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APJ se reúne con presidente de CSJ para dar seguimiento a reformas penales y certificación de personal judicial

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  •  Rivera: “Reformas penales podrían ser mejor aprovechadas si Policía, Ministerio Público y Poder Judicial son depurados”
  • Defensa Pública e Inspectoría General de Tribunales serán sometidos a procesos de mejoras.

Tegucigalpa. Integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), abogado Rolando Argueta, con el fin de dar seguimiento a las acciones que se impulsan para fortalecer las capacidades del Poder Judicial.

Durante el encuentro fueron discutidos los avances en el proceso de reforma de los diferentes organismos judiciales, así como la certificación del recurso humano del Poder Judicial con énfasis en la certificación de jueces, magistrados y personal auxiliar.

Omar Rivera, coordinador general de la APJ, aseguró que las reformas penales que se proponen y la reingeniería al marco jurídico, estratégico e institucional de las entidades que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, solamente tendrán un efecto positivo en la población, si -en paralelo- se impulsan agresivos procesos de evaluación e investigación del recurso humano que labora en ellas.

«Únicamente los más competentes y decentes policías, investigadores, fiscales, jueces y magistrados deben formar parte de la estructura estatal; los mediocres y coludidos con el crimen organizado y la delincuencia común deben ser expulsados», concluyó.

Omar Rivera, valoró como positivo que el Fiscal General del Estado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hayan anunciado la certificación de los empleados del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial; ojalá sea como se está haciendo en la Policía Nacional: «de arriba hacia abajo y priorizando en sacar a las manzanas podridas».

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Delincuentes deben recibir un mensaje claro y contundente del Congreso, reformas penales deben aprobarse de inmediato

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Transformación de la Policía Nacional, manifestó que «genera un mensaje confuso eso de no consensuar medidas en contra de los criminales y delincuentes».

Así se refirió el depurador al estancamiento de la aprobación de las reformas penales que recientemente remitió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de la República.

«Yo le hago un llamado a todos los diputados para que superen las diferencias que tienen y aprueben lo antes posible las medidas pertinentes que brinden a las autoridades operadoras de justicia esas efectivas herramientas que faciliten vencer a los más malos« expresó.

El dirigente de la sociedad civil dijo que «en el marco de este proceso electoral que apenas inicia, los candidatos a cargos de elección popular, que abundan en el hemiciclo legislativo, deben estar convencidos que la mejor forma de decir es hacer y si quieren demostrarle al pueblo hondureño de su compromiso con la temática de seguridad y justicia, deben tomar decisiones, no bloquearlas».

«A los criminales no se les puede dar trato aterciopelado, se les debe hacer saber que el castigo será severo e implacable» señaló.

Asimismo, Rivera, consideró que «en una embestida irregular y sangrienta como a la que está siendo sometida la población por parte de narcos, mareros y bandidos, los policías, fiscales y jueces deben contar con las condiciones ideales para cumplir su mandato».

«Las reformas deben aprobarse lo antes posible, no hay espacio para la moderación frente a los que con desenfreno roban, extorsionan y matan» sentenció.

REFORMAS PODRÍAN SER MEJOR APROVECHADAS SI POLICÍA, MP Y PODER JUDICIAL SON DEPURADOS

El integrante de la Comisión Especial aseguró que las reformas penales que se proponen y la reingeniería al marco jurídico, estratégico e institucional de las entidades que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, solamente tendrán un efecto positivo en la población, si -en paralelo- se impulsan agresivos procesos de evaluación e investigación del recurso humano que labora en ellas.

«Únicamente los más competentes y decentes policías, investigadores, fiscales, jueces y magistrados deben formar parte de la estructura estatal; los mediocres y coludidos con el crimen organizado y la delincuencia común deben ser expulsados» concluyó.

Omar Rivera, valoró como positivo que el Fiscal General del Estado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hayan anunciado la certificación de los empleados del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial; ojalá sea como se está haciendo en la Policía Nacional: «de arriba hacia abajo y priorizando en sacar a las manzanas podridas».

Mediante la participación ciudadana, Grupo Sociedad Civil impulsa el respeto a los derechos humanos

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  • GSC forma parte de la plataforma de organizaciones de la APJ.
  • Sánchez: “Necesitamos una participación incluyente y diversa”

En un país caracterizado por desafíos de desarrollo cada vez más complejos, en donde figuran el aumento de la desigualdad, obstáculos para la profundización de la gobernabilidad democrática, el irrespeto a los derechos humanos y la coartación a la participación ciudadana; la inclusión de la sociedad civil se convierte en un recurso vital para promover la acción ciudadana hacia el desarrollo y una democracia participativa mediante el apoyo a la acción colectiva.

Bajo este precepto surge el Grupo Sociedad Civil (GSC), organización que se constituye a partir de la Ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza como un pacto entre Estado y Sociedad Civil.

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El GSC es una organización de carácter civil que impulsa espacios donde puedan ser armonizados y representados los interés y aspiraciones de los sectores y foros regionales de la sociedad civil organizada.

Bajo el liderazgo de la escritora Jessica Sánchez, actualmente el GSC promueve procesos de incidencia que garanticen el cumplimiento de las autoridades en temas como respeto a los derechos humanos, seguridad, justicia y libertad de expresión.

“Desde nuestros inicios hemos impulsado una constructiva dinámica de trabajo que facilita el intercambio de información y nutrir de experiencias propias que permitan poner un alto a la violación de derechos a la población” mencionó Jessica Sánchez.

Esta organización está compuesto de once sectores sociales: sector mujer, pueblo indígenas y afro, sector obrero campesino, empresa privada, pequeña y mediana empresa, discapacidad, tercera edad, juventud y el sector LGTBI.

El GSC constituye un aliado estratégico para el trabajo de incidencia, coordinación y seguimiento que promueve la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) de demandar un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras.

En ese sentido, Sánchez ha destacado la importancia de los cambios que se necesitan impulsar en el país de forma urgente “y más de esos cambios que deben darse en el sistema de seguridad del país, y que deben darse abriendo la participación de forma incluyente y diversa, sobre todo para aquellos sectores que han estado más vulnerados en esa situación de inseguridad y estoy hablando de las mujeres, pueblos indígenas; juventud y recientemente la población LGTBI”.

La expectativa de la APJ y sus organizaciones miembros es tener una Honduras con paz, justicia y seguridad sobre la base de una buena gestión del Sistema de Justicia y Seguridad hondureño con respeto a los derechos humanos y la transparencia.

APJ me quitó la venda de los ojos: Hillary Gómez

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Tegucigalpa. Con tan solo 21 años de edad, Hillary Gómez es una de las jóvenes más conocidas en la ciudad de El Progreso. Su dinamismo es una de las principales características de esta joven egresada del proceso formativo “Seguridad 101” que promueve la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en distintas ciudades del país.

Gómez, entendió que para poder tener un país mejor se requiere de la participación de todos, así que decidió ser parte del cambio y tal como ella lo dice “quitarse la venda de los ojos” para conocer sus derechos, pero también sus deberes.

“APJ me dio a mí un estilo de vida diferente, ahora sé bien cuál es el papel que cada quien juega en nuestra sociedad; sé cuáles son las funciones de cada operador de seguridad y justicia, pero también sé cuáles son mis responsabilidades como ciudadana”, dijo Hillary.

El conocimiento adquirido, le ha servido a ella para poder compartir lo aprendido con otros de su entorno “ahora mis compañeros, vecinos y hasta de mi familia llegan y me preguntan a qué entidad deben acudir cuando tienen algún problema”.

No obstante, sostiene que le entristece la apatía e indiferencia de la gente. «Desearía decirles a todos que es momento de reaccionar, pero que no solo hablando o criticando. El país necesita de hondureños valientes que puedan ser el cambio que necesita Honduras».

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Hillary Gómez, egresada del proceso de formación “Seguridad 101”.

Actualmente, Hillary Gómez forma parte de los jóvenes voluntarios del Capítulo Regional de la APJ en El Progreso, donde impulsa actividades de capacitación que involucra a otros jóvenes, así como representantes de la sociedad civil.

Acerca de “Seguridad 101”

En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) inicia el proceso de formación denominado “Seguridad 101”; programa destinado a desarrollar las capacidades de dirigentes de organizaciones no gubernamentales, academia e iglesias, para que realicen efectivas intervenciones de auditoría social e incidencia política ante los tomadores de decisiones del sistema de seguridad y justicia en el país.

APJ y Fiscal General del Estado definen ruta de trabajo en proceso de certificación del personal del MP

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  • Sociedad civil promueve la capacitación y formación de nuevos fiscales.
  • MP inició el proceso para la contratación de 400 funcionarios.

Tegucigalpa. Representantes de la plataforma ciudadana Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron este miércoles con el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla para definir la metodología y ruta a seguir en el proceso de certificación del recurso humano del Ministerio Público.

En este encuentro se logró formalizar la propuesta del acompañamiento y apoyo que la sociedad civil hará para potenciar las capacidades de las fiscalías.

A través de un trabajo de evaluación en la gestión de la Fiscalía de Delitos Comunes, la APJ ha logrado identificar las debilidades y falencias que presenta esta fiscalía, y que no permiten atender con efectividad la gran demanda que existe por parte de la sociedad.

Ahora, en esta nueva etapa se busca implementar este proceso de evaluación a las demás fiscalías especiales, para iniciar la certificación del personal y paralelamente un proceso de capacitación y formación de nuevos servidores del Ministerio Público, mediante una formación continua e integral.

Así como sucedió en la Policía Nacional, la APJ ha identificado dentro del Ministerio Público cómo el brazo de la corrupción también abrazó a las distintas fiscalías, por lo que resulta imprescindible buscar un mecanismo que garantice la idoneidad en el perfil de los fiscales.

Durante la jornada de trabajo, los representantes de la sociedad civil, aglutinados en la APJ, manifestaron su interés en garantizar una reducción de la mora judicial e investigativa a fin de que se vea reflejado en una reducción de los niveles de impunidad en el país.

Actualmente el promedio de atención en el Ministerio Público es de un fiscal por cada 200 expedientes, por lo que se busca ampliar el recurso humano de las fiscalías.

En ese sentido, el Ministerio Público (MP) ha iniciado con el proceso de contratación de nuevo personal que permita a la Fiscalía continuar con la lucha contra los distintos flagelos que abaten el país, entre ellos la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común.

En total serán contratados 400 fiscales que se sumarán a los 819 existentes.

APJ impulsará proceso de certificación de recurso humano en el Poder Judicial y Ministerio Público

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  • En asamblea general organizaciones aliadas de la APJ definen líneas de acción para el 2017.
  • Un efectivo proceso de depuración policial y apertura de capítulos destacan en logros de 2016.

Tegucigalpa. En el marco de una jornada de evaluación y planeación estratégica, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó una asamblea general con sus organizaciones miembros, a quienes fue presentado el plan de acción de la APJ para los próximos meses como parte de los procesos que son impulsados para promover reformas integrales al sistema de seguridad y justicia.

En el encuentro los representantes de 20 organizaciones aliadas que conforman la plataforma ciudadana, conocieron el trabajo realizado por la APJ en los componentes de investigación, movimiento-regionalización, comunicaciones – campaña e incidencia; en las temáticas priorizadas donde destaca la impunidad en homicidios, depuración policial, fortalecimiento a los entes de investigación criminal, gestión financiera de la Tasa de Seguridad y la asignación presupuestaria para operadores de justicia y seguridad.

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Durante los últimos meses, la APJ ha logrado incidir para desarrollar de manera efectiva un proceso integral de depuración policial, el cual a través de la conformación de una Comisión Especial de Depuración y Transformación ha alcanzado sacar de la estructura policial a 2,581 policías que no cumplían con los criterios de idoneidad que requiere la institución.

Al mismo tiempo, la APJ ha ejercido una presión sana para impulsar un proceso de reforma de la currícula policial, se ha demandado el fortalecimiento en la lucha contra la criminalidad y violencia en el país, logrando de parte de las autoridades mejoras en las labores de investigación criminal, así como una reducción de la mora judicial.

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Además, gracias a las acciones ejercidas desde la sociedad civil se ha incidido para contar con una distribución más equitativa en el presupuesto asignado a los operadores de seguridad y justicia, obteniendo un incremento del 53% al presupuesto de la Secretaría de Seguridad.

Los aliados de APJ conocieron además los avances que en materia de regionalización se han alcanzado, los cuales se concretizan con la apertura y consolidación de seis capítulos regionales en las ciudades de Catacamas, San Pedro Sula, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso y Copán.

El espacio también dio la oportunidad de analizar sobre el contexto y coyuntura nacional y reflexionar en torno a los retos y desafíos de la sociedad civil para este 2017.

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En ese sentido, se anunció que para este año se certificará la selección del recurso humano del Poder Judicial y Ministerio Público (donde ya se comenzó proceso para encontrar 400 nuevos funcionarios entre ellos varios fiscales), tarea con las que se aspira potenciar la modernización de la gestión en fiscalías y juzgados.

Los representantes de las organizaciones que integran la APJ manifestaron su satisfacción en torno a las acciones emprendidas por esta plataforma en el proceso de exigir cambios al sistema de seguridad y justicia de Honduras, con una participación activa de la sociedad civil.

Capítulo Regional de la APJ en Siguatepeque revisará las capacidades de los operadores de seguridad y justicia local

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  • El capítulo regional de APJ en Siguatepeque es representado por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil de esa ciudad.
  • APJ cuenta con seis capítulos que funcionan en los municipios de Copán, San Pedro Sula, El Progreso, Catacamas, Comayagua y Siguatepeque.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) a través de su capítulo regional de Siguatepeque, sostuvo un encuentro con la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil de ese municipio, a fin de diseñar su estructura de trabajo e incidencia para el presente año 2017.

Durante la reunión se conformó una comisión de trabajo que tendrá la tarea de desarrollar un plan de incidencia local que permita unir esfuerzos entre los operadores de justicia y seguridad y sociedad civil de Siguatepeque, para dar respuestas a los problemas que se enfrentan en materia de seguridad y justicia.

Además, como parte de las primeras acciones que serán lideradas por el Capítulo Regional de la APJ en Siguatepeque se anunció el inicio de un proceso de inventariado del recurso humano y logístico de cada operador de seguridad y justicia local a fin de identificar las debilidades de cada institución, revisar sus capacidades y definir una agenda común de trabajo con las autoridades.

La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil local de Siguatepeque, que representa a la APJ en ese municipio, tiene como misión apoyar y orientar a los operadores de justicia en las limitantes que estos presentan y que permitan mejorar sus funciones.

Por su parte, los capítulos regionales de la APJ son plataformas ciudadanas creadas con el fin de potenciar el liderazgo de la sociedad civil y mediante acciones de incidencia directa promover la atención y respuesta a las mayores necesidades en materia de seguridad y justicia a nivel local.

Participaron en esta reunión del capítulo regional de APJ en Siguatepeque representantes del Ministerio Público de ese municipio, Cuerpo de Bomberos de Honduras; Policía Nacional, Red de Salud de Siguatepeque, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), integrantes del Proyecto DEBORAH del Programa Aldea Global (PAG), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Poder Judicial, Oficina Municipal de la Mujer de Siguatepeque, la Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque (CCIS) y miembros del Registro Civil.

Jóvenes sampedranos analizan situación de inseguridad, violencia y derechos humanos en el país

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  • Una propuesta para la reducción de homicidios fue presentada por los jóvenes sampedranos.
  • La APJ impulsa el liderazgo de la sociedad civil a nivel local, a través de sus capítulos regionales.

Los voluntarios de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en San Pedro Sula realizaron el primer foro juvenil “Una perspectiva actual sobre el entorno de violencia e inseguridad que vive la juventud de San Pedro Sula” evento que contó con la participación de más de 200 estudiantes de colegios y universidades, así como miembros de sociedad civil.

Durante el encuentro fue analizada la situación que se vive en esa ciudad del norte de Honduras, en el tema de derechos humanos, así como la estructura del Estado y su efectividad para atender las demandas que en materia de justicia y seguridad se presentan en ese sector del país.

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El foro que se desarrolló en el auditorio de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) contó con la presencia de expositores como el catedrático universitario, Ramón Barrios; Joaquín Mejía, especialista en el tema de derechos humanos y Luis León, subcoordinador de la APJ.

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Por su parte, los jóvenes asistentes presentaron una propuesta de ideas inclusivas que permita la reducción de la criminalidad y violencia en San Pedro Sula mediante una participación activa de la población.

Al finalizar el evento y en un acto simbólico los jóvenes lanzaron al cielo globos de color blanco en memoria de los hondureños que han sido víctimas de la violencia y como un clamor de paz en Honduras.

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Iniciativas como estas son promovidas por los capítulos regionales de la APJ, con el fin de desarrollar las capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

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Actualmente la APJ cuenta con capítulos regionales en las ciudades de Santa Rosa de Copán, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Catacamas y Siguatepeque.

Comisión Depuradora de la Policía rinde cuentas ante sociedad civil

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  • Comisión Depuradora ha evaluado a 4,934 policías desde su creación en abril de 2016.
  • APJ se comprometió a respaldar acciones de incidencia para la aprobación de reformas policiales.

Tegucigalpa. A ocho meses de gestión la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha evaluado 4,934 miembros de la policía, de los cuales 2,581 han sido depurados; según informaron hoy los integrantes del órgano depurador.

Los miembros de la Comisión conversaron sobre los principales logros de la Comisión Especial, durante un encuentro que se sostuvo con la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en donde participaron representantes de sociedad civil.

Durante el informe se detalló que del total de los policías depurados, el 28% corresponde a oficiales de alto rango, es decir oficiales y suboficiales; el 4% a personal auxiliar y el restante 68% a la escala básica.

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Además en la reunión se estableció una agenda compartida entre la Comisión y diversas organizaciones de sociedad civil representadas en la plataforma ciudadana de la APJ.

En la agenda de trabajo discutida prevaleció el interés por seguir incidiendo para que se apruebe la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial, herramientas que permitan que el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional de Honduras admita únicamente a aquellos policías que tienen los méritos idóneos para elevarse al grado inmediato superior.

“Los planteamientos de la ciudadanía representada en la APJ coinciden con las prioridades de la Comisión, que es tener un marco jurídico actualizado que permita que los ascensos se hagan en función de méritos y buen desempeño”, señaló Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora y presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Por su parte, Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, se mostró agradecido por el respaldo de las iglesias, organizaciones no gubernamentales y universidades «al proceso de profilaxis y reingeniería a los diferentes organismos policiales». 

«El respaldo de la sociedad civil nos motiva a continuar con la reforma policial; especialmente porque hemos coincidido con los dirigentes de la APJ, que es fundamental darle sostenibilidad a los cambios implementados en los 9 meses de gestión de la Comisión Especial», expresó.

La APJ ratificó su interés y compromiso de dar seguimiento al proceso de ascensos policiales a fin que en los mismos se le de privilegio a los méritos, buen desempeño e idoneidad.

Participaron en la reunión, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Amanda Madrid, presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Caritas; Óscar Chicas, director ejecutivo de Word Visión Honduras (WVH); Aurora de Pineda, Coordinadora de la Asociación de Víctimas de la Violencia (AVV); Carlos Hernández y Kenneth Madrid, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Oswaldo Munguía, director de MOPAWI; Luis León, sub coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ); Vilma Morales, integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional; y Omar Rivera, coordinador de la APJ y miembro de la Comisión.

No se puede fallar en esta lucha contra las maras: Omar Rivera

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional dijo que «el Estado debe demostrar su fortaleza en esta lucha en contra de las maras y pandillas; no se puede fallar».

Así reaccionó Rivera, ante el comunicado de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, en relación a la muerte del comunicador social Igor Padilla, ocurrida en el Barrio Suyapa de la ciudad de San Pedro Sula, en el cual se señala que «los indicios preliminares indican que los hechores  que perpetraron este acto que terminó con la vida del periodista están vinculados con miembros activos de una organización criminal de  maras y pandillas; del mismo modo, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), informó la mañana de este miércoles la detención de un presunto integrante de la Mara 18, quien está siendo investigado por el crimen del periodista hondureño Igor Padilla.».

«Si ya se sabe quiénes son y donde están, qué hacen y cómo lo hacen, no hay excusa que valga; las autoridades estatales deben vencer en esta confrontación entre quien quebranta la Ley y quien la debe hacer cumplir», manifestó.

«Se debe ser implacable; eso espera la población», reflexionó el dirigente de la sociedad civil.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Días anteriores, Omar Rivera, expresó que “la sostenibilidad de políticas públicas en contra de los actos ilícitos cometidos por los integrantes de las maras y pandillas es el factor clave para tener éxito en la lucha en contra de estos transgresores de la Ley; las políticas deben ser formuladas e implementadas considerándolas estrategias de Estado y no acciones de gobierno que concluyen cuando termina el mandato del Presidente de turno”.

El también coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), declaró que “la agresividad con la cual están intentando reaccionar los mareros y pandilleros es natural y predecible; por tal razón, las autoridades estatales deben responder con inteligencia, fuerza y valentía”.

“Sin duda alguna, las maras y pandillas están contra la pared, limitadas en su accionar perverso, sin oxígeno y avasallados por una recia actitud de la autoridad del Estado, hecho inédito en la vida nacional, pero para que esto continúe debe haber sostenibilidad en el accionar estatal; le corresponde a la ciudadanía a estar vigilante que no se baje la guardia y que se logre judicializar expeditamente y castigar ejemplarmente esta conducta inapropiada de estos inadaptados sociales”, concluyó.