Nosotros y nosotras, jóvenes pertenecientes a distintas organizaciones y regiones del país, representamos más del 40% de la población en Honduras, hemos sido víctimas de la violencia, desempleo, la falta de acceso a la educación, salud, no hemos tenido una representación efectiva en las instituciones democráticas, a pesar de que cada proceso electoral 600,000 nuevos jóvenes entran al Censo Nacional Electoral para participar en procesos electorales. Por medio de la juventud organizada es que se han visibilizado los errores cometidos en la toma de decisiones en el sector público y la necesidad de que la ciudadanía participe activamente en los procesos democráticos.

El lunes 7 de septiembre de 2020, la Secretaría General del Congreso Nacional recibió el dictamen de la nueva Ley Electoral para su discusión en el pleno de diputados y diputadas. Por este motivo, y dada la importancia que reviste la aprobación de esta ley previo a la convocatoria de las elecciones primarias prevista para el 13 de septiembre de 2020, las organizaciones suscritas en este posicionamiento se pronuncian con respecto a los siguientes puntos:

1. Deliberaciones participativas y transparentes. Dado que el Congreso Nacional efectuará la discusión sobre la nueva Ley Electoral por medio de sesiones virtuales, con el objetivo de garantizar el debate participativo y el acceso a la información pública:
– La efectiva participación en el debate de los diputados de las diferentes bancadas del Congreso, para evitar arbitrariedades en el uso de la palabra y promover el debate razonado sobre las disposiciones y los temas en los que no se han alcanzado consensos para su aprobación.
– La transmisión de estas sesiones por medio del canal oficial del Congreso Nacional y de sus redes sociales;
– La publicación del dictamen de la Ley Electoral y de las actas de las sesiones en las que se discuta y apruebe su contenido; y,
– Los resultados de las votaciones y la identificación del voto emitido por cada diputada y diputado propietario.

2. El enfoque ciudadano de la reforma. Durante los últimos años, a través de diferentes movilizaciones juveniles, organizaciones sociales e iniciativas ciudadanas, se han impulsado reformas estructurales para el sistema democrático hondureño. Por esta razón, es un imperativo que esta nueva Ley Electoral contenga disposiciones que resuelvan demandas ciudadanas como: la segunda vuelta electoral, la fiscalización del financiamiento político, la actualización del Censo Nacional Electoral, la integridad en el sistema de transmisión de resultados, la participación política de las mujeres y el abordaje de la reelección presidencial desde una perspectiva técnica, constitucional y deliberativa. Estas reformas contribuirían a fortalecer la confianza y legitimidad ciudadana sobre el proceso electoral, sus resultados, y a evitar conflictividad y polarización social.

La reconstrucción de la política y la democracia hondureña pasa por lograr inclusión real de la juventud en la discusión de temas de interés nacional, en la que se dé la convergencia de ideas y opiniones entre todos los sectores de la sociedad. El inicio del proceso electoral, con su convocatoria realizada a partir del 13 de septiembre requiere la confianza y legitimidad ciudadana necesaria para que los órganos del sistema electoral dispongan del marco legal que les permita cumplir con sus deberes, y para que los ciudadanos hagan efectivo el ejercicio de sus derechos políticos.