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DPI cumple un año en funciones con importantes logros

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  • Unidad policial fue creada el 1 de septiembre de 2015 en sustitución de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
  • “Es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones”: Omar Rivera.

Tegucigalpa. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cumple este jueves su primer aniversario de creación con importantes logros en materia de lucha contra la inseguridad y narcotráfico.

La DPI se fundó el 1 de septiembre de 2015 con mil miembros y una inversión inicial de 203 millones de lempiras. Los fondos fueron proporcionados en calidad de préstamo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el acondicionamiento de instalaciones, capacitaciones de investigadores y técnicos, equipo científico y tecnológico.

La DPI fue fundada con el objetivo de reestructurar el servicio de investigación criminal en la Policía Nacional, con base en un nuevo modelo de investigación criminal, profesional, especializado y confiable.

Si bien la dirección policial ha sido considera el “Talón de Aquiles” del sistema de seguridad en Honduras, en los últimos 12 meses ha realizado exitosos operativos que derivaron en la presentación de sospechosos de cometer crímenes como tráfico de drogas, extorsión y homicidios ante los tribunales de justicia.

Entre estas iniciativas destaca la Operación Trueno, ejecutada en agosto por la DPI en conjunto con el Ministerio Público, Policía Militar y otras unidades de la Secretaría de Seguridad mediante al menos 113 allanamientos en 17 departamentos de Honduras.

En la operación fueron detenidos medio centenar de ciudadanos en operativos de saturación, retenes policiales, acciones de investigación y seguimiento de estructuras criminales.

Entonces, 40 armas de fuego de diferentes calibres y 12 vehículos con reporte de robo e irregularidades fueron decomisados, así como 110 mil lempiras en efectivo.

Acciones similares han sido ejecutadas, además de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, Gracias, Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Choloma, El Progreso, Roatán, La Ceiba y otras localidades del país.

Cabe destacar que la DPI cuenta actualmente con cinco laboratorios móviles de criminalística a cargo de personal certificado, donde la población puede acercarse a interponer denuncias por cualquier delito, permitiendo el anhelado acercamiento con la comunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha seguido de cerca el funcionamiento de la institución, colaborando de cerca con sus autoridades para mejorar el proceso de investigación criminal en el país.

A criterio de Omar Rivera, coordinador de la APJ, el fortalecimiento de la investigación criminal en Honduras mediante la DPI y otras unidades como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público es una extraordinaria oportunidad para mejorar un ámbito estratégico de la seguridad y justicia hondureña para revertir los elevados niveles de impunidad que imperan en la nación.

Estas unidades conforman un “andamiaje de investigación criminal que, teniendo cobertura nacional y un elevado nivel técnico, puede generar los insumos que los demás operadores de justicia necesitan para sancionar a criminales, delincuentes y corruptos”, expresó Rivera.

No obstante, insistió en que es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones, la incorruptibilidad de oficiales y agentes y evitar excesos e ilegalidades de quienes tienen la facultad de investigar.

Comisión Depuradora se alista para evaluar a más de 10 mil policías de escala básica

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La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional se alista para proceder a investigar y evaluar a más de 10 mil agentes de escala básica y empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial informó que “luego de culminar el proceso de evaluación de la idoneidad y pertinencia de incorporar a la nueva estructura orgánica de la Policía Nacional a los altos oficiales toca el turno de examinar los expedientes de los agentes de la escala básica policial para determinar quienes estarán habilitados a continuar en el servicio público y quienes serán cancelados”.

Rivera, quien también es Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), señaló que “de esta evaluación no se escaparán los empleados de las diferentes unidades administrativas, financieras y logísticas en las cuales laboran un importante número de profesionales de diferentes ramas que dan apoyo a las actividades policiales”.

“Será complejo evaluar a un número tan elevado de agentes de la base policial, por lo que tendremos que iniciar con aquellos que tienen problemas con la justicia, los procesados y enjuiciados, aquellos que están siendo investigados por órganos contralores del Estado y entidades operadoras de justicia, los que han cometido faltas y transgredieron el régimen disciplinario, y los que no aprobaron las pruebas de confianza” expresó el dirigente de la sociedad civil; el depurador apuntó que “también serán prioridad para la evaluación aquellos policías de los cuales se sospecha hayan tenido vínculos con redes de corrupción y bandas del crimen organizado”.

Asimismo, comunicó que “los policías de escala básica que de acuerdo a disposiciones legales deban ser pensionados y jubilados, podrán recibir ese beneficio; no es justo que quienes tengan alguna limitación fisca o de salud, o los que ya están en etapa de jubilarse, sigan en servicio, a ellos se les debe respetar su derecho de gozar de los beneficios que brindan las entidades de previsión a las cuales han cotizado”.

Finalmente, el integrante de la Comisión Especial recordó que –tal cual se mencionó en los comunicados públicos emitidos recientemente- “se procederá, lo antes posible, a un proceso de recertificación de los oficiales que fueron incorporados a la nueva estructura orgánica y autorizados a continuar en la carrera policial, para lo que es indispensable apoyo externo especializado, a fin de garantizar óptima calidad en la aplicación de una metodológica con estándar internacional”.

POLICÍAS SUSPENDIDOS SERÁN SOMETIDOS A EVALUACIÓN

En otro orden de asuntos, Omar Rivera, reveló que esta semana, la Comisión Especial para la Depuración Policial procederá a tomar una decisión sobre el futuro de una treintena de oficiales y agentes de la Policía Nacional, suspendidos de sus funciones el pasado 18 de abril, por estar mencionados, en medios nacionales e internacionales, como supuestos participantes en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides Gonzales y el experto en crimen organizado Alfredo Landaverde.

Según lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Secretario de Seguridad puede suspender a miembros de la carrera policial por un periodo de 120 días, que precisamente se cumplieron recientemente.

“Le toca a la Comisión Especial decidir sobre cual será la recomendación que le dará al ministro Julián Pacheco; es decir, si se le recomienda que estos policías continúen en la institución o si se le exhorta que se les cancele” explicó Rivera.

Omar Rivera: Expedientes van teñidos de sangre y lodo

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  • Comisión Depuradora entregó al menos 144 casos de policías vinculados a presuntos delitos al Ministerio Público.
  • Ciudadanos presentaron 107 denuncias a través de la plataforma Honduras Denuncia.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que los expedientes de policías vinculados a supuestos actos ilícitos que fueron entregados este miércoles al Ministerio Público «van teñidos de sangre y lodo».

El también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), expresó que “los expedientes de supuestos indicios de responsabilidad penal relacionados a integrantes de la carrera policial van teñidos de sangre y lodo, pues evidencian que muchas policías se dedicaron matar, robar, extorsionar y a enriquecerse ilícitamente”.

“Los expedientes entregados al Ministerio Público (MP) contienen historias dantescas en las cuales criminales, delincuentes y corruptos son aquellos que precisamente eran los responsables de combatir el accionar ilícito del crimen organizado y la delincuencia común; es decir, altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional son los malos de la película”, agregó.

El depurador señaló que “la Comisión Especial confía en la responsabilidad, valentía y capacidad del Fiscal General del Estado para procesar toda la documentación que se le ha remitido y que a través de una fuerza de tarea especializada dará persecución penal a quienes transgredieron la Ley”.

Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil reconoció que un factor determinante para completar toda la documentación que sustenta los expedientes remitidos a la Fiscalía General del Estado fue “la participación de la gente, el aporte ciudadano y la decisión de los hondureños a no quedarse callados ante los excesos de quien ha mal utilizado la autoridad que se les ha concedido”; por lo que motivó a la ciudadanía a “seguir colaborando con la Comisión Especial y denunciar a los malos policías que son negligentes o cometen actos ilícitos en el desempeño de sus funciones”.

Finalmente, Rivera pidió a la Secretaria de Finanzas y al Congreso Nacional de la República hacer un esfuerzo para incrementar el presupuesto del MP durante el ejercicio fiscal 2017, ya que “para enfrentar los retos y desafíos del combate a la corrupción policial, las diferentes fiscalías especiales van a necesitar mayor cantidad de recursos humanos, logísticos y materiales”.

Asimismo, advirtió que “si no se fortalecen las capacidades del MP será difícil que puedan evacuar todas las denuncias contra policías picaros y casos en cartera que implican redes corruptas conformadas por oficiales y agentes”.

ASJ pide aprobar marco legal integral para fortalecer depuración policial y operadores de justicia

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  • Comisión Especial presentó su primer informe del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional ante el Congreso Nacional.
  • Reformas y nuevas leyes son fundamentales para fortalecimiento de entes investigadores e impartidores de justicia.

Tegucigalpa. Un nuevo marco legal integral es indispensable para fortalecer no solo a la Policía Nacional, sino al resto de instituciones operadoras de justicia, señaló este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a propósito de la presentación del primer informe de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional ante el Poder Legislativo.

La ASJ, capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, instó a los diputados al Congreso Nacional a aprobar sin dilaciones las reformas que permitan realizar cambios estructurales y duraderos dentro de la Policía Nacional, pero también aquellas encaminadas a robustecer al aparato nacional de justicia.

En ese sentido, la organización de sociedad civil apunta la necesidad de vigorizar mediante leyes y reglamentos la estructura, coordinación, independencia y funcionamiento en general de otros entes de justicia y contralores del Estado tales como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.

En el caso específico de la Policía Nacional, la creación de nuevas leyes y reglamentos -a criterio de Omar Rivera, coordinador de Incidencia de la ASJ y miembro de la Comisión Depuradora-, vendrá a fortalecer la estructura organizacional de la Secretaría de Seguridad, dotándola de capacidades administrativas y de sanción.

De acuerdo al también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), las reformas a la nueva ley orgánica de 117 artículos en lugar de 176, deben contemplar la creación de una comisión de seguimiento con las facultades de asesorar, recomendar y presentar iniciativas que fortalezcan el sistema de seguridad del país.

En su presentación ante los legisladores, la Comisión Especial remarcó la importancia de aprobar reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como una Ley de Personal de la Carrera Policial, con el objetivo de dotar a la Secretaría de Seguridad de un marco legal que apoye y haga sostenible el proceso de depuración policial.

Los depuradores sugirieron además implementar procesos similares de depuración en organismos del sector justicia e institucionalizar mecanismos de denuncia.

La ASJ ha impulsado a través del Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad suscrito en octubre de 2014 con el Gobierno de Honduras reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la aprobación de la nueva Ley de Personal de la Carrera Policial.

Sugerencias de reformas fueron presentadas a la Secretaría de Seguridad, las cuales fueron planteadas casi en un 95% al proyecto de ley que fue presentado y en espera de aprobación en el Congreso Nacional.

A raíz de estas recomendaciones y otros hallazgos presentados en el Informe Línea Base de la Secretaría de Seguridad, Seguridad creó y se encuentra en proceso de implementación del Plan de Mejora 2016-2017.

 

 

Presupuesto de operadores de seguridad, defensa y justicia debe ser elevado

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Tegucigalpa. “El Congreso Nacional de la República debe aumentar el presupuesto del sistema de seguridad y justicia para el ejercicio fiscal 2017”, ha declarado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Rivera, indicó que durante la rendición de cuentas que se realizó ante la Junta Directiva del Poder Legislativo y los jefes de bancadas parlamentarias, la Comisión Especial solicitó a los diputados “fortalecer las capacidades de la institucionalidad estatal, lo que implica incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia del país”.

El representante de la sociedad civil manifestó que “se debe continuar fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que enfrenten al crimen organizado, redes transnacionales, carteles del narcotráfico y la delincuencia común, así como garantizar el cumplimiento constitucional de transferir el 3% del Presupuesto General al Poder Juridicial y hacer sostenible recursos a las nuevas unidades recién creadas, tal es el caso de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

Modernizar el marco jurídico

Del mismo modo, el depurador pidió a los diputados aprobar de inmediato el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la nueva Ley de Personal de la Carrera Policial.

“El proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa. Estas reformas a la Ley Orgánica y la aprobación de la Ley de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado”, expresó el también coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Y añadió que dichas reformas permitirán “formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, así como respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

Omar Rivera indicó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

Policías cancelados han recibido más de 86 millones de lempiras en pago de prestaciones e indemnizaciones laborales

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  • Comisión Depuradora ha respetado el goce de derechos laborales a policías separados por reestructuración y de forma voluntaria.
  • El 25% de la alta oficialidad ha sido separada de la institución policial.

Tegucigalpa. Son cerca de 86 millones de lempiras los que se han pagado en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales a los miembros de la institución policial que han sido cancelados de sus cargos por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Omar Rivera, miembro de la Comisión confirmó que “hasta la fecha se han pagado más de 86 millones de lempiras por concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos“.
No obstante, Rivera aclaró que únicamente se le paga sus derechos a quien se le excluye de la estructura gubernamental, sin que medie causa imputable al policía, es decir a aquellos que han sido separados bajo la figura de reestructuración o mediante retiro voluntario.

En relación a los policías vinculados a algún acto irregular, Rivera apuntó que “se ha seguido el procedimiento y esos son cancelados, pero habiendo causal imputable a ellos en los cuales pierden su derecho, la Secretaría de Seguridad procede a la cancelación”.

El decreto 21-2016 que da vida a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, autoriza a la Secretaría de Finanzas para crear la partida presupuestaria correspondiente para el pago de los pasivos laborales de los policías que son cancelados.

Al Poder Ejecutivo se le autoriza, además, establecer convenios de pago para el reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales en el caso de retiro voluntario.

En cuatro meses de trabajo, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional ha evaluado a 946 uniformados, de los cuales 313 han sido separados de sus funciones, lo que representa el 33% del total.

En este primer ejercicio de evaluación policial de la alta oficialidad se generó la salida del 25% de la cúpula policial.

APJ conoce avances y logros alcanzados en cuatro meses de trabajo de la Comisión Depuradora

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  • De un total de 790 policías evaluados, 351 han sido cancelados.
  • Comisión Depuradora anunció a la APJ que en los próximos días estarán enviando expedientes al Ministerio Público

Los integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) conocieron los avances que reporta hasta la fecha la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional; como parte del proceso de reforma de la institución policial hondureña.

Al encuentro asistieron los depuradores Omar Rivera y Carlos Hernández; quienes explicaron los avances de su labor que se resume en la cancelación de 351 elementos policiales, de un total de 790 evaluados, lo que representa un 44 por ciento. La Comisión fue nombrada el 12 de abril pasado, es decir hace cuatro meses.

Los representantes de la APJ recibieron a la comitiva de la Comisión Depuradora, antes de que estos se reunieran con el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a fin de presentarle su informe de rendición de cuentas, de los primeros cuatro meses de trabajo.

En su ponencia, Omar Rivera, miembro de la Comisión y además Coordinador General de la APJ anunció que para los próximos días, la Comisión estará rindiendo cuentas ante el Congreso Nacional para que igualmente la población conozca con claridad hacia donde avanza la reforma policial; además adelantó que se estará entregando al Ministerio Público varios expedientes, con el propósito de que se investigue a una serie de oficiales y agentes de la Policía Nacional.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, reafirmó ante la plataforma de sociedad civil el compromiso de la Comisión Depuradora de alcanzar la transformación de un ente policial certificado y con alto grado de responsabilidad social.

Participaron en la reunión Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica de Honduras; Marcela Castañeda, Coordinadora de Incidencia de World Visión Honduras (WVH); Amanda Madrid, Presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y Kurt Alan Ver Beek, Vicepresidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La APJ desde su creación en 2012, ha exigido de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de la depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado en actos criminales y en redes delictivas como narcotráfico y lavado de activos.  La presión ejercida por la APJ marcó el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia.

Comisión Especial depuradora separa a 71 oficiales de la Policía Nacional (Comunicado No. 20)

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La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, en seguimiento al proceso de evaluación de los miembros de la Carrera Nacional, tiene a bien informar al pueblo hondureño:

1. Se recibió la información solicitada sobre los 497 Subinspectores activos de la Policía Nacional bajo evaluación, de parte de: Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Publico, Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional. En base al análisis y valoración de los informes recibidos con respecto al primer grupo de 200 Subinspectores evaluados, instamos al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:

A). Cancelar por re-estructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial, a los Subinspectores de Policía:

    1. Subinspector Alejandro Esaú Cortez Padilla
    2. Subinspector Allan Argenys Santos Avila
    3. Subinspector Bismar Adolfo Ayala Herrera
    4. Subinspector Camilo Stephan Nazar Estrada
    5. Subinspector Carlos Gustavo Macías Banegas
    6. Subinspector Carlos Miguel Núñez Vega
    7. Subinspector Carlos Roberto Molina Rivera
    8. Subinspectora Carmen Yoryina Payan Sierra
    9. Subinspector Darwin Ronis Maradiaga Betancourth
    10. Subinspector Denis Antonio Guzmán Flores
    11. Subinspector Deris Ulises Mendoza
    12. Subinspector Edson Javier Navarro Vásquez
    13. Subinspector Edy Roberto López Gómez
    14. Subinspector Fredy Leonel López Baquis
    15. Subinspectora Gisella María Inestroza Cruz
    16. Subinspector Henry Gregorio Girón Miranda
    17. Subinspector Hernán Magdiel Gómez Ramos
    18. Subinspectora Jhosely Gabriela Carranza Ponce
    19. Subinspector Jorge Luis Ramos Aguilera
    20. Subinspector José Joel Escalante Cardoza
    21. Subinspector José Ramón Lagos Mendoza
    22. Subinspector Juan José Mata Romero
    23. Subinspector Juan Santos Urbina Reyes
    24. Subinspector Julio Cesar Díaz Castillo
    25. Subinspector Julio Fernando Valiente Vásquez
    26. Subinspectora Karen Victoria Baquedano Miranda
    27. Subinspector Luis Fernando Vallecillo Rodríguez
    28. Subinspector Luis Francisco Méndez Menocal
    29. Subinspector Luis Gerardo López Barahona
    30. Subinspector Mario Roberto Mejía
    31. Subinspectora Marlen Joryina Romero Salgado
    32. Subinspector Miguel Angel Villanueva Andino
    33. Subinspector Orlin Argelio Sarmiento Mairena
    34. Subinspector Pedro Jeovany Mondragón Hernández
    35. Subinspector Ramiro Joselin Portillo Portillo
    36. Subinspectora Rosa Mireya Rivera Merino
    37. Subinspector Ruber Alexis Muñoz García
    38. Subinspector Salvador Martínez Sierra
    39. Subinspector Santos Damián Galindo Zuniga
    40. Subinspector Walter Isaac Molina Montoya
    41. Subinspector Wilman Pastor Mendoza Acosta
    42. Subinspectora Wuendy Yohana Ruiz Lagos

2. En aras de velar por la rigurosa aplicación de las normas disciplinarias, esta Comisión Especial solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional que realizara una exhaustiva evaluación de expedientes disciplinarios y presentara un informe sobre los Oficiales y Agentes de Policía que estén pendientes de aplicación de medidas disciplinarias, así como los que han presentado solicitud de retiro voluntario. En base al análisis y valoración de los informes recibidos, habiéndose comprobado que se ha cumplido el debido proceso, instamos al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:

A) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Abandono del Cargo, en aplicación al Articulo 126 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:

      1. Auxiliar Leswin Roberto Guzmán Paz

B) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por despido, a:

  1. Agente de Policía Darwin Leonel Ordóñez García
  2. Agente de Policía José Lorenzo Manzanarez
  3. Agente de Policía Ventura Soliz Ayanco
  4. Agente de Policía Dennis Agustín Godoy Ramos
  5. Agente de Policía Edi Facundo Carrillo Ventura
  6. Auxiliar Jonatán David Amaya Barahona

C) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Retiro Voluntario, en aplicación al Articulo 109 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:

  1. Agente de Policía Iván Ismael García Sánchez
  2. Agente de Policía Olvin Geovanni Sandoval Coello
  3. Auxiliar Leivi Aravey Orellana Velásquez
  4. Auxiliar Xiomara Refugio Castillo Murillo
  5. Auxiliar Julio César Rodríguez Escoto
  6. Auxiliar René Fernando Agüero Ochoa
  7. Auxiliar Deni Luz Nieto
  8. Auxiliar Pedro Antonio Rodríguez Cárdenas
  9. Auxiliar Gilberto Renán Pinto Erazo
  10. Auxiliar José Emilson Zorto Alemán
  11. Auxiliar José María Santiago Cálix Castro
  12. Auxiliar Evaristo García Ortez
  13. Auxiliar Sandra Pérez Mendoza
  14. Auxiliar Effer Absalón Gozaines Lagos

3. Se concluyó el proceso de análisis de un grupo de Oficiales de diversos grados, que estaban pendientes de evaluación, y se resolvió instar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a:

A) Cancelar por re-estructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial, a:

  1. Subcomisionado de Policia José Orlando Leiva Nataren
  2. Subcomisario de Policía Carlos Isaías Polanco Padilla
  3. Inspector de Policía Carlos Roberto García
  4. Inspector de Policía Deogenes Senen Alemán Chávez
  5. Inspector de Policía Javier Orlando Cálix Matute
  6. Inspector de Policía Zeus Adonis Gómez Acosta

B) Cancelar por abandono del cargo, en aplicación del Artículo 126 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, al Inspector de Policía:

  1. Comisario Leonel Osmin Merlo Canales

4. Continuamos con el proceso de evaluación y análisis de correspondiente a los restantes 297 Sub Inspectores activos de la Policía Nacional; próximamente informaremos más resultados al respecto.

5. Reiteramos nuestro compromiso de continuar con objetividad y decisión con el proceso de re-estructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda.

 

Tegucigalpa, MDC – 9 de agosto de 2016.

Hacia la Transformación de la Policía Nacional!

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Declaran inadmisible recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto que autoriza Depuración Policial de emergencia

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A inicios del mes de junio del presente año, la abogada Olga Ávalos se presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el afán de derogar el Decreto Legislativo 21-2016 que declara emergencia nacional la depuración en la Policía Nacional de Honduras, y manda a determinar la idoneidad de los casi 14 mil miembros de la carrera policial.

En representación de los oficiales de policía Rony Martín Flores Días, Ariel Ernesto Padilla Mejía, Daniel Omar Matamoros Ávila, Manuel Alberto Calderón Romero, Denis Orlando Erazo Paz, Elvin Constantino López Orellana, Roberto Carlos Ortega Aguilar, Erick Naval García Canales, Rafael Antonio Rodríguez Puerto, Darwin Ismael García Núñez y Óscar Alexis Sosa Martínez, la profesional del derecho presentó un recurso de inconstitucionalidad al decreto antes mencionado y aseguró que “el Congreso Nacional de la República no ostenta la facultad de suspender leyes” y que con la aprobación del decreto legislativo antes mencionado “se violentaron derechos fundamentales como el de la defensa, así como el debido proceso”. La abogada Avalos, señaló que a sus representados, todos ellos cancelados por la Comisión Especial, “ni siquiera les realizaron una audiencia de descargo”.

No obstantes los argumentos argüidos por los incomodos oficiales de la Policía Nacional y por su apoderada legal, el 4 de agosto de 2016, mediante cedula de notificación suscrita por Cristian Ramón Baquiz Flores, receptor adscrito de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, se informa a los peticionarios que “se declara inadmisible el recursos de inconstitucionalidad de mérito interpuesto por la abogada Olga Esperanza Avalos Pérez… contra el Decreto Legislativo 21-2016… contentivo del Decreto de Depuración Policía”.

Del mismo modo, se establece que “una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de los autos”.

Omar Rivera: Confiamos que decisiones judiciales eviten obstaculizar proceso de depuración policial

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial reaccionó indicando que pese a que los comisionados “no nos distraemos ocupándonos de darle seguimiento a los recursos de inconstitucionalidad que se interponen en contra de los decretos y acuerdos que le han dado vida a la Comisión y al proceso de depuración, si nos regocija que no prosperen aquellas iniciativas encaminadas a bloquear la necesaria profilaxis que debe ejecutarse en los diferentes organismos judiciales”.

“Sería terrible que hubiese una tranca u obstáculo en esta cruzada por sacar a las manzanas podridas de la Policía Nacional” expresó Rivera.

El dirigente de la sociedad civil dijo que se respeta “el derecho que tiene cada ciudadano de peticionar o demandar el pleno goce de sus derechos”, así como “la independencia judicial para actuar de acuerdo a derecho”, no obstante, “está claro que es nuestro deseo que nada interrumpa o desacelere el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional en Honduras”.

Finalmente, el depurador apuntó que confían que las decisiones del Poder Judicial “evitarán obstaculizar el proceso de evaluación de la idoneidad de altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional”.

 

Proceso electoral no debe alterar Depuración y Transformación Policial

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No sería justo que todo lo que se ha logrado en este proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional tuviera un retroceso por los típicos mezquinos intereses políticos que aparecen en los procesos electorales» ha dicho Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Rivera, quien forma parte de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que «debe blindarse este proceso de profilaxis y reingeniería institucional a fin de garantizar no volver al pasado en el cual la corrupción e ineficiencia imperaban en los diferentes organismos policiales».

«La politiquería no puede interrumpir esta dinámica encaminada a mejorar el desempeño de la Policía Nacional y adecentar la carrera policial; no debemos permitir que intereses partidistas o de grupos políticos le ponga trancas a la depuración policial y reestructuración orgánica de  la Policía Nacional» manifestó el dirigente de la sociedad civil.

Finalmente, el depurador aseguró que debe existir un pacto multipartidario que garantice que los sistemas de evaluación e investigación de agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que ha implementado la Comisión Especial «tengan continuidad»; asimismo, los logros a materia de reducción de la tasa de homicidios, reforma a las unidades de investigación criminal y actualización de la curricula policial, «deben ser preservados» y todos los políticos deben comprometerse a «consolidar la reforma policial en lugar de bloquearla o pretender revertirla».