Nota tomada de Revistazo.com

Mientras durante 4 años, con $10 millones de dólares la DIECP y la CRSP no depuraron tan solo un general, la actual Comisión Especial Depuradora, con cero presupuesto del Estado, en 1 mes ha depurado 68 altos oficiales de la Policía Nacional.

Pese a que no recibe presupuesto del Estado, y con apenas treinta días de trabajo, la Comisión Especial Depuradora de la Policía Nacional muestra importantes resultados en el camino hacia el sueño de muchos hondureños de contar una policía profesional, decente e incorruptible.

Esta Comisión Especial, conformada por el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Omar Rivera; el pastor evangélico Alberto Solórzano; y la abogada Vilma Morales, inició operaciones el pasado 12 de abril, día en que fue juramentada por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

 

 

El miércoles 18 de mayo, la Comisión Depuradora presentó el informe de resultados obtenidos en los primeros treinta días de labor. Contrario a lo ocurrido anteriormente, este proceso comenzó tocando las puertas de la alta oficialidad y el documento señala que a la fecha han evaluado a 164 oficiales, con grados de comisionado general, comisionado y sub-comisionado. De ellos, 68 fueron depurados, mientras que actualmente investiga a 108 comisarios.

“De arriba hacia abajo a fin de garantizar que en primera instancia la Policía Nacional cuente con un nuevo liderazgo para propiciar la tan ansiada transformación de tan importante entidad”, sostuvo Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial.

 

«En cuatro semanas de trabajo hemos hecho más que nunca en materia de depuración policial”: Omar Rivera.

Explicó que este proceso habilitará para que sigan en la institución los oficiales de confianza para generar los cambios que requiere la institución.

 

 

 

 

Entre tanto, el presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante en Honduras de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, se ha mostrado satisfecho con el trabajo y los resultados que hasta ahora ha obtenido la Comisión encargada de depurar a la Policía Nacional. Su criterio también comparte la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos; para ella, los miembros de la Comisión Especial, tomaron conciencia de la complejidad del tema y asumieron el reto.

 

 

La Comisión fue nombrada días después de que El Heraldo publicara

una investigación revelando la existencia de un informe interno de la Policía Nacional señalando la participación de altos oficiales de esta institución en los asesinatos del “zar” antidrogas hondureño, Julián Arístides González, en el 2009, y del analista Alfredo Landaverde en el 2011—situación a la que nadie se había referido, pese a que después de ese crimen, por la institución han pasado tres Ministros de Seguridad y cuatro Directores Generales de la Policía.

Asimismo, a menos de una semana de haberse juramentada la nueva  Comisión Depuradora, los New York Times publicó un reportaje sobre el mismo informe, pero revelando además los nombres de los oficiales supuestamente implicados. Uno de los autores del reportaje, Alberto Arce, aseguró en una entrevista exclusiva con Revistazo tener plena confianza en la veracidad del informe.

Logros de Comisión Depuradora con cero presupuesto contrastan con procesos onerosos, fracasados de años anteriores

En los últimos cinco años el Estado ha erogado millonarios recursos en procesos supuestamente orientados a lograr una depuración policial. Sin embargo, la corrupción en la Policía, adscrita a la Secretaría de Seguridad, continuó, tal como si el país no hubiera realizado esfuerzo alguno para sanear la institución.

La exigencia se intensificó, luego que un grupo de policías asesinaran a dos jóvenes universitarios, entre ellos, el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, el 22 de octubre de 2011. Pocos meses después asesinaron a Alfredo Landaverde. Con estos hechos, se descubrió la existencia de grupos policiales dedicados al sicariato, narcotráfico, asaltos, secuestros, extorsiones y otros delitos.

En respuesta al clamor público motivado por estos hechos, en el 2012 se instaló en el país una Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), que paralelamente debía realizar acciones con la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) con propósitos de adecentar la institución. Pero pese a que de manera conjunta, hasta mediados de 2015 erogaron 222 millones, 10 mil 659 lempiras con 33 centavos, estas dos entidades dejaron mucho por desear en cuanto a los resultados que lograron.

 

 

Y es que el 20 de marzo de 2012, el entonces Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, juramentó a Jorge Omar Casco, Matías Funes y Víctor Meza, como miembros de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), organismo del que también formaron parte el ex miembro de la policía de Carabineros de Chile, Aquiles Blu y Adam Blackwell, representante del gobierno de Canadá y Secretario de Seguridad multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre 2012 y 2013 a esta Comisión le otorgaron 41 millones, 63 mil lempiras, semejantes a 1, 866,500 dólares. Cada uno de los comisionados devengó salarios mensuales de 198,000 mil lempiras, equivalentes a 9 mil dólares.

 

Del trabajo de esta Comisión, se supo que cinco anteproyectos de reformas legislativas le fueron presentados al ex Presidente Lobo, pero evidenciando falta de voluntad política, estos documentos se engavetaron, jamás llegaron al Congreso Nacional y la situación le permitió a la Asamblea Legislativa, dominada en dos terceras partes por diputados nacionalistas, desarrollar un proceso paralelo, donde se creó la Policía Militar y la Policía Tigres, pese a la oposición que mostraba la sociedad civil organizada y la misma CRSP.

Finalmente, el 20 de enero de 2014 el Congreso Nacional derogó el Decreto 4-2012 que daba vida a la CRSP, entidad que había sido creada como producto de las presiones sociales y de la comunidad internacional, que desde años atrás exigían la intervención y depuración de la Policía Nacional.

A los esfuerzos por adecentar la Policía, también se suma que el año 2000, el entonces Ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, despidió a un buen número de agentes y oficiales, que habían mostrado mal comportamiento en la institución. Sin embargo, su intento por depurar la institución, se vio frustrado cuando los tribunales de justicia ordenaron el reintegro de los afectados.

Los policías despedidos ganaron las demandas alegando violaciones al debido proceso y además de reintegrarlos, es Estado tuvo que pagales los salarios que habían dejado de recibir en el tiempo que permanecieron fuera de la institución.

 

 

DIECP ni evaluó a altos mandos; de los que sí evaluó, depuró menos del 3%

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) tampoco ha demostrado voluntad para hacer bien las cosas. Sin embargo, continua vigente. Con un presupuesto de 180 millones 947 mil 659 lempiras con 33 centavos, en los últimos cinco años, esta institución evaluó a 8,546 policías, pero solo depuró a 227 miembros.

Cabe mencionar, que de los 227 despedidos por la DIECP en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, la mayoría demandó al Estado y exigen que los tribunales fallen a su favor para ser reintegrados. Entre ellos, hay suboficiales, subcomisarios y agentes, quienes consideran que las autoridades violentaron el debido proceso.

“No amigo, el tiempo corre y entre más tiempo sea así va a ser el pago”, dijo uno de subcomisario despedido en el 2012, a este medio digital, cuando se le consultó sobre la demanda que junto a varios de sus compañeros mantiene pendiente de que se resuelva en un tribunal.

Es relevante mencionar que contrario a lo que ocurre con la Comisión Especial, la DIECP jamás evaluó ni depuró a generales, comisionados, sub comisionados, ni comisarios.  La depuración solo se había enfocado a subcomisarios, inspectores, Subinspectores, suboficiales, clases y agentes.

Entre los depurados por la DIECP, cuentan 14 subcomisarios, 39 inspectores, 15 subinspectores, 26 suboficiales III, 10 suboficiales II, 6 suboficiales, 1 clase III, 2 clases II, 3 clases I y 72 agentes, entre policías cobras y de la preventiva.

Organismos de la sociedad civil agrupados en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) concluyó en su informe de rendimiento de la seguridad pública que la depuración policial fracasó por la falta de voluntad política de las autoridades, las limitadas competencias técnicas y la mala coordinación entre la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Secretaría de Seguridad.

“A más de dos años de haberse iniciado el proceso de depuración policial, ni la Secretaria de Seguridad ni la DIECP, como órgano de control de la Policía Nacional, han generado un plan estratégico para la evaluación, investigación, depuración y efectiva sanción de los miembros de la Carrera Policial”, señala el informe, presentado por la APJ en enero de 2014.

Asimismo, indica que la cacareada depuración se caracterizó por el incumplimiento de requisitos para un debido proceso, una situación que podría ocasionar enormes pérdidas económicas para el Estado por las indemnizaciones derivadas de las violaciones a los derechos que le corresponden a los miembros de la carrera policial. Cabe mencionar que ya son varias las demandas laborales que policías depurados han entablado en los tribunales de justicia.

Otra crítica importante que desde el inicio ha venido planteando la APJ es que hasta el proceso ocurrido en el último mes, la depuración policial jamás había tocado las puertas de las cúpulas, ni tampoco se había enfocado a la investigación patrimonial, una herramienta esencial en la identificación de los policías involucrados en el crimen organizado.