Comunicado: Diputados del Congreso Nacional de la República deben colocar los intereses del país por encima de los personales
Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en el marco de la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, se pronuncian de la siguiente manera:
1) Luego que la Junta Nominadora definiera los nombres de los profesionales del derecho que integran la lista de candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y que la misma haya sido entregada a la Secretaría de la Junta Directiva del Congreso Nacional, se impone como esencial reto que los legisladores de las diferentes bancadas representadas en el Poder Legislativo, seleccionen a los nominados más idóneos para desempeñarse en la titularidad del Ministerio Público (MP), entidad que representa los intereses de la sociedad y tiene el monopolio de la persecución penal en el país.
2) En esta coyuntura en la cual varios parlamentarios están siendo acusados ante los tribunales de justicia por la supuesta comisión de delitos, es pertinente que los involucrados no tengan un papel relevante en el proceso de designación del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, por el conflicto de intereses que se presenta de conformidad al Código de Conducta Ética del Servidor Público. En ese sentido, que los investigados y acusados por el MP, participen en la elección de – precisamente – quienes van a dirigir esta institución en el próximo quinquenio, restará credibilidad y legitimidad a una decisión que marcará la continuidad o no de la lucha en contra de las bandas del crimen organizado y redes de corrupción en Honduras. Diputados deben colocar los intereses del país por encima de los personales.
3) Los diputados de las diferentes facciones partidarias con representación en el hemiciclo legislativo, que no estén siendo imputados de la comisión de delitos, deben actuar con responsabilidad al evaluar las hojas de vida y la trayectoria de los 5 sugeridos por la Junta Proponente, sometiéndolos –de ser necesario- a procedimientos internos de evaluación que amplíen el apropiamiento del perfil y pensamiento de quienes aspiran a convertirse en Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República; en los próximos dos meses, antes que venza el plazo para la elección de estos dos altos funcionarios, existe un tiempo prudente para que con rigor y transparencia se busquen los consensos y acuerdos necesarios para obtener la mayoría calificada que permita el nombramiento de quienes dirigirán tan importante ente operador de justicia.
4) En esta elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, ni se admiten prisas injustificadas, ni manipulación de los grupos de poder político, económico o criminal, ni mucho menos el intento de quebrantar las disposiciones que ya establece la Constitución de la República y la Ley del MP, para elegir a tan importantes funcionarios del Estado; violar la Ley para obviar el deber que tienen los legisladores de elegir un nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, apostándole a nombrar un Triunvirato Interventor que convierta al MP en un botín político-partidario o en un instrumento para prolongar la impunidad que ya se está empezando a revertir, sería un acto reprochable y constitutivo de delito.
5) Finalmente, hacemos un llamado a la población en general y a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que le den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante el Congreso Nacional, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP, y que lo mucho que se ha logrado no se eche por la borda.
