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Representante juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia participará en elaboración del Informe Nacional de Desarrollo Humano

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  • Dos de los jóvenes hondureños seleccionados son parte del equipo de colaboradores de ASJ y la plataforma Alianza por la Paz y la Justicia.
  • Los jóvenes serán parte de 12 líderes juveniles seleccionados entre 46 postulantes.

 

Tegucigalpa. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte del proceso de elaboración del noveno Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH), seleccionó 12 jóvenes partícipes de organizaciones que trabajan en pro de la juventud para ser la voz juvenil, por primera vez, dentro del Consejo Nacional Consultivo (CNC) para la elaboración de dicho informe.

Dentro de los 12 jóvenes seleccionados bajo una convocatoria dirigida a hondureños entre los 18 y 33 años, con experiencia en el área del desarrollo humano y con conocimiento de la realidad nacional, se encuentra Hillary Gómez, miembro activo de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), y Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización aliada de la APJ.

Ambos postulantes fueron seleccionados a través de un proceso basado en competencia entre 46 jóvenes de las más de 65 organizaciones invitadas a participar.

Hillary Gómez es una de las fundadoras de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y desde sus inicios en la APJ ha promovido acciones de movimiento que han permitido un rol protagónico de la juventud en temas de seguridad y justicia.

“Para mí es un privilegio estar en medio de jóvenes talentosos y poder tener representación en el Consejo Nacional Consultivo, reafirmo mi compromiso de siempre seguir trabajando y esperando algún día ver a una Honduras diferente”, compartió Gómez.

Gómez resaltó que “hoy más que nunca tenemos la oportunidad de establecer un antes y un después con una juventud que se ha hecho escuchar, y que desea ver una Honduras transformada para las siguientes generaciones”.

Por su parte, Jerez se ha caracterizado por impulsar de manera activa reformas que aseguren la transparencia y participación ciudadana en los procesos electorales.

“Es un fruto del trabajo que hemos podido hacer no solo yo, sino con todo el equipo de trabajo, pero también la responsabilidad del compromiso de no solo quedar en la selección, sino hacer un buen trabajo”, expresó.

Asimismo, recalcó que espera que no sea solamente un espacio de apertura en la integración de jóvenes, sino una participación real en la discusión, formulación de análisis y propuestas.

Dentro de los requisitos clave para los postulantes era la presentación de un pequeño ensayo sobre ¿Qué cualidad describe a una Honduras transformada?, eje clave en los capítulos ya expuestos en anteriores informes.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) retoma, contextualiza y propone un conjunto nuevo de estrategias y políticas públicas, fundamentadas en los aportes de diversos actores de la sociedad hondureña, considerando el contexto actual de país, según lo asegura su sitio oficial.

El CNC es liderado por Richard Barathe, actual representante residente del PNUD en Honduras. Asimismo, es integrado por personalidades reconocidas en el país en el ámbito académico, sociedad civil y empresa privada.

El INDH abordará ciertos temas centrales para el desarrollo sostenible como son: el crecimiento y el empleo; el estado de derecho; el fortalecimiento institucional, la trasparencia e integridad; la seguridad ciudadana; el cambio climático, la prevención de desastres y la resiliencia; temas que convergen con las temáticas que impulsa la ASJ, como parte de su misión de trabajar por una sociedad más justa, en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Una Honduras con paz, justicia y seguridad, la cruzada impulsada por la Alianza por la Paz y la Justicia

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  • Fortalecimiento de capacidades, acciones de participación social, propuestas e investigación han sido parte de las iniciativas promovidas desde la APJ en los últimos ocho años.

Con una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, por muchos años Honduras ha tenido que hacer frente a los problemas de violencia e inseguridad. En medio de este ambiente de violencia generalizada, surge en 2012 la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), plataforma de sociedad civil que promueve iniciativas encaminadas a demandar un efectivo y verdadero proceso de reforma en la seguridad pública de Honduras.

En los últimos ocho años, la APJ ha venido trabajando constantemente, impulsando acciones para un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en el país.

Esta plataforma ciudadana también ha contribuido a fortalecer las capacidades de la población en materia de justicia y seguridad, por medio del proceso formativo “Seguridad 101”.

Desde el año 2015 que se inició con este programa de formación, la APJ ha logrado capacitar a más de 1,500 personas, quienes han sido instruidas sobre el contexto y entorno de la realidad de Honduras en la temática de seguridad y justicia, las múltiples causas de la criminalidad y delincuencia y a tener consciencia del importante rol que juega la sociedad civil en el monitoreo y seguimiento al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia.

Para 2018, la APJ a través de sus capítulos regionales de las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa, ha unido esfuerzos para impulsar los encuentros de mesas bipartitas; espacios donde representantes de sociedad civil y autoridades locales trabajan de manera conjunta para analizar la problemática de violencia y construir una agenda común de trabajo que dé respuesta a los problemas de inseguridad, desde una óptica local.

Asimismo, la APJ ha venido trabajando por la juventud en Honduras, mediante la coordinación de actividades de movimiento y participación ciudadana para promover iniciativas que contribuyen a prevenir la violencia en todas sus expresiones. Como consecuencia de sus acciones, en 2019 la plataforma Juvenil de la APJ presentó una propuesta de reformas a la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud, donde la juventud tuvo un rol protagónico en la construcción de dichas propuestas de reforma.

La labor de esta coalición de organizaciones va más allá. La APJ estimula el conocimiento mediante trabajos de investigación que contribuyan al empoderamiento ciudadano en procesos de incidencia.

Como muestra, en el mes de agosto de 2020 la APJ presentó su tercer Informe de Impunidad en Homicidios, estudio que recoge las cifras de homicidios y sentencias judiciales a nivel nacional y departamental durante los años 2010-2019, así como un análisis de las muertes violentas de miembros de grupos vulnerables y la judicialización e impunidad de estos casos.

Es mediante esta sinergia de acciones integrales que la plataforma ciudadana que representa la APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en el país, con el propósito de trabajar para fomentar una Honduras de paz, justicia y seguridad.

Jóvenes analizan impacto de pandemia en webinar “Una mirada durante y después del COVID-19”

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  • En el conversatorio participaron representantes de la Plataforma Juvenil de la APJ de las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa.

Tegucigalpa. En el marco de la emergencia por COVID-19 y con el propósito de analizar el impacto que esta pandemia está teniendo sobre la población joven de Honduras, este martes, integrantes de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizaron un conversatorio virtual.

En el webinar participaron los coordinadores de los capítulos de la Plataforma Juvenil de APJ: Hillary Gómez, de El Progreso; Ericka Germer, de Tegucigalpa; Ariel Mayes, Edwin Molina y Karen Torres, de San Pedro Sula; Nelsy Barahona y Joel Alemán, de Santa Rosa de Copán; asimismo, se contó con la participación de los profesionales de la salud Miguel Reyes y Marco Matute.

En una primera etapa, se generó un espacio de reflexión sobre el rol de los medios de comunicación en medio de esta crisis y la manera en como los jóvenes han reaccionado ante la emergencia sanitaria.

“En estos momentos los medios de comunicación tienen un papel fundamental para informar y orientar a la ciudadanía, es importante que la información que se difunde sea veraz y no información que alarme a la población”, mencionó Ariel Mayes, integrante de la plataforma juvenil.

Del mismo modo, los jóvenes discutieron sobre el impacto que el Coronavirus tendrá en el campo laboral y el desarrollo del país; al tiempo que analizaron escenarios futuros de cara a la pandemia sanitaria que afecta a Honduras.

“Es necesario que los tomadores de decisión busquen las medidas correctas que permitan mantener la estabilidad económica del sector empresarial y con ello se pueda cumplir las obligaciones con la clase trabajadora del país”, indicó Edwin Medina, del capítulo en San Pedro Sula.

Finalmente, los miembros de la APJ reiteraron la importancia de la función social que realizan los jóvenes mediante las acciones de voluntariado, generando un impacto positivo en los sectores en condiciones de vulnerabilidad que se ven más afectados por la pandemia.

El foro “Una mirada durante y después del COVID-19” fue transmitido en vivo, a través de la página en Facebook de la Alianza por la Paz y la Justicia.

Miembros de APJ conocen proceso de modernización del sistema educativo policial e investigación criminal

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  • Integrantes de la coalición ciudadana de la APJ visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP).
  • Los representantes de la sociedad civil también conocieron el laboratorio de Criminalística de la Dirección de Investigación Policial (DPI).

Tegucigalpa. Integrantes de la plataforma ciudadana de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP) ubicado en el departamento de La Paz, con el objetivo de conocer los avances en materia de reforma del sistema educativo policial.

Durante la visita al ITP, los agentes policiales realizaron una exposición para mostrar el proceso de formación que cursan durante un período de 11 meses en las áreas de derechos humanos, seguridad ciudadana, defensa personal, patrullaje urbano, legislación, arma y tiro, solución de conflictos, primeros auxilios, laboratorios, escena del crimen y operaciones especiales.

El proceso de fortalecimiento de la principal unidad de formación policial ha experimentado mejoras en infraestructura siendo el ITP uno de los tres centros de capacitación policial más modernos de América Latina.

De igual manera, los miembros de la APJ, visitaron las instalaciones del Laboratorio de Criminalística de la Dirección Policial de Investigación (DPI), de la Policía Nacional de Honduras, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, con el fin de conocer los avances del sistema de investigación criminal en Honduras.

Los miembros de la sociedad civil conocieron las herramientas técnicas para los procesos de investigación científica, peritajes forenses en el mejor laboratorio de criminalística de la región centroamericana. 

El recorrido fue acompañado por los representantes de la APJ, quienes realizan trabajo de auditoría social en los capítulos de Tela, La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) busca contribuir a fomentar una Honduras con paz, justicia y seguridad propiciado por un mejor desempeño del Sistema de Justicia y Seguridad, en forma consistente con los principios de gobernabilidad democrática, con énfasis en control interno, rendición de cuentas, transparencia y una sociedad activa en la construcción de paz y justicia.

APJ realiza asamblea general y anuncia foro de análisis crítico al presupuesto de Defensa, Seguridad y Justicia

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Tegucigalpa. En el marco de una jornada de planeación estratégica para el año 2020, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) desarrolló su Asamblea General, donde fue presentado el plan de acción de la APJ para los próximos meses, como parte de los procesos que son impulsados para promover reformas integrales al sistema de seguridad y justicia de Honduras.

En el encuentro, los representantes de 20 organizaciones aliadas que conforman la plataforma ciudadana conocieron el trabajo realizado por la APJ en los componentes de investigación, movimiento-regionalización e incidencia; en las temáticas priorizadas donde destaca la impunidad en homicidios, prevención de violencia, fortalecimiento a los entes de investigación criminal, gestión financiera de la Tasa de Seguridad y la asignación presupuestaria para operadores de justicia y seguridad.

Durante los últimos meses, la APJ ha logrado incidir para presentar ante autoridades de Gobierno una propuesta de Reforma a la Política Pública Nacional de Prevención de Violencia. Al mismo tiempo, la APJ ha presentado los resultados de las investigaciones sobre el Segundo informe sobre Impunidad en Homicidios correspondiente al período 2010-2017, así como la realización de los diagnósticos de las entidades operadoras de seguridad y justicia en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Siguatepeque, Choloma, Tela y La Ceiba, con énfasis en el ejercicio de veeduría ciudadana y formulación de planes de incidencia política para la mejora de las unidades policiales de las localidades antes señaladas.

Durante la Asamblea General de la APJ se anunció la realización del foro “Análisis crítico al presupuesto 2020 del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia de Honduras”, evento que se llevará a cabo el día martes 4 de febrero, a partir de las 10:00 a.m. en el salón Justicia de la sede de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Tegucigalpa.

Asistieron a la Asamblea General de la APJ, entre otros, representantes: Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Asociación de Prevención y Educación en Salud Integral, Sexualidad y Derechos Humanos en Tela (APREST), Asociación de Víctimas de la Violencia en Honduras (AVVH), Espacio Regional de Occidente (EROC), Forosida, Jóvenes contra la Violencia – Honduras, Jóvenes en Acción, Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), Pastoral Social Cáritas, Transformemos Honduras, Young Leaders, y la plataforma juvenil de Cristianos Valientes.

APJ demanda asignación presupuestaria integral a Seguridad, Justicia y Defensa

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  • Poder Judicial, Secretaría de Seguridad y Ministerio Público han sido las instituciones con menor incremento en su presupuesto en los últimos 10 años.

Tegucigalpa. Una asignación presupuestaria integral para los entes de Defensa, Seguridad y Justicia en el país, exigió este martes la plataforma ciudadana de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

La exigencia de la APJ se dio en el marco de la presentación del informe Evolución Histórica del Presupuesto de Seguridad y Justicia 2010-2020, donde se realizó un análisis a la asignación presupuestaria del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Defensa.

Al realizar una comparación del crecimiento porcentual entre el Presupuesto General y los presupuestos de las diferentes instituciones del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia del país en los últimos 10 años, se observa cómo en un 228.13% el presupuesto para la Secretaría de Defensa es superior al incremento que han tenido las otras entidades, pasando de L.2,593,527,900 en 2010 a L 8,477,312,046.00 en 2020.

En tanto, el Poder Judicial ha sido el más afectado en su presupuesto, sufriendo tres disminuciones (2010-2015 y 2020). La investigación muestra que el Poder Judicial pasó de recibir L 1,501,269,700 en 2010 a L 2,601,312,929.00 en 2020, para un aumento de 73.27%.

La Secretaría de Seguridad, en el período analizado, pasó de recibir L 2,925,364,800.00 en el año 2010 a L 6,808,329,984.00 en 2020, para un aumento de 132.73%.

Por su lado, el Ministerio Público que tiene la responsabilidad de la investigación y acción penal en el país, ha tenido un aumento de 171.01% en su presupuesto; al pasar de L 776, 889,500.00 en 2010 a L 2,105,475,158.00 en 2020, teniendo en una década un incremento de apenas L 1,328,585,658.00.

Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que «para poder exigir resultados efectivos a las diferentes instituciones de seguridad y justicia, se requiere dotarlos de los suficientes recursos humanos, logísticos y financieros que permitan fortalecer la capacidad institucional de estos operadores, y permitir con ello ampliar la cobertura, cumplir con sus deberes y responsabilidades y, mejorar la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía”

Mientras, la coalición ciudadana de la APJ apuntó que “se han realizado asignaciones presupuestarias importantes para el sistema de seguridad, lo que se refleja en una disminución considerable en los índices de homicidios, pero en menos escala al sistema de justicia y como consecuencia una mínima disminución en el índice de impunidad; por lo tanto al revisar su distribución, ha sido poco equitativo entre las dependencias limitado el cumplimiento de resultados y no solventa el problema de inseguridad y justicia”.

En el caso de la tasa de homicidios que se reportaba en un 77.5% en el año 2010, bajó a 41.4% en 2020, cuando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad incrementó de L 3,025,464,800 (2010) a L 6,583,476,835 (2020).

De la misma manera, el índice de Impunidad pasó de 96.4% (2010) a 87.3% (2017), en el período en el cual el presupuesto del Poder Judicial aumentó en L 1,100,043,229.00.

En el marco de la presentación del informe, la APJ recomendó analizar y reestructurar la asignación presupuestaria, generando mayor equidad en la distribución de recursos y así fortalecer el ciclo y tiempo de respuesta del sistema de Seguridad y Justicia. Al tiempo de que los fondos de la Tasa de Seguridad sean manejados con mayor transparencia, garantizando el acceso a la información pública.

Foro "Análisis del presupuesto 2020 del sistema de Seguridad, Justicia y Defensa"

Acerca de la APJ
La APJ es coalición de organizaciones y redes de la sociedad civil que realiza auditoría social, incidencia política y genera espacios de participación ciudadana inclusiva para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad de Honduras.

Organizaciones de sociedad civil piden a las autoridades reformar política de prevención de violencia contra la niñez y la juventud

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Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil agrupadas en la plataforma Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) solicitaron este miércoles a las autoridades reformar la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud en Honduras.

La solicitud fue presentada formalmente durante la Cumbre Nacional Juvenil por la Prevención de la Violencia, organizada por la APJ, a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, representada por la Subsecretaría de Prevención; la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev), Comisionado Nacional de Derechos Humanos y Red Parlamentaria de Jóvenes del Congreso Nacional.

En dicho evento, la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia hizo público un comunicado en el que sostiene que la Política Nacional de Prevención de Violencia aprobada en el año 2013 no incluye lineamientos específicos que respondan a la evolución de los fenómenos actuales de la violencia hacia la juventud, no abre los espacios al manejo regional de los lineamientos de la misma y tampoco establece mecanismos de participación de los jóvenes en su implementación.

En ese sentido, los jóvenes proponen reformas orientadas a permitir y promover un rol protagónico de la juventud en la actualización e implementación de la Política Nacional de Prevención de Violencia; así como la regionalizar el Consejo de Prevención de la Violencia, a fin de lograr una mayor participación y empoderamiento de las comunidades y la sociedad civil de cada región en el impulso de las acciones de prevención de violencia.

Además, instaron a las autoridades a estudiar e identificar los tipos de violencia de los que son objeto los jóvenes, con el objetivo de diseñar respuestas adecuadas a su dinámica y naturaleza.

Y es que diagnósticos de Percepción de la Seguridad y Victimización de la Juventud, así como Diagnósticos Locales de Situación de la Seguridad y la Justicia en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Comayagua y Siguatepeque, realizados por la Plataforma Juvenil de la APJ, revelan que más del 65% de los delitos de homicidio se cometen en perjuicio de jóvenes de entre 15 y 29 años.

Igualmente, los resultados mostraron entre este segmento de consultados una fuerte desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, que se sienten altamente vulnerables en los espacios públicos especialmente en las calles y parques e inclusive en sus centros educativos
Entre las organizaciones de sociedad civil que suscriben la petición figuran: la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juventud Siglo Veintiuno (Jusive), Red Viva y miembros de la plataforma APJ.

Cumbre Nacional Juvenil por la Prevención de la Violencia

Alianza por la Paz y la Justicia realizó asamblea general y anuncia cumbre juvenil sobre prevención de la violencia

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Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), plataforma ciudadana de la sociedad civil que realiza auditoria social e incidencia política ante las entidades del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras, llevó a cabo su Asamblea General Anual con la participación de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académica e iglesias del país.

Durante más de 4 horas los representantes de la membresía de la APJ, discutieron en torno a las actividades realizadas durante el año 2019 y los planes a ser ejecutados durante el 2020, destacando los resultados de las investigaciones sobre la Evolución Histórica del Presupuesto del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia de Honduras, y el Segundo informe sobre Impunidad en Homicidios correspondiente al período 2010-2017, así como la realización de los diagnósticos de las entidades operadoras de seguridad y justicia en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Siguatepeque, Choloma, Tela y La Ceiba, con énfasis en el ejercicio de veeduría ciudadana y formulación de planes de incidencia política para la mejora de las unidades policiales de las localidades antes señaladas.

Del mismo modo, entre los acuerdos tomados para las intervenciones durante el año 2020, se priorizaron el monitoreo al desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia del país, con una aproximación a control ciudadano en las comunidades en las cuales se cuenta con capítulos locales; asimismo, fortalecer la Plataforma Juvenil de la APJ, para que se siga desarrollando capacidades a sus integrantes y puedan tener mayores competencias en la exigencia de mayor especialización de los entes estatales encargados de garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país.

Asistieron a la Asamblea General de la APJ, entre otros, representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transformemos Honduras, Fundación Alfredo Landaverde, Asociación de Víctimas de la Violencia en Honduras (AVVH), World Vision Honduras (WVH), Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI), Jóvenes contra la Violencia – Honduras, Espacio Regional de Occidente (EROC), Proyecto Aldea Global (PAG), Red Viva Honduras, Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y la plataforma juvenil de Cristianos Valientes.

Asamblea de la Alianza Paz y Justicia 2019

CUMBRE NACIONAL JUVENIL POR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Durante la Asamblea General de la APJ, se hizo el anuncio de la celebración de la Cumbre Nacional Juvenil por la Prevención de la Violencia, evento que se llevará a cabo el día miércoles 13 de noviembre de 2019, a partir de las 9:30 a.m. en el salón Célebre del Hotel Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa, MDC.

En esta Cumbre la Plataforma Juvenil de la APJ, presentará su propuesta de reforma a la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud en Honduras.

Jóvenes líderes de la APJ, harán la presentación oficial del paquete de reformas a esta importante Política Pública, a la Designada Presidencial Olga Alvarado, y a funcionarios representantes de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, Consejo de Prevención de la Violencia (COPREV), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y Red Parlamentaria de Jóvenes del Congreso Nacional de la República, entre otros.

Organizaciones de sociedad civil realizan foro de auditoría social e incidencia política

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  • Policía Nacional será capacitada para brindar mejor atención a grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones de sociedad civil conocerán seguimiento que DPI da a las denuncias recibidas a través del 911.

Tegucigalpa. Distintas organizaciones de sociedad civil participaron este lunes en el foro “Auditoría Social e Incidencia Política: Herramientas para la mejora del desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras”.

El espacio fue desarrollado con el objetivo de presentar los resultados de un proceso de veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.

El informe de los veedores sociales establece que la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.

“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.

Entre los hallazgos destaca también que los establecimientos de los distritos policiales no cuentan con accesibilidad ni servicios para personas con discapacidad o algunas necesidades especiales, y que tampoco hay personal capacitado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe, de las patrullas asignadas a la UMEP 1 el 79% se encuentra en estado regular, el 15% como chatarra y apenas 6% en buen estado, mientras el 97% de las motos asignadas se encuentran no operativas o en estado chatarra, un 3% en estado regular y 0% en buen estado.

En respuesta a los hallazgos presentados, las organizaciones de sociedad civil y autoridades policiales acordaron realizar acciones puntuales que permitan mejorar las condiciones de las postas policiales.

Foro de auditoría social e incidencia política

Entra las acciones conjuntas a implementar se contempla un proceso de sensibilización a miembros de la Policía Nacional en atención a grupos vulnerables como el sector de discapacidad y personas de la comunidad LGTBI.

Además, las organizaciones de sociedad civil conocerán por parte de la Policía Nacional el funcionamiento del nuevo modelo de Policía Comunitaria y la metodología de trabajo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a fin de conocer el seguimiento que se da a las denuncias recibidas a través de la línea de emergencia 911.

En el espacio de discusión participaron: Argedia Reyes, coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia; Félix Colindres, comisionado de la Policía Nacional de Honduras; Jenny Aguilar, especialista en auditoría social de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Carol Aragón, representante de la Asociación Daniel; Jose Aguiriano en representación de la Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), entre otros.

La Ceiba: Presentan resultados de veedurías sociales realizadas a postas policiales

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  • Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.

La Ceiba. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este lunes los resultados de la veeduría ciudadana efectuada a estaciones policiales de la ciudad de La Ceiba.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a unidades policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de La Ceiba participaron las organizaciones: Madre, Tierra, Verde y Humana, y Jóvenes contra la Violencia.

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en las estaciones policiales: Unidad Departamental de Prevención (UDEP) número 1, la estación municipal Satuyé y la estación municipal El Porvenir.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Dirección Policial de Investigación es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que espacios como: las habitaciones policiales, baños, oficinas de atención al cliente y celdas, se encuentran en mal estado debido a falta de mantenimiento y reparación, limpieza, instalaciones eléctricas improvisadas o escasez en el suministro de agua.

Además, apunta problemas que necesitan ser atendidos como prioridad por la institución, entre ellos los altos índices de violencia juvenil (maras y pandillas), menores de edad expuestos a reclutamiento y crimen organizado, consumo y venta de drogas, así como tráfico de armas en barrios y colonias.

En ese sentido, entre las soluciones proponen campañas de sensibilización y prevención, la creación de una política pública municipal de prevención de la violencia juvenil y la elaboración de un análisis forense de procesos. Para tal fin, además de la activa participación policial, se contempla la participación de la Corporación Municipal de La Ceiba, la Dirección Distrital de Educación y del Poder Judicial.