• Poder Judicial, Secretaría de Seguridad y Ministerio Público han sido las instituciones con menor incremento en su presupuesto en los últimos 10 años.

Tegucigalpa. Una asignación presupuestaria integral para los entes de Defensa, Seguridad y Justicia en el país, exigió este martes la plataforma ciudadana de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

La exigencia de la APJ se dio en el marco de la presentación del informe Evolución Histórica del Presupuesto de Seguridad y Justicia 2010-2020, donde se realizó un análisis a la asignación presupuestaria del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Defensa.

Al realizar una comparación del crecimiento porcentual entre el Presupuesto General y los presupuestos de las diferentes instituciones del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia del país en los últimos 10 años, se observa cómo en un 228.13% el presupuesto para la Secretaría de Defensa es superior al incremento que han tenido las otras entidades, pasando de L.2,593,527,900 en 2010 a L 8,477,312,046.00 en 2020.

En tanto, el Poder Judicial ha sido el más afectado en su presupuesto, sufriendo tres disminuciones (2010-2015 y 2020). La investigación muestra que el Poder Judicial pasó de recibir L 1,501,269,700 en 2010 a L 2,601,312,929.00 en 2020, para un aumento de 73.27%.

La Secretaría de Seguridad, en el período analizado, pasó de recibir L 2,925,364,800.00 en el año 2010 a L 6,808,329,984.00 en 2020, para un aumento de 132.73%.

Por su lado, el Ministerio Público que tiene la responsabilidad de la investigación y acción penal en el país, ha tenido un aumento de 171.01% en su presupuesto; al pasar de L 776, 889,500.00 en 2010 a L 2,105,475,158.00 en 2020, teniendo en una década un incremento de apenas L 1,328,585,658.00.

Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que «para poder exigir resultados efectivos a las diferentes instituciones de seguridad y justicia, se requiere dotarlos de los suficientes recursos humanos, logísticos y financieros que permitan fortalecer la capacidad institucional de estos operadores, y permitir con ello ampliar la cobertura, cumplir con sus deberes y responsabilidades y, mejorar la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía”

Mientras, la coalición ciudadana de la APJ apuntó que “se han realizado asignaciones presupuestarias importantes para el sistema de seguridad, lo que se refleja en una disminución considerable en los índices de homicidios, pero en menos escala al sistema de justicia y como consecuencia una mínima disminución en el índice de impunidad; por lo tanto al revisar su distribución, ha sido poco equitativo entre las dependencias limitado el cumplimiento de resultados y no solventa el problema de inseguridad y justicia”.

En el caso de la tasa de homicidios que se reportaba en un 77.5% en el año 2010, bajó a 41.4% en 2020, cuando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad incrementó de L 3,025,464,800 (2010) a L 6,583,476,835 (2020).

De la misma manera, el índice de Impunidad pasó de 96.4% (2010) a 87.3% (2017), en el período en el cual el presupuesto del Poder Judicial aumentó en L 1,100,043,229.00.

En el marco de la presentación del informe, la APJ recomendó analizar y reestructurar la asignación presupuestaria, generando mayor equidad en la distribución de recursos y así fortalecer el ciclo y tiempo de respuesta del sistema de Seguridad y Justicia. Al tiempo de que los fondos de la Tasa de Seguridad sean manejados con mayor transparencia, garantizando el acceso a la información pública.

Acerca de la APJ
La APJ es coalición de organizaciones y redes de la sociedad civil que realiza auditoría social, incidencia política y genera espacios de participación ciudadana inclusiva para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad de Honduras.