El pasado 9 y 10 de enero de 2022 fueron asesinados Pablo Hernández y Thalía Rodríguez, quienes en vida fueran, dos reconocidas personas defensoras de los derechos humanos de grupos lencas e indígenas y de la comunidad LGTBI, respectivamente, y quienes realizaban una notable labor incidiendo para promover iniciativas que protegen a las poblaciones históricamente excluidas y quienes públicamente denunciaban los ataques de los que eran víctimas por hacer dicha incidencia.

Honduras cuenta con los más altos índices de violencia e inseguridad para defensores de derechos humanos en la región de Latinoamérica. Durante 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, registró incidentes violentos contra al menos 208 personas defensoras de derechos humanos y 93 periodistas, de los cuales 10 fueron asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Ante estos hechos que violentan los derechos fundamentales de la sociedad civil, la plataforma Juvenil de la APJ, se pronuncia en los siguientes términos:

Primero: Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el 97% de los delitos contra personas defensoras de los derechos humanos queda impune; por otro lado, el índice de impunidad de los crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGTBI es del 91%, siendo de las tasas más altas de la región. Por lo que hacemos un llamado a los operadores de justicia, especialmente al Ministerio Público, a realizar diligente y de manera pronta una investigación, que permita la judicialización contra los responsables, para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Segundo: Estas acciones dantescas son claramente, uno de los factores que menguan la participación ciudadana a través de las violaciones fundamentales de la sociedad civil reduciendo el espacio cívico y, por ende, debilitando la democracia en Honduras. Pedimos a las autoridades estatales respetar los derechos y no aplicar leyes que atentan contra la libertad de expresión, libertad de manifestación pacífica, libertad de asociación y de acceso a la información como las suscritas en el Congreso Nacional, en octubre de 2021.

Tercero: Para generar certidumbre y confianza en el sistema de seguridad y justicia debe garantizarse, estructuralmente, el goce efectivo de los derechos humanos y la protección de defensores. También es muy importante que se suscriba a un sistema de reporteo estadístico que permita ofrecer a la sociedad civil, la comunidad internacional y el pueblo en general el seguimiento de las acciones.

Cuarto: Desde esta plataforma juvenil de sociedad civil, reiteramos nuestra disposición para brindar asistencia técnica a operadores de seguridad y justicia mediante la implementación de procesos y medidas sistémicas para la reducción de la impunidad de homicidios, la prevención de agresiones y la protección de personas defensoras de los derechos humanos.

Extendemos nuestra solidaridad con los familiares de Pablo Hernández y de Thalía Rodríguez, deseando que Dios consuele sus corazones en estos momentos tan duros.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de enero de 2022

Plataforma Juvenil de APJ