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Alianza por la Paz y la Justicia, seis años trabajando por la seguridad y justicia de Honduras

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  • Desde sus inicios la Alianza por la Paz y la Justicia ha trabajado en generar espacios de participación ciudadana para un desempeño eficaz y eficiente del sistema de justicia y seguridad en Honduras.
  • En 2018, la APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) surgió en 2012 en medio de un ambiente de violencia generalizada y marcado por crímenes perpetrados por miembros de la seguridad pública.

Desde entonces su propósito como plataforma de sociedad civil es demandar un efectivo y verdadero proceso de reforma en la seguridad pública de Honduras, con una policía preparada y confiable, una Fiscalía eficiente y una Corte Suprema de Justicia objetiva y ágil.

Como resultado de los constantes señalamientos de esta coalición de organizaciones de sociedad civil de la urgente necesidad de implementar acciones de profilaxis y reingeniería en la institución policial, en abril de 2016 el gobierno de Honduras crea la Comisión Nacional de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, con el objetivo de impulsar un proceso de evaluación de idoneidad de los miembros de la institución policial.

La Comisión Depuradora conformada por representantes de la sociedad civil y miembros del gobierno, impulsó procedimientos que dieron lugar a la salida obligatoria de policías vinculados al crimen organizado y narcotráfico, así como aquellos que no reunían un perfil idóneo y de moralidad que garantizara un servicio digno a la población.

A la fecha 4,925 policías salieron de la Policía Nacional por medio de la actuación de la Comisión de Depuración. La iniciativa incluyó el impulso y la aprobación de una nueva estructura orgánica, una nueva ley de policía y nueva ley de la carrera policial.

La plataforma ciudadana representada en la APJ también ha contribuido en fortalecer las capacidades de la población en la temática de seguridad y justicia, por lo que a través de los procesos formativos de Seguridad 101, jóvenes de los municipios de Siguatepeque, Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Catacamas, El Progreso y Tegucigalpa participaron en las jornadas de capacitación.

En 2017, más de 250 jóvenes pertenecientes a los capítulos regionales fueron instruidos sobre el contexto y entorno de la realidad de Honduras en la temática de seguridad y justicia.

Para 2018, la Alianza por la Paz y la Justicia aposta sus objetivos al fortalecimiento institucional del Ministerio Público y el Poder Judicial por medio de acciones que permitan una elección transparente del Fiscal General de la República, hacer más eficientes los procesos de selección de jueces y magistrados, impulsar las reformas provenientes de la gestión de la Comisión Nacional de Depuración y Transformación de la Policía Nacional y continuar con el empoderamiento ciudadano por medio del robustecimiento de los capítulos regionales de la APJ.

La APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en el país.

Acerca de la APJ

La APJ está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), el Grupo Sociedad Civil (GSC), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), World Visión Honduras (WVH), la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia MOPAWI, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transformemos Honduras (TH), el proyecto Aldea Global, movimiento Jóvenes Contra la Violencia (JCV), Comunidad Cristiana de Liderazgo, Alianza por el Dialogo, la Fundación Alfredo Landaverde, la Asociación para de Familiares y Víctimas de la Violencia, la organización Predicar y Sanar (PREDISAN), RED VIVA HONDURAS y el Espacio Regional de Occidente EROC.

 

 

 

Julieta Castellanos y Aurora Pineda, madres de jóvenes universitarios asesinados en 2011 publican carta a Comisión Depuradora de la Policía

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Tegucigalpa. A seis años de la muerte de los jóvenes universitarios Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, sus madres Julieta Castellanos y Aurora Pineda publican carta abierta a miembros de la Comisión Depuradora de la Policía donde expresan su gratitud y reconocimiento por la labor realizada.

Reproducimos a continuación la carta publicada:

CARTA PÚBLICA

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Nosotras, Julieta Castellanos y Aurora Rodríguez de Pineda, Madres de los Jóvenes RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS y CARLOS DAVID PINEDA RODRÍGUEZ, asesinados el 22 de octubre del 2011, por agentes de la Policía Nacional asignados a la Unidad Policial ubicada en el Barrio la Granja de Comayagüela, estamos expresando públicamente nuestro reconocimiento y gratitud a la Comisión Depuradora de la Policía, creada por el Congreso Nacional e integrada por el Ing. Omar Rivera, la Abogada Vilma Cecilia Morales, el Pastor Alberto Solorzano y el ministro de Seguridad General Retirado Julián Pacheco Tinoco, mismo que hacemos extensivo al equipo de asesores integrado por el Lic. Carlos Hernández, abogado German Leitzelar y el pastor Jorge Machado.

Como víctimas de agentes policiales criminales, comenzamos desde ese fatídico octubre una lucha constante para tener justicia por el asesinato de nuestros Hijos. En el largo camino constatamos que no solo éramos víctimas de los policías criminales, sino de una institución penetrada y cooptada por el crimen nacional e internacional, víctimas de la indiferencia, la complicidad, la cobardía, la colusión y la falta del cumplimiento de los deberes de algunos funcionarios del Estado. De allí que nuestra lucha trascendió del plano estrictamente personal a una demanda por la depuración de los policías corruptos y criminales que integraban la Policía Nacional, y contribuir a que otras Madres, Padres, Hermanos y familiares no pasen por la dolorosa tragedia de nuestras familias.

La Comisión de Depuración de la Policía fue la última iniciativa impulsada desde el Congreso Nacional, después de que el periódico New York Times publicara un informe que develaba la participación de oficiales policiales en el asesinato del Alfredo Landaverde.

Comisionados: deseamos expresarles que la responsabilidad que asumieron solo puede entenderse como un gesto de ciudadanos comprometidos y responsables. Asumieron una tarea que correspondía hacerla el Estado, sin calcular el riesgo personal y familiar al que se exponían. Les agradecemos que no se hayan detenido frente a los ataques, descalificaciones y difamaciones de las que han sido objeto. La grandeza de la tarea radica en no haberse desviado del camino y en los resultados que están entregando al país.

Reconocemos la voluntad política del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, y de los 128 Diputados que lograron consensos para aprobar las leyes y lograr estos objetivos. La tarea no está completa, pero es mucho más de lo que hubiésemos imaginado posible. Hace falta que los crímenes y los delitos sean investigados, y los responsables castigados, pero ello corresponde a otras estructuras de Estado responsables de la seguridad y la justicia.

Estimados Comisionados, su trabajo ha contribuido a que una casta hasta ahora intocable, ya no lo sea más. El trabajo que Ustedes han realizado debe sostenerse y profundizarse. Y en tal sentido, respetuosamente solicitamos al Congreso Nacional extender el periodo de funciones de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía.

Nuestro Reconocimiento y Gratitud a quienes contribuyen al fortalecimiento institucional.

 

Julieta Castellanos                                                                                   Aurora de Pineda

Comisión Depuradora de la Policía rinde cuentas ante sociedad civil

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  • Comisión Depuradora ha evaluado a 4,934 policías desde su creación en abril de 2016.
  • APJ se comprometió a respaldar acciones de incidencia para la aprobación de reformas policiales.

Tegucigalpa. A ocho meses de gestión la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha evaluado 4,934 miembros de la policía, de los cuales 2,581 han sido depurados; según informaron hoy los integrantes del órgano depurador.

Los miembros de la Comisión conversaron sobre los principales logros de la Comisión Especial, durante un encuentro que se sostuvo con la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en donde participaron representantes de sociedad civil.

Durante el informe se detalló que del total de los policías depurados, el 28% corresponde a oficiales de alto rango, es decir oficiales y suboficiales; el 4% a personal auxiliar y el restante 68% a la escala básica.

reunión comisión-apj2

Además en la reunión se estableció una agenda compartida entre la Comisión y diversas organizaciones de sociedad civil representadas en la plataforma ciudadana de la APJ.

En la agenda de trabajo discutida prevaleció el interés por seguir incidiendo para que se apruebe la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial, herramientas que permitan que el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional de Honduras admita únicamente a aquellos policías que tienen los méritos idóneos para elevarse al grado inmediato superior.

“Los planteamientos de la ciudadanía representada en la APJ coinciden con las prioridades de la Comisión, que es tener un marco jurídico actualizado que permita que los ascensos se hagan en función de méritos y buen desempeño”, señaló Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora y presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Por su parte, Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, se mostró agradecido por el respaldo de las iglesias, organizaciones no gubernamentales y universidades «al proceso de profilaxis y reingeniería a los diferentes organismos policiales». 

«El respaldo de la sociedad civil nos motiva a continuar con la reforma policial; especialmente porque hemos coincidido con los dirigentes de la APJ, que es fundamental darle sostenibilidad a los cambios implementados en los 9 meses de gestión de la Comisión Especial», expresó.

La APJ ratificó su interés y compromiso de dar seguimiento al proceso de ascensos policiales a fin que en los mismos se le de privilegio a los méritos, buen desempeño e idoneidad.

Participaron en la reunión, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Amanda Madrid, presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Caritas; Óscar Chicas, director ejecutivo de Word Visión Honduras (WVH); Aurora de Pineda, Coordinadora de la Asociación de Víctimas de la Violencia (AVV); Carlos Hernández y Kenneth Madrid, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Oswaldo Munguía, director de MOPAWI; Luis León, sub coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ); Vilma Morales, integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional; y Omar Rivera, coordinador de la APJ y miembro de la Comisión.

Urge aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, declaró este miércoles que “el proceso de depuración policial se revitalizará con la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en el parlamento”.

Rivera, indicó -como lo ha hecho en varias ocasiones- que “la coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia”.

“Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”, reiteró nuevamente el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

El integrante de la Comisión Especial expresó que “sin bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

“Urge aprobar estas dos importantes legislaciones, ¡urge! Es necesario que la junta directiva del Congreso Nacional lo coloque en la agenda y los congresistas las aprueben” sugirió.