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Yo empezaría a evaluar desde el fiscal adjunto para abajo

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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que “es digno de valorar como positivo” el hecho que el Fiscal General del Estado haya solicitado a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el acompañamiento en el proceso de evaluación y certificación de los servidores y funcionarios del Ministerio Público (MP).

“Ya antes el Fiscal General había invitado a las organizaciones de sociedad civil a ejercer auditoría social en los procesos de evaluación del desempeño e idoneidad de fiscales, agentes de investigación criminal, peritos y personal administrativo de los diferentes organismos del MP, lo que celebramos en su momento; ahora que esa invitación se amplía a la MACCIH, se constata la voluntad política de hacerle frente al reto de depurar y hacer la ansiada profilaxis en fiscalías especiales y unidades de investigación de tan importante entidad operadora de justicia” dijo Rivera.

El dirigente de sociedad civil recomendó que esa “certificación” se haga “arriba hacia abajo”, tal cual se está haciendo en la Policía Nacional; “debe empezar desde la cúpula hasta la base, desde la cima hasta la escala inferior, para que claramente se deje constancia que no hay privilegios para nadie” señaló.

“Yo que el abogado Óscar Chinchilla, empezaría a evaluar desde la periferia de su despacho; desde el Fiscal Adjunto para abajo; así debe ser, ojala así sea” indicó el depurador.

Comisión Depuradora presentará primer informe ante Congreso Nacional

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Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional acudirá este miércoles al Congreso Nacional para presentar su primer informe trimestral sobre los avances del proceso iniciado en abril.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 21-2016 del 7 de abril de 2016 que dio vida a esta Comisión Especial, la misma debe “rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración”.

En tal sentido, ya está casi listo el reporte que los depuradores harán del conocimiento de la Junta Directiva del Poder Legislativo y las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el parlamento hondureña.

Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quien forma parte de la Comisión, manifestó que el informe de gestión del primer trimestre se circunscribirá a notificar a los legisladores sobre las actividades y logros obtenidos en el marco de las atribuciones conferidas por la asamblea legislativa.

“Vamos a informar a los diputados del Congreso Nacional sobre las cancelaciones, suspensiones y ratificaciones de agentes y oficiales de la Policía Nacional en función de su idoneidad, al tenor del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en la institución y la Secretaría de Seguridad”, dijo Rivera

Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora, explicó que también se trabaja en el diseño de un sistema para el seguimiento los policías depurados y la identificación de casos de corrupción y hechos criminales en los cuales están involucrados miembros de la carrera policial que deben ser enviados a entes contralores del Estado y operadores de justicia.

Por su parte, el pastor Alberto Solórzano, depurador y presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), señaló que “hemos evaluado casi unas 459 personas, se han ido más o menos el 42 por ciento de este número. Lo importante no es tanto las cantidades sino que el esfuerzo que estamos haciendo en función de un trabajo de reestructuración y depuración de la Policía”.

 


Apuntó además que “necesitamos evaluar qué es lo que viene después de todo este esfuerzo y si es meritorio que ciertas instituciones que se abrieron con la intensión de hacer lo que nosotros estamos haciendo, continúen”.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las siguientes atribuciones: 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

CANCELADOS, SUSPENDIDOS Y RATIFICADOS

Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, los mismos han procedido a evaluar a 459 altos oficiales, de los cuales nueve pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios y 33 de otros diferentes rangos. De ese total de 459 policías evaluados, 167 fueron cancelados, 20 fueron suspendidos, a 7 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 254 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.

De los nueve generales evaluados solamente tres fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.

 


De los 47 Comisionados de Policía, 23 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a cuatro se les autorizó el retiro voluntario y 16 fueron ratificados; mientras de los 108 Subcomisionados, 29 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, cuatro continúan en proceso de evaluación y 69 fueron ratificados.

Asimismo, de los 108 Comisarios de Policía, 35 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a uno se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, seis continúan en proceso de evaluación y 62 fueron autorizados a seguir desempeñándose en sus tareas policiales. Finalmente, en el rango de Subcomisarios, la Comisión Especial evaluó a 154 de los cuales 43 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, uno continúa siendo evaluado y 104 fueron ratificados.

Es relevante destacar que en este proceso de evaluación de la idoneidad de los miembros de la carrera policial, la Comisión Especial decidió cancelar a tres exdirectores generales de la Policía Nacional, “en razón de la nueva estructura en la institución”. Los cancelados son los Generales Ricardo Ramírez del Cid y Juan Carlos Bonilla Valladares; y por abandono del cargo al General Ramón Sabillón Pineda, quien según reportes de prensa y registros migratorios salió del país sin la autorización debida.

Otros miembros de la carrera policial han sido cancelados por diferentes motivos, en función del vencimiento de plazos de su condición de disponibilidad, muerte o por faltas relacionadas a desobediencia, amenazas a muerte y otras graves.

La mayoría de los oficiales cancelados fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, como consecuencia de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional. Según el criterio de los depuradores, estas funciones no “impactaban positivamente ni eran relevantes”.

Según Omar Rivera, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja. De acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, más de 40 millones de lempiras a los policías cancelados”.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL Y CREACIÓN DE LA LEY DE PERSONAL DE LA CARRERA POLICIAL

En los últimos días, la Comisión Especial también ha dedicado gran parte de su esfuerzo a analizar el contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial.

A criterio de Vilma Morales, también comisionada, “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.

 


El coordinador de la APJ indicó que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales”.

Las leyes, apuntó Rivera, deben además “propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

La Comisión Especial ha desarrollado intensas jornadas de trabajo a fin de poder entregar en los próximos días –durante su comparecencia al Congreso Nacional- las recomendaciones pertinentes a los proyectos de reforma a la legislación policial. “Hemos estado analizando las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y las remitiremos en el marco de la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y esperamos sean bien recibidas por la Comisión de Seguridad”, aspiró el dirigente de sociedad civil.

En reiteradas ocasiones, los miembros de la Comisión Especial han manifestado que “además de depurar, también están impulsando la transformación de la Policía Nacional que incluye el mejoramiento de su marco legal”.

EXPEDIENTES DE SUPUESTOS ILÍCITOS COMETIDOS POR POLICÍAS SERÁN REMITIDOS AL MP y TSC

Coincidentemente, en esta semana la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional enviará al MP y TSC varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y sobre los cuales pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales.

Al respecto, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y asesor de la Comisión Especial, Carlos Hernández, acotó que “son varias decenas” de expedientes los que estarían siendo remitidos ante el ente acusador del Estado y al organismo contralor de la República. “Si bien es cierto no me atrevería a especificar el número, sí puedo asegurar que son muchos”, afirmó Hernández.

La ASJ, Capitulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, ya tiene más de 80 denuncias procesadas a través de la plataforma de denuncia ciudadana “Honduras Denuncia” y la aplicación para dispositivos móviles “Dilo Aquí Honduras”, insumos importantes para estructurar los expedientes que serán remitidos a las autoridades correspondientes.

“Existen indicios que varios miembros de la carrera policial protegían delincuentes y se dedicaban a actividades criminales y corruptas, muchas de ellas recurrentes como la extorsión, secuestro, sicariato, robo de vehículos, lavado de activos y otras por el estilo. Asimismo, es notorio que todo este accionar ilegal tenía un reflejo repugnante en el enriquecimiento ilícito de los malos agentes y oficiales”, dijo al respecto el comisionado Omar Rivera.

Y agregó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Antes de hacerse presente ante el pleno del Congreso Nacional, los miembros de la Comisión Especial para Depuración y Transformación de la Policía Nacional, presentarán el martes un informe especial ante el Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, quien los nombró por un período de 12 meses para cumplir el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional el pasado 12 de abril.

Además de Rivera y Solórzano, forman parte de esta Comisión Especial: Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Julián Pacheco, Secretario de Seguridad, quien la preside. Como asesores fungen Carlos Hernández, presidente de ASJ, y German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); y como secretario, Jorge Machado, de la Confraternidad Evangélica de Honduras.

Resultados de la Depuración Policial

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ASJ velará por selección de mejores jueces y magistrados para fortalecer lucha anticorrupción

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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización de la sociedad civil conformada por cristianos valientes que trabajan para una sociedad donde prevalezca la justicia, ante la aprobación del Protocolo para la Selección y el Nombramiento de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, se pronuncia en los siguientes términos:
  1. Durante más de tres décadas, la respuesta estatal en cuanto a investigación, judicialización y castigo de la corrupción ha sido poco efectiva, lo que ha derivado en impunidad a favor de quienes han confabulado para perjudicar al Estado de Honduras y a su población.
  1. La persecución de la corrupción pública es de especial interés para el Estado, con el fin de detectar, investigar y castigar este flagelo que debilita sus instituciones y genera desconfianza en la ciudadanía.
  1. La corrupción no es un delito sin víctimas y si bien se invierten importantes recursos en el combate a la misma, esta debe medirse con igual relevancia en su perjuicio a los ciudadanos, a quienes hace aún más difícil el acceso a derechos y servicios básicos.
  1. Reconocemos que han existido avances importantes, como la determinación adoptada en las últimas horas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), de nombrar jueces especializados en corrupción, respondiendo así a una demanda ciudadana ante las carencias hasta ahora registradas.
  1. De igual manera, saludamos los esfuerzos realizados en los últimos meses por el Ministerio Público por llevar ante la justicia a funcionarios implicados en casos de gran corrupción, lo que demuestra que la discusión sobre el tema ya no está centrada solamente en los de abajo.
  1. La nominación en la secretaría de la Comisión para la selección y nombramiento de los jueces y magistrados anticorrupción, la asumimos con responsabilidad y con el empeño de seguir trabajando por una Honduras más Justa, con un sistema de justicia fortalecido.
  1. Ratificamos que nuestro interés es el de velar porque el sistema de justicia funcione, un imperativo durante los últimos 18 años de trabajo por el cual acompañaremos además desde la veeduría, el proceso para seleccionar a los mejores jueces y magistrados en la lucha anticorrupción y frenar este flagelo que tanto daño le ha hecho a Honduras.

Autoridades del TSC se reúnen con comisión de depuración de la policía

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Tegucigalpa. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se reunieron hoy con los miembros que conforman la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras.

Los miembros de la Comisión, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien la preside, y los comisionados Vilma Cecilia Morales y Omar Rivera, llegaron a la sede del ente contralor del Estado atendiendo una invitación que les formulara el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

La reunión tuvo por propósito informar a los integrantes de la Comisión Especial el proceso que sigue el TSC para la investigación de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

En el encuentro, que inició a las 2:30 p.m., el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, y las autoridades de la Dirección de Auditorías Centralizadas y Centralizadas, y de la Unidad de Investigación y Verificación, encargadas de investigar dicho delito, expusieron el proceso que sigue el TSC para investigar las denuncias por este ilícito, amparados en el marco legal vigente y acorde a parámetros nacionales e internacionales.

Respaldo:

La Comisión Especial reconoció los esfuerzos que realiza el TSC en investigar el enriquecimiento ilícito, a pesar de las limitantes; por lo que demandan apoyo.

“Hemos recibido todo el respaldo del parte del Tribunal Superior de Cuentas, creemos que vamos a recibir una colaboración no solo decidida por lo que hemos asistido sino porque esa es la tarea que ellos han venido realizando”, manifestó Vilma Morales.

“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribunal tiene, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, son temas que hay que ponderar y valorar”, valoró. En este contexto, comparó que el presupuesto del TSC no es siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la República. Además, consideró necesario que el tema de la investigación del delito de enriquecimiento ilícito debe ser una tarea del Ministerio Público.

“Creemos que es una tarea que tiene que tener otro contexto, tiene que estar claramente determinada a nivel de las leyes de la República para exclusivamente como una tarea del Ministerio Público”, apuntó Morales.

“Es importante evaluar estos temas y ponerlos en contexto sobre la tarea que viene realizando el Tribunal”, indicó. Destacó que el TSC cuenta con buena capacidad técnica, de quien recibieron aportes importantes.

Por su lado, Omar Rivera coincidió que es necesario una revisión del marco jurídico en el tema del delito de enriquecimiento ilícito, para no cargar la labor que realiza el TSC. “Debe haber reformas que permitan que el rol del Ministerio Público sea mucho más protagónico”, indicó.

La Comisión solicitó al TC priorizar en casos emblemáticos de policías que supuestamente se enriquecieron ilícitamente. Finalmente, Rivera agradeció el apoyo del TSC en facilitarles información de altos oficiales de la Policía.

Las autoridades del ente contralor del Estado reafirmaron la voluntad de apoyar la gestión de la Comisión Especial, atendiendo las solicitudes que le sean planteadas en el marco de las facultades que les confiere la Ley.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, informó que el ente contralor del Estado conoce 27 expedientes sobre supuesto enriquecimiento ilícito, que fueron remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

De esta cifra cinco están evacuados y cuatro están por concluir su investigación, el resto se investigarán de acuerdo a la prioridad que solicita la Comisión de Depuración. El interés del TSC es responder de forma expedita cualquier solicitud o denuncias que formulen instituciones o ciudadanos, a efecto de no dilatar cualquier proceso encaminado a la administración de la justicia en nuestro país.

Por consiguiente, el TSC reafirma que las auditorías e investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se practican con objetividad y profesionalismo, garantizando el debido proceso a los funcionarios y exservidores públicos señalados en denuncias o en los informes de auditoría.

Que el éxito en el caso de Berta Cáceres se replique en los de Arístides González y Alfredo Landaverde

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  • Casos del ex Zar Antidrogas y el exasesor de seguridad son emblemáticos y merecen igual trato y voluntad política.
  • ATIC ha demostrado que cuando hay voluntad, se pueden lograr avances en las investigaciones.

Tegucigalpa, MDC. 11.05.16.- Los resultados obtenidos por el Ministerio Público (MP) en las investigaciones relacionadas a la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, deben ser replicados para la resolución de los asesinatos emblemáticos del ex zar antidrogas Julián Arístides González y el experto en seguridad, Alfredo Landaverde, quienes fueron asesinados hace varios años y sus crímenes están en total impunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) califica como positivo el desempeño de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP en la investigación desarrollada en el crimen contra la dirigente indígena acribillada en su vivienda el pasado 3 de marzo. Esta labor, donde se evidenció voluntad en las investigaciones, derivó en la captura de cinco supuestos implicados en el hecho.

Por tanto, “demandamos que estas acciones y esta voluntad investigativa se repliquen a los casos de asesinatos emblemáticos como el González y Landaverde”, expresó Omar Rivera, coordinador de la APJ. “El desempeño de la ATIC ha sido positivo y ojalá continúen de la misma forma en estos casos a fin de revertir la impunidad que impera en el país”, amplió Rivera.

Por su lado, Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo que “la ATIC nos ha demostrado que cuando hay voluntad se pueden lograr avances en las investigaciones y encaminarnos a sancionar a quienes cometen delitos de alto impacto”, en referencia a los últimos resultados obtenidos en el caso de Berta Cáceres.

“Eso es lo que demandamos desde ASJ: voluntad para que las acciones que llevaron a la captura de los presuntos asesinos de Berta Cáceres se repitan en los casos de Arístides González y Alfredo Landaverde”, reiteró.

En abril pasado, el diario estadounidense The New York Times divulgó un informe sobre el vil asesinato de estas figuras prominentes en la lucha contra la criminalidad y corrupción en Honduras. En el reporte se señala a miembros de la Policía Nacional como autores intelectuales y materiales de estos crímenes.

La ASJ, a través de la APJ, ha demandado por más de cuatro años la exclusión y separación de las “manzanas podridas” de la Policía Nacional a fin de lograr una verdadera profilaxis en esa institución.

 

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CRC destaca lucha de ASJ contra la corrupción policial en Honduras

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Dos defensores de la justicia social con conexiones a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han sido designados para formar parte de una nueva comisión de tres personas encargadas de eliminar la corrupción policial en Honduras.

“Esto es muy emocionante. Hemos estado presionando por esto durante años “, dijo Kurt Ver Beek, profesor de Sociología de la Universidad de Calvin y cofundador de ASJ, la cual recomienda apoyar la Iglesia Cristiana Reformada.

“Ahora estamos en una posición para presionar al gobierno en el tema de la corrupción y tomar decisiones al respecto”, agregó.

ASJ ha trabajado durante varios años en muchos frentes contra la corrupción y la desigualdad en Honduras, que es uno de los países más pobres de América Latina y consistentemente ha tenido una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

“Hemos estado llamando especialmente en los últimos cinco años a reformas para conseguir la depuración de la fuerza policial. Ha habido una gran cantidad de agentes de policía de alto nivel en la nómina de los narcotraficantes “, dijo Ver Beek.

De hecho, recientes revelaciones en medios de comunicación vinculan a la policía que el asesinato de dos altos funcionarios encargados de la lucha antidrogas que llevaron presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a formar la comisión.

El primer informe vino de un periódico en Honduras (El Heraldo) y fue seguido el 15 de abril por The New York Times. Sus historias se basaron en los expedientes elaborados por los investigadores policiales sobre los dos asesinatos, el primero de los cuales ocurrió en 2009 y otro en 2011.

“Algunos policías valientes hicieron las investigaciones y presentaron lo que encontraron a los altos funcionarios que decidieron engavetar lo que encontraron”, comentó Ver Beek.

“Pero entonces los periódicos publican los archivos del caso. Poco después, el presidente nos llamó para ser parte de la comisión”.

Los nombrados en la Comisión para la Depuración Policial son Omar Rivera, coordinador de Incidencia de ASJ; el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y miembro del directorio de ASJ; y Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Dos de los tres miembros de un comité de apoyo técnico para la comisión también están conectados con ASJ.

Hablando sobre la nueva comisión, Omar Rivera dijo que “este es el momento del cambio, el momento preciso de la transformación. Es ahora o nunca. Todos los sectores están en sintonía. No podemos fallar y no podemos fallarle a Honduras”.

La comisión se reúne todos los días y ya ha tomado decisiones importantes, tales como negarse a permitir que 36 policías implicados en actividades delictivas, renunciaran con honores, lo que significa que obtendrían una pensión completa. Además varios de estos agentes han sido suspendidos, explicó Ver Beek.

Ser invitados a ser parte de la comisión es gratificante y es una oportunidad por la cual ASJ ha estado luchando por años, pero también es atemorizante, comentó Ver Beek.

La comisión está investigando las actividades de los agentes de policía que ya han demostrado que están dispuestos a buscar venganza y matar a los que se interpongan en el camino.

“La gente en la comisión está preocupada por sus vidas. Están siendo transportados en vehículos blindados y por cuerpos de seguridad”, dijo Ver Beek. “Los miembros de su familia están siendo trasladados a lugares más seguros”.

Llamada a servir por un año, la comisión podría extenderse más tiempo si “es necesario para reestructurar y transformar la policía“, indicó Ver Beek.

Mientras tanto, ASJ está preparando una campaña para pedir a las congregaciones de CRC unirse con otras iglesias para orar por el éxito y la seguridad de los miembros de la comisión.

Además, dijo Ver Beek, pedirán a la gente ponerse en contacto con los funcionarios de Estados Unidos y buscar su apoyo en el esfuerzo por limpiar la Policía Nacional de 14,000 miembros en Honduras.

“Este problema es bastante intenso en Honduras ahora”, dijo Ver Beek. “La comisión está llamada a hacer su trabajo porque la policía no puede depurarse ella misma”.

Chris Meehan

CRC Comunicaciones

+ Vea el artículo origina de la Iglesia Cristiana Reformada (CRC) en INGLÉS aquí

APJ condena amenazas a muerte contra miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

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La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición conformada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la denuncia de amenazas a favor de los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, se pronuncia de la siguiente manera:

  1. Condenamos este tipo de amenazas y nos solidarizamos con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortamos a los miembros de esta Comisión Especial, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación, y a mantenerse firmes y valientes en su actuar, y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración, ya que por primera vez se observan resultados tangibles (3 de los 9 generales, solamente el 33% fueron ratificados; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados), comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.
  1. Exigimos que el Ministerio Público (MP), proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión Especial.
  1. Pedimos al MP, designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.
  1. Demandamos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.
  1. Solicitamos al Estado de Honduras reforzar las acciones de protección contra los amenazados miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, y sus familias, a fin de garantizar la vida e integridad física de los mismos.
  1. Exhortamos a la ciudadanía, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes de este proceso de reestructuración y depuración policial, para seguir presionando por una profunda profilaxis y reingeniería a lo interno de la Policía Nacional de Honduras.
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Avance positivo la captura de sospechosos de asesinar a Berta Cáceres

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Nota tomada de ASJ Honduras

  • El Estado debe profundizar investigaciones e identificar autores intelectuales
  • ASJ considera que proceso judicial debe enmarcarse en el imperio de la ley

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) califica como avance positivo la captura de los cuatro sospechosos del vil asesinato, perpetrado el pasado 3 de marzo de 2016, contra la lideresa de pueblos indígenas y lucha por el medio ambiente, Berta Cáceres.

El Ministerio Público confirmó esta mañana la detención de cuatro sospechosos por el asesinato de la presidenta del Comité Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras (Copinh), en el marco de la Operación Jaguar.

Los allanamientos fueron efectuados de forma simultánea en Tegucigalpa, La Ceiba y Trujillo por parte del Ministerio Público (MP), la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

De acuerdo a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, existen elementos probatorios sobre la participación de los sindicados en acto criminal, entre ellos un exmilitar y un mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en el asesinato de Cáceres.

En ese sentido, ASJ hace un llamado al Estado de Honduras para que el próximo paso en el marco de las investigaciones, sea el de dar con el paradero y captura de los autores intelectuales de este reprochable asesinato.

Berta Cáceres fue una prominente dirigente de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, por los cuales luchó en pro del respeto de sus derechos humanos y la conservación de los recursos naturales.

Su lucha le valió en abril de 2015 el Premio Medio Ambiental Goldman, la máxima presea para activistas del medio ambiente a nivel mundial.

La lideresa indígena fue acribillada dentro de su vivienda en la ciudad de La Esperanza el pasado 3 de marzo. En el hecho también resultó herido el mexicano Gustavo Castro.

ASJ destaca la labor investigativa de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público para dar con el paradero de los responsables del detestable hecho y las acciones ejecutadas hoy a raíz de este trabajo.

Asimismo ASJ demanda al Estado de Honduras que se realice el proceso judicial conforme a ley y que de existir más personas sospechosas de estar implicadas en el crimen de Cáceres, se proceda de inmediato a dar con su captura para efectos de investigación, sin importar su situación política, económica y social, especialmente si se trata de los autores intelectuales.