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Juventud comayagüense exige a operadores de justicia implementar políticas que garanticen los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad

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Jóvenes del municipio de Comayagua, demandaron, este fin de semana, a las autoridades del sistema de seguridad y justicia del país diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de los grupos colocados en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, entre otros.

En el marco de la jornada, denominada Seguridad 101, celebrada en la cabecera departamental de Comayagua, y auspiciada por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Edras Suazo, coordinador regional del movimiento “Jóvenes contra la violencia” en la zona central de Honduras, dijo que “la juventud espera que la Policía Nacional, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial, nombren personal especializado en atender las demandas de los grupos que históricamente marginados y que inviertan más en la prevención de la violencia en todas las regiones de la nación, que incluya a ciudades intermedias como Comayagua, Santa Rosa de Copan, La Ceiba, El Progreso y Choluteca”.

La APJ, con apoyo de la organización europea Viva Dinamarca, llevó a cabo esta jornada de capacitación destinada a que jóvenes del municipio de Comayagua, puedan comprender cuál es la actual situación de violencia y criminalidad en Honduras, cuales son los factores causa de la impunidad imperante en el territorio nacional y cómo funciona el sistema de seguridad y justicia en el país; la actividad formativa está focalizada en desarrollar capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

Este proceso de capacitación será realizado, en los próximos días, en otros municipios en los cuales funcionan los Capítulos Locales de la APJ, siendo estos Santa Rosa de Copán, El Progreso y Catacamas; recientemente, esta actividad fue llevada a cabo en San Pedro Sula, Cortés.

 

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APJ - Comayagua - Seguridad y Justicia

No le podemos pedir al Fiscal General que haga en 120 días lo que otros no hicieron en décadas

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Omar Rivera, miembro de la Comisión para la Depuración Policial señala que a pesar de comprender lo difícil que es resolver casos emblemáticos en torno a crímenes cometidos hace varios años, es indispensable que los mismos sean concluidos exitosamente, para que la población no tenga ese mal sabor de boca que aquí todo queda en el olvido y en la más repugnante y despreciable impunidad Leer más →

Proyecto Aldea Global empodera a mujeres para combatir la violencia

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  • Los femicidios en Honduras creció 355% en 10 años, según Resdal.
  • Entre 2014 y 2015 en Honduras fueron asesinadas unas 4,018 mujeres.
  • Aldea Global fomenta la sinergia entre autoridades y sociedad, para reducir la violencia.

La violencia sigue siendo uno de los problemas principales en Honduras, de este flagelo se desprende la muerte de mujeres como uno de los problemas de seguridad crónico en el país. Esta preocupante situación ha motivado al Proyecto Aldea Global (PAG) ha impulsar el programa DEBORAH, para contribuir a la justicia, equidad de género y reducir la tasa de violencia doméstica en Honduras; por ser uno de los principales orígenes de los femicidios en el país.

Según datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), los asesinatos de mujeres en Honduras crecieron en un 355% en los últimos diez años; la tendencia se ha incluso acelerado a partir de 2010.

El crecimiento de homicidios en general ha sido del 97,6% en este período, por lo que la situación de seguridad de las mujeres se ha deteriorado exponencialmente. En 2002 el femicidio representaba un 4% del total de homicidios en el país, en 2012 fue un 8% del total.

De acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al menos 4,018 mujeres murieron de forma violenta en Honduras entre 2014 y 2015 y el 96 % de esos casos quedaron en impunidad.

En el 2001, Proyecto Aldea Global y algunos gobiernos municipales inspiraron la creación del programa DEBORAH mediante el cual se construyen acciones de prevención de violencia doméstica, potenciando las capacidades entre las mujeres y la sociedad civil y con el fin de mejorar la capacidad de respuesta de manera oportuna y eficaz a las víctimas de la violencia doméstica.

“Este programa del PAG intenta mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para evitar el maltrato y proporcionar cuidado cristiano, orientación y protección jurídica a las mujeres que han sido víctimas del maltrato violento” detalla Chester Thomas, Director del Proyecto Aldea Global.

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Desde su creación este programa ha logrado llevar una serie de capacitaciones sobre los derechos de la familia a distintas comunidades del país, acompañado de jornadas de consejería a las víctimas de violencia doméstica, orientación legal, así como mediación de conflictos para parejas.

En lo que respecta al acceso a la justicia entre 2008 y 2014 fueron llevados a los juzgados 102,766 casos de violencia doméstica a nivel nacional, pero se observa que el 54 por ciento, más de la mitad, caducaron antes de tener cualquier respuesta por parte del sector judicial.

Las cifras reflejan la alta mora judicial que sigue imperando en Honduras, situación que ha sido señalada por la plataforma de sociedad civil Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) quien además ha denunciado la aplicación tardía de la justicia.

En ese sentido, el Proyecto Aldea Global, como organización miembro de la APJ, comparte el anhelo de mejorar la coordinación entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil para crear mayor conciencia a nivel local y reducir los casos de impunidad y violencia en todas sus manifestaciones.

La APJ y el PAG han demandado de las autoridades, el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público (MP), así como de las instituciones Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Al tiempo que también han solicitado al Poder Judicial revisar los procesos judiciales para tener una aplicación de la justicia más eficiente y expedita.

El Proyecto Aldea Global comparte la reflexión de la Alianza por la Paz y la Justicia de promover iniciativas de procesos participativos, propiciados por una sociedad civil informada y con conocimiento, para contribuir de manera propositiva, crítica y vigilante, para una sociedad donde prevalezca la justicia y la seguridad.

Prot=yecto Aldeas Globales

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Acerca del Proyecto Aldea Global

Con su presencia-por más de tres décadas- en distintas comunidades del territorio hondureño el PAG ha resaltado por impulsar programas modelos de salud y desarrollo que han sido reconocidos a nivel mundial, por otras organizaciones de desarrollo.

Ningún sospecho de haber participado en los asesinatos de Arístides Gonzáles y Alfredo Landaverde ha sido ratificado

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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha manifestado que «ningún alto oficial o agente de escala básica señalado de haber participado, como autor intelectual o material, en la muerte del zar antidrogas Julián Arístides Gonzáles y el experto en crimen organizado Alfredo Landaverde, ha sido ratificado o habilitado a continuar en la carrera policial».

«Los sospechosos de haber ejecutado estos crímenes estaban suspendidos por 120 días para que las autoridades correspondientes los investigaran; finalizado ese plazo, y como no existió acción penal, corresponde administrativamente dar por terminada la suspensión y proceder a que la Comisión Especial los evalúe para determinar su idoneidad para formar parte de la nueva estructura orgánica, en función de información recolectada de diferentes entes contralores del Estado, instituciones operadores de justicia y plataforma de denuncias ciudadanas» dijo el depurador.

Rivera aseguró que «ninguno de los que aparecieron mencionados en los supuestos informes de inteligencia policial que fueron hechos públicos en El Heraldo y The New York Times, ha sido ratificado en su cargo, ninguno de ellos tiene el visto bueno de la Comisión Especial para seguir en la Policía Nacional, nadie tiene el aval para continuar; todos ellos, una vez se les notifique que la suspensión ha concluido, como manda la Ley serán examinados, y evaluados, y en función de eso se determinará su futuro».

«La Ley Orgánica de la Policía Nacional solamente faculta al Secretario de Seguridad mantener en el estatus de suspendido a un policía por un periodo de 4 meses, una vez acabado ese término, el oficial o agente se reincorpora para ser sometido a la valoración de su perfil, trayectoria, antecedentes y desempeño  por parte de la Comisión Especial, para establecer si es cancelado o no; en eso estamos en este momento, notificando que les llegó la hora de ser sometidos al procedimiento administrativo de evaluación» aclaró.

Omar Rivera apuntó «que no podemos tener suspendidos de por vida a estos sospechosos, hasta que el órgano competente investigue, formule requerimiento fiscal, juzgue y sancione, de haber méritos; ya finalizada la suspensión, nos corresponde tomar en cuenta información clave en nuestro poder para determinar si ese policía señalado es apto para seguir en la institución o no».

«Valga la redundancia, lo que sucedió fue que se suspendió la suspensión para proceder a la evaluación administrativa, sin menoscabo, que el Ministerio Público (MP) pueda en el futuro cercano o lejano actuar penalmente».

Finalmente, el dirigente de sociedad civil ratificó el compromiso de los comisionados de «hacer la anhelada profilaxis que la Policía Nacional necesita, sacando a las manzanas podridas de la institución por la vía administrativa; a nadie más que a nosotros nos gustaría ver a los responsables de estas repugnantes muertes en la cárcel, pero a la Comisión Especial únicamente nos corresponde la acción administrativa de la evaluación, suspensión o cancelación».

Achicamiento de territorios disponibles para la extorsión y narcomenudeo vuelven cruenta la confrontación entre bandas criminales

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  • Recuperar la gobernabilidad del sistema penitenciario debe ser considerada una prioridad, pues desde ahí se ordena robar, extorsionar y matar.
  • Depuración policial ayudará a revertir los elevados niveles de impunidad en el país.
  • Unidades de inteligencia e investigación criminal darán seguimiento a policías depurados.

“La acción represiva del Estado en contra de redes delincuenciales y la focalización de las intervenciones policiales a las zonas de mayor incidencia criminal ha vuelto más violento el accionar de los facinerosos que han visto reducido su ámbito de actuación” ha declarado Omar Rivera, Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Rivera, quien también es miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, dijo que “el achicamiento de territorios disponibles para la extorsión y narcomenudeo vuelven cruenta la confrontación entre bandas criminales” lo que debe ser enfrentado por el Estado con “contundencia y efectividad”.

“Masacres como las que se dan a diario en barrios ‘calientes’ y esta nueva modalidad de extorsionar grandes empresas, muestran que delincuentes están actuando con más ferocidad y están siendo creativos en su accionar criminal” manifestó el depurador; por esa razón, los operadores de justicia deben actuar con “creatividad y diligencia para encontrar formas de enfrentar con mayor efectividad la realización de este tipo de ilícitos” expresó.

De la misma manera, el dirigente de sociedad civil sugirió que se tomen medidas para recuperar la gobernabilidad en el sistema penitenciario, pues desde ahí se planifican y ordenan muchos crímenes. “Desde las cárceles se manda a robar vehículos, secuestrar personas, extorsionar a mucha gente y quitarle la vida a ciudadanos honestos; ahí se deben tomar medidas urgentes” propuso.

Depuración policial ayudará a revertir impunidad

Policias-Depurados

Omar Rivera, consideró trascendental el proceso de profilaxis que se está efectuando a lo interno de la Policía Nacional, mismo que “va a tener un impacto positivo a fin de reducir los elevados niveles de impunidad que imperan en el país”; indicó que “el proceso de depuración policial volverá efectivo el accionar institucional en la prevención, persecución y sanción del delito, ya que es más fácil combatir la delincuencia si los delincuentes son sacados de la Policía Nacional”

Sin embargo, advirtió que otros operadores de justicia también deben avanzar en el proceso de depuración, reforma y fortalecimiento de capacidades, tal es el caso del Ministerio Público y Poder Judicial; “es indispensable que se logre capacidad de respuesta inmediata de la Policía Nacional, que se especialicen las diferentes fiscalías del MP, y se despolitice los diferentes juzgados y cortes, para lograr que la impunidad sea enfrentada de manera integral” anotó Rivera.

Seguimiento a policías depurados

Omar Rivera - Coordinador - Alianza por la Paz y la Justicia

Omar Rivera – Coordinador – Alianza por la Paz y la Justicia

Omar Rivera, expuso que “es probable que algunos malos policías estén pensando dedicarse a cometer fechorías una vez salgan de la estructura gubernamental, pero ya se están tomando medidas para enfrentar este fenómeno”.

Pese a que todavía no está estructurado de forma definitiva un mecanismo de seguimiento a los agentes de altos oficiales escala básica que han sido cancelados por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, la misma ya esboza la configuración de una plataforma interinstitucional conformada por diferentes agencias de investigación criminal e inteligencia del Estado.

Rivera, reveló que la idea toral de la iniciativa va encaminada a que dependencias especializadas de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, MP y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, coordinen, articulen y complementen esfuerzos en relación directa al mandato legal que tiene cada entidad.

“La idea es que se diseñe un plan de seguimiento a los policías depurados y sea implementado por las unidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) del Estado” apuntó.

El integrante del organismo depurador señaló que –también- es fundamental que otras dependencias estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Instituto de la Propiedad (IP), aporten información clave sobre operaciones de los policías cancelados, para determinar actos reñidos con la Ley y vinculados a lavados de activos u otros delitos.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 21-2016 del 7 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, que dio vida a esta Comisión Especial, la misma debe –entre otras responsabilidades- “implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados”.

 

APJ capacitó jóvenes sampedranos sobre cómo funciona el sistema de seguridad y justicia

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La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), realizó una jornada de capacitación destinada a que jóvenes del municipio de San Pedro Sula, Cortés, puedan comprender cuál es la actual situación de violencia y criminalidad en Honduras, cuales son los factores causa de la impunidad imperante en el territorio nacional y cómo funciona el sistema de seguridad y justicia en el país.

El evento se llevó a cabo en el Gran Hotel Sula de la Capital Industrial, el día sábado 3 de septiembre del presente año, en el horario comprendido entre las 8:00am y las 4:00pm.

La jornada, denominada Seguridad 101, estuvo focalizada en desarrollar capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

Durante la sesión formativa se hicieron presentes para participar como expositores Omar Rivera, Coordinador General de la APJ; Luís León, Subcoordinador General de la APJ; Ingrid Santos, Coordinadora de Regionalización de la APJ; Joaquín Mejía, Coordinador del Departamento de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras; y Ramón Barrios, catedratico universitario.

Esta jornada de capacitación será organizada en los municipios en los cuales funcionan los Capítulos Locales de la APJ, siendo estos Comayagua, Santa Rosa de Copán, El Progreso y Catacamas.

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Alianza por la Paz y la Justicia APJ – Historia

Se fundó en el año 2012, y se constituye en una coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y de justicia en Honduras.

La APJ tiene como visión “una Honduras de paz, seguridad y justicia sobre la base de una buena gestión del Sistema de Justicia y Seguridad hondureño con respeto a los derechos humanos y la transparencia; de igual manera, la misión institucional de la APJ es convertirse en una alianza de organizaciones y redes de la sociedad civil que realiza auditoría social, incidencia política y genera espacios de participación ciudadana inclusiva para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad de Honduras.

 

 

Comisión Especial cancelar por re-estructuracióa 44 Subinspectores (Comunicado No. 23)

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La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, en seguimiento al proceso de evaluación de los miembros de la Carrera Nacional, tiene a bien informar al pueblo hondureño:

A). Se recibió la información solicitada sobre los 297 Subinspectores activos de la Policía Nacional que estaban pendientes de evaluación, de parte de: Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Publico, Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional. En base al análisis y valoración de los informes recibidos, instamos al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:

(a). Cancelar por re-estructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial, a los Subinspectores de Policía:

  • 1)  Subinspector de Policia Andrés Josué Torres Peralta
  • 2)  Subinspector de Policia Bayron Rossiery Banegas Cabrera
  • 3)  Subinspector de Policia Carlos Mauricio Borjas Flores
  • 4)  Subinspector de Policia Carmen Yamileth Gómez Orellana
  • 5)  Subinspector de Policia Eder Josué Colindres López
  • 6)  Subinspector de Policia Eder Josué Colindres López
  • 7)  Subinspector de Policia Efraín Alonso Barahona Sierra
  • 8)  Subinspector de Policia Elvis Laislaho Cartagena Matute
  • 9)  Subinspector de Policia Esmedin Edith Vásquez Enamorado
  • 10)  Subinspector de Policia Evin Josué Ramos Ochoa
  • 11)  Subinspector de Policia Fabio Maximino Enamorado Acosta
  • 12)  Subinspector de Policia Gerardina María Fortín Padilla
  • 13)  Subinspector de Policia Gerardo Isaac Zuniga Padilla
  • 14)  Subinspector de Policia Heber Eliel Díaz Castro
  • 15)  Subinspector de Policia Herson Bladimir Turcios Calix
  • 16)  Subinspector de Policia Ismael Velásquez Banegas
  • 17)  Subinspector de Policia Jairo Yuvan Rodríguez Ruiz
  • 18)  Subinspector de Policia Jonathan Francisco Gutiérrez Gutiérrez
  • 19)  Subinspector de Policia José Leonardo Lizardo Meza
  • 20)  Subinspector de Policia José Luis Posas Sandoval
  • 21)  Subinspector de Policia Juan Carlos Rodríguez Baquedano
  • 22)  Subinspector de Policia Lester Reniery Pagoaga Gamez
  • 23)  Subinspector de Policia Lot Perez Avelar
  • 24)  Subinspector de Policia Luis Alberto Fuentes Espinoza
  • 25) Subinspector de Policia Luis Enrique Godoy Díaz
  • 26) Subinspector de Policia Luis Fabricio Hernández Reyes
  • 27) Subinspector de Policia Luis Inéz Díaz
  • 28) Subinspector de Policia Mauricio Joel Matute Escobar
  • 29) Subinspector de Policia Merlín Izabeth Montero Álvarez
  • 30) Subinspector de Policia Miguel Antonio Acosta Rivera
  • 31) Subinspector de Policia Milton Geovany Pérez Rubí
  • 32) Subinspector de Policia Olman Emilson Cruz Laínez
  • 33) Subinspector de Policia Oscar Humberto Zelaya Martínez
  • 34) Subinspector de Policia Oseas Joel Rodríguez Olivera
  • 35) Subinspector de Policia Osman Ariel Zamora Juárez
  • 36) Subinspector de Policia Ramón Wigberto Calix Rivera
  • 37) Subinspector de Policia Rene Darío Méndez Sierra
  • 38) Subinspector de Policia Rigoberto López Sánchez
  • 39) Subinspector de Policia Ronald Nahúm Maradiaga Zepeda
  • 40) Subinspector de Policia Ronny Alejandro Fortín Pineda
  • 41) Subinspector de Policia Ulices Emanuel Velásquez Enamorado
  • 42) Subinspector de Policia Víctor Ansony Guillen Ponce
  • 43) Subinspector de Policia Walter Iván Bustillo Hernández
  • 44) Subinspector de Policia Wiliam Alexander Ruiz Lagos

B). En aras de velar por la rigurosa aplicación de las normas disciplinarias, esta Comisión Especial solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional que realizara una exhaustiva evaluación de expedientes disciplinarios concluidos y presentara un informe sobre los Oficiales y Agentes de Policía que estén pendientes de aplicación de las sanciones correspondientes, así como aquellas peticiones de retiro voluntario. Se procedió al análisis y valoración de los informes recibidos, habiéndose comprobado que se ha cumplido el debido proceso, por lo cual esta Comisión Especial ha instado al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:

(a). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Despido, sin responsabilidad para el Estado, a:

  • 1) Subinspector de Policía Luis Francisco Méndez Menocal
  • 2) Policía Clase III Alexis Francisco Oyuela Hernández
  • 3) Policía Andrea Carolina García Ramos
  • 4) Policía Gersan Joel Castillo Martínez
  • 5) Policía Gonin Eracio Ramos Becam
  • 6) Policía Jonathan Brayan Girón Zuniga
  • 7) Policía Mauricio Enrique Delattibodier Amaya
  • 8) Policía Norma Lizeth Zavala Amador

(b). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Retiro Voluntario, en aplicación del Articulo 109 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:

  • 1)  Policía Clase I Leónidas Marcial Galindo Irías
  • 2)  Policía Darwin David Maradiaga Herrera
  • 3)  Policía Juan Carlos Vargas Flores
  • 4)  Policía Marcio Javier Zambrano Portillo
  • 5)  Secretaria Naive Margarita Salem Perdomo

(c). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por tener sentencia firme condenatoria del Tribunal competente, en base a los Art. 109 numeral 6 y Art. 116 párrafo final de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; sin responsabilidad para el Estado, a:

  • 1) Policía Diederish Martin Salgado Espinal
  • 2) Policía Conductor Ramón Edgardo Luque

C). En aras de continuar con el proceso de evaluación, se están enviando notas a todas las instituciones arriba mencionadas, a efecto que nos brinden en el plazo de 5 días hábiles información referente a los 393 Sub Oficiales activos de la Policía Nacional.

D).Reiteramos nuestro compromiso de continuar con objetividad y decisión con el proceso de re-estructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía 
Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda.

E).Finalmente, hemos constatado que la Secretaria de Seguridad ha atendido los requerimientos de la ATIC del Ministerio Publico, en seguimiento a las denuncias presentadas por esta Comisión Especial; agradecemos la pronta respuesta que genera esperanza a toda la población nacional en el combate al flagelo de la 
impunidad

 

Tegucigalpa, MDC – 1 de septiembre de 2016.

Decargar Comunicado

DPI debe seguir siendo fortalecida

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En el marco de la celebración del primer aniversario de fundación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, manifestó que esta recien creada dependencia gubernamental «debe seguir siendo fortalecida a fin que cumpla su mandato de contribuir a eliminar la impunidad que impera en el país».

Rivera, señaló que en Honduras, «solamente el 4% de los crímenes llegan a juicio oral y público, y reciben sentencia condenatoria, y en gran medida se debe a la ausencia de una efectiva investigación criminal, por lo que la puesta en marcha de la DPI, llena un vacío importante en la institucionalidad operadora de justicia que contribuye a que los violadores de la Ley sean sometidos a juicio y castigados de manera ejemplar».

El tambien miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, indicó que un desafío de la DPI para los próximos años será incrementar la cobertura de los servicios de investigación criminal en las distintas regiones del país; «en los diferentes municipios deben operar unidades de la DPI a fin de garantizar que delitos y actos delincuenciales no queden impunes» expresó.

Del mismo modo, recomendó «garantizar la transferencia constante y ascendente de recursos para la dotación de equipamiento, logística y tecnología a los agentes de la DPI, y el desarrollo de capacidades del personal en materia de criminalística y criminología».

Finalmente, Omar Rivera, consideró un imperativo categórico la «articulacion y coordinación de acciones con otras unidades de inteligencia e investigación criminal, como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNII)».

DPI cumple un año en funciones con importantes logros

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  • Unidad policial fue creada el 1 de septiembre de 2015 en sustitución de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
  • “Es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones”: Omar Rivera.

Tegucigalpa. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cumple este jueves su primer aniversario de creación con importantes logros en materia de lucha contra la inseguridad y narcotráfico.

La DPI se fundó el 1 de septiembre de 2015 con mil miembros y una inversión inicial de 203 millones de lempiras. Los fondos fueron proporcionados en calidad de préstamo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el acondicionamiento de instalaciones, capacitaciones de investigadores y técnicos, equipo científico y tecnológico.

La DPI fue fundada con el objetivo de reestructurar el servicio de investigación criminal en la Policía Nacional, con base en un nuevo modelo de investigación criminal, profesional, especializado y confiable.

Si bien la dirección policial ha sido considera el “Talón de Aquiles” del sistema de seguridad en Honduras, en los últimos 12 meses ha realizado exitosos operativos que derivaron en la presentación de sospechosos de cometer crímenes como tráfico de drogas, extorsión y homicidios ante los tribunales de justicia.

Entre estas iniciativas destaca la Operación Trueno, ejecutada en agosto por la DPI en conjunto con el Ministerio Público, Policía Militar y otras unidades de la Secretaría de Seguridad mediante al menos 113 allanamientos en 17 departamentos de Honduras.

En la operación fueron detenidos medio centenar de ciudadanos en operativos de saturación, retenes policiales, acciones de investigación y seguimiento de estructuras criminales.

Entonces, 40 armas de fuego de diferentes calibres y 12 vehículos con reporte de robo e irregularidades fueron decomisados, así como 110 mil lempiras en efectivo.

Acciones similares han sido ejecutadas, además de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, Gracias, Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Choloma, El Progreso, Roatán, La Ceiba y otras localidades del país.

Cabe destacar que la DPI cuenta actualmente con cinco laboratorios móviles de criminalística a cargo de personal certificado, donde la población puede acercarse a interponer denuncias por cualquier delito, permitiendo el anhelado acercamiento con la comunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha seguido de cerca el funcionamiento de la institución, colaborando de cerca con sus autoridades para mejorar el proceso de investigación criminal en el país.

A criterio de Omar Rivera, coordinador de la APJ, el fortalecimiento de la investigación criminal en Honduras mediante la DPI y otras unidades como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público es una extraordinaria oportunidad para mejorar un ámbito estratégico de la seguridad y justicia hondureña para revertir los elevados niveles de impunidad que imperan en la nación.

Estas unidades conforman un “andamiaje de investigación criminal que, teniendo cobertura nacional y un elevado nivel técnico, puede generar los insumos que los demás operadores de justicia necesitan para sancionar a criminales, delincuentes y corruptos”, expresó Rivera.

No obstante, insistió en que es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones, la incorruptibilidad de oficiales y agentes y evitar excesos e ilegalidades de quienes tienen la facultad de investigar.