• Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.

La Ceiba. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este lunes los resultados de la veeduría ciudadana efectuada a estaciones policiales de la ciudad de La Ceiba.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a unidades policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de La Ceiba participaron las organizaciones: Madre, Tierra, Verde y Humana, y Jóvenes contra la Violencia.

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en las estaciones policiales: Unidad Departamental de Prevención (UDEP) número 1, la estación municipal Satuyé y la estación municipal El Porvenir.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Dirección Policial de Investigación es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que espacios como: las habitaciones policiales, baños, oficinas de atención al cliente y celdas, se encuentran en mal estado debido a falta de mantenimiento y reparación, limpieza, instalaciones eléctricas improvisadas o escasez en el suministro de agua.

Además, apunta problemas que necesitan ser atendidos como prioridad por la institución, entre ellos los altos índices de violencia juvenil (maras y pandillas), menores de edad expuestos a reclutamiento y crimen organizado, consumo y venta de drogas, así como tráfico de armas en barrios y colonias.

En ese sentido, entre las soluciones proponen campañas de sensibilización y prevención, la creación de una política pública municipal de prevención de la violencia juvenil y la elaboración de un análisis forense de procesos. Para tal fin, además de la activa participación policial, se contempla la participación de la Corporación Municipal de La Ceiba, la Dirección Distrital de Educación y del Poder Judicial.