Omar Rivera, miembro de la Comisión para la Depuración Policial señala que a pesar de comprender lo difícil que es resolver casos emblemáticos en torno a crímenes cometidos hace varios años, es indispensable que los mismos sean concluidos exitosamente, para que la población no tenga ese mal sabor de boca que aquí todo queda en el olvido y en la más repugnante y despreciable impunidad Leer más →
La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, en seguimiento al proceso de evaluación de los miembros de la Carrera Nacional, tiene a bien informar al pueblo hondureño:
A). Se recibió la información solicitada sobre los 297 Subinspectores activos de la Policía Nacional que estaban pendientes de evaluación, de parte de: Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Publico, Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional. En base al análisis y valoración de los informes recibidos, instamos al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:
(a). Cancelar por re-estructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial, a los Subinspectores de Policía:
B). En aras de velar por la rigurosa aplicación de las normas disciplinarias, esta Comisión Especial solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional que realizara una exhaustiva evaluación de expedientes disciplinarios concluidos y presentara un informe sobre los Oficiales y Agentes de Policía que estén pendientes de aplicación de las sanciones correspondientes, así como aquellas peticiones de retiro voluntario. Se procedió al análisis y valoración de los informes recibidos, habiéndose comprobado que se ha cumplido el debido proceso, por lo cual esta Comisión Especial ha instado al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:
(a). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Despido, sin responsabilidad para el Estado, a:
(b). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Retiro Voluntario, en aplicación del Articulo 109 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:
(c). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por tener sentencia firme condenatoria del Tribunal competente, en base a los Art. 109 numeral 6 y Art. 116 párrafo final de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; sin responsabilidad para el Estado, a:
C). En aras de continuar con el proceso de evaluación, se están enviando notas a todas las instituciones arriba mencionadas, a efecto que nos brinden en el plazo de 5 días hábiles información referente a los 393 Sub Oficiales activos de la Policía Nacional.
D).Reiteramos nuestro compromiso de continuar con objetividad y decisión con el proceso de re-estructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda.
E).Finalmente, hemos constatado que la Secretaria de Seguridad ha atendido los requerimientos de la ATIC del Ministerio Publico, en seguimiento a las denuncias presentadas por esta Comisión Especial; agradecemos la pronta respuesta que genera esperanza a toda la población nacional en el combate al flagelo de la impunidad
Tegucigalpa, MDC – 1 de septiembre de 2016.
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional se alista para proceder a investigar y evaluar a más de 10 mil agentes de escala básica y empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial informó que “luego de culminar el proceso de evaluación de la idoneidad y pertinencia de incorporar a la nueva estructura orgánica de la Policía Nacional a los altos oficiales toca el turno de examinar los expedientes de los agentes de la escala básica policial para determinar quienes estarán habilitados a continuar en el servicio público y quienes serán cancelados”.
Rivera, quien también es Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), señaló que “de esta evaluación no se escaparán los empleados de las diferentes unidades administrativas, financieras y logísticas en las cuales laboran un importante número de profesionales de diferentes ramas que dan apoyo a las actividades policiales”.
“Será complejo evaluar a un número tan elevado de agentes de la base policial, por lo que tendremos que iniciar con aquellos que tienen problemas con la justicia, los procesados y enjuiciados, aquellos que están siendo investigados por órganos contralores del Estado y entidades operadoras de justicia, los que han cometido faltas y transgredieron el régimen disciplinario, y los que no aprobaron las pruebas de confianza” expresó el dirigente de la sociedad civil; el depurador apuntó que “también serán prioridad para la evaluación aquellos policías de los cuales se sospecha hayan tenido vínculos con redes de corrupción y bandas del crimen organizado”.
Asimismo, comunicó que “los policías de escala básica que de acuerdo a disposiciones legales deban ser pensionados y jubilados, podrán recibir ese beneficio; no es justo que quienes tengan alguna limitación fisca o de salud, o los que ya están en etapa de jubilarse, sigan en servicio, a ellos se les debe respetar su derecho de gozar de los beneficios que brindan las entidades de previsión a las cuales han cotizado”.
Finalmente, el integrante de la Comisión Especial recordó que –tal cual se mencionó en los comunicados públicos emitidos recientemente- “se procederá, lo antes posible, a un proceso de recertificación de los oficiales que fueron incorporados a la nueva estructura orgánica y autorizados a continuar en la carrera policial, para lo que es indispensable apoyo externo especializado, a fin de garantizar óptima calidad en la aplicación de una metodológica con estándar internacional”.
POLICÍAS SUSPENDIDOS SERÁN SOMETIDOS A EVALUACIÓN
En otro orden de asuntos, Omar Rivera, reveló que esta semana, la Comisión Especial para la Depuración Policial procederá a tomar una decisión sobre el futuro de una treintena de oficiales y agentes de la Policía Nacional, suspendidos de sus funciones el pasado 18 de abril, por estar mencionados, en medios nacionales e internacionales, como supuestos participantes en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides Gonzales y el experto en crimen organizado Alfredo Landaverde.
Según lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Secretario de Seguridad puede suspender a miembros de la carrera policial por un periodo de 120 días, que precisamente se cumplieron recientemente.
“Le toca a la Comisión Especial decidir sobre cual será la recomendación que le dará al ministro Julián Pacheco; es decir, si se le recomienda que estos policías continúen en la institución o si se le exhorta que se les cancele” explicó Rivera.
Tegucigalpa. Un nuevo marco legal integral es indispensable para fortalecer no solo a la Policía Nacional, sino al resto de instituciones operadoras de justicia, señaló este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a propósito de la presentación del primer informe de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional ante el Poder Legislativo.
La ASJ, capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, instó a los diputados al Congreso Nacional a aprobar sin dilaciones las reformas que permitan realizar cambios estructurales y duraderos dentro de la Policía Nacional, pero también aquellas encaminadas a robustecer al aparato nacional de justicia.
En ese sentido, la organización de sociedad civil apunta la necesidad de vigorizar mediante leyes y reglamentos la estructura, coordinación, independencia y funcionamiento en general de otros entes de justicia y contralores del Estado tales como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.
En el caso específico de la Policía Nacional, la creación de nuevas leyes y reglamentos -a criterio de Omar Rivera, coordinador de Incidencia de la ASJ y miembro de la Comisión Depuradora-, vendrá a fortalecer la estructura organizacional de la Secretaría de Seguridad, dotándola de capacidades administrativas y de sanción.
De acuerdo al también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), las reformas a la nueva ley orgánica de 117 artículos en lugar de 176, deben contemplar la creación de una comisión de seguimiento con las facultades de asesorar, recomendar y presentar iniciativas que fortalezcan el sistema de seguridad del país.
En su presentación ante los legisladores, la Comisión Especial remarcó la importancia de aprobar reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como una Ley de Personal de la Carrera Policial, con el objetivo de dotar a la Secretaría de Seguridad de un marco legal que apoye y haga sostenible el proceso de depuración policial.
Los depuradores sugirieron además implementar procesos similares de depuración en organismos del sector justicia e institucionalizar mecanismos de denuncia.
La ASJ ha impulsado a través del Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad suscrito en octubre de 2014 con el Gobierno de Honduras reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la aprobación de la nueva Ley de Personal de la Carrera Policial.
Sugerencias de reformas fueron presentadas a la Secretaría de Seguridad, las cuales fueron planteadas casi en un 95% al proyecto de ley que fue presentado y en espera de aprobación en el Congreso Nacional.
A raíz de estas recomendaciones y otros hallazgos presentados en el Informe Línea Base de la Secretaría de Seguridad, Seguridad creó y se encuentra en proceso de implementación del Plan de Mejora 2016-2017.
Tegucigalpa. Son cerca de 86 millones de lempiras los que se han pagado en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales a los miembros de la institución policial que han sido cancelados de sus cargos por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.
Omar Rivera, miembro de la Comisión confirmó que “hasta la fecha se han pagado más de 86 millones de lempiras por concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos“.
No obstante, Rivera aclaró que únicamente se le paga sus derechos a quien se le excluye de la estructura gubernamental, sin que medie causa imputable al policía, es decir a aquellos que han sido separados bajo la figura de reestructuración o mediante retiro voluntario.
En relación a los policías vinculados a algún acto irregular, Rivera apuntó que “se ha seguido el procedimiento y esos son cancelados, pero habiendo causal imputable a ellos en los cuales pierden su derecho, la Secretaría de Seguridad procede a la cancelación”.
El decreto 21-2016 que da vida a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, autoriza a la Secretaría de Finanzas para crear la partida presupuestaria correspondiente para el pago de los pasivos laborales de los policías que son cancelados.
Al Poder Ejecutivo se le autoriza, además, establecer convenios de pago para el reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales en el caso de retiro voluntario.
En cuatro meses de trabajo, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional ha evaluado a 946 uniformados, de los cuales 313 han sido separados de sus funciones, lo que representa el 33% del total.
En este primer ejercicio de evaluación policial de la alta oficialidad se generó la salida del 25% de la cúpula policial.
La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, en seguimiento al proceso de evaluación de los miembros de la Carrera Nacional, tiene a bien informar al pueblo hondureño:
1. Se recibió la información solicitada sobre los 497 Subinspectores activos de la Policía Nacional bajo evaluación, de parte de: Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Publico, Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional. En base al análisis y valoración de los informes recibidos con respecto al primer grupo de 200 Subinspectores evaluados, instamos al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:
A). Cancelar por re-estructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial, a los Subinspectores de Policía:
2. En aras de velar por la rigurosa aplicación de las normas disciplinarias, esta Comisión Especial solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional que realizara una exhaustiva evaluación de expedientes disciplinarios y presentara un informe sobre los Oficiales y Agentes de Policía que estén pendientes de aplicación de medidas disciplinarias, así como los que han presentado solicitud de retiro voluntario. En base al análisis y valoración de los informes recibidos, habiéndose comprobado que se ha cumplido el debido proceso, instamos al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a tomar las siguientes acciones:
A) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Abandono del Cargo, en aplicación al Articulo 126 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:
B) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por despido, a:
C) Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Retiro Voluntario, en aplicación al Articulo 109 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:
3. Se concluyó el proceso de análisis de un grupo de Oficiales de diversos grados, que estaban pendientes de evaluación, y se resolvió instar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a:
A) Cancelar por re-estructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial, a:
B) Cancelar por abandono del cargo, en aplicación del Artículo 126 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, al Inspector de Policía:
4. Continuamos con el proceso de evaluación y análisis de correspondiente a los restantes 297 Sub Inspectores activos de la Policía Nacional; próximamente informaremos más resultados al respecto.
5. Reiteramos nuestro compromiso de continuar con objetividad y decisión con el proceso de re-estructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda.
Tegucigalpa, MDC – 9 de agosto de 2016.
Hacia la Transformación de la Policía Nacional!
A inicios del mes de junio del presente año, la abogada Olga Ávalos se presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el afán de derogar el Decreto Legislativo 21-2016 que declara emergencia nacional la depuración en la Policía Nacional de Honduras, y manda a determinar la idoneidad de los casi 14 mil miembros de la carrera policial.
En representación de los oficiales de policía Rony Martín Flores Días, Ariel Ernesto Padilla Mejía, Daniel Omar Matamoros Ávila, Manuel Alberto Calderón Romero, Denis Orlando Erazo Paz, Elvin Constantino López Orellana, Roberto Carlos Ortega Aguilar, Erick Naval García Canales, Rafael Antonio Rodríguez Puerto, Darwin Ismael García Núñez y Óscar Alexis Sosa Martínez, la profesional del derecho presentó un recurso de inconstitucionalidad al decreto antes mencionado y aseguró que “el Congreso Nacional de la República no ostenta la facultad de suspender leyes” y que con la aprobación del decreto legislativo antes mencionado “se violentaron derechos fundamentales como el de la defensa, así como el debido proceso”. La abogada Avalos, señaló que a sus representados, todos ellos cancelados por la Comisión Especial, “ni siquiera les realizaron una audiencia de descargo”.
No obstantes los argumentos argüidos por los incomodos oficiales de la Policía Nacional y por su apoderada legal, el 4 de agosto de 2016, mediante cedula de notificación suscrita por Cristian Ramón Baquiz Flores, receptor adscrito de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, se informa a los peticionarios que “se declara inadmisible el recursos de inconstitucionalidad de mérito interpuesto por la abogada Olga Esperanza Avalos Pérez… contra el Decreto Legislativo 21-2016… contentivo del Decreto de Depuración Policía”.
Del mismo modo, se establece que “una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de los autos”.
Omar Rivera: Confiamos que decisiones judiciales eviten obstaculizar proceso de depuración policial
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial reaccionó indicando que pese a que los comisionados “no nos distraemos ocupándonos de darle seguimiento a los recursos de inconstitucionalidad que se interponen en contra de los decretos y acuerdos que le han dado vida a la Comisión y al proceso de depuración, si nos regocija que no prosperen aquellas iniciativas encaminadas a bloquear la necesaria profilaxis que debe ejecutarse en los diferentes organismos judiciales”.
“Sería terrible que hubiese una tranca u obstáculo en esta cruzada por sacar a las manzanas podridas de la Policía Nacional” expresó Rivera.
El dirigente de la sociedad civil dijo que se respeta “el derecho que tiene cada ciudadano de peticionar o demandar el pleno goce de sus derechos”, así como “la independencia judicial para actuar de acuerdo a derecho”, no obstante, “está claro que es nuestro deseo que nada interrumpa o desacelere el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional en Honduras”.
Finalmente, el depurador apuntó que confían que las decisiones del Poder Judicial “evitarán obstaculizar el proceso de evaluación de la idoneidad de altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional”.
No sería justo que todo lo que se ha logrado en este proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional tuviera un retroceso por los típicos mezquinos intereses políticos que aparecen en los procesos electorales» ha dicho Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
Rivera, quien forma parte de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que «debe blindarse este proceso de profilaxis y reingeniería institucional a fin de garantizar no volver al pasado en el cual la corrupción e ineficiencia imperaban en los diferentes organismos policiales».
«La politiquería no puede interrumpir esta dinámica encaminada a mejorar el desempeño de la Policía Nacional y adecentar la carrera policial; no debemos permitir que intereses partidistas o de grupos políticos le ponga trancas a la depuración policial y reestructuración orgánica de la Policía Nacional» manifestó el dirigente de la sociedad civil.
Finalmente, el depurador aseguró que debe existir un pacto multipartidario que garantice que los sistemas de evaluación e investigación de agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que ha implementado la Comisión Especial «tengan continuidad»; asimismo, los logros a materia de reducción de la tasa de homicidios, reforma a las unidades de investigación criminal y actualización de la curricula policial, «deben ser preservados» y todos los políticos deben comprometerse a «consolidar la reforma policial en lugar de bloquearla o pretender revertirla».
Tegucigalpa. El Ministerio Público inauguró este lunes el curso de inducción y entrenamiento de la Tercera Promoción de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
La capacitación dirigida a 70 agentes de la ATIC y 70 detectives de la DLCN, quienes dentro de tres meses recibirán su certificado como investigadores especializados en materia científica y técnica para asistir a los fiscales en la resolución de delitos de alto impacto.
Los nuevos agentes se sumarán a los 100 graduados de la primera promoción en diciembre de 2015 y a los 152 de la segunda promoción. De estos últimos 109 pasaron a las filas de la ATIC y 43 a la DLCN.
Al evento encabezado por el Fiscal General, Óscar Chinchilla, asistieron además: el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta; el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon y el miembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Michael Simons.
De igual manera participaron representantes de sociedad civil, entre ellos los directivos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández y Kurt Ver Beek, así como distintas autoridades del Ministerio Público y de las instituciones de seguridad del país.
El curso de entrenamiento consta de tres módulos esenciales: Jurídico, Investigación y Médico Forense.
Para la selección de los aspirantes, el Ministerio Público realizó un exhaustivo y minucioso proceso de aplicación de pruebas de confianza, que buscan blindar a la ATIC y a la DLCN de cualquier infiltración del crimen organizado en sus filas, informó el organismo en su página Web.
Cabe destacar que la ATIC ha reportado importantes resultados en los últimos meses, entre ellos operativos de incautación de bienes a ciudadanos señalados por narcotráfico y la identificación de sospechosos en casos emblemáticos de homicidios y corrupción.
Actualmente, la Agencia cuenta con 205 agentes asignados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, quienes se desplazan a otras partes del país de acuerdo a las necesidades de investigaciones. A estos se sumarán los 70 elementos que están siendo capacitados.
ASJ suscribió en agosto de 2015 un convenio de cooperación con el Ministerio Público, el cual se encamina a potenciar las capacidades de la institución operadora de justicia.
Mediante el convenio, la ASJ y el MP acordaron establecer mecanismos de apoyo en procesos de investigación, así como en materia de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información y derechos humanos.
La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, en seguimiento al proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, tiene a bien informar al pueblo hondureño:
B). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento en virtud de tener Sentencia condenatoria firme, en aplicación al Articulo 109 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:
1) Clase I Moisés Eduardo García Pavón
2) Policía Heber Nahún López Rodríguez
C). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento por Retiro Voluntario, en aplicación al Articulo 109 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:
1) Agente de investigación Mauricio Delattibodier Amaya
2) Clase I Melvin Yovany Andrés López
3) Clase I Pablo Gallardo Martínez
4) Policía Iris Yaneth Villalta
5) Policía Hugo Samanuel Mendoza González
D). Cancelar el Acuerdo de Nombramiento, dado que a pesar que haber fallecido, no se había actualizado el registro correspondiente en Recursos Humanos, y en aplicación al Articulo 109 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a:
1) Analista de investigación I Óscar Mauricio Paz
2) Policía Roberto Adalid Corea Hernández