• El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que pese a que es predecible que el general Félix Villanueva, actual director general de la Policía Nacional, continuará al frente la institución, el mismo no tiene un cheque en blanco y debe poner todo su empeño para conservar su idoneidad y desempeñarse eficientemente en el cargo que ostenta.

«Ningún oficial tiene cheque en blanco en la Policía Nacional; los habilitados a continuar en el servicio policial deben tomar en consideración que estarán permanentemente sometidos a evaluaciones periódicas y constantes investigaciones, y de comprobarse que han cometido algún acto reñido con la Ley o han tenido un mediocre desempeño, se procederá a cancelarlos, como corresponde», advirtió.

El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa, pues «al frente de la Policía Nacional no basta con tener un oficial diligente y capaz, sino uno honesto y decente».

«El hecho que el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) haya manifestado que, según lo encontrado en el expediente, el director de la Policía Nacional no se enriqueció ilegalmente, es un alivio», apuntó.

INVESTIGACIÓN DEBEN SER CONCLUYENTES

Respecto a la calidad de los expedientes remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Omar Rivera lamentó que los mismos sean cuestionados por los representantes de los órganos contralores del Estado. «Es una pena que luego de gastar más de 250 millones de lempiras, en cinco años de gestión los productos de la DIECP generen tantas dudas».

«Hago un llamado para que no se siga despilfarrando dinero en investigaciones sin fuerza ni solidez; cualquier investigación realizada por la institucionalidad pública debe ser realizada con rigor técnico, en el marco de la Ley y ser concluyente, para que pueda ser utilizada para deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales del caso», reaccionó el depurador.