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Ministerio Público y Poder Judicial deben recibir más recursos de la tasa de seguridad

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El dirigente de la sociedad civil Omar Rivera, ha manifestado que «el impacto positivo que los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional ha tenido en el fortalecimiento de capacidades y la implementación de acciones de las entidades del sectores defensa y seguridad, debe ahora extenderse a otras instituciones del sector justicia en el país».

Rivera expresó que «el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, deben recibir una mayor cuota en la distribución de la Tasa de Seguridad Poblacional; durante los primeros cuatro años se ha privilegiado a la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), ahora toda transferir mayores recursos a las diferentes fiscalías especiales del MP, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y a los distintos organismos judiciales».

Proyectos de prevención de la violencia deben ser prioritarios para comité del fideicomiso

El también miembro de la Comisión Especial para la Transformación de la Policía Nacional, señaló que «el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, debe priorizar en su cartera de inversiones los programas y proyectos de prevención de la violencia, especialmente aquellos focalizados en grupos en condición de vulnerabilidad».

«La acción represiva en contra del crimen organizado y la delincuencia común debe ser complementada con intervenciones integrales que prevengan la violencia que azota a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y otros grupos vulnerables» planteó Rivera.

Recaudaciones de la tasa de seguridad superan a recursos a ser recibidos de la alianza para la prósperidad

El representante ciudadano reveló que «los US$500 millones recaudados -en los últimos cuatro años- por concepto de la Tasa de Seguridad Poblacional, superan con creces los montos que supuestamente van a ser transferidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, lo que demuestra que podemos enfrentar con total autonomía y de forma expedita los retos y desafíos nacionales en materia de defensa, seguridad y justicia».

Finalmente, concluyó que «un manejo honesto y transparente de los recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, permitirá que gobiernos extranjeros, agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales colaboren a implementar las estrategias y planes operativos que busquen derrotar a criminales, delincuentes y corruptos en Honduras».

El Comité Técnico del Fideicomiso la Tasa de Seguridad Poblacional, ha informado en su portal de la internet (www.tasadeseguridad.hn) que se ha recaudado al 30 de septiembre de 2016 más de Lps. 11 mil millones 338 mil.

Proyecto Aldea Global empodera a mujeres para combatir la violencia

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  • Los femicidios en Honduras creció 355% en 10 años, según Resdal.
  • Entre 2014 y 2015 en Honduras fueron asesinadas unas 4,018 mujeres.
  • Aldea Global fomenta la sinergia entre autoridades y sociedad, para reducir la violencia.

La violencia sigue siendo uno de los problemas principales en Honduras, de este flagelo se desprende la muerte de mujeres como uno de los problemas de seguridad crónico en el país. Esta preocupante situación ha motivado al Proyecto Aldea Global (PAG) ha impulsar el programa DEBORAH, para contribuir a la justicia, equidad de género y reducir la tasa de violencia doméstica en Honduras; por ser uno de los principales orígenes de los femicidios en el país.

Según datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), los asesinatos de mujeres en Honduras crecieron en un 355% en los últimos diez años; la tendencia se ha incluso acelerado a partir de 2010.

El crecimiento de homicidios en general ha sido del 97,6% en este período, por lo que la situación de seguridad de las mujeres se ha deteriorado exponencialmente. En 2002 el femicidio representaba un 4% del total de homicidios en el país, en 2012 fue un 8% del total.

De acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al menos 4,018 mujeres murieron de forma violenta en Honduras entre 2014 y 2015 y el 96 % de esos casos quedaron en impunidad.

En el 2001, Proyecto Aldea Global y algunos gobiernos municipales inspiraron la creación del programa DEBORAH mediante el cual se construyen acciones de prevención de violencia doméstica, potenciando las capacidades entre las mujeres y la sociedad civil y con el fin de mejorar la capacidad de respuesta de manera oportuna y eficaz a las víctimas de la violencia doméstica.

“Este programa del PAG intenta mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para evitar el maltrato y proporcionar cuidado cristiano, orientación y protección jurídica a las mujeres que han sido víctimas del maltrato violento” detalla Chester Thomas, Director del Proyecto Aldea Global.

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Desde su creación este programa ha logrado llevar una serie de capacitaciones sobre los derechos de la familia a distintas comunidades del país, acompañado de jornadas de consejería a las víctimas de violencia doméstica, orientación legal, así como mediación de conflictos para parejas.

En lo que respecta al acceso a la justicia entre 2008 y 2014 fueron llevados a los juzgados 102,766 casos de violencia doméstica a nivel nacional, pero se observa que el 54 por ciento, más de la mitad, caducaron antes de tener cualquier respuesta por parte del sector judicial.

Las cifras reflejan la alta mora judicial que sigue imperando en Honduras, situación que ha sido señalada por la plataforma de sociedad civil Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) quien además ha denunciado la aplicación tardía de la justicia.

En ese sentido, el Proyecto Aldea Global, como organización miembro de la APJ, comparte el anhelo de mejorar la coordinación entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil para crear mayor conciencia a nivel local y reducir los casos de impunidad y violencia en todas sus manifestaciones.

La APJ y el PAG han demandado de las autoridades, el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público (MP), así como de las instituciones Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Al tiempo que también han solicitado al Poder Judicial revisar los procesos judiciales para tener una aplicación de la justicia más eficiente y expedita.

El Proyecto Aldea Global comparte la reflexión de la Alianza por la Paz y la Justicia de promover iniciativas de procesos participativos, propiciados por una sociedad civil informada y con conocimiento, para contribuir de manera propositiva, crítica y vigilante, para una sociedad donde prevalezca la justicia y la seguridad.

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Acerca del Proyecto Aldea Global

Con su presencia-por más de tres décadas- en distintas comunidades del territorio hondureño el PAG ha resaltado por impulsar programas modelos de salud y desarrollo que han sido reconocidos a nivel mundial, por otras organizaciones de desarrollo.

DPI debe seguir siendo fortalecida

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En el marco de la celebración del primer aniversario de fundación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, manifestó que esta recien creada dependencia gubernamental «debe seguir siendo fortalecida a fin que cumpla su mandato de contribuir a eliminar la impunidad que impera en el país».

Rivera, señaló que en Honduras, «solamente el 4% de los crímenes llegan a juicio oral y público, y reciben sentencia condenatoria, y en gran medida se debe a la ausencia de una efectiva investigación criminal, por lo que la puesta en marcha de la DPI, llena un vacío importante en la institucionalidad operadora de justicia que contribuye a que los violadores de la Ley sean sometidos a juicio y castigados de manera ejemplar».

El tambien miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, indicó que un desafío de la DPI para los próximos años será incrementar la cobertura de los servicios de investigación criminal en las distintas regiones del país; «en los diferentes municipios deben operar unidades de la DPI a fin de garantizar que delitos y actos delincuenciales no queden impunes» expresó.

Del mismo modo, recomendó «garantizar la transferencia constante y ascendente de recursos para la dotación de equipamiento, logística y tecnología a los agentes de la DPI, y el desarrollo de capacidades del personal en materia de criminalística y criminología».

Finalmente, Omar Rivera, consideró un imperativo categórico la «articulacion y coordinación de acciones con otras unidades de inteligencia e investigación criminal, como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNII)».

DPI cumple un año en funciones con importantes logros

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  • Unidad policial fue creada el 1 de septiembre de 2015 en sustitución de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
  • “Es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones”: Omar Rivera.

Tegucigalpa. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cumple este jueves su primer aniversario de creación con importantes logros en materia de lucha contra la inseguridad y narcotráfico.

La DPI se fundó el 1 de septiembre de 2015 con mil miembros y una inversión inicial de 203 millones de lempiras. Los fondos fueron proporcionados en calidad de préstamo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el acondicionamiento de instalaciones, capacitaciones de investigadores y técnicos, equipo científico y tecnológico.

La DPI fue fundada con el objetivo de reestructurar el servicio de investigación criminal en la Policía Nacional, con base en un nuevo modelo de investigación criminal, profesional, especializado y confiable.

Si bien la dirección policial ha sido considera el “Talón de Aquiles” del sistema de seguridad en Honduras, en los últimos 12 meses ha realizado exitosos operativos que derivaron en la presentación de sospechosos de cometer crímenes como tráfico de drogas, extorsión y homicidios ante los tribunales de justicia.

Entre estas iniciativas destaca la Operación Trueno, ejecutada en agosto por la DPI en conjunto con el Ministerio Público, Policía Militar y otras unidades de la Secretaría de Seguridad mediante al menos 113 allanamientos en 17 departamentos de Honduras.

En la operación fueron detenidos medio centenar de ciudadanos en operativos de saturación, retenes policiales, acciones de investigación y seguimiento de estructuras criminales.

Entonces, 40 armas de fuego de diferentes calibres y 12 vehículos con reporte de robo e irregularidades fueron decomisados, así como 110 mil lempiras en efectivo.

Acciones similares han sido ejecutadas, además de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, Gracias, Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Choloma, El Progreso, Roatán, La Ceiba y otras localidades del país.

Cabe destacar que la DPI cuenta actualmente con cinco laboratorios móviles de criminalística a cargo de personal certificado, donde la población puede acercarse a interponer denuncias por cualquier delito, permitiendo el anhelado acercamiento con la comunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha seguido de cerca el funcionamiento de la institución, colaborando de cerca con sus autoridades para mejorar el proceso de investigación criminal en el país.

A criterio de Omar Rivera, coordinador de la APJ, el fortalecimiento de la investigación criminal en Honduras mediante la DPI y otras unidades como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público es una extraordinaria oportunidad para mejorar un ámbito estratégico de la seguridad y justicia hondureña para revertir los elevados niveles de impunidad que imperan en la nación.

Estas unidades conforman un “andamiaje de investigación criminal que, teniendo cobertura nacional y un elevado nivel técnico, puede generar los insumos que los demás operadores de justicia necesitan para sancionar a criminales, delincuentes y corruptos”, expresó Rivera.

No obstante, insistió en que es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones, la incorruptibilidad de oficiales y agentes y evitar excesos e ilegalidades de quienes tienen la facultad de investigar.

APJ insta al Ministerio Público iniciar proceso de certificación de su recurso humano

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  • Fiscal General del Estado invitó a la APJ a colaborar en proceso de depuración fiscal.
  • APJ respalda solicitud de incremento al presupuesto del MP.
  • La próxima semana, Comisión Depuradora entregará al MP expedientes de policías.

Integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron la mañana de este jueves con el Fiscal General de la República, abogado Óscar Fernando Chinchilla con el propósito de verificar el avance en el proceso de modernización de la gestión del Ministerio Público (MP), el monitoreo a la persecución penal en casos emblemáticos y la contribución de diferentes fiscalías especiales a la corrupción policial.

Omar Rivera, coordinador general de la APJ insistió que es un tema primordial para esta plataforma ciudadana el fortalecimiento de las capacidades y la especialización del MP, como parte del enorme desafío que se enfrenta en el país, de luchar contra la corrupción y la impunidad.

“Estamos convencidos que el trabajo del MP es determinante, como sociedad civil tenemos enormes expectativas para que se revitalice la acción penal y para esto es indispensable un proceso interno de transformación que implique una evaluación de los actuales fiscales para determinar quienes ya no caben en función de los desafíos que se plantean” apuntó el representante de sociedad civil.

En ese sentido, el Fiscal General del Estado anunció a los representantes de la APJ que se viene un proceso de certificación del recurso humano a lo interno del MP, donde se solicitará la participación activa de la sociedad civil, por lo que invitó a la plataforma ciudadana representada en la APJ a colaborar para que ejecute acciones de auditoría social.

Además, el titular del MP adelantó que se solicitará una ampliación del presupuesto para el año 2017, con el fin de aumentar el número de fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC), así como de agentes de medicina forense.

En ese mismo orden, Rivera detalló que se considera fundamental el respaldo financiero que pueda darse a la institución, “con un incremento al presupuesto del ejercicio fiscal 2017, el MP podrá impactar positivamente con un mejor desempeño, no solamente en la ampliación de la cobertura de servicios, sino también en la especialización, la persecución de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lucha en contra de maras y pandillas y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad”

Actualmente el MP opera con un presupuesto de 1,415, 307,100 lempiras (2016), 21.4% más que lo aprobado en el 2015, donde su presupuesto era de 1, 165, 307,100 lempiras; sin embargo la APJ ha señalado que si bien es cierto el presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, ha tenido un incremento significativo, el mismo ha beneficiado más a algunas dependencias estatales, mientras otras han recibido aumentos menos importantes, tal es el caso del Ministerio Público.

De acuerdo al informe presentado por APJ en 2015, sobre la “Evolución histórica del presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras (2006-2015)”, se muestra que no todas las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, recibieron incrementos tan sustanciosos. Por ejemplo, en el período 2013-2015, mientras la Secretaría de Defensa Nacional alcanzó un total de Lps. 13 Mil 617 Millones en el trienio, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad fue de Lps. 11 Mil 964 Millones, en ese mismo ciclo; del mismo modo, el presupuesto aprobado para el Poder Judicial fue de Lps. 5 Mil 639 y para el Ministerio Público la cantidad acumulada en esta etapa fue de apenas Lps. 3 Mil 227 Millones.

COMISIÓN AD HOC INVESTIGARÁ EXPEDIENTES POLICIALES

En el marco de la entrega que hará al MP, la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, de expedientes de miembros policiales vinculados a actos ilícitos, la APJ manifestó la enorme expectativa que se tiene en cuanto al desempeño de las distintas fiscalías especiales en la persecución de aquellos delitos cometidos por altos oficiales de la policía.

Al respecto, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y también miembro de la Comisión Depuradora, Alberto Solórzano, avisó que “la próxima semana la Comisión Especial para la Depuración Policial estará entregando al MP los expedientes donde hay indicios de algún grado de responsabilidad por parte de gente dentro de la Policía Nacional”.

Asimismo, el comisionado Omar Rivera especificó que será una estructura Ad hoc del Ministerio Público la responsable de investigar dichos expedientes, los cuales constituyen una fuente valiosa para incoar acciones penales en los tribunales.

“Tenemos mucha información que se desprende de informes que fueron procesados a lo interno de la Policía Nacional, así como de otras instituciones contraloras del Estado, son datos que servirán de insumo para que actúe el Ministerio Público. Ellos tendrán que poner su mayor esfuerzo para trabajar en esas líneas de investigación”, puntualizó Rivera.

Durante la reunión, además participaron Aurora Pineda, de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia; Kurt Alan Ver Beek, vice presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Amanda Madrid, presidenta la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Marco Tulio Villela, representante de World Visión Honduras; Carolina Caldera, de la Fundación Alfredo Landaverde; Luis León y Ninoska Arias, miembros del equipo técnico de la APJ.

Presupuesto de operadores de seguridad, defensa y justicia debe ser elevado

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Tegucigalpa. “El Congreso Nacional de la República debe aumentar el presupuesto del sistema de seguridad y justicia para el ejercicio fiscal 2017”, ha declarado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Rivera, indicó que durante la rendición de cuentas que se realizó ante la Junta Directiva del Poder Legislativo y los jefes de bancadas parlamentarias, la Comisión Especial solicitó a los diputados “fortalecer las capacidades de la institucionalidad estatal, lo que implica incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia del país”.

El representante de la sociedad civil manifestó que “se debe continuar fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que enfrenten al crimen organizado, redes transnacionales, carteles del narcotráfico y la delincuencia común, así como garantizar el cumplimiento constitucional de transferir el 3% del Presupuesto General al Poder Juridicial y hacer sostenible recursos a las nuevas unidades recién creadas, tal es el caso de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

Modernizar el marco jurídico

Del mismo modo, el depurador pidió a los diputados aprobar de inmediato el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la nueva Ley de Personal de la Carrera Policial.

“El proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa. Estas reformas a la Ley Orgánica y la aprobación de la Ley de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado”, expresó el también coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Y añadió que dichas reformas permitirán “formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, así como respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

Omar Rivera indicó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

Que el éxito en el caso de Berta Cáceres se replique en los de Arístides González y Alfredo Landaverde

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  • Casos del ex Zar Antidrogas y el exasesor de seguridad son emblemáticos y merecen igual trato y voluntad política.
  • ATIC ha demostrado que cuando hay voluntad, se pueden lograr avances en las investigaciones.

Tegucigalpa, MDC. 11.05.16.- Los resultados obtenidos por el Ministerio Público (MP) en las investigaciones relacionadas a la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, deben ser replicados para la resolución de los asesinatos emblemáticos del ex zar antidrogas Julián Arístides González y el experto en seguridad, Alfredo Landaverde, quienes fueron asesinados hace varios años y sus crímenes están en total impunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) califica como positivo el desempeño de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP en la investigación desarrollada en el crimen contra la dirigente indígena acribillada en su vivienda el pasado 3 de marzo. Esta labor, donde se evidenció voluntad en las investigaciones, derivó en la captura de cinco supuestos implicados en el hecho.

Por tanto, “demandamos que estas acciones y esta voluntad investigativa se repliquen a los casos de asesinatos emblemáticos como el González y Landaverde”, expresó Omar Rivera, coordinador de la APJ. “El desempeño de la ATIC ha sido positivo y ojalá continúen de la misma forma en estos casos a fin de revertir la impunidad que impera en el país”, amplió Rivera.

Por su lado, Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo que “la ATIC nos ha demostrado que cuando hay voluntad se pueden lograr avances en las investigaciones y encaminarnos a sancionar a quienes cometen delitos de alto impacto”, en referencia a los últimos resultados obtenidos en el caso de Berta Cáceres.

“Eso es lo que demandamos desde ASJ: voluntad para que las acciones que llevaron a la captura de los presuntos asesinos de Berta Cáceres se repitan en los casos de Arístides González y Alfredo Landaverde”, reiteró.

En abril pasado, el diario estadounidense The New York Times divulgó un informe sobre el vil asesinato de estas figuras prominentes en la lucha contra la criminalidad y corrupción en Honduras. En el reporte se señala a miembros de la Policía Nacional como autores intelectuales y materiales de estos crímenes.

La ASJ, a través de la APJ, ha demandado por más de cuatro años la exclusión y separación de las “manzanas podridas” de la Policía Nacional a fin de lograr una verdadera profilaxis en esa institución.

 

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