Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional señaló este martes que “la sostenibilidad de políticas públicas en contra de los actos ilícitos cometidos por los integrantes de las maras y pandillas es el factor clave para tener éxito en la lucha en contra de estos transgresores de la Ley».

A criterio de Rivera, quien también es coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, «las políticas deben ser formuladas e implementadas considerándolas estrategias de Estado y no acciones de gobierno que concluyen cuando termina el mandato del Presidente de turno”.

“La creación de los entes de inteligencia e investigación criminal que los persiguen, la acción articulada de varias instituciones operadoras de justicia en su contra, la incautación y decomiso de sus activos obtenidos de forma ilícita, la privación absoluta de la libertad de sus líderes más agresivos y la persecución de sus aliados más relevantes en la institucionalidad pública, tienen a los miembros de maras y pandillas contra la pared, asfixiados y sometidos a una hostil acción por parte del Estado que nunca antes habían experimentado; estas intervenciones deben continuar y formalizarse y convertirse en políticas de Estado de obligatorio cumplimiento”, reflexionó.

Además, manifestó que “la reingeniería institucional del sistema de seguridad y justicia en el país ha permitido crear nuevas entidades de inteligencia e investigación criminal que han puesto especial énfasis en perseguir los delitos a los cuales normalmente se dedican las maras y pandillas”.

“La transformación de la corrupta e ineficiente Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en la moderna Dirección Policial de Investigaciones (DPI); la puesta en marcha de la nueva Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP), especializada en delitos complejos cometidos por bandas del crimen organizado; y la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado y la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), ha permitido ejecutar una acción focalizada y exitosa en contra de mareros y pandilleros en aquellas actividades ilegales de recurrencia, por ejemplo: extorsión, narcomenudeo y lavado de activos, entre otros”, agregó.

Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil indicó que “maras y pandillas han enfrentado las intervenciones coordinadas de varias entidades del Estado a través de plataformas de articulación territorial como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que sigue directrices del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, está generalizada actuación coordinada de policías, investigadores, fiscales, jueces y militares, ha sido un obstáculo para que los facinerosos continúen haciendo de las suyas en barrios, colonias, aldeas y caseríos de las principales ciudades del país”.

“El desmontaje de la estructura económica construida ilícitamente por las maras y pandillas, ha golpeado fulminantemente a estas organizaciones criminales; sacudir sus finanzas, como lo ha hecho el MP, con operaciones como ‘Avalancha’, ha debilitado a estas redes criminales en gran medida. El aseguramiento de bienes, la incautación y decomiso de los mismos, y la persecución penal por el delito de lavado de activos representa una evidencia concreta de la voluntad política de los operadores de justicia de quitar el manto de impunidad que ha arropado a los mareros en Honduras; sin lugar a dudas este tipo de acciones deben continuar”, continuó.

Asimismo, el depurador consideró que “la decisión gubernamental de confinar a cárceles de máxima seguridad a los principales y más agresivos líderes las maras y pandillas debe ser una norma, pues est neutraliza operaciones delictivas que -lamentablemente- eran dirigidas desde los centros penitenciarios del país; el envío de los más agresivos e influyentes pandilleros al ‘Pozo’, ha sido un contundente latigazo
a las andanzas de estos criminales”.

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Finalmente, afirmó que “el hecho que se hayan iniciado acciones de depuración en las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, ha permitido expulsar del andamiaje estatal a funcionarios corruptos que se constituían en aliados de los miembros de las maras y pandillas; la profilaxis realizada por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional permitió cancelar a más de 2 mil altos oficiales y agentes de escala básica, muchos de los cuales facilitaban a mareros y pandilleros la comisión de delitos graves”.

“La limpieza policial debe continuar como hasta ahora, pues las maras y pandillas ahora cuentan con una menor cantidad de malos policías que les ayudan a cometer pillerías en las diferentes circunscripciones departamentales, municipales y metropolitanas”, propuso.

Rivera declaró que “la agresividad con la cual están intentando reaccionar los mareros y pandilleros es natural y predecible; por tal razón,
las autoridades estatales deben responder con inteligencia, fuerza y valentía”.

“Sin duda alguna, las maras y pandillas están contra la pared, limitadas en su accionar perverso, sin oxígeno y avasallados por una recia actitud de la autoridad del Estado, hecho inédito en la vida nacional; pero para que esto continúe debe haber sostenibilidad en el accionar estatal; le corresponde a la ciudadanía a estar vigilante que no se baje la guardia y que se logre judicializar expeditamente y castigar ejemplarmente esta conducta inapropiada de estos inadaptados sociales”, concluyó.