Ningún oficial tiene cheque en blanco en la Policía Nacional: Omar Rivera

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  • El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que pese a que es predecible que el general Félix Villanueva, actual director general de la Policía Nacional, continuará al frente la institución, el mismo no tiene un cheque en blanco y debe poner todo su empeño para conservar su idoneidad y desempeñarse eficientemente en el cargo que ostenta.

«Ningún oficial tiene cheque en blanco en la Policía Nacional; los habilitados a continuar en el servicio policial deben tomar en consideración que estarán permanentemente sometidos a evaluaciones periódicas y constantes investigaciones, y de comprobarse que han cometido algún acto reñido con la Ley o han tenido un mediocre desempeño, se procederá a cancelarlos, como corresponde», advirtió.

El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa, pues «al frente de la Policía Nacional no basta con tener un oficial diligente y capaz, sino uno honesto y decente».

«El hecho que el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) haya manifestado que, según lo encontrado en el expediente, el director de la Policía Nacional no se enriqueció ilegalmente, es un alivio», apuntó.

INVESTIGACIÓN DEBEN SER CONCLUYENTES

Respecto a la calidad de los expedientes remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Omar Rivera lamentó que los mismos sean cuestionados por los representantes de los órganos contralores del Estado. «Es una pena que luego de gastar más de 250 millones de lempiras, en cinco años de gestión los productos de la DIECP generen tantas dudas».

«Hago un llamado para que no se siga despilfarrando dinero en investigaciones sin fuerza ni solidez; cualquier investigación realizada por la institucionalidad pública debe ser realizada con rigor técnico, en el marco de la Ley y ser concluyente, para que pueda ser utilizada para deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales del caso», reaccionó el depurador.

Aprobación de nueva Ley de Policía debe ser prioridad en agenda legislativa

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Tegucigalpa. El miembro de la Comisión Especial para de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, expresó que “el proceso de depuración policial se revitalizará con la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad está en proceso de discusión en la asamblea legislativa».

Rivera afirmó que el dictamen ya está listo y los ajustes también, inclusive ya es de conocimiento de las bancadas, se debe acelerar su aprobación en enero de 2017.

El dirigente de sociedad civil indicó que “esta coyuntura de la depuración de emergencia no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia, y un nueva marco legal lo permitiría”.

“Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas en estos primeros días del año, al retorno de los legisladores, a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”, manifestó Rivera.

El integrante de la Comisión Especial señaló que “sin bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración ‘fast track’, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

El año pasado, la Comisión Especial desarrolló intensas jornadas de trabajo a fin elaborar sus recomendaciones a los proyectos de reforma a la legislación policial, mismas que fueron entregadas a las autoridades legislativas.

“Hemos analizado las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y remitimos nuestras recomendaciones a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional“, anunció Omar Rivera.

“Esperamos que los diputados aprueben la nueva Ley de Policía antes de irse a la campaña política; esa es la promesa de los integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional y los directivos del Poder Legislativo”, exclamó.

Rivera aclaró que la Comisión Especial “además de depurar, también está impulsando la transformación de la Policía Nacional, que incluye el mejoramiento de su marco legal”.

Omar Rivera: Valoramos la disposición del TSC de actuar con celeridad

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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó en las últimas horas que esta instancia le da «especial valor a la disposición del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de acelerar las investigaciones de supuesto enriquecimiento ilícito de altos oficiales de la Policía Nacional».

«Nos motiva el interés de los nuevos magistrados del TSC, de concluir las investigaciones en torno a incongruencias patrimoniales de oficiales activos que se desempeñan en posiciones relevantes en diferentes organismos policiales», dijo.

Rivera expresó que para ellos «es muy importante determinar si el actual Director de la Policía Nacional y demás oficiales activos incrementaron su patrimonio de forma desproporcionada e ilegal o, por el contrario, no han cometido ningún delito».

«Alivia un poco saber, de la mismísima voz del presidente del TSC, que el General Félix Villanueva, actual Director de la Policía, aparentemente, será absuelto de cualquier responsabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito por el cual ha sido señalado; ojalá el informe oficial confirme esto», señaló.

El dirigente de la sociedad civil reveló que «lo que si realmente consterna e indigna, es que después de 5 años y más de 200 millones de lempiras mal gastados, la calidad de los informes que elabora la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), sean pobres, de mala calidad y no concluyentes, según lo dieron a entender las mismas autoridades del TSC.

Sostenibilidad de acciones es la clave en esta lucha contra las maras

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional señaló este martes que “la sostenibilidad de políticas públicas en contra de los actos ilícitos cometidos por los integrantes de las maras y pandillas es el factor clave para tener éxito en la lucha en contra de estos transgresores de la Ley».

A criterio de Rivera, quien también es coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, «las políticas deben ser formuladas e implementadas considerándolas estrategias de Estado y no acciones de gobierno que concluyen cuando termina el mandato del Presidente de turno”.

“La creación de los entes de inteligencia e investigación criminal que los persiguen, la acción articulada de varias instituciones operadoras de justicia en su contra, la incautación y decomiso de sus activos obtenidos de forma ilícita, la privación absoluta de la libertad de sus líderes más agresivos y la persecución de sus aliados más relevantes en la institucionalidad pública, tienen a los miembros de maras y pandillas contra la pared, asfixiados y sometidos a una hostil acción por parte del Estado que nunca antes habían experimentado; estas intervenciones deben continuar y formalizarse y convertirse en políticas de Estado de obligatorio cumplimiento”, reflexionó.

Además, manifestó que “la reingeniería institucional del sistema de seguridad y justicia en el país ha permitido crear nuevas entidades de inteligencia e investigación criminal que han puesto especial énfasis en perseguir los delitos a los cuales normalmente se dedican las maras y pandillas”.

“La transformación de la corrupta e ineficiente Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en la moderna Dirección Policial de Investigaciones (DPI); la puesta en marcha de la nueva Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP), especializada en delitos complejos cometidos por bandas del crimen organizado; y la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado y la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), ha permitido ejecutar una acción focalizada y exitosa en contra de mareros y pandilleros en aquellas actividades ilegales de recurrencia, por ejemplo: extorsión, narcomenudeo y lavado de activos, entre otros”, agregó.

Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil indicó que “maras y pandillas han enfrentado las intervenciones coordinadas de varias entidades del Estado a través de plataformas de articulación territorial como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que sigue directrices del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, está generalizada actuación coordinada de policías, investigadores, fiscales, jueces y militares, ha sido un obstáculo para que los facinerosos continúen haciendo de las suyas en barrios, colonias, aldeas y caseríos de las principales ciudades del país”.

“El desmontaje de la estructura económica construida ilícitamente por las maras y pandillas, ha golpeado fulminantemente a estas organizaciones criminales; sacudir sus finanzas, como lo ha hecho el MP, con operaciones como ‘Avalancha’, ha debilitado a estas redes criminales en gran medida. El aseguramiento de bienes, la incautación y decomiso de los mismos, y la persecución penal por el delito de lavado de activos representa una evidencia concreta de la voluntad política de los operadores de justicia de quitar el manto de impunidad que ha arropado a los mareros en Honduras; sin lugar a dudas este tipo de acciones deben continuar”, continuó.

Asimismo, el depurador consideró que “la decisión gubernamental de confinar a cárceles de máxima seguridad a los principales y más agresivos líderes las maras y pandillas debe ser una norma, pues est neutraliza operaciones delictivas que -lamentablemente- eran dirigidas desde los centros penitenciarios del país; el envío de los más agresivos e influyentes pandilleros al ‘Pozo’, ha sido un contundente latigazo
a las andanzas de estos criminales”.

+ Vea el informe MARAS Y PANDILLAS EN HONDURAS

Finalmente, afirmó que “el hecho que se hayan iniciado acciones de depuración en las instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, ha permitido expulsar del andamiaje estatal a funcionarios corruptos que se constituían en aliados de los miembros de las maras y pandillas; la profilaxis realizada por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional permitió cancelar a más de 2 mil altos oficiales y agentes de escala básica, muchos de los cuales facilitaban a mareros y pandilleros la comisión de delitos graves”.

“La limpieza policial debe continuar como hasta ahora, pues las maras y pandillas ahora cuentan con una menor cantidad de malos policías que les ayudan a cometer pillerías en las diferentes circunscripciones departamentales, municipales y metropolitanas”, propuso.

Rivera declaró que “la agresividad con la cual están intentando reaccionar los mareros y pandilleros es natural y predecible; por tal razón,
las autoridades estatales deben responder con inteligencia, fuerza y valentía”.

“Sin duda alguna, las maras y pandillas están contra la pared, limitadas en su accionar perverso, sin oxígeno y avasallados por una recia actitud de la autoridad del Estado, hecho inédito en la vida nacional; pero para que esto continúe debe haber sostenibilidad en el accionar estatal; le corresponde a la ciudadanía a estar vigilante que no se baje la guardia y que se logre judicializar expeditamente y castigar ejemplarmente esta conducta inapropiada de estos inadaptados sociales”, concluyó.

“Daremos todo de nuestra parte para cumplir en el plazo establecido”: Omar Rivera

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Tegucigalpa. El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, dijo que «los miembros de la Comisión estamos poniendo todo nuestro empeño para cumplir a cabalidad y en el tiempo previsto con el mandato de implementar la necesaria profilaxis y reingeniería de los diferentes organismos policiales».

«Si el Presidente de la República y el Congreso Nacional deciden extender la duración de la gestión de la Comisión Especial, estamos en la plena disposición de seguir sirviendo a la Patria para consolidar este proceso de reedificación de la Policía Nacional«, manifestó Rivera.

El dirigente de la sociedad civil señaló que «dejar instaurado un sólido y efectivo sistema de investigación y evaluación de los integrantes de la carrera policial, aprobado un nuevo marco legal que defina una renovada estructura institucional y puesta en vigencia una Ley de la Carrera Policial, son retos del corto plazo que vamos a poder cumplir sin problema».

No obstante, el depurador expresó que «la reforma del sistema de educación de oficiales a través de la Academia Nacional de Policía (Anapo) y la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), la identificación de los líderes del futuro de la Policía Nacional y la definición de una nueva mística en la gestión policial, requieren un poco más de tiempo y si se nos da la oportunidad de contar con unos meses más, seguramente lograremos estos importantes cambios».

A más de L. 300 millones ascienden prestaciones laborales pagadas 2,091 policías depurados

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  • “En la última semana del mes de diciembre de 2016, la Secretaría de Seguridad desembolsó L. 50 millones a decenas de policías recientemente cancelados”.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional dio a conocer que la última semana del año 2016, la Secretaría de Seguridad pagó más de 50 millones de lempiras, en concepto de prestaciones laborales, a fin de atender la demanda de decenas de policías depurados que exigieron públicamente sus derechos laborales.

Estos 50 millones de lempiras se suman a los 250 millones se ya se habían desembolsado a mediados del mes de diciembre pasado.

El integrante de la Comisión Especial reveló que “con estas últimas erogaciones se pagaron más de L. 300 millones a los 2,091 policías excluidos de la estructura policial”.

«Hasta la fecha se han pagado más de L. 300 millones en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales y agentes de escala básica que han sido cancelados por la Secretaría de Seguridad en los primeros ocho meses de implementación del proceso de emergencia de depuración y transformación de la Policía Nacional. De esta forma se ratifica lo que varias autoridades estatales han manifestado, en el sentido que todos los que han sido cancelados como consecuencia del proceso de reestructuración institucional de la Policía Nacional han recibido sus respectivas indemnizaciones, luego que los mismos han acreditado tener sus finiquitos y constancias de solvencia con el Estado”, dijo Rivera.

El dirigente de la sociedad civil manifestó que «una vez los policías cancelados acreditaron no tener cuentas pendientes con el Estado y obtuvieron su finiquito de haber entregado todo su equipamiento, mobiliario y armamento a la Dirección de Logística de la Policía Nacional, se les hizo el pago que corresponde».

“Nadie nos va a intimidar”: Omar Rivera sobre atentando contra Jorge Machado

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Tegucigalpa. “El proceso de depuración policial es irreversible. No tiene marcha atrás. Tal cual lo he venido diciendo, bajo ninguna circunstancia nos van a intimidar ni con amenazas ni agresiones; el proceder violento de los incómodos no va a disminuir nuestro entusiasmo ni nuestro ímpetu por reconstruir la Policía Nacional”, fustigó esta mañana Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional.

Rivera se expresó en esos términos durante la ceremonia en honor a Geovany Rolando Calderón, Policía Militar asesinado ayer en el atentado contra Jorge Machado, asesor de la Comisión Depuradora; donde además resultó herido otro miembro del cuerpo de seguridad: Ricardo Mauricio Chavarría Mendoza.

“Si con acciones violentas pretenden atemorizar a los miembros de la Comisión Especial para disminuir el ímpetu con el cual estamos ejecutando la depuración policial, están muy equivocados; esto no se detiene, esto ya no tiene punto de retorno”, reiteró Rivera, que además exteriorizó su apoyo y acompañamiento con la familia de Geovany Rolando Calderón.

“Mi más sentido pésame a los familiares del agente de la Policía Militar, Geovany Rolando Calderón, que falleció en el atentado; del mismo modo, esperamos la pronta recuperación de Ricardo Mauricio que también resultó herido”, detalló el comisionado.

“Reiteró a los que pretenden asustarnos: no nos van a amedrentar; Honduras se merece una Policía Nacional honesta y capaz, y en eso estamos concentrados”, dijo Rivera, al tiempo que agradeció las infinitas muestras de apoyo y de solidaridad de la cooperación internacional, Organizaciones no Gubernamentales y del mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quienes se han sumado en una condena nacional ante este hecho violento.

Consultado sobre si sus esfuerzos para limpiar la Policía mermarán, luego de este atentado, Rivera respondió: “la construcción de la nueva Policía Nacional ha iniciado y es irreversible”.

Rivera pidió a los operadores de justicia capturar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de este atentado en contra de Jorge Machado y familia, y de su equipo de seguridad.

Desde la instalación de la Comisión Especial, los miembros de este órgano habían recibido sendas amenazas a muerte e intimidaciones; sin embargo, en todo momento fueron enfáticos en expresar que “la profilaxis en la Policía Nacional no tiene marcha atrás”.

Desde abril pasado, la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional ha realizado una evaluación exhaustiva de los expedientes de 3,009 elementos de la institución, de los cuales 2,070 han sido separados y de ellos, 1,539 han salido por reestructuración.

Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional cancela a 405 elementos de la institución

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  • En 8 meses de trabajo, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha cancelado más de dos mil altos oficiales y agentes de escala básica.

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, en seguimiento al proceso de evaluación de los miembros de la Carrera Policial, anunció –en su comunicado No. 35- que a partir de la fecha se insta al General, en condición de retiro, Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, a cancelar por reestructuración, retiro voluntario, abandono de cargo y despido, a 405 policías de diferentes rangos.

Luego de esta resolución, la Comisión Especial, ha cancelado a más de dos mil altos oficiales y agentes de escala básica, en los 7 meses de gestión, luego que el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, juramentará a sus miembros, el pasado 12 de abril de 2016.

En el comunicado, hecho público esta mañana, los integrantes de la Comisión Especial indican que luego de analizar las hojas de vida, expedientes disciplinarios, evaluaciones de desempeño, resultados de pruebas de confianza, e información suministrada por las diferentes dependencias de la Dirección General de la Policía Nacional, y determinar si el perfil profesional de un grupo de miembros de la carrera policial  evaluados cumple con las exigencias del renovado andamiaje institucional de la Policía Nacional, resolvió exhortar el Secretario de Seguridad a cancelar por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, a 308 policías de los rangos de Suboficial III, Suboficial I, Clase III, Clase II, Clase I, agente de escala básica, analista de investigación, agente de investigación y personal auxiliar.

Del mismo modo, se informa que la Dirección General de la Policía Nacional, presentó un informe sobre los oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar que han presentado peticiones de retiro voluntario, mismo que esta Comisión Especial, procedió a discutir, procediendo –de igual manera- a analizar y valorar de los expedientes y reportes recibidos, acordando dar el visto bueno para que se cancelen los acuerdo de nombramiento por retiro voluntario, en aplicación del artículo 109, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a 69 policías de los rangos de Inspector, Suboficial III, Suboficial II, Clase II, Clase I, agente de escala básica, analista de investigación, agente de investigación y personal auxiliar.

También, la Comisión Especial recomendó cancelar el acuerdo de nombramiento por abandono del cargo a 18 integrantes de la Policía Nacional, a los cuales se les comprobó la transgresión al régimen disciplinario; la medida se toma luego de proceder a realizar el análisis de los expedientes disciplinarios correspondientes y valorar los informes recibidos, y comprobarse que se cumplió con el debido proceso. Los policías cancelados por abandono de cargo, corresponden a los rangos de Suboficial III, Suboficial I, Clase I y agente de escala básica.

Finalmente, los miembros de la Comisión Especial tomaron la decisión de cancelar el acuerdo de nombramiento por despido, sin responsabilidad para el Estado, a 10 policías de los rangos de Clase I y agente de escala básica.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar con objetividad y decisión con el proceso de re-estructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

Vea el comunicado No. 25:

Próximo año se incorporarán 3,000 nuevos policías

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  • Cerca de tres mil nuevos elementos egresaron en 2016 del ITP.
  • Recurso humano renovado desempeñará con eficiencia la función policial: Omar Rivera.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional anunció que el próximo año egresarán del Instituto Tecnológico Policial (ITP) más de 3,000 nuevos agentes de escala básica que será la «sangre nueva» que solventará los «viejos problemas» de la entidad.

«En el marco del plan de duplicar el número de policías para el año 2022, el próximo año se podrá contar con unos 3,500 nuevos agentes que se graduarán de los programas del nuevo ITP en La Paz», manifestó Rivera.

El dirigente de la sociedad civil dijo que si bien es cierto «para finales de diciembre más de 2,000 altos oficiales y agentes de escala básica habrán sido depurados, también es cierto que este 2016 egresaron del ITP cerca de 3,000 nuevos elementos y un poco más de ese número el 2017».

«No solamente estamos cancelando policías, estamos -en el marco de modernos programas de capacitación- preparando el renovado recurso humano que se desempeñará con eficiencia y honestidad en la función policial», expresó el depurador.

Finalmente, reveló que el nuevo ITP es un orgullo para los hondureños; «es la academia de policía más moderna de Centroamérica y una de las tres más innovadoras de América Latina y el Caribe», aseveró.

Oficiales de Policía que pretendan ascender deberán actualizar los resultados de pruebas de confianza

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, reveló que los oficiales que pretendan ascender deberán volver a someterse a las pruebas de confianza, a fin de actualizar los resultados de las mismas y garantizar que -de esta manera- se pueda evaluar la idoneidad de ellos.

“El comunicado de la Comisión Especial es claro al señalar que los 288 oficiales y miembros de la Carrera Policial que han sido propuestos por parte del Consejo General de Ascensos 2015-2016 para ascender al grado inmediato de las escalas superior, ejecutiva e inspección, tendrán obligatoriamente que ser sometidos nuevamente a los pertinentes Mecanismos de Evaluación de Confianza, de manera integral; todos deberán actualizar sus expedientes, absolutamente todos”, declaró Rivera.

El depurador señaló que con la intención de garantizar pruebas de calidad óptima se solicitará apoyo internacional y de organismos nacionales especializados como la Dirección de Medicina Forense y la Dirección de Inteligencia del Estado.

Anunció que “las pruebas del polígrafo, toxicológicas y psicométricas serán aplicadas de acuerdo a estándares internacionales”.

“Vamos a intentar, con estos resultados actualizados de las pruebas de confianza, el contenido de los informes de evaluación de desempeño y los datos que nos suministren las instituciones operadoras de justicia y entres contralores del Estado, a determinar si los candidatos oficiales están aptos para ascender o no; una vez esta evaluación esté concluida, remitiremos una lista final de propuestos para ascenso al Presidente de la República, quien la remitirá luego al Congreso Nacional para su consideración”, dijo el dirigente de la sociedad civil.

NO VAMOS A COMETER LOS MISMOS ERRORES DEL PASADO

“De frente a la realización de los próximos ascensos de oficiales de la Policía Nacional que se tienen previston realizar en los próximos meses, la Comisión Especial establecerá rigurosos procedimientos que garanticen que solamente los idóneos sean elevados al rango inmediato superior”, lo hizo saber Omar Rivera.

Manifestó que “sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al mandatario y a los diputados el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a los Estados Unidos de América por la comisión de actos ilícitos”.

“Una Policía Nacional que en cinco años tendrá más de 25 mil agentes, requiere un liderazgo robusto, capaz y decente, por lo que la selección de los nuevos altos oficiales debe tomar en consideración los nuevos retos y desafíos de la institución; ya no se trata de tener ese recio y tosco jefe policial que a gritos quería imponer orden en la entidad, ahora se necesitan profesionales con elevadas calificaciones académicas, con un innovador pensamiento estratégico, probidad evidenciada en sus actos y un liderazgo a la vanguardia”, exteriorizó el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Finalmente, apuntó que “una revitalizada Policía Nacional demanda una alta oficialidad de óptima calidad para implementar los procesos de reforma y fortalecimiento institucional que tanto ha necesitado esta entidad golpeada –en los últimos años- por la falta de credibilidad y confianza ciudadana”.

LOS ASCENSOS EN LA POLICÍA NACIONAL

El ascenso es un proceso administrativo legal para optar al grado inmediato superior, tiene como propósito mantener los cuadros orgánicos en el orden jerárquico de la Policía Nacional, reconociendo los méritos de cada candidato, estará reglamentado y regulado a través del Manual de Ascensos establecido para tal fin.

La asignación de cargos debe hacerse con base en la clasificación de los miembros de la Policía Nacional; considerando el grado jerárquico, tiempo de servicio (antigüedad), formación profesional, capacidad profesional, especialidad, la aprobación de las evaluaciones de suficiencia física y exámenes de idoneidad; asimismo, superar con éxito las diferentes pruebas de rendimiento físico, evaluación del desempeño, eficiencia en el cumplimiento del deber y las diferentes pruebas de confianza.

PRUEBAS DE CONFIANZA

Las pruebas de confianza son los instrumentos que se aplican para cuantificar la confiabilidad del servidor público en el cargo que desempeña. Se aplica a investigaciones de campo, evaluaciones, estadísticas y demás herramientas que faciliten la medición.

Estas pruebas son aplicadas a los aspirantes a ingresar a la Carrera Policial para postularse a becas, capacitaciones, proceso de ascenso y cargos de confianza; entre las pruebas normalmente aplicadas se encentran las toxicológicas, psicométricas, psicofisiológicas (polígrafo), estudios socioeconómicos o patrimoniales.

Vea el comunicado número 34: