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CRC destaca lucha de ASJ contra la corrupción policial en Honduras

Dos defensores de la justicia social con conexiones a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han sido designados para formar parte de una nueva comisión de tres personas encargadas de eliminar la corrupción policial en Honduras.

“Esto es muy emocionante. Hemos estado presionando por esto durante años “, dijo Kurt Ver Beek, profesor de Sociología de la Universidad de Calvin y cofundador de ASJ, la cual recomienda apoyar la Iglesia Cristiana Reformada.

“Ahora estamos en una posición para presionar al gobierno en el tema de la corrupción y tomar decisiones al respecto”, agregó.

ASJ ha trabajado durante varios años en muchos frentes contra la corrupción y la desigualdad en Honduras, que es uno de los países más pobres de América Latina y consistentemente ha tenido una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

“Hemos estado llamando especialmente en los últimos cinco años a reformas para conseguir la depuración de la fuerza policial. Ha habido una gran cantidad de agentes de policía de alto nivel en la nómina de los narcotraficantes “, dijo Ver Beek.

De hecho, recientes revelaciones en medios de comunicación vinculan a la policía que el asesinato de dos altos funcionarios encargados de la lucha antidrogas que llevaron presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a formar la comisión.

El primer informe vino de un periódico en Honduras (El Heraldo) y fue seguido el 15 de abril por The New York Times. Sus historias se basaron en los expedientes elaborados por los investigadores policiales sobre los dos asesinatos, el primero de los cuales ocurrió en 2009 y otro en 2011.

“Algunos policías valientes hicieron las investigaciones y presentaron lo que encontraron a los altos funcionarios que decidieron engavetar lo que encontraron”, comentó Ver Beek.

“Pero entonces los periódicos publican los archivos del caso. Poco después, el presidente nos llamó para ser parte de la comisión”.

Los nombrados en la Comisión para la Depuración Policial son Omar Rivera, coordinador de Incidencia de ASJ; el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y miembro del directorio de ASJ; y Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Dos de los tres miembros de un comité de apoyo técnico para la comisión también están conectados con ASJ.

Hablando sobre la nueva comisión, Omar Rivera dijo que “este es el momento del cambio, el momento preciso de la transformación. Es ahora o nunca. Todos los sectores están en sintonía. No podemos fallar y no podemos fallarle a Honduras”.

La comisión se reúne todos los días y ya ha tomado decisiones importantes, tales como negarse a permitir que 36 policías implicados en actividades delictivas, renunciaran con honores, lo que significa que obtendrían una pensión completa. Además varios de estos agentes han sido suspendidos, explicó Ver Beek.

Ser invitados a ser parte de la comisión es gratificante y es una oportunidad por la cual ASJ ha estado luchando por años, pero también es atemorizante, comentó Ver Beek.

La comisión está investigando las actividades de los agentes de policía que ya han demostrado que están dispuestos a buscar venganza y matar a los que se interpongan en el camino.

“La gente en la comisión está preocupada por sus vidas. Están siendo transportados en vehículos blindados y por cuerpos de seguridad”, dijo Ver Beek. “Los miembros de su familia están siendo trasladados a lugares más seguros”.

Llamada a servir por un año, la comisión podría extenderse más tiempo si “es necesario para reestructurar y transformar la policía“, indicó Ver Beek.

Mientras tanto, ASJ está preparando una campaña para pedir a las congregaciones de CRC unirse con otras iglesias para orar por el éxito y la seguridad de los miembros de la comisión.

Además, dijo Ver Beek, pedirán a la gente ponerse en contacto con los funcionarios de Estados Unidos y buscar su apoyo en el esfuerzo por limpiar la Policía Nacional de 14,000 miembros en Honduras.

“Este problema es bastante intenso en Honduras ahora”, dijo Ver Beek. “La comisión está llamada a hacer su trabajo porque la policía no puede depurarse ella misma”.

Chris Meehan

CRC Comunicaciones

+ Vea el artículo origina de la Iglesia Cristiana Reformada (CRC) en INGLÉS aquí

APJ condena amenazas a muerte contra miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición conformada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la denuncia de amenazas a favor de los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, se pronuncia de la siguiente manera:

  1. Condenamos este tipo de amenazas y nos solidarizamos con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortamos a los miembros de esta Comisión Especial, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación, y a mantenerse firmes y valientes en su actuar, y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración, ya que por primera vez se observan resultados tangibles (3 de los 9 generales, solamente el 33% fueron ratificados; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados), comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.
  1. Exigimos que el Ministerio Público (MP), proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión Especial.
  1. Pedimos al MP, designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.
  1. Demandamos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.
  1. Solicitamos al Estado de Honduras reforzar las acciones de protección contra los amenazados miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, y sus familias, a fin de garantizar la vida e integridad física de los mismos.
  1. Exhortamos a la ciudadanía, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes de este proceso de reestructuración y depuración policial, para seguir presionando por una profunda profilaxis y reingeniería a lo interno de la Policía Nacional de Honduras.

Generales y comisionados que dirigen la Policía deberán someterse a “recertificación”

Nota tomada de Proceso.hn

Tegucigalpa – Los actuales altos mandos de la Policía Nacional, desde generales, comisionados y demás estructuras con cargos de dirección, serán sometidos a un proceso de “recertificación” que implica que deberán pasar todos los filtros de rigor, anunciaron hoy los miembros de la comisión depuradora del ente, Omar Rivera y Alberto Solórzano.

Para Omar Rivera, un líder de la sociedad civil organizada, la Policía atraviesa un proceso de depuración que ya no tiene marcha atrás.

 

Dijo que por años la institución policial ha sido víctima de la tolerancia y el confort de quienes han sido permisivos ante actuaciones de policías al margen de la ley y en complicidad con criminales.

Igualmente indicó que esa displicencia ha permitido que otros policías, directamente coludidos con bandas delincuenciales, perfeccionen su accionar delictivo.

Durante una comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez; tanto Alberto Solórzano, líder religioso de la Confraternidad Evangélica, como Omar Rivera, reafirmaron que algunos de los miembros cancelados de la Policía durante el actual proceso de reestructuración, tienen millonarias fortunas que no son compatibles con sus ingresos.

En torno a lo relacionado a los policías que resulten señalados por acciones al margen de la ley, los miembros de la comisión depuradora dijeron que la acción de ley corresponde hacerla al Ministerio Público.

Los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y transformación de la Policía Nacional, advirtieron que los encargados de dar seguimiento a los miembros de la carrera policial que están saliendo para sanear la institución son los operadores de justicia, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, con cuyos representantes se reúnen este lunes al mediodía para definir el mecanismo para enjuiciar a los policías que han delinquido.

 

Video Omar Rivera comisionado especial para la depuración policial

APJ conoce avances de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

Tegucigalpa. El Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) conoció este viernes los principales avances que ha tenido la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; como parte del proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras.

A la reunión asistieron Omar Rivera y Alberto Solórzano; miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; y que dicho de paso también son miembros de la APJ.

Los miembros de la Comisión depuradora explicaron a los representantes de la sociedad civil el alcance de dicha Comisión en el marco del decreto de su creación; al tiempo que detallaron el proceso que se ha seguido para recopilar información de los entes contralores, y cómo esa información ha servido para sugerir las separaciones, ratificaciones y suspensiones que están formando parte del proceso de reestructuración de la policía.

En ese sentido resumieron que hasta la fecha de un total de 47 Comisionados, el 49% de ellos han sido cancelados; 34% fueron ratificados; al 9% de ellos se les acepto el retiro voluntario y el otro 9% restante, que corresponde a un número de 4 Comisionados, han sido suspendidos.

Los miembros de la Comisión Especial, que se encargaran de determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; aclararon a la APJ que ellos no tienen facultades de juzgar a ningún elemento policial; ya que esa tarea corresponde a los operadores de justicia.

La comisión depuradora fue nombrada y juramentada el 12 de abril del 2016 y la misma tiene entre sus tareas implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, al igual que remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de las personas separadas por la supuesta comisión de un ilícito.

Por su parte, la APJ desde su creación en 2012, ha exigido de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de la depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado en actos criminales y en redes delictivas como narcotráfico y lavado de activos. La presión ejercida por la APJ marcó el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia.

Al encuentro con los miembros de la Comisión Especial acudieron Carlos Hernández, Presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Hilda Caldera, Presidenta de la Fundación Alfredo Landaverde; Óscar Chicas, Director Ejecutivo de World Visión Honduras (WVH); Aurora Pineda, Presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia en Honduras (AVVH); Jessica Sánchez, Coordinadora Técnica del Grupo Sociedad Civil (GSC) y Amanda Madrid, Presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)

Además, acudieron Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica de Honduras; y Marcela Castañeda, Coordinadora de Incidencia de World Visión Honduras (WVH).

Avance positivo la captura de sospechosos de asesinar a Berta Cáceres

Nota tomada de ASJ Honduras

  • El Estado debe profundizar investigaciones e identificar autores intelectuales
  • ASJ considera que proceso judicial debe enmarcarse en el imperio de la ley

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) califica como avance positivo la captura de los cuatro sospechosos del vil asesinato, perpetrado el pasado 3 de marzo de 2016, contra la lideresa de pueblos indígenas y lucha por el medio ambiente, Berta Cáceres.

El Ministerio Público confirmó esta mañana la detención de cuatro sospechosos por el asesinato de la presidenta del Comité Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras (Copinh), en el marco de la Operación Jaguar.

Los allanamientos fueron efectuados de forma simultánea en Tegucigalpa, La Ceiba y Trujillo por parte del Ministerio Público (MP), la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

De acuerdo a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, existen elementos probatorios sobre la participación de los sindicados en acto criminal, entre ellos un exmilitar y un mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en el asesinato de Cáceres.

En ese sentido, ASJ hace un llamado al Estado de Honduras para que el próximo paso en el marco de las investigaciones, sea el de dar con el paradero y captura de los autores intelectuales de este reprochable asesinato.

Berta Cáceres fue una prominente dirigente de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, por los cuales luchó en pro del respeto de sus derechos humanos y la conservación de los recursos naturales.

Su lucha le valió en abril de 2015 el Premio Medio Ambiental Goldman, la máxima presea para activistas del medio ambiente a nivel mundial.

La lideresa indígena fue acribillada dentro de su vivienda en la ciudad de La Esperanza el pasado 3 de marzo. En el hecho también resultó herido el mexicano Gustavo Castro.

ASJ destaca la labor investigativa de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público para dar con el paradero de los responsables del detestable hecho y las acciones ejecutadas hoy a raíz de este trabajo.

Asimismo ASJ demanda al Estado de Honduras que se realice el proceso judicial conforme a ley y que de existir más personas sospechosas de estar implicadas en el crimen de Cáceres, se proceda de inmediato a dar con su captura para efectos de investigación, sin importar su situación política, económica y social, especialmente si se trata de los autores intelectuales.

Posicionamiento de FOPRIDEH ante amenazas vertidas contra miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) continúa exigiendo junto a sus aliados de la sociedad civil una verdadera depuración de la Policía Nacional, para garantizar que sus miembros sean profesionales íntegros y comprometidos con la Patria y la población hondureña. Este es el momento para tomar decisiones oportunas y devolverle a la sociedad una policía en la que pueda confiar, sin importar el rango y condición de quienes por no considerarse aptos deban ser separados.

Por tanto FOPRIDEH, ante las amenazas recibidas por los miembros de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, ante nuestras afiliadas y pueblo hondureño se pronuncia en los siguientes términos:

  1. Lamentamos y condenamos de manera contundente las amenazas efectuadas contra los miembros de la Comisión, las que estamos seguros no detendrán la lucha que desde la sociedad civil se ha impulsado durante cinco años para lograr una Policía Nacional capaz, confiable y certificada.
  2. Exigimos a los entes operadores de justicia, principalmente al Ministerio Público, investigar el origen de las amenazas vertidas contra los miembros de la Comisión y dar seguimiento a los expedientes que esta le traslade sobre actos irregulares e ilegales que pudieran haber sido cometidos por elementos policiales.
  3. Demandamos del Estado de Honduras ofrecer toda la protección y garantías de seguridad para los miembros de la Comisión y sus familias, a quienes expresamos nuestro apoyo y solidaridad.
  4. Nos sumamos y respaldamos el esfuerzo que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) como afiliada a FOPRIDEH realiza, buscando transparentar el proceso de depuración policial y así una Honduras más Justa.

 

Alexis Fuentes, un “Me Gusta” en Facebook lo condujo a ser parte del cambio

Originario de la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras, el joven de tan solo 18 años, Alexis Gustavo Fuentes es un ejemplo de compromiso e interés joven por su país.

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“Los Jóvenes debemos ser parte del cambio” Alexis Fuentes

Alexis comparte que un día, mientras navegaba por el internet entró a su Facebook y encontró la página de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y decidió darle un “Me Gusta” a la página.

Al visitar la página de APJ me interesó ver los logros que habían alcanzado y la lucha de la organización por exigir más seguridad y justicia en el país” dijo Alexis.

Además recuerda “Siempre que entraba a mi Facebook me llamaba la atención todo lo que publicaban en APJ y siempre pasaba pendiente de lo nuevo que hacían; un día vi publicada la invitación a una de las capacitaciones que ofrecen y no dude en asistir”.

Es así, que el joven Alexis Fuentes participa en el Seminario Básico de Seguridad y Justicia, organizado por el capítulo regional de APJ en SPS; los conocimientos compartidos durante el seminario le permitieron a Alexis conocer más a fondo la estructura del Estado, el papel que deben desempeñar los entes operadores de justicia y seguridad en Honduras, entre otros temas.

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Alexis Fuentes, Participante del Seminario Básico de Seguridad y Justicia

“Nunca olvidaré esa jornada, pues el participar en el taller me permitió poder formarme un criterio propio de lo que pasa en mi país, ahora veo claramente como un gran problema de la sociedad es que existen personas que ni siquiera tienen una opinión de lo que pasa y se limitan a solo repetir lo que escuchan” al tiempo que agregó que ahora que posee el conocimiento, es capaz de expandir sus participaciones en diversos espacios, lo que también le ha ayudado a defender sus posiciones y demandas como ciudadano.

Alexis además destaca “gracias a la APJ aprendí más y ahora soy capaz de compartir ese conocimiento y motivar a otras personas para que también se interesen por estos temas”, finaliza.

Acerca del “Seminario Básico de Seguridad y Justicia”

A partir del año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) a través de sus capítulos regionales comenzó con la implementación del “Seminario Básico de Seguridad y Justicia”; se trata de jornadas de capacitación sobre las audiencias del proceso penal, rol de operadores de justicia y el uso de la información en el sistema de seguridad y justicia en Honduras.

Sus reflexiones:

¿Cuál es la mayor responsabilidad que tienen los jóvenes?

Nosotros somos la semilla del futuro y nosotros tenemos una gran tarea; independientemente si eres un joven que estudia leyes, arquitectura o ingeniería, todos los ciudadanos tenemos la tarea de hacer crecer a Honduras; entonces nuestra responsabilidad como sociedad es ser mejores personas e involucrarnos en los temas que nos afectan. Todos nos tenemos que interesar por el bienestar de nuestro país. 

De 100 reos fugados en los últimos años solo 22 fueron recapturados

Nota tomada de Revistazo.com

La incapacidad que en el tiempo han demostrado las autoridades para el manejo del sistema penitenciario provoca descontrol y permite que las cárceles en Honduras sean regidas por autogobiernos. Son los mismos reclusos quienes llevan el control interno y manejan los presidios como escuelas de alta graduación criminal.

Tráfico de armas y drogas, asesinatos y la planeación y ejecución de crímenes, dentro y fuera de los recintos, son parte del quehacer diario de una población penitenciaria que carece de políticas gubernamentales de rehabilitación, pero que extrañamente se ha dotado de todos los accesorios para seguir delinquiendo desde adentro.

De esta situación también se derivan las facilidades que el sistema les otorga a los reos para fugarse de los centros penitenciarios, pese a la custodia militar que en los últimos años se estableció en los alrededores de los centros penales. Muchos de los fugados son personas de alta peligrosidad, “sanguinarios”, dicen unos, “bestiales”, dicen otros que se refieren a la forma en que han ejecutado crímenes horrendos. No obstante, las autoridades siguen demostrado no importarles el daño que estos delincuentes puedan ocasionarle a la sociedad.

Sólo el 22% son recapturados

Para verificar el accionar de las autoridades en torno a esta situación, Revistazo realizó un monitoreo en los periódicos digitales del país. En una muestra de 100 reos fugados, documentados por estos medios entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015, encontró que sólo 22 fueron recapturados, 70 siguen prófugos y con las posibilidades de seguir cometiendo delitos y 8 murieron en diversas circunstancias.Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.20.43 a.m.

Es probable que las cifras reales de fugas—y de fugados sin recapturar—sean mayores, debido a que Revistazo solo recopiló casos que fueron cubiertos por los medios grandes nacionales, con sedes en las principales ciudades del país y posiblemente no se dieron cuenta de algunos escapes de centros de reclusión en zonas retiradas.

Es de mencionar que varios de los fugados son personas con historiales criminales horrorosos, como tres de ellos, sentenciados a 113, 281 y 400 años de prisión. También vale mencionar que la mayoría de las recapturas se produjeron cuando los fugados se vieron involucrados en otros delitos y no porque las autoridades los estuvieran buscando.

Se fugan y siguen matando gente

La debilidad y corrupción que impera en el sistema penitenciario permite que los internos salgan de la prisión sin restricción alguna. Es por eso que varios de ellos logran fugarse en repetidas ocasiones. Por ejemplo, Benigno Ríos, se fugó del centro penal de Gracias, Lempira, el 30 de junio de 2012 y nueve meses después, el 30 de marzo de 2013, la policía lo detuvo por portación ilegal de armas, en la aldea Quebrada Carpul de Santa Bárbara.

Al revisar sus antecedentes penales las autoridades encontraron que él, había cometido varios delitos por lo que fue recluido en el centro penal de Santa Bárbara, de donde nuevamente se fugó el 12 de octubre de 2014, para seguir su carrera criminal.

Ríos fue detenido por tercera vez, el 23 mayo de 2015 y ya para ese momento el Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara le había librado una orden de captura por el asesinato de Élida Rosa Pérez Pineda (14), José Javier Pérez Pineda (12), Mario Antonio Burgos y Lourdes Suyapa Ayala Pineda, crímenes que cometió en mayo de ese año.

Olman Ariel Laínez Arias, alias “Pechuga”, formaba parte de una banda dedicada a matar niños en la colonia Nueva Suyapa de la capital.  En el 2007 fue condenado por el asesinato de Eduardo Enrique Banegas y el 27 de marzo de 2014 se fugó de la Penitenciaria Nacional.Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.27.47 a.m.

Las autoridades no emitieron la alerta para recapturarlo y el 9 de abril de ese año, 13 días después de haberse fugado, participó en el asesinato de Rony Alexander Alvarado Mejía, acribillado en las inmediaciones de la terminal de buses de esa comunidad. El Ministerio Público también lo acusa de la muerte de Erick Ariel Martínez Rodríguez, mientras que la policía de investigación lo vincula con cinco homicidios más.

 

Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.31.24 a.m.

Alex Rafael Colindres Medina, ingresó a la Penitenciaría Nacional por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas y robo agravado, pero el 25 junio de 2011, se escapó de su casa ubicada en la colonia Divino Paraíso, de Tegucigalpa, cuando gozaba de un permiso especial otorgado por las autoridades para que visitara a su mamá, quien supuestamente se encontraba enferma. En esta fuga con la ayuda de varios hombres fuertemente armados mató a un policía penitenciario e hirió a otro.

Pero a ellos también los matan

El 24 de junio de 2011 las autoridades reportaron que tres reos de alta peligrosidad se habían escapado en un camión de basura de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, pero no se interesaron en recapturarlos. Dos meses más tarde, el 15 de agosto de ese año, los tres aparecieron muertos en Siguatepeque y llegaron como desconocidos a la morgue de medicina forense donde fueron reconocidos por sus familiares.

Ellos eran Alex Rafael Colindres Medina, José Margarito Cardona Osorto y Héctor Manuel Díaz Amador. Colindres Medina y Cardona Osorto era la segunda fuga que habían llevado a cabo.

Cardona Osorto, guardaba prisión desde el 2 de marzo de 2009 por asalto bancario, tentativa de asesinato y evasión, por lo que cumplía una sentencia de 29 años con cuatro meses, mientras que Héctor Manuel Díaz Amador, había sido sentenciado a 28 años de cárcel por los delitos de robo, homicidio simple, lesiones y tráfico de drogas.

El 11 de mayo de 2011, en las cercanías de Estadio Olímpico, Metropolitano de San Pedro Sula aparecieron muertos, Allan Josué Alvarado Cruz y Eugenio Chávez Santos, fugados de la Penitenciaria Nacional, el 23 de abril de ese año.

Las autoridades informaron que Walter Iván Paz, quien estaba recluido en el centro penal de Choluteca, Alwin Osiel Suezo Suazo, en la granja penal de Comayagua y Erick David Sevilla Salgado, en la Penitenciaría Nacional, murieron acribillados por guardias de seguridad, policías y militares, cuando supuestamente trataban de impedir que se  fugaran.

¿Y por qué no los recapturan?

Esa es la interrogante que hasta ahora no encuentra respuesta de las autoridades. Expertos en el tema identifican obstáculos referidos en la aplicación de procedimientos legales, debilidades institucionales y falta de comunicación entre las instituciones. Según los especialistas consultados por Revistazo, esa modorra gubernamental, trae como consecuencia la comisión de nuevos delitos por parte de las personas fugadas.

El sistema penitenciario nacional lo conforman 24 reclusorios clasificados en once penitenciarías nacionales y trece centros penales, pero a esos se suman las celdas de aislamiento que el gobierno habilitó como prisión preventiva en dos batallones de Tegucigalpa y San pedro Sula, más cuatro reclusorios de menores, que son manejados por la Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF), antes IHNFA, pero con el mismo método de manejo.

 

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Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.33.12 a.m.

Capítulos regionales de APJ impulsan proceso para identificar mayores desafíos de los operadores de justicia

  • La Alianza por la Paz y la Justicia está implementando la regionalización de sus intervenciones en cuatro ciudades del país: Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán; San Pedro Sula en el departamento de Cortés; Comayagua en el departamento de Comayagua y Catacamas en el departamento de Olancho.

San Pedro Sula. Una comisión de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunió este miércoles y jueves con diferentes funcionarios de las instituciones del sistema de Justicia de San Pedro Sula y El Progreso, a fin de analizar la problemática desde el ámbito local y definir una agenda común de trabajo.

A través de la instalación de una mesa bipartita conformada por miembros de la sociedad civil y operadores de seguridad y justicia, los capítulos de APJ de SPS y El Progreso dan inicio al proceso de “Cinco y Cinco”, iniciativa orientada a identificar los cinco principales retos y cinco necesidades prioritarias del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.

Mediante un trabajo de incidencia directa con los titulares de estas instituciones, se promueve la atención de las mayores necesidades de los operadores de seguridad y justicia de las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Copán y Catacamas.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la participación activa de la ciudadanía en las intervenciones de auditoría social e incidencia política en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia, a fin de que puedan mejorar su desempeño institucional y la efectividad en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Participaron en esta reunión funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), movimientos juveniles y miembros del capítulo regional de APJ en San Pedro Sula y El Progreso.

La Alianza por la Paz y la Justicia reconoce que es imperativo el fortalecimiento de un liderazgo regional que incida desde el ámbito local en la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad y Justicia, a través de acciones de participación, incidencia política y denuncia.

Contar con Capítulos Regionales sólidos y eficaces que gocen de un propósito claro y un plan definido, constituye los cimientos sobre los cuales la APJ puede lograr resultados, tanto a corto como a largo plazo, como parte de un proceso de Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras.

Acerca de los Capítulos Regionales de APJ:

A mediados del 2014, APJ inició un proceso de conformación y consolidación de plataformas ciudadanas denominados Capítulos Regionales APJ, con el objetivo de descentralizar su gestión a través del liderazgo de sus organizaciones miembros en cinco municipios de Honduras.

En Santa Rosa de Copan, a través de la Asociación de organismos no gubernamentales (ASONOG); en El Progreso con Red Viva y Oye Honduras; en Comayagua, con la Pastoral Social Caritas; en Catacamas con la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (PREDISAN) y en San Pedro Sula con el apoyo del Foro Social Valle de Sula (FSVS), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH VS), la Pastoral Penitenciaria y la organización Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (Jha Ja).

 

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Capítulo regional de APJ

Comisión anuncia cancelación de 23 comisionados y confirma suspensión de cuatro

Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional anunció este viernes la cancelación de 23 comisionados de la institución y confirmó la suspensión de otros cuatro, tras la evaluación detallada de la información proporcionada por entes contralores del Estado y operadores de Justicia.

Luego de analizar la información de los 47 comisionados activos de la Policía que fue remitida por: el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional, la comisión resolvió ratificar en sus cargos a 16 de los oficiales.

Estos comisionados son ratificados en sus cargos “en el marco de la nueva estructura organizacional, sin perjuicio que sean sometidos a evaluaciones periódicas para asegurar su idoneidad y buen desempeño, por organismos externos”, detalló la comisión en el séptimo comunicado emitido desde su conformación el pasado 12 de abril.

Otros 23 de los oficiales fueron cancelados a raíz de la nueva estructura policial, mientras fue aceptado el retiro voluntario de cuatro de ellos.

Asimismo, confirmó la suspensión de cuatro más de sus cargos actuales, “en virtud de estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que se concluyan las mismas”.

La semana pasada, la comisión anunció la cancelación de tres generales y la suspensión de dos.

108 Subcomisionados a evaluación

La Comisión Especial informó hoy que en aras de continuar con el proceso de evaluación, se remitieron notas el pasado 26 de abril a los operadores de justicia y entes contralores para que en el plazo de tres días hábiles brinden información referente a los 108 Subcomisionados activos de la Policía Nacional.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar —con objetividad y decisión- con el proceso de depuración y reestructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda”, finaliza el comunicado.

+ Lea el Comunicado:

comunicado 7-1

 

comunicado 7-2

Ex Subcomisionada pide reunión privada

La comisión tenía prevista para ayer una reunión con la ex subcomisionada María Luis Borjas para revisar información en poder de la exfuncionaria; sin embargo, el encuentro fue suspendido.

Aunque inicialmente Borjas había confirmado la reunión vía telefónica, según lo indicado por la comisión, la tarde del jueves pidió a la comisión una reunión privada.

 

 

“Hemos recibido una nota de su parte, disculpándose por no poder asistir. Asimismo, nos solicita que, por razones de seguridad personal, reprogramemos la reunión bajo una modalidad privada”, apuntó la comisión en un sexto comunicado.

Además de Borjas fueron citados por la comisión el exministro de Seguridad, Arturo Corrales, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, quienes comparecerán en las próximas horas.

+ Lea el comunicado

 

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