Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), instancia de la sociedad civil hondureña, fundada en el año 2012, con el objetivo de ejecutar acciones de auditoría social e incidencia política al Sistema de Seguridad y Justicia en el país, ante las recientes acciones del Congreso Nacional de la República, que reforman el marco jurídico que aplica al combate a la criminalidad, delincuencia y corrupción en el territorio nacional, se pronuncia de la siguiente forma:

1) LAS DEMANDAS CIUDADANAS HICIERON QUE EL ESTADO ACTUARA CONTRA LOS DELINCUENTES: En los últimos años, ante las demandas y el hartazgo de la sociedad civil organizada, las movilizaciones sociales  y  las manifestaciones espontáneas; el Poder Legislativo, Gobierno de la República, instituciones operadoras de justicia y entidades contraloras del Estado, realizaron esfuerzos y acciones conjuntas que permitieron crear  un  marco legal, estratégico y operativo proporcional a los delitos que las bandas del crimen organizado, cárteles del narcotráfico, maras y pandillas, y redes de corrupción cometen.  El descabezamiento de los principales cárteles del narcotráfico, el desmantelamiento del andamiaje financiero de las principales bandas del crimen organizado, el juzgamiento y castigo de cabecillas de redes de corrupción gubernamental y la depuración de entidades estatales como la Policía Nacional, son ejemplos concretos del éxito que este nuevo marco institucional ha permitido obtener.

2) NADA JUSTIFICA REVERTIR LA LUCHA CONTRA CRIMINALES, DELINCUENTES Y CORRUPTOS: Desde la perspectiva de la APJ, valoramos como positivas estas medidas que han permitido investigar, juzgar y castigar a algunos transgresores de la Ley que mediante actividades criminales, negocios ilícitos y ejecutorias corruptas se han enriquecido. Nada justifica revertir lo mucho que –en los últimos años- se ha hecho en la nación, a fin de perseguir a los facinerosos que tanto daño le ha causado a la sociedad y al Estado y han privado a las familias de recursos que reducirían la brecha de la pobreza y desigualdad. Es deber ineludible de los ciudadanos ejercer presión continua y exigir resultados para que esta dinámica no disminuya en su intensidad y denunciar a quienes pretendan echar por la borda lo mucho que se ha conseguido.

3) DEMANDAMOS DEROGAR LEYES QUE ENTORPECEN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Las recientes decisiones tomadas por el Congreso Nacional de la República, en torno a reducir las penas aplicables a delitos de corrupción contenidas en el proyecto original del nuevo Código Penal (agosto 2017), modificar la Ley Orgánica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (enero 2018), y reformar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (marzo 2018), son una lamentable e inequívoca señal de que se está gestando en el país una tendencia regresiva que crea un ambiente habilitante a los criminales, delincuentes y corruptos, en contraria dirección del anhelo ciudadano que clama por mantener rígida la gestión estatal en contra de los que cometen actos ilegales y se benefician de ellos. La APJ, no admite que la lucha en contra de los que atentan contra la integridad física de los hondureños, atentan en contra de los bienes del Estado y drenan el erario nacional tenga freno y se impulse su retroceso desde el Congreso Nacional.  Demandamos de los diputados entender este deseo ciudadano, no dar la espalda a esta justa lucha y les pedimos derogar de inmediato estas reformas que entorpecen la ofensiva estatal en contra de quienes irrespetan la Ley.

4) INSTAMOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A VETAR EL DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO: Asimismo, la APJ insta al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, a vetar el decreto legislativo que reformó la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, ya que el mismo manda a un repliegue de la institucionalidad del Estado en la lucha en contra de la criminalidad, delincuencia y corrupción. El Congreso Nacional no cuestionó este instrumento cuando se le aplicaba a narcotraficantes, mareros y burócratas de segunda categoría, pero se ha incomodado ahora que amenaza con ser aplicada a las cúpulas políticas y empresariales.  Si algún exceso se ha cometido o alguna injusticia se ha realizado en la aplicación de la norma vigente,  habrá que tomar las medidas del caso para corregir la falla y deducir las responsabilidades a los funcionarios que hayan abusado de autoridad o violentado derechos; un error o exceso humano no debe convertirse en la coartada para fomentar la impunidad.

5) LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEBEN ESTAR VIGILANTES A FUTUROS EVENTOS: Finalmente, quienes conformamos la APJ, alertamos que de continuar los diputados con esta propensión a alterar la correcta ruta por la cual transitamos en la lucha en contra de los consorcios dedicados a lo ilícito, las secuelas serán funestas y acarreará perjuicio en contra de la colectividad y el patrimonio del Estado, y –lo que es más grave- instaurarán un Estado de Arbitrariedad que es inaceptable cuando la aspiración colectiva es avanzar para fortalecer el Estado de Derecho. En tal sentido, reiteramos el llamado a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil en particular, a estar vigilantes a futuros eventos que –como la elección del próximo Fiscal General de la República- pudiesen convertirse, de no hacerse lo pertinente, en un aldabonazo a la incipiente institucionalidad del Estado que lucha en contra de los malhechores.