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Plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia se pronuncia en contra de las reformas que obstaculizan lucha anticorrupción

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  • El pasado 07 de octubre, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley Especial contra Lavado de Activos, las cuales favorecen la cultura de la impunidad y la corrupción.

Tegucigalpa. Como parte de las actividades de incidencia política ciudadana y la importancia de rendición de cuentas, veedurías y observación de diferentes procesos estatales, la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), presente en los Capítulos de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, se pronunció hoy en contra de la reforma de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que incluyen a las organizaciones de sociedad civil que exponen e investigan actos de corrupción como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Durante el evento se contó con la presencia de Ariel Mayes, coordinador de la Plataforma Juvenil de la APJ en Siguatepeque; Hillary Gómez, oficial de Sociedad Civil; Johnatan Lanza, coordinador de la Plataforma Juvenil de la APJ en Santa Rosa de Copán, Vanessa Posadas, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la APJ en San Pedro Sula y Elsa Hernández, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la APJ en Comayagua.

Los jóvenes calificaron como “inaceptable la reducción del espacio cívico que afecta el Estado de Derecho y la democracia en Honduras en el contexto previo a elecciones generales y de pandemia”.

Dentro del pronunciamiento realizado, manifestaron su preocupación por el resto de las normas aprobadas por las y los representantes al Congreso Nacional, cuyo resultado es la agudización de la frágil situación del país, señalando que la criminalización de la protesta social violenta los derechos fundamentales de la sociedad civil como el asocio, la libertad de expresión y manifestación, debilitando así la lucha contra la corrupción.

Ante la decisión autoritaria que atenta en contra de los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana, la plataforma exhortó a diputadas y diputados al Congreso Nacional a discutir asuntos importantes en condiciones y tiempos que permitan el debate, el escrutinio público y la inclusión de todas las bancadas, exigiendo que se reconsideren todas las reformas realizadas a estas normativas.

Finalmente, deploraron esta acción y decisiones como propias de gobiernos antidemocráticos, en contra de toda normativa y estándares internacionales, por lo que instaron a las demás organizaciones de sociedad civil a juntar esfuerzos para hacer valer los derechos y compromiso con la justicia.

La Plataforma Juvenil de la APJ busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenten con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz, acciones de incidencia política y defensa social, relacionadas con el tema de seguridad y justicia. Actualmente la plataforma tiene sede en seis ciudades del país.

+ Vea el pronunciamiento completo:

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Julieta Castellanos y Aurora Pineda, madres de jóvenes universitarios asesinados en 2011 publican carta a Comisión Depuradora de la Policía

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Tegucigalpa. A seis años de la muerte de los jóvenes universitarios Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, sus madres Julieta Castellanos y Aurora Pineda publican carta abierta a miembros de la Comisión Depuradora de la Policía donde expresan su gratitud y reconocimiento por la labor realizada.

Reproducimos a continuación la carta publicada:

CARTA PÚBLICA

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Nosotras, Julieta Castellanos y Aurora Rodríguez de Pineda, Madres de los Jóvenes RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS y CARLOS DAVID PINEDA RODRÍGUEZ, asesinados el 22 de octubre del 2011, por agentes de la Policía Nacional asignados a la Unidad Policial ubicada en el Barrio la Granja de Comayagüela, estamos expresando públicamente nuestro reconocimiento y gratitud a la Comisión Depuradora de la Policía, creada por el Congreso Nacional e integrada por el Ing. Omar Rivera, la Abogada Vilma Cecilia Morales, el Pastor Alberto Solorzano y el ministro de Seguridad General Retirado Julián Pacheco Tinoco, mismo que hacemos extensivo al equipo de asesores integrado por el Lic. Carlos Hernández, abogado German Leitzelar y el pastor Jorge Machado.

Como víctimas de agentes policiales criminales, comenzamos desde ese fatídico octubre una lucha constante para tener justicia por el asesinato de nuestros Hijos. En el largo camino constatamos que no solo éramos víctimas de los policías criminales, sino de una institución penetrada y cooptada por el crimen nacional e internacional, víctimas de la indiferencia, la complicidad, la cobardía, la colusión y la falta del cumplimiento de los deberes de algunos funcionarios del Estado. De allí que nuestra lucha trascendió del plano estrictamente personal a una demanda por la depuración de los policías corruptos y criminales que integraban la Policía Nacional, y contribuir a que otras Madres, Padres, Hermanos y familiares no pasen por la dolorosa tragedia de nuestras familias.

La Comisión de Depuración de la Policía fue la última iniciativa impulsada desde el Congreso Nacional, después de que el periódico New York Times publicara un informe que develaba la participación de oficiales policiales en el asesinato del Alfredo Landaverde.

Comisionados: deseamos expresarles que la responsabilidad que asumieron solo puede entenderse como un gesto de ciudadanos comprometidos y responsables. Asumieron una tarea que correspondía hacerla el Estado, sin calcular el riesgo personal y familiar al que se exponían. Les agradecemos que no se hayan detenido frente a los ataques, descalificaciones y difamaciones de las que han sido objeto. La grandeza de la tarea radica en no haberse desviado del camino y en los resultados que están entregando al país.

Reconocemos la voluntad política del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, y de los 128 Diputados que lograron consensos para aprobar las leyes y lograr estos objetivos. La tarea no está completa, pero es mucho más de lo que hubiésemos imaginado posible. Hace falta que los crímenes y los delitos sean investigados, y los responsables castigados, pero ello corresponde a otras estructuras de Estado responsables de la seguridad y la justicia.

Estimados Comisionados, su trabajo ha contribuido a que una casta hasta ahora intocable, ya no lo sea más. El trabajo que Ustedes han realizado debe sostenerse y profundizarse. Y en tal sentido, respetuosamente solicitamos al Congreso Nacional extender el periodo de funciones de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía.

Nuestro Reconocimiento y Gratitud a quienes contribuyen al fortalecimiento institucional.

 

Julieta Castellanos                                                                                   Aurora de Pineda

Próximos ascendidos deben ser oficiales de indudable idoneidad

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De frente a la realización de los próximos ascensos de oficiales de la Policía Nacional, que se tienen previstos realizar a fin de año, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, establecerá rigurosos procedimientos que garanticen que solamente los idóneos sean elevados al rango inmediato superior; así lo ha hecho saber Omar Rivera, miembro de esta Comisión Especial.

Rivera, señaló que “sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al Presidente Constitucional de la República y al Congreso Nacional el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a los Estados Unidos de América, por la comisión de actos ilícitos”.

“Una Policía Nacional que en 5 años tendrá más de 25 mil agentes requiere un liderazgo robusto, capaz y decente, por lo que la selección de los nuevos altos oficiales debe tomar en consideración los nuevos retos y desafíos de la institución; ya no se trata de tener ese recio y tosco jefe policial que a gritos quería imponer orden en la entidad, ahora se necesitan profesionales con elevadas calificaciones académicas, con un innovador pensamiento estratégico, probidad evidenciada en sus actos y un liderazgo a la vanguardia” manifestó el dirigente de la sociedad civil.

Finalmente, el depurador mencionó que “una revitalizada Policía Nacional demanda una alta oficialidad de óptima calidad para implementar los procesos de reforma y fortalecimiento institucional que tanto ha necesitado esta entidad golpeada –en los últimos años- por la falta de credibilidad y confianza ciudadana”

Los ascensos en la Policía Nacional

El ascenso es un proceso administrativo legal para optar al grado inmediato superior, tiene como propósito mantener los cuadros orgánicos en el orden jerárquico de la Policía Nacional, reconociendo los méritos de cada candidato y el cual estará reglamentado y regulado a través del Manual de Ascensos establecido para tal fin.

La asignación de cargos, debe ser en base a la clasificación de los miembros de la Policía Nacional; considerando el grado jerárquico, tiempo de servicio (antigüedad), formación profesional, capacidad profesional, especialidad, la aprobación de las evaluaciones de suficiencia física y exámenes de idoneidad; asimismo, superar con éxito las diferentes pruebas de rendimiento físico, evaluación del desempeño, eficiencia en el cumplimiento del deber, las diferentes pruebas de confianza.

Congreso Nacional debe incrementar el presupuesto del Ministerio Público

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La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la próxima discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, correspondiente al año 2017, y en torno a la propuesta de distribución de recursos entre las instituciones del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia del país, se pronuncia de la siguiente forma:

  • Con beneplácito hemos observado en los últimos años una revitalización de la gestión del Ministerio Público (MP), que se ve reflejada en una lucha frontal en contra de los carteles del narcotráfico, redes de corrupción y maras, así como el incremento del número de investigaciones, requerimientos fiscales y capturas en contra de delincuentes comunes, servidores públicos y criminales dedicados a la extorsión, lavado de activos y otros delitos. En este sentido, celebramos los avances en esta lucha en contra de la impunidad y esperamos más resultados, a fin de revertir la generalizada impunidad que ha imperado en el país.
  • Para poder seguir exigiendo resultados a las diferentes fiscalías especiales, agencias de investigación criminal, unidades de medicina forense y demás dependencias del MP, se requiere dotarlas de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros ya que en los últimos años, hemos observado que, pese a que el presupuesto del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en su conjunto, ha sufrido un incremento cuantioso del 290% en la última década (2006-2017), que representa Lps. 115,867 millones, de recursos regulares del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, la distribución de los mismos ha sido inequitativa y desproporcional, privilegiando las asignaciones a las Secretarías de Defensa y Seguridad, las cuales en su conjunto han recibido el 73% del total de esos montos, y relegando al MP y la Poder Judicial, entidades que únicamente han recibido el 27% de ese total. En esta oportunidad, nuevamente, se ha excluido de dar un trato justo al MP, en la distribución de los recursos presupuestarios asignados, por lo que se evidencia una equivocada decisión que debilita la capacidad institucional de este ente operador de justicia.
  • Ese mismo patrón de distribución se ve reflejado en las asignaciones de recursos extraordinarios como los de la Tasa de Seguridad Poblacional, que fueron empezados a distribuir en el año 2012; del total recaudado hasta el mes de agosto de 2016, una cifra que asciende a Lps. 9,175 millones, la Secretaría de Defensa ha recibido el 36% de esos recursos, la Secretaría de Seguridad el 33%, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) el 18%, el MP el 4% y el Poder Judicial el 2% y otras instituciones estatales el 7%; esta distribución refleja con absoluta claridad el trato diferenciado hacia las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras.

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  • Ese mismo patrón de distribución se ve reflejado en las asignaciones de recursos extraordinarios como los de la Tasa de Seguridad Poblacional, que fueron empezados a distribuir en el año 2012; del total recaudado hasta el mes de agosto de 2016, una cifra que asciende a Lps. 9,175 millones, la Secretaría de Defensa ha recibido el 36% de esos recursos, la Secretaría de Seguridad el 33%, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) el 18%, el MP el 4% y el Poder Judicial el 2% y otras instituciones estatales el 7%; esta distribución refleja con absoluta claridad el trato diferenciado hacia las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras.

  • El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, para el año 2017, recientemente enviado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), no considera el incremento solicitado por parte del Fiscal General del Estado de más de Lps. 580 millones al presupuesto del MP, que hubiese permitido la contratación de fiscales, agentes de investigación criminal, médicos forenses, peritos especializados y personal técnico, que ampliaría la cobertura y mejoraría la calidad de los servicios de las diferentes fiscalías especiales y demás dependencias de este ente operador de justicia; esta decisión de la SEFIN, ratifica la perjudicial tendencia que históricamente ha sufrido el presupuesto del MP, y obstaculiza el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de la entidad, y disminuye la capacidad de acción y limita la posibilidad de obtener mejores resultados durante el ejercicio fiscal 2017.

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  • No cubrir la brecha financiera del MP, para el próximo año, restringe la capacidad operativa de esta institución para poder mejorar su desempeño, ampliar su cobertura de servicios y cumplir a cabalidad sus deberes y responsabilidades para revertir la impunidad y castigar a todas aquellas personas que transgreden la Ley y violentan los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, al no tomar en consideración e incorporar la SEFIN, en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso Nacional, el incremento solicitado por el MP, no solo se traduce en un mensaje desalentador, sino que también en una muy mal señal en este esfuerzo por combatir a los corruptos y criminales en el país, especialmente porque se puede constatar que las demás instituciones que conforman el Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras, si recibieron relevantes aumentos en sus asignaciones presupuestarias, mismos que contrastan con el tratamiento dado a quien debe enfrentar el reto de construir los requerimientos fiscales para que los que violentan el ordenamiento jurídico vigente y sean ejemplarmente castigados.
  • Como organizaciones que representamos a diferentes sectores de la sociedad, pedimos a los diputados del Congreso Nacional de la República, enmendar el grave error, y dar al MP el mismo trato como a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, e impedir que se margine a esta institución de los beneficios de un incremento digno de los recursos asignados para hacerle frente a sus responsabilidades y deberes durante el próximo año, y les instamos a modificar el Presupuesto General de la República con el propósito de satisfacer la petición de ente estatal.
  • De ser necesario, la APJ, recomienda a los legisladores a disminuir las asignaciones a otras Secretarías de Estado que –a lo largo de los últimos años- han venido viendo incrementados sus presupuestaos de forma extraordinaria, tal es el caso de la Secretaría de Defensa, y particularmente las Fuerzas Armadas; en el marco de la estrechez y necesidad, las decisiones políticas deben ir encaminadas a priorizar, y las falencias actuales del MP, son un imperativo categórico a enfrentar y un grave problema a resolver.
Incremento porcentual por operador

Incremento porcentual por operador

  • Finalmente, consideramos inaceptable el robo del expediente judicial del caso del asesinato de la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, mismo que dibuja –de cuerpo entero- la negligencia y falta de responsabilidad con la que algunos funcionarios judiciales se desempeñan en sus cargos; urgimos la expedita y efectiva intervención de las autoridades del Poder Judicial a fin de deducir las responsabilidades administrativas del caso y corregir los protocolos de manejo de la información y documentos a lo interno de los diferentes tribunales y demás instancias jurisdiccionales. Del mismo modo, exigimos una rigurosa investigación por parte del MP, a fin de castigar a los culpables de este hecho delictivo. Todos los funcionarios del Poder judicial deben saber que sus actuaciones deben realizarse en el marco de las facultades que les da la Ley, en estricto apego al mandato que están llamados a cumplir y sobre la base del decoro y la responsabilidad que sus cargos requieren. Que no se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados y responsables de la custodia y manejo del expediente judicial en mención, que no se corrija las falencias de procesos internos en los diferentes organismos judiciales y que no se esclarezca el robo de tan importante documentación de un caso emblemático que esta incrustado en el imaginario colectivo, continuará dando un muy mal mensaje a la población en general y a la comunidad internacional, y contribuirá a enraizar la impunidad de la cual tanto nos quejamos los hondureños

La APJ, reitera su compromiso de continuar ejecutando acciones conducentes a depurar, reformar y fortalecer las capacidades de las diferentes instituciones que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia del país, a fin de garantizar el pleno goce los derechos y libertades de los hondureños.

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500 millones de lempiras estaría necesitando el MP para potenciar capacidades

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  • Comisión Depuradora también ha demandado ampliar el presupuesto de operadores de justicia.
  • MP es quien menos presupuesto tiene asignado, en comparación con la CSJ, Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad.

El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, declaró que se necesitan alrededor de 500 millones de lempiras, para potenciar las capacidades del Ministerio Público (MP).

“Hay conciencia que es sumamente necesario apoyar a la institución y es por eso que como sociedad civil hemos señalado la necesidad de ampliar el presupuesto del MP para el ejercicio fiscal 2017, el cual requiere al menos 500 millones de lempiras para eficientar su labor” explicó Rivera.

Actualmente el MP funciona con un presupuesto de L. 1,415, 307,100, en contraste a L. 6, 710, 434,641 asignados a la Secretaría de Defensa, mientras que la Secretaría de Seguridad tiene asignado L. 5, 952, 735,239 y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se le destinó L. 1, 934, 954,800 para su presupuesto del 2016.

El también, coordinador de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera lamentó que “es difícil comprender como se puede empujar una frontal lucha contra la corrupción y la impunidad, cuando dos de los principales operadores de justicia, tanto el encargado de la investigación al crimen organizado y quien tiene la acción penal, como el encargado de juzgar y sancionar a quienes transgreden la ley, no cuenten con asignaciones presupuestarias importantes que mejoren las precarias condiciones que los mismos presentan”

La sociedad civil ha señalado la importancia de aumentar de manera equitativa la partida presupuestaria del sistema de justicia, defensa y seguridad del país, pues solo así podrá fortalecerse las capacidades de la institucionalidad estatal.

“Sin duda, la asimetría presupuestaria que hemos visto en los últimos años, disminuye la capacidad de respuesta de instituciones como el MP, lo que limita que este ente pueda cumplir a cabalidad con el mandato de ley, de investigar, perseguir y sancionar efectiva y oportunamente a los delincuentes y criminales en el país” finalizó Rivera.

De acuerdo a una investigación realizada por la APJ en el año 2015, en la última década, las instituciones del Sistema de Seguridad y Justicia que más han recibido recursos son la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional; de los L. 82 mil 955 millones asignados por el Congreso Nacional de la República al Sistema (2006 -2015), el 37% de los mismos fueron destinados a la Secretaría de Seguridad, mientras que el 34% se asignaron a la Secretaría de Defensa Nacional.

Mientras a las operaciones de Seguridad y Defensa se fijó más de dos terceras partes del presupuesto total del sistema, al Ministerio Público y al Poder Judicial, se le transfirió únicamente el 10% y el 19%, respectivamente, del total de los recursos aprobados por la asamblea legislativa, en el período del 2006 al 2015.

El MP cuenta con una importante demanda social en temas de corrupción, crimen organizado, delincuencia común y violaciones de derechos humanos como la niñez y mujeres, la cual difícilmente puede ser respondida si no se cuenta con recursos adecuados y justos.

Esta semana, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional solicitó al Congreso Nacional un incremento presupuestario a las entidades operadoras de justicia, con el fin de lograr fortalecer las capacidades de las instituciones y lograr un mejor combate a la criminalidad organizada y común.

Comisión Depuradora presentará primer informe ante Congreso Nacional

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Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional acudirá este miércoles al Congreso Nacional para presentar su primer informe trimestral sobre los avances del proceso iniciado en abril.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 21-2016 del 7 de abril de 2016 que dio vida a esta Comisión Especial, la misma debe “rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración”.

En tal sentido, ya está casi listo el reporte que los depuradores harán del conocimiento de la Junta Directiva del Poder Legislativo y las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el parlamento hondureña.

Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quien forma parte de la Comisión, manifestó que el informe de gestión del primer trimestre se circunscribirá a notificar a los legisladores sobre las actividades y logros obtenidos en el marco de las atribuciones conferidas por la asamblea legislativa.

“Vamos a informar a los diputados del Congreso Nacional sobre las cancelaciones, suspensiones y ratificaciones de agentes y oficiales de la Policía Nacional en función de su idoneidad, al tenor del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en la institución y la Secretaría de Seguridad”, dijo Rivera

Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora, explicó que también se trabaja en el diseño de un sistema para el seguimiento los policías depurados y la identificación de casos de corrupción y hechos criminales en los cuales están involucrados miembros de la carrera policial que deben ser enviados a entes contralores del Estado y operadores de justicia.

Por su parte, el pastor Alberto Solórzano, depurador y presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), señaló que “hemos evaluado casi unas 459 personas, se han ido más o menos el 42 por ciento de este número. Lo importante no es tanto las cantidades sino que el esfuerzo que estamos haciendo en función de un trabajo de reestructuración y depuración de la Policía”.

 


Apuntó además que “necesitamos evaluar qué es lo que viene después de todo este esfuerzo y si es meritorio que ciertas instituciones que se abrieron con la intensión de hacer lo que nosotros estamos haciendo, continúen”.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las siguientes atribuciones: 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

CANCELADOS, SUSPENDIDOS Y RATIFICADOS

Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, los mismos han procedido a evaluar a 459 altos oficiales, de los cuales nueve pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios y 33 de otros diferentes rangos. De ese total de 459 policías evaluados, 167 fueron cancelados, 20 fueron suspendidos, a 7 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 254 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.

De los nueve generales evaluados solamente tres fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.

 


De los 47 Comisionados de Policía, 23 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a cuatro se les autorizó el retiro voluntario y 16 fueron ratificados; mientras de los 108 Subcomisionados, 29 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, cuatro continúan en proceso de evaluación y 69 fueron ratificados.

Asimismo, de los 108 Comisarios de Policía, 35 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a uno se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, seis continúan en proceso de evaluación y 62 fueron autorizados a seguir desempeñándose en sus tareas policiales. Finalmente, en el rango de Subcomisarios, la Comisión Especial evaluó a 154 de los cuales 43 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, uno continúa siendo evaluado y 104 fueron ratificados.

Es relevante destacar que en este proceso de evaluación de la idoneidad de los miembros de la carrera policial, la Comisión Especial decidió cancelar a tres exdirectores generales de la Policía Nacional, “en razón de la nueva estructura en la institución”. Los cancelados son los Generales Ricardo Ramírez del Cid y Juan Carlos Bonilla Valladares; y por abandono del cargo al General Ramón Sabillón Pineda, quien según reportes de prensa y registros migratorios salió del país sin la autorización debida.

Otros miembros de la carrera policial han sido cancelados por diferentes motivos, en función del vencimiento de plazos de su condición de disponibilidad, muerte o por faltas relacionadas a desobediencia, amenazas a muerte y otras graves.

La mayoría de los oficiales cancelados fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, como consecuencia de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional. Según el criterio de los depuradores, estas funciones no “impactaban positivamente ni eran relevantes”.

Según Omar Rivera, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja. De acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, más de 40 millones de lempiras a los policías cancelados”.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL Y CREACIÓN DE LA LEY DE PERSONAL DE LA CARRERA POLICIAL

En los últimos días, la Comisión Especial también ha dedicado gran parte de su esfuerzo a analizar el contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial.

A criterio de Vilma Morales, también comisionada, “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.

 


El coordinador de la APJ indicó que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales”.

Las leyes, apuntó Rivera, deben además “propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

La Comisión Especial ha desarrollado intensas jornadas de trabajo a fin de poder entregar en los próximos días –durante su comparecencia al Congreso Nacional- las recomendaciones pertinentes a los proyectos de reforma a la legislación policial. “Hemos estado analizando las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y las remitiremos en el marco de la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y esperamos sean bien recibidas por la Comisión de Seguridad”, aspiró el dirigente de sociedad civil.

En reiteradas ocasiones, los miembros de la Comisión Especial han manifestado que “además de depurar, también están impulsando la transformación de la Policía Nacional que incluye el mejoramiento de su marco legal”.

EXPEDIENTES DE SUPUESTOS ILÍCITOS COMETIDOS POR POLICÍAS SERÁN REMITIDOS AL MP y TSC

Coincidentemente, en esta semana la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional enviará al MP y TSC varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y sobre los cuales pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales.

Al respecto, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y asesor de la Comisión Especial, Carlos Hernández, acotó que “son varias decenas” de expedientes los que estarían siendo remitidos ante el ente acusador del Estado y al organismo contralor de la República. “Si bien es cierto no me atrevería a especificar el número, sí puedo asegurar que son muchos”, afirmó Hernández.

La ASJ, Capitulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, ya tiene más de 80 denuncias procesadas a través de la plataforma de denuncia ciudadana “Honduras Denuncia” y la aplicación para dispositivos móviles “Dilo Aquí Honduras”, insumos importantes para estructurar los expedientes que serán remitidos a las autoridades correspondientes.

“Existen indicios que varios miembros de la carrera policial protegían delincuentes y se dedicaban a actividades criminales y corruptas, muchas de ellas recurrentes como la extorsión, secuestro, sicariato, robo de vehículos, lavado de activos y otras por el estilo. Asimismo, es notorio que todo este accionar ilegal tenía un reflejo repugnante en el enriquecimiento ilícito de los malos agentes y oficiales”, dijo al respecto el comisionado Omar Rivera.

Y agregó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Antes de hacerse presente ante el pleno del Congreso Nacional, los miembros de la Comisión Especial para Depuración y Transformación de la Policía Nacional, presentarán el martes un informe especial ante el Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, quien los nombró por un período de 12 meses para cumplir el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional el pasado 12 de abril.

Además de Rivera y Solórzano, forman parte de esta Comisión Especial: Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Julián Pacheco, Secretario de Seguridad, quien la preside. Como asesores fungen Carlos Hernández, presidente de ASJ, y German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); y como secretario, Jorge Machado, de la Confraternidad Evangélica de Honduras.

Resultados de la Depuración Policial

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