Urge aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, declaró este miércoles que “el proceso de depuración policial se revitalizará con la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en el parlamento”.

Rivera, indicó -como lo ha hecho en varias ocasiones- que “la coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia”.

“Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”, reiteró nuevamente el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

El integrante de la Comisión Especial expresó que “sin bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

“Urge aprobar estas dos importantes legislaciones, ¡urge! Es necesario que la junta directiva del Congreso Nacional lo coloque en la agenda y los congresistas las aprueben” sugirió.

 

Nadie me va a amedrentar; Honduras merece una Policía honesta y capaz, y en eso estoy concentrado

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  • «No vamos a reducir nuestro empeño porque alguien se sienta personalmente afectado», afirmó el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia.
  • En siete meses de gestión, la Comisión Especial separó a, 1,651 policías.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, manifestó que “bajo ninguna circunstancia me van a intimidar mediante amenazas o querellas; si pretenden atemorizarme para disminuir el ímpetu con el cual estamos ejecutando acciones para transformar los diferentes organismos policiales, están equivocados”.

“Nadie me va a amedrentar; Honduras se merece una Policía Nacional honesta y capaz, y en eso estoy concentrado”, dijo Rivera.

El dirigente de la sociedad civil expresó que “el Presidente de la República, en el marco del decreto de emergencia que aprobó el Congreso Nacional, nos dio –a los integrantes de la Comisión Especial- la misión concreta determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial».

«No vamos a reducir nuestro empeño porque alguien se sienta personalmente afectado; Honduras es primero y es un objetivo superior edificar una nueva Policía Nacional sobre la base de implementar las reformas legales y estratégicas pertinentes, y excluir al personal que ya no tiene espacio en razón de la nueva estructura organizacional”, añadió.

Finalmente, el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia aseguró que “la construcción de la nueva Policía Nacional ha iniciado” y que la profilaxis policial “es irreversible, no tiene punto de retorno, avanza irrefrenable, hasta edificar una institución integrada por profesionales decentes y competentes. Vamos a erigir la nueva Policía Nacional que nos merecernos los hondureños, conformada por hombres y mujeres comprometidos con el respeto a la Ley y con la necesaria vocación de servicio para brindar servicios oportunos de óptima calidad”.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza.

Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones:

1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial;

2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados;

3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

1,651 POLICÍAS DEPURADOS EN 7 MESES DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL

Desde que el 12 de abril del presente año –hace más 7 meses- el Presidente Constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, juramentó a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policial Nacional, ya han sido 2590 los policías que ha sido sometidos a exhaustiva evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional gubernamental.

Los policías examinados pertenecen a diferentes niveles jerárquicos, de los cuales 9 ostentan el rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 215 Suboficiales, 1083 agentes de escala básica y 128 auxiliares.

De los policías sometidos a evaluación, la Comisión Especial tomó la decisión de excluir de la estructura a 1,651 de ellos, ya sea como consecuencia del proceso de reestructuración, por despido con justa causa o autorizando su retiro voluntario; del mismo modo, determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial, a 887 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional.

De estos 1,651 oficiales y agentes apartados de la Policía Nacional, la Comisión Especial registra oficialmente que 1,299 fueron cancelados por reestructuración, en razón del nuevo andamiaje organizacional de la entidad; 174 fueron despedidos con justa causa sin responsabilidad para el Estado, respetando de forma irrestricta el debido proceso y los derechos humanos de los cesanteados; y a 178 se les canceló el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario, en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Todavía quedan en proceso de evaluación 11 miembros de la carrera policial y 14 continúan suspendidos a fin de facilitar a las instituciones operadores de justicia y contraloras del Estado, así como dependencias de inspectoría, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, la realización de pesquisas, juzgamientos y sanciones por la comisión de actos reñidos con la Ley.

1651 Policías depurados en 7 meses de gestión de la comisión especial

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Desde que el 12 de abril de abril del presente año –hace más 7 meses- el Presidente Constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, juramentó a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policial Nacional, ya han sido 2590 los policías que ha sido sometidos a exhaustiva evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional gubernamental.

Los policías examinados pertenecen a diferentes niveles jerárquicos, de los cuales 9 ostentan el rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 215 Suboficiales, 1083 agentes de escala básica y 128 auxiliares.

De los policías sometidos a evaluación, la Comisión Especial tomó la decisión de excluir de la estructura a 1651 de ellos, ya sea como consecuencia del proceso de reestructuración, por despido con justa causa o autorizando su retiro voluntario; del mismo modo, determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial, a 887 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional.

De estos 1651 oficiales y agentes apartados de la Policía Nacional, la Comisión Especial registra oficialmente que 1299 fueron cancelados por reestructuración, en razón del nuevo andamiaje organizacional de la entidad; 174 fueron despedidos con justa causa sin responsabilidad para el Estado, respetando de forma irrestricta el debido proceso y los derechos humanos de los cesanteados; y a 178 se les canceló el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario, en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Todavía quedan en proceso de evaluación 11 miembros de la carrera policial y 14 continúan suspendidos a fin de facilitar a las instituciones operadores de justicia y contraloras del Estado, así como dependencias de inspectoría, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, la realización de pesquisas, juzgamientos y sanciones por la comisión de actos reñidos con la Ley.

Más LPS. 178 millones se han pagado en prestaciones laborales

Según fuentes oficiales, hasta la fecha se han pagado más de 178 Millones 519 Mil Lempiras, en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales que han sido cancelados, en los primeros 7 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración y transformación de la Policía Nacional.

En reiteradas ocasiones, los integrantes de la Comisión Especial han manifestado que todos los que han sido cancelados como consecuencia del proceso de reestructuración institucional de la Policía Nacional han recibido sus respectivas indemnizaciones; los depuradores han precisado que se ha tenido el especial cuidado de no violentar los derechos laborales de quienes son evaluados y en todos los casos se ha respetado el debido proceso, lo que ha provocado que la mayoría de los excluidos de la nueva estructura policial han procedido a solicitar y recibir satisfechos sus respectivas prestaciones laborales.

Recientemente, la Comisión Especial comunicó que los policías sometidos a evaluación que habían sido cancelados pudieron haber salido de la institución por dos vías, la de cancelación por despido o la de cancelación por reestructuración. El despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo; mientras que la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal o del miembro de la Policía Nacional, sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, cancelándole los derechos que conforme a la legislación le corresponden.

Según el Decreto Legislativo No. 21-2016 aprobado por el Congreso Nacional de la Republica el 7 de abril de 2016, se dispuso, el artículo 2 “autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda”; se indicaba el dicho artículo que “son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza”. Además, se establece que “el Poder Ejecutivo en el caso de retiro voluntario procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales para los cuales podrá establecer convenios de pago”.

Del mismo modo, fue decisión de la asamblea legislativa “autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente Decreto y asimismo se le autoriza para que pueda contratar el Banco Estructurador y el Banco Pagador de los bonos soberanos que coloque en el mercado nacional o internacional”; asimismo, “para el cumplimiento del pago de los derechos laborales la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas lo cargará al límite de crédito interno autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. En caso que se requieran mayores recursos se requerirá una ampliación presupuestaria que deberá presentar al Congreso Nacional para su aprobación”.

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Celebramos que el Gobierno y la MACCIH, liman asperezas, y empiezan a definir acciones concretas contra la corrupción

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Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), manifestó que «resulta oportuno que autoridades gubernamentales, operadores de justicia e integrantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), establezcan un diálogo sincero y próximo, y se sienten a planificar como pueden revertir efectivamente la generalizada impunidad que ha imperado en el país por décadas».

Rivera, dijo que «es alentador que se olviden de las diferencias y discrepancias, y se enfoquen en establecer mecanismos efectivos para luchar contra la corrupción».

«No es momento para hipersensibilidades, ni para distracciones, y mucho menos para perder el entusiasmo, aun en medio del disenso; es tiempo de aprovechar la experiencia de los peritos, forenses, investigadores, fiscales y jueces internacionales que MACCIH pondrá a disposición de los órganos contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia para identificar patrones de conducta ilícita y desmantelar redes corruptas y bandas del crimen organizado» señaló el dirigente de la sociedad civil.

El coordinador de la APJ, valoró como positivo este acercamiento; «nos llena de esperanza, estamos seguros que algo positivo surgirá hacia el futuro de estas jornadas de planificación».

«La sociedad civil espera victorias tempranas de este modelo de colaboración activa entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de la República, para investigar con rigurosidad, judicializar de forma expedita y sancionar ejemplarmente a los corruptos, criminales y delincuentes que se han enriquecido ilícitamente o han participado en casos emblemáticos como el del atraco al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) o las barbaridades acaecidas en la Policía Nacional» acotó.

Buscamos identificar los futuros líderes de la Policía Nacional

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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, reveló que el principal reto que se tiene en este momento es identificar “los futuros líderes policiales que darán sostenibilidad a la reforma institucional que se está gestando en los diferentes organismos de la entidad”.

Rivera, quien es -también- coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), manifestó que la Comisión Especial busca dejar instalado un “liderazgo eficiente, legítimo y honesto” al frente de la Policía Nacional e identificados los “campeones” que volverán concreto “el relevo generacional que revitalizará los diferentes organismos policiales”. 

“No basta con que egresen más de 3 mil nuevos agentes de escala básica del Instituto Tecnológico Policial (ITP) y hagan engrosar la nómina policial a lo largo y ancho del territorio nacional, también necesitamos altos oficiales de elevado quilataje profesional y de irreductible calibre moral a fin de garantizar la adecuada conducción de la Policía Nacional” dijo el depurador.

El dirigente de la sociedad civil indicó que “es importante el nombramiento de oficiales de excelencia que conduzcan la policía actual, que cuenta con 14 mil agentes y un presupuesto de Lps. 6 mil millones, pero también es esencial ir descubriendo quienes son los jóvenes oficiales que en media década tendrán la gran responsabilidad de liderar más de 26 mil efectivos policiales y un presupuesto que seguramente superará los Lps. 10 mil millones; se necesitan oficiales 5 estrellas”.

“La Comisión Especial pone especial empeño en garantizar que el proceso de ascensos de oficiales a los grados inmediatos superiores solamente promuevan a los más calificados y decentes; diseñar un sistema integral de evaluación e investigación de los integrantes de la carrera policial; e impulsar una profunda reforma de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y la Universidad de la Policía Nacional (UPN)”, informó.

A evaluación los oficiales propuestos a ser ascendidos

Omar Rivera, recientemente hizo saber que el Consejo General de Ascensos le ha propuesto a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ascender al grado inmediato superior a 230 oficiales en las escalas Superior, Ejecutiva e Inspección.

Rivera declaró que “una vez recibida la propuesta por parte del Consejo General     de Ascensos, la Comisión Especial procederá a realizar una exhaustiva revisión de las

propuestas y a la aplicación de las respectivas pruebas de confianza, evaluación de desempeño y verificación de antecedentes en los diferentes entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia”.

“En todos nuestros comunicados hemos señalado que los oficiales serán sometidos a un proceso de recertificación de su idoneidad y para eso ya estamos buscando apoyo externo de un órgano especializado en la materia; el mejor momento para iniciar ese proceso de recertificación es durante este proceso de ascensos a fin que solamente los mejores continúen liderando los diferentes organismos policiales” recordó el coordinador de la APJ.

“Es compromiso de los integrantes de la Comisión Especial que solamente los más capaces y limpios serán ascendidos; sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al Presidente Constitucional de la República y al Congreso Nacional el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a los Estados Unidos de América, por la comisión de actos ilícitos” apuntó.

Los ascensos en la Policía Nacional

El ascenso es un proceso administrativo legal para optar al grado inmediato superior, tiene como propósito mantener los cuadros orgánicos en el orden jerárquico de la Policía Nacional, reconociendo los méritos de cada candidato y el cual estará reglamentado y regulado a través del Manual de Ascensos establecido para tal fin.

La asignación de cargos, debe ser en base a la clasificación de los miembros de la Policía Nacional; considerando el grado jerárquico, tiempo de servicio (antigüedad), formación profesional, capacidad profesional, especialidad, la aprobación de las evaluaciones de suficiencia física y exámenes de idoneidad; asimismo, superar con éxito las diferentes pruebas de rendimiento físico, evaluación del desempeño, eficiencia en el cumplimiento del deber, las diferentes pruebas de confianza.

Los 230 Oficiales Propuestos Para Ascender Al Grado Inmediato Superior

  • 107 de Subinspector a Inspector
  • 47 de inspector a Subcomisario
  • 34 de Subcomisario Comisario
  • 32 de Comisario a Subcomisionado
  • 10 de Subcomisionado a

Yo empezaría a evaluar desde el fiscal adjunto para abajo

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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que “es digno de valorar como positivo” el hecho que el Fiscal General del Estado haya solicitado a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el acompañamiento en el proceso de evaluación y certificación de los servidores y funcionarios del Ministerio Público (MP).

“Ya antes el Fiscal General había invitado a las organizaciones de sociedad civil a ejercer auditoría social en los procesos de evaluación del desempeño e idoneidad de fiscales, agentes de investigación criminal, peritos y personal administrativo de los diferentes organismos del MP, lo que celebramos en su momento; ahora que esa invitación se amplía a la MACCIH, se constata la voluntad política de hacerle frente al reto de depurar y hacer la ansiada profilaxis en fiscalías especiales y unidades de investigación de tan importante entidad operadora de justicia” dijo Rivera.

El dirigente de sociedad civil recomendó que esa “certificación” se haga “arriba hacia abajo”, tal cual se está haciendo en la Policía Nacional; “debe empezar desde la cúpula hasta la base, desde la cima hasta la escala inferior, para que claramente se deje constancia que no hay privilegios para nadie” señaló.

“Yo que el abogado Óscar Chinchilla, empezaría a evaluar desde la periferia de su despacho; desde el Fiscal Adjunto para abajo; así debe ser, ojala así sea” indicó el depurador.

Ministerio Público y Poder Judicial deben recibir más recursos de la tasa de seguridad

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El dirigente de la sociedad civil Omar Rivera, ha manifestado que «el impacto positivo que los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional ha tenido en el fortalecimiento de capacidades y la implementación de acciones de las entidades del sectores defensa y seguridad, debe ahora extenderse a otras instituciones del sector justicia en el país».

Rivera expresó que «el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, deben recibir una mayor cuota en la distribución de la Tasa de Seguridad Poblacional; durante los primeros cuatro años se ha privilegiado a la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), ahora toda transferir mayores recursos a las diferentes fiscalías especiales del MP, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y a los distintos organismos judiciales».

Proyectos de prevención de la violencia deben ser prioritarios para comité del fideicomiso

El también miembro de la Comisión Especial para la Transformación de la Policía Nacional, señaló que «el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, debe priorizar en su cartera de inversiones los programas y proyectos de prevención de la violencia, especialmente aquellos focalizados en grupos en condición de vulnerabilidad».

«La acción represiva en contra del crimen organizado y la delincuencia común debe ser complementada con intervenciones integrales que prevengan la violencia que azota a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y otros grupos vulnerables» planteó Rivera.

Recaudaciones de la tasa de seguridad superan a recursos a ser recibidos de la alianza para la prósperidad

El representante ciudadano reveló que «los US$500 millones recaudados -en los últimos cuatro años- por concepto de la Tasa de Seguridad Poblacional, superan con creces los montos que supuestamente van a ser transferidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, lo que demuestra que podemos enfrentar con total autonomía y de forma expedita los retos y desafíos nacionales en materia de defensa, seguridad y justicia».

Finalmente, concluyó que «un manejo honesto y transparente de los recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, permitirá que gobiernos extranjeros, agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales colaboren a implementar las estrategias y planes operativos que busquen derrotar a criminales, delincuentes y corruptos en Honduras».

El Comité Técnico del Fideicomiso la Tasa de Seguridad Poblacional, ha informado en su portal de la internet (www.tasadeseguridad.hn) que se ha recaudado al 30 de septiembre de 2016 más de Lps. 11 mil millones 338 mil.

Urge aprobación de reformas a la ley orgánica de la Policía Nacional

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“El proceso de depuración policial se revitalizará con la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa”, ha señalado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

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El dirigente de sociedad civil indicó que «esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia».

“Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional” manifestó Rivera.

El integrante de la Comisión Especial, señaló que “sin bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

COMISIÓN ESPECIAL YA ENTREGÓ SUS RECOMENDACIONES

La Comisión Especial ha desarrollado intensas jornadas de trabajo a fin elaborar sus recomendaciones a los proyectos de reforma a la legislación policial, mismas que han sido entregadas a las autoridades legislativas.

«Hemos analizado las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y remitimos nuestras recomendaciones a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional» anunció Omar Rivera.

«Esperamos que los diputados aprueben la nueva Ley de Policía, antes de irse a la campaña política y de vacaciones« exclamó.

Rivera, aclaró que la Comisión Especial, «además de depurar, también está impulsando la transformación de la Policía Nacional, que incluye el mejoramiento de su marco legal».

Próximos ascendidos deben ser oficiales de indudable idoneidad

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De frente a la realización de los próximos ascensos de oficiales de la Policía Nacional, que se tienen previstos realizar a fin de año, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, establecerá rigurosos procedimientos que garanticen que solamente los idóneos sean elevados al rango inmediato superior; así lo ha hecho saber Omar Rivera, miembro de esta Comisión Especial.

Rivera, señaló que “sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al Presidente Constitucional de la República y al Congreso Nacional el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a los Estados Unidos de América, por la comisión de actos ilícitos”.

“Una Policía Nacional que en 5 años tendrá más de 25 mil agentes requiere un liderazgo robusto, capaz y decente, por lo que la selección de los nuevos altos oficiales debe tomar en consideración los nuevos retos y desafíos de la institución; ya no se trata de tener ese recio y tosco jefe policial que a gritos quería imponer orden en la entidad, ahora se necesitan profesionales con elevadas calificaciones académicas, con un innovador pensamiento estratégico, probidad evidenciada en sus actos y un liderazgo a la vanguardia” manifestó el dirigente de la sociedad civil.

Finalmente, el depurador mencionó que “una revitalizada Policía Nacional demanda una alta oficialidad de óptima calidad para implementar los procesos de reforma y fortalecimiento institucional que tanto ha necesitado esta entidad golpeada –en los últimos años- por la falta de credibilidad y confianza ciudadana”

Los ascensos en la Policía Nacional

El ascenso es un proceso administrativo legal para optar al grado inmediato superior, tiene como propósito mantener los cuadros orgánicos en el orden jerárquico de la Policía Nacional, reconociendo los méritos de cada candidato y el cual estará reglamentado y regulado a través del Manual de Ascensos establecido para tal fin.

La asignación de cargos, debe ser en base a la clasificación de los miembros de la Policía Nacional; considerando el grado jerárquico, tiempo de servicio (antigüedad), formación profesional, capacidad profesional, especialidad, la aprobación de las evaluaciones de suficiencia física y exámenes de idoneidad; asimismo, superar con éxito las diferentes pruebas de rendimiento físico, evaluación del desempeño, eficiencia en el cumplimiento del deber, las diferentes pruebas de confianza.

Nadie debe tener privilegios

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  • Depuración, reforma y renovación debe implementarse en todas las instituciones del sistema de seguridad, defensa y justicia del país.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, consideró «predecible, oportuna y pertinente» la suspensión impuesta a los dos capitanes de las Fuerzas Armadas de Honduras, que fueron señalados -por el gobierno de los Estados Unidos de América- de tener nexos con el narcotráfico.

Rivera, indicó que «es una medida necesaria para que las investigaciones puedan realizarse sin interferencia».

«Nadie debe gozar de privilegios y todo aquel que es señalado de un acto ilegal debe ser investigado con rigor, y de encontrarse evidencia que ha cometido un delito, debe -también- ser sometido a juicio expedito y a sanción ejemplar» señaló el depurador.

Finalmente, el dirigente de la sociedad civil dijo que la «depuración, reforma y renovación debe implementarse en la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial; no basta con hacer la profilaxis y la reingeniería en la Policía Nacional, debemos asegurarnos que se cuenta con militares, fiscales y jueces honestos y competentes».