alianzaporlapazylajusticia | alianza por la paz y la justicia

Entradas

Fundación Landaverde reconoce participación de jóvenes en concurso “Sin miedo a la verdad”

16 agosto, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

• Jóvenes de Honduras, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Chile respondieron a la convocatoria.

Tegucigalpa. La Fundación Alfredo Landaverde reconoció este jueves la participación de medio centenar de jóvenes en el concurso literario y artístico “Sin miedo a la verdad: Dígalo en papel”, en homenaje al prócer moderno asesinado por señalar la corrupción y el narcotráfico.

El concurso “Sin miedo a la verdad: Dígalo en papel” fue anunciado en mayo, con el objetivo de fomentar la expresión artística juvenil bajo el legado de esperanza, justicia, paz y lucha anticorrupción de Alfredo Landaverde.

La iniciativa, organizada por la Fundación Alfredo Landaverde, contó con el auspicio de la Subsecretaría de Prevención en Seguridad, la Alianza por la Paz y Justicia (APJ) y Ediciones Ramsés.

En total, 47 jóvenes entre los 18 y 35 años procedentes de Honduras, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Chile, participaron enviando sus trabajos literarios tales como: ensayos, poemas, cuentos, relatos y dramas.

Para la selección de los ganadores se tomaron en cuenta criterios de conocimiento de la vida de Alfredo Landaverde y sus valores, originalidad, profundidad en el planteamiento, así como calidad narrativa.

El primer lugar fue otorgado a Hilcia Gabriela Mejía Banegas, por ensayo “Alfredo Landaverde, semilla de justicia, frutos de paz”; el segundo lugar, a Jorge Enrique Montoya, quien presentó el relato crítico “El mártir Alfredo Landaverde”; el tercer lugar correspondió a Daniel Armando Coello Flores, por su ensayo “Ideales que trascienden fronteras”; y el cuarto, a Lázaro Jesús Murillo Álvarez, autor del poema “Propuesta literaria y artística”. Otros seis participantes recibieron mención honorífica por parte del jurado calificador.

Vea la fotogalería haciendo clic sobre las flechas:

“Las denuncias de Alfredo alertando sobre la violencia y la corrupción que significaba no enfrentar el narcotráfico, son más actuales que nunca. Su voz está viva en los corazones nobles y honrados de Honduras”, señaló Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde.

Landaverde fue coordinador de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y experto en temas de seguridad. Después de denunciar la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y sus conexiones con el crimen organizado en un programa de la televisión, fue acribillado por sicarios la mañana del 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa mientras se conducía en su automóvil junto a su esposa.

La Fundación Alfredo Landaverde fue fundada en marzo 2012, tras el asesinato del zar antidroga, con el objetivo de honrar el trabajo de su vida en pro de la justicia.

Jóvenes piden al Estado invertir en prevención de la violencia y en educación

12 agosto, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

En el Día Internacional de la Juventud, Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia condenó hechos de represión contra estudiantes y universitarios.
Encuesta revela que más de 40% de jóvenes teme ser víctima de un acto de violencia.

Tegucigalpa. En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) pidió este lunes al Estado hondureño destinar más recursos a la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y a la educación.

La plataforma, a través de sus capítulos en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa, emitió un pronunciamiento en el que revela los resultados de la Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de Violencia en Jóvenes.

El sondeo destaca que el 40% de jóvenes ha sido víctima de un delito violento en los últimos 12 meses y que cerca del 40% tienen temor de ser víctimas de un delito violento, rondando el 50% en ciudades como Tegucigalpa, El Progreso y San Pedro Sula, tres de las más grandes del país.

Mientras en ciudades como Santa Rosa de Copán, uno de los municipios con altos porcentajes de violencia intrafamiliar o doméstica, al 27.9% de los encuestados le preocupa ser víctima de algún delito.

Y es que, en Honduras, el 60% de las víctimas de homicidio oscila entre los 15 y 29 años. Por otro lado, unos 800,000 jóvenes no tienen acceso a educación ni a un empleo.

Ante la realidad imperante, la Plataforma Juvenil de la APJ calificó como “imperativas la planificación y ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención como principal herramienta para la reducción de la violencia, tanto hacia jóvenes como la población en general”.

De igual manera, abogó por el fortalecimiento de la educación formal y potenciar proyectos de educación no formal de jóvenes, “para estimular tanto el buen desempeño de este sector poblacional, así como garantizar el buen uso del tiempo de estas y estos”.

Con respecto a incidentes contra estudiantes y universitarios en los que han tenido participación fuerzas de seguridad pública, la Plataforma exigió al Estado un “cese a la militarización de la sociedad, así como cualquier tipo de represión que ponga en precario la integridad de las y los jóvenes a nivel nacional”.

La Plataforma Juvenil de la APJ busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenta con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz acciones de incidencia política y defensa social relacionadas con el tema de seguridad y justicia.

+ Lea el pronunciamiento:

Organizaciones de sociedad civil realizan foro de auditoría social e incidencia política

29 julio, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

Policía Nacional será capacitada para brindar mejor atención a grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones de sociedad civil conocerán seguimiento que DPI da a las denuncias recibidas a través del 911.

Tegucigalpa. Distintas organizaciones de sociedad civil participaron este lunes en el foro “Auditoría Social e Incidencia Política: Herramientas para la mejora del desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras”.

El espacio fue desarrollado con el objetivo de presentar los resultados de un proceso de veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.

El informe de los veedores sociales establece que la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.

“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.

Entre los hallazgos destaca también que los establecimientos de los distritos policiales no cuentan con accesibilidad ni servicios para personas con discapacidad o algunas necesidades especiales, y que tampoco hay personal capacitado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe, de las patrullas asignadas a la UMEP 1 el 79% se encuentra en estado regular, el 15% como chatarra y apenas 6% en buen estado, mientras el 97% de las motos asignadas se encuentran no operativas o en estado chatarra, un 3% en estado regular y 0% en buen estado.

En respuesta a los hallazgos presentados, las organizaciones de sociedad civil y autoridades policiales acordaron realizar acciones puntuales que permitan mejorar las condiciones de las postas policiales.

Entra las acciones conjuntas a implementar se contempla un proceso de sensibilización a miembros de la Policía Nacional en atención a grupos vulnerables como el sector de discapacidad y personas de la comunidad LGTBI.

Además, las organizaciones de sociedad civil conocerán por parte de la Policía Nacional el funcionamiento del nuevo modelo de Policía Comunitaria y la metodología de trabajo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a fin de conocer el seguimiento que se da a las denuncias recibidas a través de la línea de emergencia 911.

En el espacio de discusión participaron: Argedia Reyes, coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia; Félix Colindres, comisionado de la Policía Nacional de Honduras; Jenny Aguilar, especialista en auditoría social de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Carol Aragón, representante de la Asociación Daniel; Jose Aguiriano en representación de la Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), entre otros.

La Ceiba: Presentan resultados de veedurías sociales realizadas a postas policiales

1 julio, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.

La Ceiba. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este lunes los resultados de la veeduría ciudadana efectuada a estaciones policiales de la ciudad de La Ceiba.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a unidades policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de La Ceiba participaron las organizaciones: Madre, Tierra, Verde y Humana, y Jóvenes contra la Violencia.

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en las estaciones policiales: Unidad Departamental de Prevención (UDEP) número 1, la estación municipal Satuyé y la estación municipal El Porvenir.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Dirección Policial de Investigación es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que espacios como: las habitaciones policiales, baños, oficinas de atención al cliente y celdas, se encuentran en mal estado debido a falta de mantenimiento y reparación, limpieza, instalaciones eléctricas improvisadas o escasez en el suministro de agua.

Además, apunta problemas que necesitan ser atendidos como prioridad por la institución, entre ellos los altos índices de violencia juvenil (maras y pandillas), menores de edad expuestos a reclutamiento y crimen organizado, consumo y venta de drogas, así como tráfico de armas en barrios y colonias.

En ese sentido, entre las soluciones proponen campañas de sensibilización y prevención, la creación de una política pública municipal de prevención de la violencia juvenil y la elaboración de un análisis forense de procesos. Para tal fin, además de la activa participación policial, se contempla la participación de la Corporación Municipal de La Ceiba, la Dirección Distrital de Educación y del Poder Judicial.

Organizaciones civiles de San Pedro Sula presentan resultados de veedurías ciudadanas a postas policiales

26 junio, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.

San Pedro Sula. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron los resultados de las veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de San Pedro Sula.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a postas policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de San Pedro Sula, participaron las organizaciones: Asociación de Personas con Retos Especiales de Honduras (APREH), Centro de Educación Prevención en Salud, Sexualidad y Sida (CEPRES), Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Warriors Zulu Nación Honduras (WZNH), Fundación Amigos sin Fronteras (FUASIF) y la Asociación Feminista Trans (AFET-Trans).

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en los distritos policiales de las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP) número 6 y 8, las cuales atienden aproximadamente a 660 mil personas.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Policía Nacional es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales señala varios problemas que deben ser abordados en el plan de acción de la institución uniformada, entre estos: violencia familiar hacia niños con discapacidad, falta de actividades preventivas en temática de violencia juvenil en maras y pandillas en la capital industrial y violencia generalizada hacia las personas LGBTI.

En ese sentido, propone el fortalecimiento de capacidades del recurso humano de Policía Nacional, con capacitación enfocada en atención a personas con discapacidad, población LGTBI, juventud vulnerada, mujeres víctimas de violencia y minorías étnicas; así como reforzar las acciones del plan operativo integral de convivencia y seguridad ciudadana en la Municipalidad sampedrana para reducir los índices de violencia.

Organizaciones de sociedad civil presentan resultados de veedurías a postas policiales de Tegucigalpa

25 junio, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

Las auditorías ciudadanas se realizaron en cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba.

Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron los resultados de las veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a postas policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que logran identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

EEn el caso de Tegucigalpa, participaron las organizaciones: Cáritas – Arquidiócesis de Tegucigalpa, Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), Asociación Daniel, Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) y Asociación de Sordos.

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en los distritos policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional, así como en las estaciones de: barrio Los Dolores, barrio El Manchén, barrio El Edén y colonia San Miguel.

El informe de los veedores sociales establece que la UMEP 1 tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.

“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.

13 de cada 100 homicidios reciben sentencia condenatoria en Honduras

4 junio, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

El informe elaborado por la APJ, destaca una reducción en el índice de impunidad en homicidios en Honduras, de 96% en el año 2013 a 87% en 2017.
Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara presentan la tasa de impunidad más elevada; mientras los de más baja impunidad son Choluteca, Lempira, Comayagua y Copán.
Reducción sustancial en número de homicidios ha sido factor determinante para disminuir índice de impunidad.

Tegucigalpa. El índice de impunidad en homicidios en Honduras es de 87%; es decir, solamente 13 de cada 100 muertes violentas son investigadas, judicializadas y reciben sentencia condenatoria. Así lo establece un estudio realizado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), que analizó la efectividad del Sistema de Administración de Justicia Penal para castigar el delito de homicidio durante el período comprendido entre los años 2010 y 2017.

Pese a que los resultados presentados no son los mejores, la APJ revela que sí hubo una mejoría respecto a cifras de años anteriores. El informe destaca una reducción en el índice de impunidad en homicidios de 96% en el año 2013 a 87% en 2017.

El reporte denominado “Segundo informe sobre la impunidad en homicidios” establece que el número de homicidios en Honduras pasó de 6,757 en el año 2013 a 3,866 en 2017, mientras que el número de sentencias condenatorias fue de 298 en 2013 a 491 en 2017. Una conclusión del informe establece que la reducción de la impunidad en homicidios se debe, entre otros factores, a una reducción sustancial del número de muertes violentas, la mejora en la calidad de los expedientes de investigación criminal y los requerimientos fiscales, y un incremento moderado de las sentencias condenatorias en los departamentos de Copán, Comayagua, Lempira y Choluteca.

Como punto comparativo se estable que en el período de análisis se registraron la mayor cantidad de homicidios (7,172) y la menor (3,866), respectivamente; esto equivale a una reducción en la tasa de homicidios, de 85.5 a 43.6 por cada 100 mil habitantes. Ese fue un factor determinante para reducir el índice de impunidad en homicidios en Honduras.

Omar Edgardo Rivera, director de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que es importante reconocer el avance, no obstante “habrá que dejar en claro que el factor más importante para reducir la impunidad en homicidios en estos últimos años ha sido el descenso en muertes violentas, pues la efectividad del sistema para sancionar judicialmente a quien comete el delito aún no ha desarrollado su capacidad institucional para dar el salto cuantitativo y cualitativo que se requiere”.

“Apenas se judicializa el 24% de los homicidios y únicamente se sanciona al 13%, eso es inaceptable; está claro que se han mejorado las cifras en los últimos años, pero no es suficiente”, manifestó. A la vez, Rivera Pacheco demandó la asignación de mayor cantidad de recursos a los unidades policiales, fiscalías especializadas y organismos judiciales “para que mejoren la calidad de servicios y la eficiencia en el desempeño”.

Asimismo, el director ejecutivo de la ASJ y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, Carlos Alberto Hernández Martínez, expresó que “es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de investigación criminal y las capacidades profesionales del recurso humano que labora en ellas, especialmente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”. Agregó que “de la calidad de los expedientes de investigación dependerá la calidad de los requerimientos fiscales a ser presentados y de la calidad de los requerimientos presentados, dependerá el éxito en el juicio en contra de quienes cometieron el delito de homicidios”.

De la mismo forma, Hernández Martínez, puso en relieve que el documento presentado por la APJ revelaba que los más alto índices de impunidad en homicidios se dan en los departamentos en donde históricamente el narcotráfico ha operado, por lo que se deben tomar medidas extraordinarias en esa región del país; “los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara son los que más elevada tasa de impunidad tienen; ahí habrá que poner empeño y fortalecer la presencia de policías, agentes de investigación, fiscales, jueces y magistrados”, apuntó.

El análisis recoge datos registrados por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) del Poder Judicial y los boletines nacionales del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como mediciones internacionales como el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el Informe Latinobarómetro 2018.

La APJ recomienda en su informe, a fin de reducir la enorme tasa de impunidad en muertes violentas que impera en el país, fortalecer al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, así como las unidades de investigación criminal, a fin de lograr ampliar la cobertura de sus servicios y mejorar resultados. Del mismo modo, se propone diversificar las acciones para enfrentar la violencia en el país ejecutando, no solamente operativos que repriman el delito, sino que lo prevengan. Finalmente, la plataforma ciudadana plantea mejorar la coordinación, articulación y complementariedad de los organismos que pertenecen al Sistema de Administración de Justicia Penal y promover la implementación de estrategias interinstitucionales focalizada en poner en práctica los juicios expeditos para delitos de flagrancia.

ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS EN HONDURAS

Año	Homicidios	Casos ingresados Poder Judicial	Total Sentencias Condenatorias	Índice de Resolución de Casos	Índice de Impunidad (IID)
2010	6239	889	222	25%	96.4%
2011	7104	970	298	31%	95.8%
2012	7172	935	279	30%	96.1%
2013	6757	860	298	35%	95.5%
2014	5936	872	495	57%	91.6%
2015	5148	960	412	43%	92.0%
2016	5150	1006	448	45%	91.3%
2017	3866	914	491	54%	87.3%

+ Vea el «Segundo informe de impunidad en homicidios»

Más de 100 representantes de organizaciones civiles son capacitados en temas de seguridad y justicia

24 mayo, 2019/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

Entre los participantes destacan miembros de sociedad civil, iglesias, grupos juveniles y academia.

Tegucigalpa. Con el fin de fortalecer las capacidades de organizaciones hondureñas que trabajan por los derechos de grupos vulnerables, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) desarrolló una serie de jornadas de capacitación en temas relacionados a seguridad y justicia e incidencia; en el marco del proceso de formación «Seguridad 101».

Las capacitaciones que se realizaron entre los meses de abril y mayo, se llevaron a cabo en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán y contó con la participación de más de 186 representantes de sociedad civil, iglesias y academia.

En las jornadas, los participantes recibieron capacitaciones en temas como los índices de impunidad y tasa de homicidios, la defensa de derechos humanos, el papel de los entes de seguridad del Estado y el contexto hondureño.

Russlan Espinal, oficial de derechos humanos para la APJ, explicó que, “es más que necesario capacitar en estos temas a la ciudadanía, porque a veces, la población desconoce cuáles son las funciones de instituciones como el Ministerio Público o cuál es el rol de un fiscal, un juez o un policía”.

«Seguridad 101» es una jornada de capacitación encaminada a que los participantes puedan conocer la situación actual de violencia que acaece en el país, comprender las múltiples causas de la criminalidad y delincuencia en el territorio nacional y tener consciencia del importante rol que juega la sociedad civil en el monitoreo y seguimiento al desempeño de las entidades operadoras de justicia; asimismo, durante el programa de formación, se conoce a profundidad el mandato y rol que juegan la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en el combate a la impunidad.

“Cuando se logra ampliar el conocimiento de las personas, sobre el papel y responsabilidades de los entes de seguridad y justicia, también estamos promoviendo una mayor participación y empoderamiento ciudadano, lo que permite que los funcionarios se sientan más comprometidos a hacer mejor su labor”, detalló Espinal.

Entre las organizaciones participantes destacan: la Asociación Daniel, Asociación de Personas con Retos Especiales (APREH), C-Libre, CDI Niños con Propósito, Comisión Ciudadana de Seguridad Institucional (CCSI), Comisión de Transparencia, Walabis Honduras, Compasión International, Emprende Joven, FOROSIDA, Fundación Amigo Sin Fronteras (FUASIF), Fundación Unidos por la Vida, Iglesia Campeones del Rey, Iglesia Cuadrangular, Iglesia Filadelfia, Iglesia Hermanos en Cristo, Iglesia Nazareno, Opadish, Plan Internacional – Honduras, la Plataforma Juvenil (APJ), RTV Televisión, así como representantes del Poder Judicial, la Secretaria de Educación, Sistema Nacional de Emergencia 911, Unidos Por La Justicia, Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y Universidad de San Pedro Sula (USAP).

Además, también recibieron la certificación de las jornadas de Seguridad 101, las organizaciones integrantes de la plataforma de APJ: la Pastoral Social Cáritas, el Centro Universitario Regional de Occidente de la UNAH (CUROC), Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Espacio Regional de Occidente Honduras (EROC), la Fundación Alfredo Landaverde, Jóvenes Contra la Violencia, JUSIVE, Mujeres Unidas en Memoria de las Victimas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

HackCR3A, el talento de jóvenes del Triángulo Norte se une para plantear soluciones contra la violencia

5 noviembre, 2018/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

Tegucigalpa. HackCR3A es un hackathon regional que retoma la creación de espacios de diversas disciplinas, vincula la tecnología y reúne a más de 30 jóvenes por país con el propósito de plantear soluciones ante los problemas sociales que enfrenta cada nación.

La dinámica se llevó a cabo en una jornada de 36 horas en las cuáles los jóvenes presentaron propuestas de valor innovadoras y con un alto impacto a nivel de soluciones para prevenir la violencia juvenil desde diferentes perspectivas y enfoques, como una respuesta a la problemática que golpea fuertemente a la región y su desarrollo económico.

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) fue la sede del encuentro que comenzó el sábado 3 de noviembre a las 8:00 am y concluyó el domingo 4 de noviembre a las 5:00 pm con la premiación del equipo ganador.

Además de contribuir mediante sus propuestas, los ganadores tendrán la oportunidad de recibir hasta 5 mil dólares (USD) en premios para fortalecer sus propuestas y convertirse progresivamente en el primer Ecosistema de Tecnólogos e Innovadores especializados en Prevención de la Violencia del Triángulo Norte que ofrecerá sus códigos desarrollados y hardware prototipos a diferentes instancias de Gobierno, sociedad civil y entes privados para que estos puedan contribuir a su desarrollo y se conviertan en herramientas sostenibles para la prevención.

El espacio fue propicio para la innovación, creatividad e intercambio de los participantes, y contará con mentores, expertos y miembros de comunidades en zonas en situación de vulnerabilidad quienes compartirán experiencias y necesidades y convergen para que los participantes brinden una solución viable a la problemática de violencia en el Triángulo Norte.

El Salvador y Guatemala llevaron a cabo en semanas anteriores su HackCr3A, ahora corresponde el turno de Honduras, en donde participaron más de 30 jóvenes emprendedores, quienes presentaron propuestas en diferentes temáticas.

En el caso de Honduras la iniciativa HackCr3A contó con el respaldo de distintas organizaciones que comparten el anhelo de facilitar el desarrollo de soluciones tecnológicas para prevenir la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica; entre las organizaciones participantes destaca Jóvenes Contra la Violencia, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), entre otras.

Jóvenes contra la Violencia impulsa políticas municipales de prevención en Comayagua

2 octubre, 2018/0 Comentarios/en Noticias /por Administrador

Comayagua, es el quinto municipio con mayor número de homicidios, antecedido por el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma y El Progreso, según informe del IUDPAS.
Jóvenes Contra la Violencia es parte de la coalición de organizaciones que conforman la plataforma ciudadana de la APJ.

Tegucigalpa. La organización Jóvenes contra la Violencia (JCV) impulsa en Comayagua un plan municipal de prevención con el objetivo de incidir en el tema de políticas públicas a favor de la cultura de paz.

Edras Suazo, coordinador del capítulo de Jóvenes contra la Violencia en Comayagua, explica que “esta política marca un hito en la historia de nuestro municipio debido a que la misma es promovida por los jóvenes desde su creación, planificación y ejecución”.

La propuesta del Plan de Políticas Municipales de Prevención contra la Violencia de Comayagua, fue elaborada por los voluntarios de JCV quienes dialogaron con jóvenes, adolescentes y niños del municipio, creando una metodología de trabajo que incluyó consultas sobre cuál es la percepción de la violencia en el municipio, cuáles consideran son las causas del mismo y las posibles soluciones.

“Encuestamos a más de quinientos jóvenes, niños y adolescentes de barrios y colonias vulnerables para conseguir insumos que nos llevaran a la elaboración de esta propuesta del Plan de Políticas Municipales de Prevención contra la Violencia y esperamos que este mes (octubre), la Corporación Municipal la revise y apruebe para el beneficio de nuestro municipio”, puntualizó Suazo.

A la fecha, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), reporta en su informe de Muertes por Causas Externas del primer semestre 2018, que Comayagua es el quinto municipio con el mayor número de homicidios, antecedido por el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma y El Progreso.

Jóvenes contra la Violencia y la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) son organizaciones aliadas desde 2014 en temas relacionadas a seguridad, justicia, prevención de la violencia y cultura de paz.

Josué Martínez, oficial de Regionalización de la APJ, explica que entre las líneas esenciales para el Plan de Políticas Municipales de Prevención contra la Violencia “es la inclusión de los jóvenes de barrios y colonias vulnerables para lograr cambios significativos que permitan su inserción a la sociedad”; asimismo invitó a otras municipalidades a incorporarse a este tipo de iniciativas.

JCV es una organización de jóvenes que promueve la seguridad en Centroamérica por medio del desarrollo de iniciativas de prevención de la violencia juvenil en ámbitos regional, nacional y local, y que a la vez se provea oportunidades a la juventud.

Mira el video de la conferencia de prensa aquí: