• Consejo Coordinador de la APJ se reunió hoy con presidente de la Corte Suprema de Justicia.
• Omar Rivera: Lucha contra crimen organizado y narcotráfico es un proceso irrefrenable.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) confirmó este miércoles su acompañamiento a los procesos de reclutamiento y certificación de personal de la carrera judicial, con el objetivo de mejorar el desempeño del Poder Judicial.

Miembros del Consejo Coordinador de la APJ se reunieron este miércoles con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, a quien confirmaron su disposición de fungir como veedores sociales en los mecanismos de ingreso y certificación del personal judicial.

En el encuentro participaron: el coordinador de la APJ, Omar Rivera; Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Aurora Pineda, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia; Jessica Sánchez, coordinadora técnica del Grupo Sociedad Civil; Marcela Castañeda, directora de Incidencia en Políticas Públicas y Participación de World Vision Honduras; José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog); Wilmer Vásquez, coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden); Carolina Caldera y Roger Ordóñez, miembros de la Fundación Alfredo Landaverde y Luis León, coordinador de Investigaciones de APJ.

“Nos hemos reunido con el presidente de la CSJ para hablar de diferentes temas. Se habló que se tiene que buscar los mecanismos de certificaciones de personal y asegurar que aquellos que andan en actos ilícitos salgan de la institución”, informó Carlos Hernández, de la ASJ.

Por su parte, el presidente de la CSJ aseguró que la tradicional politización en el nombramiento de jueces y magistrados, así como personal administrativo, no se repetirá y por ello contará con una amplia participación de la sociedad civil.

Omar Rivera, coordinador de la plataforma, hizo un llamado a los operadores de justicia para que “no tengan miedo, eleven sus niveles de capacidad para poder vencer a las bandas del crimen organizado, los carteles del narcotráfico y a las maras y pandillas”.

“Esto no solamente no tiene punto de retorno es un proceso irrefrenable”, agregó.

La APJ se comprometió a acompañar los procesos de reforma y mejora como veedora social para garantizar la independencia y eficiencia en la impartición de justicia. Entre los procesos que serán observados está la selección de personal de la carrera judicial, la certificación de jueces y otros servidores judiciales, el desarrollo de una propuesta de reducción de la mora judicial, capacitaciones e interrelación entre organizaciones de sociedad civil.

Además, demandó que cualquier actuación ilícita o arbitraria de miembros del anterior Consejo de la Judicatura, sea resuelta.

En agosto pasado, APJ instó al Congreso Nacional a fortalecer las capacidades de la Corte Suprema de Justicia e instituciones operadoras de justicia mediante la asignación de fondos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2017.

Las organizaciones civiles pidieron entonces incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia de Honduras.

Asimismo, solicitaron una evaluación a personal para determinar quiénes son idóneos para continuar en el servicio estatal y transformar las instituciones responsables de ejercer la acción penal sobre quienes transgreden la ley.