Resultados del Índice de Percepción de Violencia son socializados con autoridades de justicia y seguridad

  • También fueron presentados los resultados de un estudio de diagnóstico local que revela la situación de inseguridad que se vive en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso y Tegucigalpa.

Tegucigalpa. Integrantes de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron los resultados del Índice de Percepción de Violencia y del estudio Diagnóstico Local de Seguridad y Justicia en las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rosa de Copán, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa.

El Índice de Percepción de Violencia y el Diagnóstico Local de Seguridad y Justicia fueron socializados con el propósito de informar y sensibilizar sobre los distintos tipos de violencia y la falta de oportunidades que afectan a la población más vulnerable del país, así como mostrar las carencias que presentan algunas de las instituciones públicas que trabajan en temas de seguridad y justicia.

El diagnóstico local realizado por la Plataforma Juvenil de la APJ muestra que los jóvenes, especialmente de edades entre 15 y 24 años son los más afectados por los homicidios.

Entre los móviles más frecuentes de los crímenes se mencionan: el sicariato, peleas entre maras y pandillas, comercio de drogas y robo.

Vicente González, coordinador de Juventud de la APJ, enfatizó en la importancia de esta iniciativa que forma parte de los esfuerzos para la construcción de una Política Nacional de Prevención de la Violencia. “Creemos que estas iniciativas locales que son impulsadas desde la juventud pueden contribuir para que autoridades y jóvenes podamos trabajar juntos, para hacerle frente al flagelo del narcotráfico y crimen organizado”, señaló.

“Esperamos que esta información permita que las autoridades que trabajan en temas de justicia y seguridad puedan focalizar sus acciones de prevención en estas seis ciudades del país, que concentran los índices de homicidios más altos a nivel nacional”, agregó González.

Los espacios de socialización, que se llevaron a cabo en el mes de agosto en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa, Comayagua, El Progreso y Siguatepeque, contaron con la participación de jóvenes de los diferentes capítulos regionales de la plataforma juvenil de la APJ, así como grupos organizados de sociedad civil, autoridades municipales y de seguridad y justicia.

Para mediados del mes de septiembre se espera dar paso a la construcción de una propuesta para una Política Nacional de Prevención de Violencia, la cual será presentada en un evento público ante las autoridades y población en general.

Fundación Landaverde reconoce participación de jóvenes en concurso “Sin miedo a la verdad”

• Jóvenes de Honduras, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Chile respondieron a la convocatoria.

Tegucigalpa. La Fundación Alfredo Landaverde reconoció este jueves la participación de medio centenar de jóvenes en el concurso literario y artístico “Sin miedo a la verdad: Dígalo en papel”, en homenaje al prócer moderno asesinado por señalar la corrupción y el narcotráfico.

El concurso “Sin miedo a la verdad: Dígalo en papel” fue anunciado en mayo, con el objetivo de fomentar la expresión artística juvenil bajo el legado de esperanza, justicia, paz y lucha anticorrupción de Alfredo Landaverde.

La iniciativa, organizada por la Fundación Alfredo Landaverde, contó con el auspicio de la Subsecretaría de Prevención en Seguridad, la Alianza por la Paz y Justicia (APJ) y Ediciones Ramsés.

En total, 47 jóvenes entre los 18 y 35 años procedentes de Honduras, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Chile, participaron enviando sus trabajos literarios tales como: ensayos, poemas, cuentos, relatos y dramas.

Para la selección de los ganadores se tomaron en cuenta criterios de conocimiento de la vida de Alfredo Landaverde y sus valores, originalidad, profundidad en el planteamiento, así como calidad narrativa.

El primer lugar fue otorgado a Hilcia Gabriela Mejía Banegas, por ensayo “Alfredo Landaverde, semilla de justicia, frutos de paz”; el segundo lugar, a Jorge Enrique Montoya, quien presentó el relato crítico “El mártir Alfredo Landaverde”; el tercer lugar correspondió a Daniel Armando Coello Flores, por su ensayo “Ideales que trascienden fronteras”; y el cuarto, a Lázaro Jesús Murillo Álvarez, autor del poema “Propuesta literaria y artística”. Otros seis participantes recibieron mención honorífica por parte del jurado calificador.

Vea la fotogalería haciendo clic sobre las flechas:

Premiación del concurso "Sin miedo a la verdad"

“Las denuncias de Alfredo alertando sobre la violencia y la corrupción que significaba no enfrentar el narcotráfico, son más actuales que nunca. Su voz está viva en los corazones nobles y honrados de Honduras”, señaló Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde.

Landaverde fue coordinador de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y experto en temas de seguridad. Después de denunciar la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y sus conexiones con el crimen organizado en un programa de la televisión, fue acribillado por sicarios la mañana del 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa mientras se conducía en su automóvil junto a su esposa.

La Fundación Alfredo Landaverde fue fundada en marzo 2012, tras el asesinato del zar antidroga, con el objetivo de honrar el trabajo de su vida en pro de la justicia.

Jóvenes piden al Estado invertir en prevención de la violencia y en educación

  • En el Día Internacional de la Juventud, Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia condenó hechos de represión contra estudiantes y universitarios.
  • Encuesta revela que más de 40% de jóvenes teme ser víctima de un acto de violencia.

Tegucigalpa. En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) pidió este lunes al Estado hondureño destinar más recursos a la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y a la educación.

La plataforma, a través de sus capítulos en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa, emitió un pronunciamiento en el que revela los resultados de la Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de Violencia en Jóvenes.

El sondeo destaca que el 40% de jóvenes ha sido víctima de un delito violento en los últimos 12 meses y que cerca del 40% tienen temor de ser víctimas de un delito violento, rondando el 50% en ciudades como Tegucigalpa, El Progreso y San Pedro Sula, tres de las más grandes del país.

Mientras en ciudades como Santa Rosa de Copán, uno de los municipios con altos porcentajes de violencia intrafamiliar o doméstica, al 27.9% de los encuestados le preocupa ser víctima de algún delito.

Pronunciamiento de la Plataforma Juvenil de la APJ

Y es que, en Honduras, el 60% de las víctimas de homicidio oscila entre los 15 y 29 años. Por otro lado, unos 800,000 jóvenes no tienen acceso a educación ni a un empleo.

Ante la realidad imperante, la Plataforma Juvenil de la APJ calificó como “imperativas la planificación y ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención como principal herramienta para la reducción de la violencia, tanto hacia jóvenes como la población en general”.

De igual manera, abogó por el fortalecimiento de la educación formal y potenciar proyectos de educación no formal de jóvenes, “para estimular tanto el buen desempeño de este sector poblacional, así como garantizar el buen uso del tiempo de estas y estos”.

Con respecto a incidentes contra estudiantes y universitarios en los que han tenido participación fuerzas de seguridad pública, la Plataforma exigió al Estado un “cese a la militarización de la sociedad, así como cualquier tipo de represión que ponga en precario la integridad de las y los jóvenes a nivel nacional”.

La Plataforma Juvenil de la APJ busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenta con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz acciones de incidencia política y defensa social relacionadas con el tema de seguridad y justicia.

+ Lea el pronunciamiento:

Organizaciones de sociedad civil realizan foro de auditoría social e incidencia política

  • Policía Nacional será capacitada para brindar mejor atención a grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones de sociedad civil conocerán seguimiento que DPI da a las denuncias recibidas a través del 911.

Tegucigalpa. Distintas organizaciones de sociedad civil participaron este lunes en el foro “Auditoría Social e Incidencia Política: Herramientas para la mejora del desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras”.

El espacio fue desarrollado con el objetivo de presentar los resultados de un proceso de veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.

El informe de los veedores sociales establece que la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.

“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.

Entre los hallazgos destaca también que los establecimientos de los distritos policiales no cuentan con accesibilidad ni servicios para personas con discapacidad o algunas necesidades especiales, y que tampoco hay personal capacitado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe, de las patrullas asignadas a la UMEP 1 el 79% se encuentra en estado regular, el 15% como chatarra y apenas 6% en buen estado, mientras el 97% de las motos asignadas se encuentran no operativas o en estado chatarra, un 3% en estado regular y 0% en buen estado.

En respuesta a los hallazgos presentados, las organizaciones de sociedad civil y autoridades policiales acordaron realizar acciones puntuales que permitan mejorar las condiciones de las postas policiales.

Foro de auditoría social e incidencia política

Entra las acciones conjuntas a implementar se contempla un proceso de sensibilización a miembros de la Policía Nacional en atención a grupos vulnerables como el sector de discapacidad y personas de la comunidad LGTBI.

Además, las organizaciones de sociedad civil conocerán por parte de la Policía Nacional el funcionamiento del nuevo modelo de Policía Comunitaria y la metodología de trabajo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a fin de conocer el seguimiento que se da a las denuncias recibidas a través de la línea de emergencia 911.

En el espacio de discusión participaron: Argedia Reyes, coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia; Félix Colindres, comisionado de la Policía Nacional de Honduras; Jenny Aguilar, especialista en auditoría social de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Carol Aragón, representante de la Asociación Daniel; Jose Aguiriano en representación de la Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), entre otros.

Con expresiones artísticas jóvenes de Copán promueven la prevención de violencia

  • Durante la actividad se desarrollaron show de pantomimas, actuación y música.
  • Artistas locales respaldaron la iniciativa de APJ, orientada a promover ambientes de paz y prevención de violencia.

 

Santa Rosa de Copán. Con la finalidad de informar y sensibilizar a la población sobre los distintos tipos de violencia que ocurren con frecuencia en el país, la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y su capítulo regional de Santa Rosa de Copán, desarrollaron la actividad “Teatro Conciencia”.

Teatro Conciencia es una iniciativa artística y cultural que de forma creativa permite sensibilizar a la población de la importancia de unir esfuerzos para la prevención de la violencia.

 

Con expresiones artísticas de grupos de pantomima, música de diversos géneros, actuación y mojigangas, los jóvenes integrantes del capítulo regional de APJ en Santa Rosa de Copán crearon mensajes de paz, amor y valoración cultural, como alternativas para promover ambientes de paz y sana convivencia.

Asimismo, durante la actividad fue promovida la labor de la APJ como plataforma de organizaciones de sociedad civil que trabajan por hacer que el sistema de justicia sea justo y accesible para los hondureños.

La iniciativa que se desarrolló el pasado fin de semana, contó con la participación de varios artistas nacionales, entre ellos la agrupación La Erre, Cubi D, el grupo teatral Futuro, Giselle Dubón, Aldor Sánchez, Josselyne Andino, entre otros.

La Ceiba: Presentan resultados de veedurías sociales realizadas a postas policiales

  • Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.

La Ceiba. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este lunes los resultados de la veeduría ciudadana efectuada a estaciones policiales de la ciudad de La Ceiba.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a unidades policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de La Ceiba participaron las organizaciones: Madre, Tierra, Verde y Humana, y Jóvenes contra la Violencia.

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en las estaciones policiales: Unidad Departamental de Prevención (UDEP) número 1, la estación municipal Satuyé y la estación municipal El Porvenir.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Dirección Policial de Investigación es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que espacios como: las habitaciones policiales, baños, oficinas de atención al cliente y celdas, se encuentran en mal estado debido a falta de mantenimiento y reparación, limpieza, instalaciones eléctricas improvisadas o escasez en el suministro de agua.

Además, apunta problemas que necesitan ser atendidos como prioridad por la institución, entre ellos los altos índices de violencia juvenil (maras y pandillas), menores de edad expuestos a reclutamiento y crimen organizado, consumo y venta de drogas, así como tráfico de armas en barrios y colonias.

En ese sentido, entre las soluciones proponen campañas de sensibilización y prevención, la creación de una política pública municipal de prevención de la violencia juvenil y la elaboración de un análisis forense de procesos. Para tal fin, además de la activa participación policial, se contempla la participación de la Corporación Municipal de La Ceiba, la Dirección Distrital de Educación y del Poder Judicial.

Organizaciones de sociedad civil presentan resultados de veeduría a la Dirección de Policial de Investigación en Tela

  • Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la DPI y la institucionalidad.

Tela, Atlantida. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este martes los resultados de la veeduría ciudadana efectuada a la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la ciudad de Tela.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a unidades policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de Tela, participaron las organizaciones: Young Leader y Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares y la Asociación de Prevención, educación en salud sexual y Sida de Tela (APRESTELA).

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en las oficinas de la DPI, con cobertura en tres municipios, para la atención de alrededor de 142,301 personas.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Dirección Policial de Investigación es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que la desde de la unidad policial cuenta apenas con cinco cubículos con poca confidencialidad y en exposición de los detenidos, sanitarios en mal estado con escaso abastecimiento de agua y un cuarto de descanso deteriorado.

Además, indica que la estación no cuenta con celdas para personas en condición de vulnerabilidad y tampoco con una bodega para el almacenamiento de pruebas decomisadas por los investigadores, por lo que estas son remitidas a las oficinas del Ministerio Público.

Ante los hallazgos, los veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la DPI y la institucionalidad.

Organizaciones civiles de San Pedro Sula presentan resultados de veedurías ciudadanas a postas policiales

  • Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.

San Pedro Sula. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron los resultados de las veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de San Pedro Sula.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a postas policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de San Pedro Sula, participaron las organizaciones: Asociación de Personas con Retos Especiales de Honduras (APREH), Centro de Educación Prevención en Salud, Sexualidad y Sida (CEPRES), Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Warriors Zulu Nación Honduras (WZNH), Fundación Amigos sin Fronteras (FUASIF) y la Asociación Feminista Trans (AFET-Trans).

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en los distritos policiales de las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP) número 6 y 8, las cuales atienden aproximadamente a 660 mil personas.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Policía Nacional es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales señala varios problemas que deben ser abordados en el plan de acción de la institución uniformada, entre estos: violencia familiar hacia niños con discapacidad, falta de actividades preventivas en temática de violencia juvenil en maras y pandillas en la capital industrial y violencia generalizada hacia las personas LGBTI.

En ese sentido, propone el fortalecimiento de capacidades del recurso humano de Policía Nacional, con capacitación enfocada en atención a personas con discapacidad, población LGTBI, juventud vulnerada, mujeres víctimas de violencia y minorías étnicas; así como reforzar las acciones del plan operativo integral de convivencia y seguridad ciudadana en la Municipalidad sampedrana para reducir los índices de violencia.

Organizaciones de sociedad civil presentan resultados de veedurías a postas policiales de Tegucigalpa

  • Las auditorías ciudadanas se realizaron en cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba.

Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron los resultados de las veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a postas policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que logran identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

EEn el caso de Tegucigalpa, participaron las organizaciones: Cáritas – Arquidiócesis de Tegucigalpa, Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), Asociación Daniel, Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) y Asociación de Sordos.

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en los distritos policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional, así como en las estaciones de: barrio Los Dolores, barrio El Manchén, barrio El Edén y colonia San Miguel.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Policía Nacional es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que la UMEP 1 tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.

“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.

Entre los hallazgos destaca también que los establecimientos de los distritos policiales no cuentan con accesibilidad ni servicios para personas con discapacidad o algunas necesidades especiales, y que tampoco hay personal capacitado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe, de las patrullas asignadas a la UMEP 1 el 79% se encuentra en estado regular, el 15% como chatarra y apenas 6% en buen estado, mientras el 97% de las motos asignadas se encuentran no operativas o en estado chatarra, un 3% en estado regular y 0% en buen estado.

13 de cada 100 homicidios reciben sentencia condenatoria en Honduras

  • El informe elaborado por la APJ, destaca una reducción en el índice de impunidad en homicidios en Honduras, de 96% en el año 2013 a 87% en 2017.
  • Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara presentan la tasa de impunidad más elevada; mientras los de más baja impunidad son Choluteca, Lempira, Comayagua y Copán.
  • Reducción sustancial en número de homicidios ha sido factor determinante para disminuir índice de impunidad.

Tegucigalpa. El índice de impunidad en homicidios en Honduras es de 87%; es decir, solamente 13 de cada 100 muertes violentas son investigadas, judicializadas y reciben sentencia condenatoria. Así lo establece un estudio realizado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), que analizó la efectividad del Sistema de Administración de Justicia Penal para castigar el delito de homicidio durante el período comprendido entre los años 2010 y 2017.

Pese a que los resultados presentados no son los mejores, la APJ revela que sí hubo una mejoría respecto a cifras de años anteriores. El informe destaca una reducción en el índice de impunidad en homicidios de 96% en el año 2013 a 87% en 2017.

El reporte denominado “Segundo informe sobre la impunidad en homicidios” establece que el número de homicidios en Honduras pasó de 6,757 en el año 2013 a 3,866 en 2017, mientras que el número de sentencias condenatorias fue de 298 en 2013 a 491 en 2017. Una conclusión del informe establece que la reducción de la impunidad en homicidios se debe, entre otros factores, a una reducción sustancial del número de muertes violentas, la mejora en la calidad de los expedientes de investigación criminal y los requerimientos fiscales, y un incremento moderado de las sentencias condenatorias en los departamentos de Copán, Comayagua, Lempira y Choluteca.

Como punto comparativo se estable que en el período de análisis se registraron la mayor cantidad de homicidios (7,172) y la menor (3,866), respectivamente; esto equivale a una reducción en la tasa de homicidios, de 85.5 a 43.6 por cada 100 mil habitantes. Ese fue un factor determinante para reducir el índice de impunidad en homicidios en Honduras.

Omar Edgardo Rivera, director de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que es importante reconocer el avance, no obstante “habrá que dejar en claro que el factor más importante para reducir la impunidad en homicidios en estos últimos años ha sido el descenso en muertes violentas, pues la efectividad del sistema para sancionar judicialmente a quien comete el delito aún no ha desarrollado su capacidad institucional para dar el salto cuantitativo y cualitativo que se requiere”.

“Apenas se judicializa el 24% de los homicidios y únicamente se sanciona al 13%, eso es inaceptable; está claro que se han mejorado las cifras en los últimos años, pero no es suficiente”, manifestó. A la vez, Rivera Pacheco demandó la asignación de mayor cantidad de recursos a los unidades policiales, fiscalías especializadas y organismos judiciales “para que mejoren la calidad de servicios y la eficiencia en el desempeño”.

Asimismo, el director ejecutivo de la ASJ y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, Carlos Alberto Hernández Martínez, expresó que “es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de investigación criminal y las capacidades profesionales del recurso humano que labora en ellas, especialmente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”. Agregó que “de la calidad de los expedientes de investigación dependerá la calidad de los requerimientos fiscales a ser presentados y de la calidad de los requerimientos presentados, dependerá el éxito en el juicio en contra de quienes cometieron el delito de homicidios”.

APJ presenta Segundo Informe de Impunidad en Homicidios

De la mismo forma, Hernández Martínez, puso en relieve que el documento presentado por la APJ revelaba que los más alto índices de impunidad en homicidios se dan en los departamentos en donde históricamente el narcotráfico ha operado, por lo que se deben tomar medidas extraordinarias en esa región del país; “los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara son los que más elevada tasa de impunidad tienen; ahí habrá que poner empeño y fortalecer la presencia de policías, agentes de investigación, fiscales, jueces y magistrados”, apuntó.

El análisis recoge datos registrados por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) del Poder Judicial y los boletines nacionales del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como mediciones internacionales como el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el Informe Latinobarómetro 2018.

La APJ recomienda en su informe, a fin de reducir la enorme tasa de impunidad en muertes violentas que impera en el país, fortalecer al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, así como las unidades de investigación criminal, a fin de lograr ampliar la cobertura de sus servicios y mejorar resultados. Del mismo modo, se propone diversificar las acciones para enfrentar la violencia en el país ejecutando, no solamente operativos que repriman el delito, sino que lo prevengan. Finalmente, la plataforma ciudadana plantea mejorar la coordinación, articulación y complementariedad de los organismos que pertenecen al Sistema de Administración de Justicia Penal y promover la implementación de estrategias interinstitucionales  focalizada en poner en práctica los juicios expeditos para delitos de flagrancia.

 

ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS EN HONDURAS

Año Homicidios Casos ingresados Poder Judicial Total Sentencias Condenatorias Índice de Resolución de Casos Índice de Impunidad (IID)
2010 6239 889 222 25% 96.4%
2011 7104 970 298 31% 95.8%
2012 7172 935 279 30% 96.1%
2013 6757 860 298 35% 95.5%
2014 5936 872 495 57% 91.6%
2015 5148 960 412 43% 92.0%
2016 5150 1006 448 45% 91.3%
2017 3866 914 491 54% 87.3%

 

+ Vea el «Segundo informe de impunidad en homicidios»