Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional acudirá este miércoles al Congreso Nacional para presentar su primer informe trimestral sobre los avances del proceso iniciado en abril.
Según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 21-2016 del 7 de abril de 2016 que dio vida a esta Comisión Especial, la misma debe “rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración”.
En tal sentido, ya está casi listo el reporte que los depuradores harán del conocimiento de la Junta Directiva del Poder Legislativo y las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el parlamento hondureña.
Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quien forma parte de la Comisión, manifestó que el informe de gestión del primer trimestre se circunscribirá a notificar a los legisladores sobre las actividades y logros obtenidos en el marco de las atribuciones conferidas por la asamblea legislativa.
“Vamos a informar a los diputados del Congreso Nacional sobre las cancelaciones, suspensiones y ratificaciones de agentes y oficiales de la Policía Nacional en función de su idoneidad, al tenor del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en la institución y la Secretaría de Seguridad”, dijo Rivera
Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora, explicó que también se trabaja en el diseño de un sistema para el seguimiento los policías depurados y la identificación de casos de corrupción y hechos criminales en los cuales están involucrados miembros de la carrera policial que deben ser enviados a entes contralores del Estado y operadores de justicia.
Por su parte, el pastor Alberto Solórzano, depurador y presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), señaló que “hemos evaluado casi unas 459 personas, se han ido más o menos el 42 por ciento de este número. Lo importante no es tanto las cantidades sino que el esfuerzo que estamos haciendo en función de un trabajo de reestructuración y depuración de la Policía”.
Apuntó además que “necesitamos evaluar qué es lo que viene después de todo este esfuerzo y si es meritorio que ciertas instituciones que se abrieron con la intensión de hacer lo que nosotros estamos haciendo, continúen”.
De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las siguientes atribuciones: 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.
Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.
CANCELADOS, SUSPENDIDOS Y RATIFICADOS
Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, los mismos han procedido a evaluar a 459 altos oficiales, de los cuales nueve pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios y 33 de otros diferentes rangos. De ese total de 459 policías evaluados, 167 fueron cancelados, 20 fueron suspendidos, a 7 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 254 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.
De los nueve generales evaluados solamente tres fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.
De los 47 Comisionados de Policía, 23 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a cuatro se les autorizó el retiro voluntario y 16 fueron ratificados; mientras de los 108 Subcomisionados, 29 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, cuatro continúan en proceso de evaluación y 69 fueron ratificados.
Asimismo, de los 108 Comisarios de Policía, 35 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a uno se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, seis continúan en proceso de evaluación y 62 fueron autorizados a seguir desempeñándose en sus tareas policiales. Finalmente, en el rango de Subcomisarios, la Comisión Especial evaluó a 154 de los cuales 43 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, uno continúa siendo evaluado y 104 fueron ratificados.
Es relevante destacar que en este proceso de evaluación de la idoneidad de los miembros de la carrera policial, la Comisión Especial decidió cancelar a tres exdirectores generales de la Policía Nacional, “en razón de la nueva estructura en la institución”. Los cancelados son los Generales Ricardo Ramírez del Cid y Juan Carlos Bonilla Valladares; y por abandono del cargo al General Ramón Sabillón Pineda, quien según reportes de prensa y registros migratorios salió del país sin la autorización debida.
Otros miembros de la carrera policial han sido cancelados por diferentes motivos, en función del vencimiento de plazos de su condición de disponibilidad, muerte o por faltas relacionadas a desobediencia, amenazas a muerte y otras graves.
La mayoría de los oficiales cancelados fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, como consecuencia de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional. Según el criterio de los depuradores, estas funciones no “impactaban positivamente ni eran relevantes”.
Según Omar Rivera, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja. De acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, más de 40 millones de lempiras a los policías cancelados”.
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL Y CREACIÓN DE LA LEY DE PERSONAL DE LA CARRERA POLICIAL
En los últimos días, la Comisión Especial también ha dedicado gran parte de su esfuerzo a analizar el contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial.
A criterio de Vilma Morales, también comisionada, “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.
El coordinador de la APJ indicó que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales”.
Las leyes, apuntó Rivera, deben además “propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.
La Comisión Especial ha desarrollado intensas jornadas de trabajo a fin de poder entregar en los próximos días –durante su comparecencia al Congreso Nacional- las recomendaciones pertinentes a los proyectos de reforma a la legislación policial. “Hemos estado analizando las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y las remitiremos en el marco de la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y esperamos sean bien recibidas por la Comisión de Seguridad”, aspiró el dirigente de sociedad civil.
En reiteradas ocasiones, los miembros de la Comisión Especial han manifestado que “además de depurar, también están impulsando la transformación de la Policía Nacional que incluye el mejoramiento de su marco legal”.
EXPEDIENTES DE SUPUESTOS ILÍCITOS COMETIDOS POR POLICÍAS SERÁN REMITIDOS AL MP y TSC
Coincidentemente, en esta semana la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional enviará al MP y TSC varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y sobre los cuales pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales.
Al respecto, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y asesor de la Comisión Especial, Carlos Hernández, acotó que “son varias decenas” de expedientes los que estarían siendo remitidos ante el ente acusador del Estado y al organismo contralor de la República. “Si bien es cierto no me atrevería a especificar el número, sí puedo asegurar que son muchos”, afirmó Hernández.
La ASJ, Capitulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, ya tiene más de 80 denuncias procesadas a través de la plataforma de denuncia ciudadana “Honduras Denuncia” y la aplicación para dispositivos móviles “Dilo Aquí Honduras”, insumos importantes para estructurar los expedientes que serán remitidos a las autoridades correspondientes.
“Existen indicios que varios miembros de la carrera policial protegían delincuentes y se dedicaban a actividades criminales y corruptas, muchas de ellas recurrentes como la extorsión, secuestro, sicariato, robo de vehículos, lavado de activos y otras por el estilo. Asimismo, es notorio que todo este accionar ilegal tenía un reflejo repugnante en el enriquecimiento ilícito de los malos agentes y oficiales”, dijo al respecto el comisionado Omar Rivera.
Y agregó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.
INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Antes de hacerse presente ante el pleno del Congreso Nacional, los miembros de la Comisión Especial para Depuración y Transformación de la Policía Nacional, presentarán el martes un informe especial ante el Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, quien los nombró por un período de 12 meses para cumplir el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional el pasado 12 de abril.
Además de Rivera y Solórzano, forman parte de esta Comisión Especial: Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Julián Pacheco, Secretario de Seguridad, quien la preside. Como asesores fungen Carlos Hernández, presidente de ASJ, y German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); y como secretario, Jorge Machado, de la Confraternidad Evangélica de Honduras.
Resultados de la Depuración Policial
cumplan mis derechos.” 
