveniles que promueven los liderazgos locales y que, a pesar de la pandemia, han estado muy activos sobre todo en entornos virtuales.

Participación ciudadana en Atlántida se ve limitada por la pobreza, impunidad, secuestro y asesinato de líderes y lideresas, revela informe de la ASJ

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  • Las condiciones de pobreza que viven estas poblaciones donde prima la búsqueda del sustento diario, más allá de una búsqueda de organización.
  • La invasión y venta de los territorios ancestrales para complejos turísticos, y el aumento de la criminalidad, contribuye a la deserción escolar y la migración.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Atlántida, el tema de la impunidad se ha visto magnificado por casos emblemáticos como el secuestro y desaparición (asesinato) de líderes garífunas y la venta ilegal de territorios ancestrales. Se ha ido incrementando la presencia de grupos y organizaciones criminales (maras y pandillas) que ponen en precario la convivencia pacífica y la seguridad en la zona. El 80% de los participantes calificaron como un problema muy prioritario el de la colaboración entre elites y el crimen organizado y, además, la corrupción ha provocado un grave impacto en la educación, al punto que la mayoría solo culmina la educación básica de 6 grados; un cuarto de los jóvenes de la zona ni estudian ni trabajan.

Los índices de pobreza y desempleo han incrementado, hay un déficit de 10 profesionales de la salud, forzando a familias completas a emigrar y debido a la falta de estrategias y políticas claras por parte del Estado para enfrentar esta situación y los problemas generados por la invasión y venta de los territorios ancestrales para complejos turísticos, hacen que la región se vea sumida en una situación que limita el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible de la población.  Sumado a esto, los problemas muy prioritarios que se enfrentan en la región en el área de salud son la falta de presupuesto, desabastecimiento de medicinas, falta de insumos e infraestructura.

Como parte del fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, se han llevado a cabo procesos de formación en diferentes temáticas, esto con el propósito de fortalecer los conocimientos de diferentes organizaciones de la zona en los temas de transparencia, rendición de cuentas, incidencia política y veeduría social, este último es el mecanismo de participación ciudadana más utilizado en temas de salud y educación.

Sin embargo, Atlántida tiene retos en el tema de participación, debido a que la población se encuentra dispersa en territorios con limitado acceso, y debido también a las condiciones de pobreza que viven estas poblaciones donde prima la búsqueda del sustento diario, más allá de una búsqueda de organización. Es por ello que la sociedad civil se ve restringida en procesos de participación, a pesar de que hay una agenda clara desde las comunidades sobre cómo atender sus necesidades y problemas y la mayoría de los programas estatales tiene un sello político que limita la participación de la ciudadanía.

Participación ciudadana enfrenta grandes retos en Copán debido a corrupción, pobreza y falta de voluntad política, revela informe

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  • La cultura de cacicazgo limita la participación ciudadana, aumenta la corrupción, impunidad y pobreza, que obligan a los habitantes a emigrar del país.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en seis departamentos de Honduras.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

Las jornadas de análisis se realizaron de forma virtual con organizaciones y miembros de comunidades de Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida, para identificar las principales necesidades, desafíos locales y visiones al futuro de las organizaciones de sociedad civil y la juventud, al tiempo que indagó sobre la limitación de la participación ciudadana a raíz de la pandemia de COVID-19.

En Copán, aparte de la consolidación y articulación de las organizaciones, uno de los grandes retos es la participación ciudadana que se ve limitada por la cultura de cacicazgo, la falta de voluntad política y la pobreza derivada de la corrupción e impunidad, así como también, la restricción de veedurías sociales, lo que impide una gestión pública transparente y rendición de cuentas efectiva.  También, el 73% de los participantes manifiestan como un problema muy prioritario la alta tasa de homicidios.

Las problemáticas originadas por la corrupción como la captura del estado, mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes, obstaculización del desarrollo del país y pérdida de confianza en las instituciones democráticas, alta tasa de homicidios, son temas considerados con una prioridad alta por los participantes (91%).

En cuanto a educación, el principal problema identificado fue el abandono escolar (1 de cada 3 niños), pues la precaria situación económica y la falta de oportunidades está empujando a muchos menores de edad a emigrar de manera irregular. Además, la pobreza y la atención en salud son temas urgentes a tratar.

Pese a las limitaciones que enfrenta la sociedad civil, en Copán se ha construido un tejido social bastante fuerte que ha sido fortalecido a través del trabajo que organizaciones no gubernamentales como EROC, ASONOG, OCDIH, entre otras. La participación mediante el trabajo en redes y alianzas estratégicas ha permitido aprovechar las experiencias y capacidades instaladas de otras instituciones y organismos aglutinados alrededor de mesas de trabajo y redes de cooperación, que además brindan mayor peso y capacidad de incidencia ante las autoridades locales.

Con ello, se ha logrado tener impacto a nivel local con cabildos abiertos, plantones, veedurías sociales, procesos de visibilización y otras acciones, que logrado poner en agenda pública algunas problemáticas antes mencionadas, y por otro lado han generado políticas municipales, en favor de la dotación de insumos e infraestructura. También han hecho posible el desarrollo e implementación de herramientas de gestión que favorecen la transparencia y la rendición de cuentas.

Diagnósticos regionales revelan limitantes en la participación ciudadana para generar incidencia en problemáticas nacionales

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  • ASJ realizó diagnósticos sobre participación ciudadana con organizaciones y miembros de comunidades de seis departamentos de Honduras.
  • La iniciativa fue financiada por Viva Dinamarca.

Tegucigalpa, 15 de noviembre de 2022. En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, en este sentido, se concluyó los diagnósticos regionales realizados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en seis departamentos de Honduras.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

Las jornadas de análisis se realizaron de forma virtual con organizaciones y miembros de comunidades de Francisco Morazán, Copán, Comayagua, Cortés, Yoro y Atlántida, para identificar las principales necesidades, desafíos locales y visiones al futuro de las organizaciones de sociedad civil y la juventud, al tiempo que indagó sobre la limitación de la participación ciudadana a raíz de la pandemia de COVID-19.

En cuanto a corrupción, los participantes identificaron diversas prioridades. La captura del Estado parece “muy prioritaria” para las regiones de Copán y Francisco Morazán; en tanto, el mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes se ubica como “muy prioritario” en las regiones de Atlántida, Francisco Morazán y Copán. Otros aspectos preponderantes mencionados fueron la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y que la corrupción obstaculiza el desarrollo.

En materia de educación, los ciudadanos de Francisco Morazán y Cortés identificaron como temas prioritarios la débil institucionalidad para enfrentar los desafíos educativos y el estancamiento de los resultados de aprendizaje. En otras zonas como Copán y Atlántida, el principal problema identificado fue el abandono escolar, pues la precaria situación económica y la falta de oportunidades está empujando a muchos menores de edad a emigrar de manera irregular.  Cabe señalar que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuatro de las regiones analizadas: Cortés, Francisco Morazán, Yoro, y Atlántida, son las que han tenido mayor índice migratorio en los últimos años.

Con respecto al tema de pobreza y desempleo, los informes regionales lo destacan como “muy prioritario” para los participantes en las jornadas, mientras en el área de salud, la priorización se enfocó en la falta de presupuesto, medicamentos, insumos e infraestructura en zonas como Atlántida, Cortés y Francisco Morazán, aunque la falta de voluntad política e incapacidad de liderazgo de las autoridades para hacer cambios profundos y sostenibles en el sistema sanitario fue considerada “muy prioritaria” en Francisco Morazán, Cortés y Yoro.

De igual manera, los informes abordan la estigmatización contra personas o movimientos en disenso con el Estado y la calificación de personas que protestan por sus derechos como violentas, irrespetuosas o dignas de castigo. A criterio de los entrevistados, este tipo de pensamiento permite y justifica consecuentes violaciones de los derechos humanos de quienes protestan por sus derechos.

En cuanto a las acciones adoptadas frente a las problemáticas identificadas en las distintas regiones, figuran como principales mecanismos de participación ciudadana los procesos de veeduría social en salud, educación, infraestructura y seguridad, en los que la lucha por la transparencia y contra la corrupción son un eje transversal; otros, como la defensa del territorio, destacan en regiones como Atlántida y Copán.

Producto de la reflexión, especialistas entrevistados consideran muy relevante y dinámica la participación de la sociedad civil como impulsora de reformas, creadora de políticas públicas, impulsora de cambios, impulsora de denuncias y protagonista al momento de evidenciar aspectos que no se están haciendo bien y que se deben mejorar.