Representante juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia participará en elaboración del Informe Nacional de Desarrollo Humano

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  • Dos de los jóvenes hondureños seleccionados son parte del equipo de colaboradores de ASJ y la plataforma Alianza por la Paz y la Justicia.
  • Los jóvenes serán parte de 12 líderes juveniles seleccionados entre 46 postulantes.

 

Tegucigalpa. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte del proceso de elaboración del noveno Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH), seleccionó 12 jóvenes partícipes de organizaciones que trabajan en pro de la juventud para ser la voz juvenil, por primera vez, dentro del Consejo Nacional Consultivo (CNC) para la elaboración de dicho informe.

Dentro de los 12 jóvenes seleccionados bajo una convocatoria dirigida a hondureños entre los 18 y 33 años, con experiencia en el área del desarrollo humano y con conocimiento de la realidad nacional, se encuentra Hillary Gómez, miembro activo de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), y Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización aliada de la APJ.

Ambos postulantes fueron seleccionados a través de un proceso basado en competencia entre 46 jóvenes de las más de 65 organizaciones invitadas a participar.

Hillary Gómez es una de las fundadoras de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y desde sus inicios en la APJ ha promovido acciones de movimiento que han permitido un rol protagónico de la juventud en temas de seguridad y justicia.

“Para mí es un privilegio estar en medio de jóvenes talentosos y poder tener representación en el Consejo Nacional Consultivo, reafirmo mi compromiso de siempre seguir trabajando y esperando algún día ver a una Honduras diferente”, compartió Gómez.

Gómez resaltó que “hoy más que nunca tenemos la oportunidad de establecer un antes y un después con una juventud que se ha hecho escuchar, y que desea ver una Honduras transformada para las siguientes generaciones”.

Por su parte, Jerez se ha caracterizado por impulsar de manera activa reformas que aseguren la transparencia y participación ciudadana en los procesos electorales.

“Es un fruto del trabajo que hemos podido hacer no solo yo, sino con todo el equipo de trabajo, pero también la responsabilidad del compromiso de no solo quedar en la selección, sino hacer un buen trabajo”, expresó.

Asimismo, recalcó que espera que no sea solamente un espacio de apertura en la integración de jóvenes, sino una participación real en la discusión, formulación de análisis y propuestas.

Dentro de los requisitos clave para los postulantes era la presentación de un pequeño ensayo sobre ¿Qué cualidad describe a una Honduras transformada?, eje clave en los capítulos ya expuestos en anteriores informes.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) retoma, contextualiza y propone un conjunto nuevo de estrategias y políticas públicas, fundamentadas en los aportes de diversos actores de la sociedad hondureña, considerando el contexto actual de país, según lo asegura su sitio oficial.

El CNC es liderado por Richard Barathe, actual representante residente del PNUD en Honduras. Asimismo, es integrado por personalidades reconocidas en el país en el ámbito académico, sociedad civil y empresa privada.

El INDH abordará ciertos temas centrales para el desarrollo sostenible como son: el crecimiento y el empleo; el estado de derecho; el fortalecimiento institucional, la trasparencia e integridad; la seguridad ciudadana; el cambio climático, la prevención de desastres y la resiliencia; temas que convergen con las temáticas que impulsa la ASJ, como parte de su misión de trabajar por una sociedad más justa, en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Una Honduras con paz, justicia y seguridad, la cruzada impulsada por la Alianza por la Paz y la Justicia

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  • Fortalecimiento de capacidades, acciones de participación social, propuestas e investigación han sido parte de las iniciativas promovidas desde la APJ en los últimos ocho años.

Con una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, por muchos años Honduras ha tenido que hacer frente a los problemas de violencia e inseguridad. En medio de este ambiente de violencia generalizada, surge en 2012 la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), plataforma de sociedad civil que promueve iniciativas encaminadas a demandar un efectivo y verdadero proceso de reforma en la seguridad pública de Honduras.

En los últimos ocho años, la APJ ha venido trabajando constantemente, impulsando acciones para un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en el país.

Esta plataforma ciudadana también ha contribuido a fortalecer las capacidades de la población en materia de justicia y seguridad, por medio del proceso formativo “Seguridad 101”.

Desde el año 2015 que se inició con este programa de formación, la APJ ha logrado capacitar a más de 1,500 personas, quienes han sido instruidas sobre el contexto y entorno de la realidad de Honduras en la temática de seguridad y justicia, las múltiples causas de la criminalidad y delincuencia y a tener consciencia del importante rol que juega la sociedad civil en el monitoreo y seguimiento al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia.

Para 2018, la APJ a través de sus capítulos regionales de las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa, ha unido esfuerzos para impulsar los encuentros de mesas bipartitas; espacios donde representantes de sociedad civil y autoridades locales trabajan de manera conjunta para analizar la problemática de violencia y construir una agenda común de trabajo que dé respuesta a los problemas de inseguridad, desde una óptica local.

Asimismo, la APJ ha venido trabajando por la juventud en Honduras, mediante la coordinación de actividades de movimiento y participación ciudadana para promover iniciativas que contribuyen a prevenir la violencia en todas sus expresiones. Como consecuencia de sus acciones, en 2019 la plataforma Juvenil de la APJ presentó una propuesta de reformas a la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud, donde la juventud tuvo un rol protagónico en la construcción de dichas propuestas de reforma.

La labor de esta coalición de organizaciones va más allá. La APJ estimula el conocimiento mediante trabajos de investigación que contribuyan al empoderamiento ciudadano en procesos de incidencia.

Como muestra, en el mes de agosto de 2020 la APJ presentó su tercer Informe de Impunidad en Homicidios, estudio que recoge las cifras de homicidios y sentencias judiciales a nivel nacional y departamental durante los años 2010-2019, así como un análisis de las muertes violentas de miembros de grupos vulnerables y la judicialización e impunidad de estos casos.

Es mediante esta sinergia de acciones integrales que la plataforma ciudadana que representa la APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en el país, con el propósito de trabajar para fomentar una Honduras de paz, justicia y seguridad.

Casi medio millar de hondureños murieron violentamente entre enero y junio, muchos durante el confinamiento absoluto por COVID-19

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• Uno de cada tres homicidios se registró en el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma.
• Del total de las víctimas, 56% eran menores de edad o jóvenes.

Tegucigalpa. Casi medio millar de hondureños murieron de forma violenta entre enero y junio de 2020 solo en el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma, de acuerdo al Análisis del fenómeno criminal de homicidios (I semestre 2020) de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentado este lunes por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

El estudio fue elaborado mediante una veeduría al monitoreo y análisis de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, tomando en consideración los homicidios registrados durante el primer semestre del año en curso en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, los tres municipios más violentos de Honduras.

En total, se contabilizaron 488 víctimas, equivalentes al 31% del total de los homicidios perpetrados a nivel nacional durante el período evaluado.

El análisis detalla que, tanto en Choloma como en San Pedro Sula, se reportó una reducción en los homicidios entre 2019 y 2020; sin embargo, en Tegucigalpa la cifra aumentó.

En el caso de Choloma, entre enero y junio de 2019 se reportó un total de 141 víctimas y para el mismo período de 2020, se contabilizaron 75.

Esto equivale a una disminución de 66 víctimas (46%). Para San Pedro Sula, durante el primer semestre de 2019 se registraron 206 víctimas de homicidio, mientras en 2020 la cifra se redujo a 148, lo que representa una reducción de 58 víctimas (28%).

Por el contrario, en Tegucigalpa fueron documentados 247 homicidios entre enero y junio de 2019, pero la cifra aumentó en 19 víctimas (8%), para un total de 266.

El flagelo sigue afectando principalmente a la población joven. De las 488 víctimas, 244 tenían entre 18 y 29 años y 169 entre los 30 y 50 años. Cabe señalar que el 85% de las víctimas (413) se encontraba en edad productiva y 56% corresponde a menores de edad y jóvenes.

En cuanto al género, 61 mujeres perdieron la vida de forma violenta en el primer semestre de 2020, lo que representa un 12.5% del total de víctimas. Además, se identificaron tres muertes violentas de miembros de la comunidad LGTBI, equivalente al 0.62% de los homicidios.

Homicidas usaron más armas de fuego y actuaron durante días de circulación restringida

La mayoría de las muertes violentas, el 73%, fueron perpetradas con armas de fuego (354), menos del 10% con arma blanca y las restantes con armas desconocidas.

De acuerdo a los registros, las causas principales de los homicidios fueron: pelea de territorio entre estructuras criminales, ajuste de cuentas, problemas personales, ajuste de cuentas por venta y distribución de drogas, robo o falta de pago de extorsión.

Por otro lado, destaca que, en el caso de Tegucigalpa, los días con mayor incidencia de homicidios en el segundo trimestre del año fueron los viernes, sábados y domingos, pese a la aplicación de confinamiento absoluto durante los fines de semana por parte de las autoridades como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19. En San Pedro Sula, los días de mayor incidencia de homicidios fueron los lunes y jueves; en Choloma, los jueves, sábados y domingos.

En el marco de la presentación del informe, también fue lanzado el micrositio contandohomicidios.revistazo.com que recoge indicadores relevantes en la problemática de homicidios, entre ellas tasas por departamento, municipio, género, tipo de armas utilizadas. Además, recopila relatos de familiares, vecinos y amigos de las víctimas, con el propósito de humanizar las nefastas cifras, recordando que detrás de cada homicidio hay una historia que contar.

Plataforma Juvenil por la Democracia insta al Congreso Nacional a discutir de forma abierta, participativa y transparente la nueva Ley Electoral

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Nosotros y nosotras, jóvenes pertenecientes a distintas organizaciones y regiones del país, representamos más del 40% de la población en Honduras, hemos sido víctimas de la violencia, desempleo, la falta de acceso a la educación, salud, no hemos tenido una representación efectiva en las instituciones democráticas, a pesar de que cada proceso electoral 600,000 nuevos jóvenes entran al Censo Nacional Electoral para participar en procesos electorales. Por medio de la juventud organizada es que se han visibilizado los errores cometidos en la toma de decisiones en el sector público y la necesidad de que la ciudadanía participe activamente en los procesos democráticos.

El lunes 7 de septiembre de 2020, la Secretaría General del Congreso Nacional recibió el dictamen de la nueva Ley Electoral para su discusión en el pleno de diputados y diputadas. Por este motivo, y dada la importancia que reviste la aprobación de esta ley previo a la convocatoria de las elecciones primarias prevista para el 13 de septiembre de 2020, las organizaciones suscritas en este posicionamiento se pronuncian con respecto a los siguientes puntos:

1. Deliberaciones participativas y transparentes. Dado que el Congreso Nacional efectuará la discusión sobre la nueva Ley Electoral por medio de sesiones virtuales, con el objetivo de garantizar el debate participativo y el acceso a la información pública:
– La efectiva participación en el debate de los diputados de las diferentes bancadas del Congreso, para evitar arbitrariedades en el uso de la palabra y promover el debate razonado sobre las disposiciones y los temas en los que no se han alcanzado consensos para su aprobación.
– La transmisión de estas sesiones por medio del canal oficial del Congreso Nacional y de sus redes sociales;
– La publicación del dictamen de la Ley Electoral y de las actas de las sesiones en las que se discuta y apruebe su contenido; y,
– Los resultados de las votaciones y la identificación del voto emitido por cada diputada y diputado propietario.

2. El enfoque ciudadano de la reforma. Durante los últimos años, a través de diferentes movilizaciones juveniles, organizaciones sociales e iniciativas ciudadanas, se han impulsado reformas estructurales para el sistema democrático hondureño. Por esta razón, es un imperativo que esta nueva Ley Electoral contenga disposiciones que resuelvan demandas ciudadanas como: la segunda vuelta electoral, la fiscalización del financiamiento político, la actualización del Censo Nacional Electoral, la integridad en el sistema de transmisión de resultados, la participación política de las mujeres y el abordaje de la reelección presidencial desde una perspectiva técnica, constitucional y deliberativa. Estas reformas contribuirían a fortalecer la confianza y legitimidad ciudadana sobre el proceso electoral, sus resultados, y a evitar conflictividad y polarización social.

La reconstrucción de la política y la democracia hondureña pasa por lograr inclusión real de la juventud en la discusión de temas de interés nacional, en la que se dé la convergencia de ideas y opiniones entre todos los sectores de la sociedad. El inicio del proceso electoral, con su convocatoria realizada a partir del 13 de septiembre requiere la confianza y legitimidad ciudadana necesaria para que los órganos del sistema electoral dispongan del marco legal que les permita cumplir con sus deberes, y para que los ciudadanos hagan efectivo el ejercicio de sus derechos políticos.

Con incremento de homicidios en 2019, aumentó índice de impunidad

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  • APJ presentó el Informe de Impunidad en Homicidios 2010-2019, que recoge las cifras de homicidios y sentencias judiciales por estos casos durante la última década.
  • Entre 2010 y 2019, apenas cuatro de cada 10 muertes de mujeres fueron judicializadas.

Tegucigalpa. Con el incremento de homicidios registrado en 2019, también aumentó la impunidad en casos judicializados por este delito, de acuerdo al Tercer Informe de Impunidad en Homicidios (2010-2019) presentado este lunes por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

El estudio recoge las cifras de homicidios y sentencias judiciales a nivel nacional y departamental durante los años 2010-2019, así como un análisis de las muertes violentas de miembros de grupos vulnerables (mujeres, comunidad LGBTI, niños, niñas, adolescentes y jóvenes) y la judicialización e impunidad de estos casos.

Durante la primera mitad de esta década, Honduras figuró entre los países más violentos del mundo por la cantidad de muertes registradas sin vivir un conflicto armado; a partir de la segunda mitad, la tasa de homicidios se redujo en 50%, (2015 a 2019) llegando a 44.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018.

Sin embargo, esta tendencia esperanzadora se vio afectada en 2019, cuando el país registró un incremento a 43.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, un 3.3% más en comparación al año anterior.

Si bien la tasa de homicidios disminuyó en comparación a 2012, Honduras continúa ubicado entre los países más violentos de la región, con la prevalencia de problemas estructurales como: pobreza, desempleo, inestabilidad política, proliferación de feminicidios y muertes violentas de jóvenes, entre otros, que desestabilizan la paz social.

Números rojos

Además del acrecentamiento en los homicidios, Honduras registró en 2019 un ligero declive en la judicialización de estos casos, lo que derivó en un crecimiento del índice de impunidad.

En el período de estudio, Honduras redujo 10% el Índice de Impunidad en Homicidios, de 96% (2010) a 86% (2019). No obstante, esta merma se detuvo el año pasado, cuando el índice incrementó (1%) a nivel nacional.

Durante este año, los departamentos que presentaron los mayores índices de impunidad fueron: Gracias a Dios (100%), Islas de la Bahía (96%), Ocotepeque (93%), Yoro (92%), Colón (91%) y Cortés (90%); mientras otros como Valle (72%), Comayagua, (74%), Santa Bárbara (85%) y Atlántida (88%) registraron mejoras sustanciales.

En cuanto a la judicialización de casos, el informe de la APJ apunta un descenso desde 2016, cuando 1,006 casos fueron presentados ante los tribunales de justicia; para 2019, la cifra fue de 875.

A nivel departamental, el mayor incremento en el Índice de Judicialización de Homicidios fue reportado en La Paz, seguido de Gracias a Dios y El Paraíso. En contraste, los departamentos con mayores retrocesos fueron: Intibucá, Ocotepeque e Islas de la Bahía.

Homicidios contra grupos vulnerables

En su tercera edición, el Informe de Impunidad en Homicidios de la APJ destaca la afectación de la violencia contra grupos vulnerables. El documento indica que entre 2013 y 2019 murieron de manera violenta en Honduras 16,257 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre 0 y 29 años de edad.

Entre tanto, de 2010 a 2019 se registraron 4,769 muertes de mujeres, de las cuales se judicializaron 1,818, lo que refleja un acumulado de judicialización en el período de 38%. El grupo más afectado fue el comprendido entre los 15 y 39 años. Al menos la mitad de estos casos, corresponden a feminicidios.

Por otra parte, se acumularon 350 muertes violentas de miembros de la comunidad LGBTI en los 10 años de estudio, sin incluir otras múltiples violaciones a los derechos humanos contra los miembros de esta comunidad.

En respuesta a los hallazgos, la Alianza por la Paz y la Justicia plantea que reducir la impunidad por los delitos de homicidio implica mejorar su investigación y judicialización. En ese sentido, recomienda mayor complementariedad interinstitucional en la prevención de violencia, mayor compromiso para garantizar los derechos humanos, efectividad en la inversión en materia de investigación, el fortalecimiento de la institucionalidad y mejoramiento de la capacidad ya instalada.

El Tercer Informe de Impunidad en Homicidios (2010-2019) fue elaborado con base en los datos registrados por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) del Poder Judicial, los boletines nacionales del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) e información del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad. También tomó en cuenta mediciones internacionales, como el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el Informe Latinobarómetro 2018.

 

+ RESUMEN EJECUTIVO

Descargar Resumen Ejecutivo

 

+ TERCER INFORME SOBRE IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS

Descargar informe

+ PRESENTACIÓN

En el Día Internacional de la Juventud, APJ motivó a los jóvenes a trabajar en favor de la justicia en Honduras

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• La Plataforma Juvenil de la APJ promovió durante una semana espacios virtuales para sensibilizar a la niñez y juventud en el país.
• A través de expresiones artísticas, jóvenes miembros de la APJ concienciaron a la población y enviaron mensajes de prevención de la violencia.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), red de organizaciones de sociedad civil, a través de sus capítulos juveniles de las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa; realizaron el pasado 12 de agosto una serie de actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Durante una semana, los jóvenes de la APJ promovieron espacios virtuales de capacitación y sensibilización, con el objetivo de incitar a la niñez y juventud a involucrarse en acciones de incidencia y exponer propuestas de mejora al sistema de seguridad y justicia en el país. En dichos espacios, los integrantes de la plataforma coincidieron en que es necesaria su participación en los procesos institucionales de construcción, implementación y seguimiento de políticas públicas.

Asimismo, en el marco de la conmemoración, fue presentada a los jóvenes la Reforma a la Política Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y la Juventud, elaborada por los jóvenes de la Alianza por la Paz y la Justicia en 2019, como ejemplo de motivación para que la juventud crea y se involucre a trabajar en favor de la justicia en Honduras.

“APJ es una plataforma de jóvenes conscientes de nuestra realidad y lo más importante es que está abierta para todos los jóvenes que quieran trabajar y hacer incidencia para mantener la paz en cada lugar en que vivimos por medio de la prevención”, mencionó Arnold Rivera, miembro de la Plataforma Juvenil de la APJ, capítulo Santa Rosa de Copán.

Formación

Como parte de los espacios virtuales organizados, la APJ puso a disposición de jóvenes que buscan emprender, el taller “Empleando futuros”, impartido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el cual fueron expuestas herramientas que permiten a la juventud enfrentar la nueva realidad.

Linsey Jaco, directora del proyecto Empleando futuros, señaló que “hay muchas oportunidades de formarse en el país; sin embargo, es importante buscar alinearlas con las necesidades del mercado laboral o el sector privado, esto con el objetivo de cuando llegue el momento, poder estar bien preparados y preparadas para ejercer todo tipo de oportunidades laborales».

Por su parte, el capítulo regional de Siguatepeque desarrolló el conversatorio “El voluntariado juvenil”, en el cual participaron: la Red de Juventud Rurales de Honduras, Jóvenes Contra la violencia (JCV), Cámara Junior Internacional (JCI) de Siguatepeque, Cruz Roja Juventud, Oficina Municipal de Juventud (OMJ) de Siguatepeque, Club de Leones Universitarios y Jóvenes Contra el Calentamiento Global. Este conversatorio tuvo como objetivo empoderar a la juventud en temas de voluntariado y organizar espacios de participación ciudadana inclusiva, para un desempeño eficaz y eficiente del sistema de justicia y seguridad de Honduras.

Para cerrar esta celebración juvenil, se llevó a cabo una noche artística denominada “Jóvenes rompiendo las redes”, en la cual artistas nacionales presentaron, a través música y literatura, expresiones para concienciar a la población y enviar un mensaje preventivo de la violencia.

Expertos internacionales analizan el impacto generado por el COVID-19 en los Derechos Humanos

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• Durante el foro virtual, se detallaron los mecanismos de contención inteligente que se pueden implementar en el marco de la emergencia sanitaria.
• Se analizaron las falencias en derechos humanos en América Central.

Tegucigalpa. La coalición de organizaciones de sociedad civil, representada en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), realizó un conversatorio virtual con la participaron de expertos internacionales, quienes detallaron la importancia de los Derechos Humanos en el marco de la emergencia mundial generada por el COVID-19.

El webinar “Derechos Humanos en tiempos del COVID-19”, contó con la participación de María Asunción Moreno, especialista en derecho penal de Nicaragua; Luis Ramírez, experto en reformas de justicia penal de Guatemala y Russlan Espinal, oficial de Derechos Humanos de la APJ.

Durante el encuentro virtual, los expertos analizaron las falencias en derechos humanos en los países de América Central durante la emergencia sanitaria, al tiempo que discutieron la estructura judicial por el no cumplimiento de la ley, el rol del Estado en materia a derechos inherentes, población en situaciones de vulnerabilidad y el manejo de fondos económicos dirigidos a contrarrestar la pandemia.

La nicaragüense María Moreno instó a los gobiernos de la región a emprender acciones que permitan promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad. “Cuando tienes un Estado que omite sus obligaciones en garantizar y velar por la seguridad y ofrecer protección a los sectores más vulnerables sobre temas de derechos humanos, lo único que nos queda a nosotros es aplicar el aislamiento social para protegernos y proteger a los demás”, comentó.

Por otra parte, el especialista en derecho penal de Guatemala, Luis Ramírez, aseguró que una cuarentena vigilada donde prevalezcan los Derechos Humanos es fundamental en medio de esta crisis.

“El enfoque para salir de esta crisis mundial, no es reactivando la economía si no, hacer una cuarentena vigilada donde prevalezcan los derechos y garantizar que podamos tener una interacción social con el menor impacto posible; asimismo, crear una reconstrucción de la normalidad que existía y ver el COVID-19 como una oportunidad de volver al enfoque de los derechos humanos”, detalló Ramírez.

En la parte final del encuentro virtual, los panelistas detallaron los mecanismos de contención inteligente que se pueden implementar para fortalecer los sistemas económicos de salud y educativos; además, exhortaron a las autoridades de Guatemala, Nicaragua y Honduras a crear políticas sociales positivas y estrategias de seguridad pública para consolidar los derechos de los ciudadanos.

“Las políticas que deben adoptar los gobiernos y cada uno de los ciudadanos son el distanciamiento social de manera permanente hasta contrarrestar el virus, el uso obligatorio de la mascarilla, la no asistencia a lugares con mucha aglomeración de personas y crear campañas de solidaridad y de responsabilidad social”, mencionó Russlan Espinal, oficial de derechos humanos de la APJ.

Suspensión de garantías constitucionales durante pandemia por COVID-19 ha impactado acceso a la justicia y respeto a derechos humanos

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Tegucigalpa. La coalición de organizaciones de sociedad civil, representada en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), realizó este miércoles un conversatorio virtual con el objetivo de analizar el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en el respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la situación que atraviesa el país en materia de impunidad.

El webinar “Derechos Humanos, Justicia e Impunidad en Honduras”, contó con la participación de: Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, (CODEH); Ramón Barrios, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS) y Russlan Espinal, oficial de derechos humanos de la APJ.

Durante el encuentro virtual se analizó las taxativas en el acceso a los tribunales de justicia y el respeto a los derechos humanos, en el marco de las garantías constitucionales suspendidas durante la emergencia sanitaria.

Hugo Maldonado lamentó que la suspensión de garantías constitucionales que permiten la movilidad de las personas, este limitando la labor de los defensores de derechos humanos en el país “estos tres meses han sido bastante difíciles, pues estas restricciones no nos han permitido ejercer nuestra labor como activistas de derechos humanos al cien por ciento”.

En ese sentido, el catedrático universitario Ramón Barrios, señaló como estas limitaciones en la movilidad ciudadana, han impactado en el acceso a la justicia; “los profesionales del derecho no hemos tenido acceso a los tribunales de legalidad, lo que representa que los imputados, personas sometidas a un proceso penal o que han sido detenidas en esta cuarentena no han contado con una legítima defensa sencillamente porque los abogados en el ejercicio independiente de su profesión no han tenido libre acceso y movilidad”.

Los panelistas coincidieron que el principal problema de los derechos humanos en Honduras, se centra en la falta de castigo para los delincuentes, situación que representa el primer paso a la impunidad.

En consecuencia, en la parte final del encuentro se reflexionó en torno a las cifras de impunidad y homicidios que se reportan en el país, en donde “según datos de la APJ, en el 2019 tan solo el 13% de los casos que llegaron a los Tribunales de Justicia eran resueltos, lo que representa un índice de impunidad de 87% en el país”, compartió Russlan Espinal.

Expertos coinciden en necesidad de habilitar condiciones que permitan acceso a la justicia para grupos vulnerables durante emergencia por COVID-19

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  • Durante el foro virtual se reflexionó sobre las acciones que debe brindar el Estado a los grupos vulnerables, durante la emergencia sanitaria.
  • Se destacó la importancia de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la posibilidad de crear soluciones a las restricciones existentes.

Tegucigalpa. La coalición de organizaciones de sociedad civil, representada en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en conjunto con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), realizaron este jueves un conversatorio virtual donde reflexionaron sobre la necesidad de asegurar el acceso a la justicia para los sectores en condición de vulnerabilidad de nuestra sociedad, desde la perspectiva de los derechos humanos.

El webinar “Acceso a la Justicia en tiempos de COVID-19”, contó con la participación de Marco Sánchez, oficial legal de la ASJ; Imani Soliz, voluntario de la plataforma ciudadana de la APJ y Laura Martínez, coordinadora regional de la ASJ en San Pedro Sula.

Durante el encuentro, además, se analizó la importancia de ofrecer un tratamiento especial a las víctimas con énfasis en la niñez, mujer y adulto mayor; al tiempo que fueron compartidos algunos consejos prácticos para estos grupos en condición de vulnerabilidad social

Asimismo, se plantearon algunas acciones por parte del Estado, a fin de garantizar el acceso a la justicia durante la emergencia sanitaria, considerando posibles soluciones ante las limitantes por las restricciones existentes, en el marco de la pandemia del COVID-19.

“El acceso a la justicia para este tipo de víctimas debe ser diferenciado, para que las autoridades puedan identificar las condiciones específicas de cada grupo que los hace vulnerables, y de esta manera ofrecer mecanismos de atención con enfoques particulares, fortaleciendo a su vez los procedimientos judiciales y de denuncias”, mencionó Laura Martínez, coordinadora regional de ASJ en San Pedro Sula.

Para los próximos días, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha planificado una ronda de seminarios virtuales en torno a la temática de derechos humanos, justicia e impunidad, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Jóvenes analizan impacto de pandemia en webinar “Una mirada durante y después del COVID-19”

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  • En el conversatorio participaron representantes de la Plataforma Juvenil de la APJ de las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa.

Tegucigalpa. En el marco de la emergencia por COVID-19 y con el propósito de analizar el impacto que esta pandemia está teniendo sobre la población joven de Honduras, este martes, integrantes de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizaron un conversatorio virtual.

En el webinar participaron los coordinadores de los capítulos de la Plataforma Juvenil de APJ: Hillary Gómez, de El Progreso; Ericka Germer, de Tegucigalpa; Ariel Mayes, Edwin Molina y Karen Torres, de San Pedro Sula; Nelsy Barahona y Joel Alemán, de Santa Rosa de Copán; asimismo, se contó con la participación de los profesionales de la salud Miguel Reyes y Marco Matute.

En una primera etapa, se generó un espacio de reflexión sobre el rol de los medios de comunicación en medio de esta crisis y la manera en como los jóvenes han reaccionado ante la emergencia sanitaria.

“En estos momentos los medios de comunicación tienen un papel fundamental para informar y orientar a la ciudadanía, es importante que la información que se difunde sea veraz y no información que alarme a la población”, mencionó Ariel Mayes, integrante de la plataforma juvenil.

Del mismo modo, los jóvenes discutieron sobre el impacto que el Coronavirus tendrá en el campo laboral y el desarrollo del país; al tiempo que analizaron escenarios futuros de cara a la pandemia sanitaria que afecta a Honduras.

“Es necesario que los tomadores de decisión busquen las medidas correctas que permitan mantener la estabilidad económica del sector empresarial y con ello se pueda cumplir las obligaciones con la clase trabajadora del país”, indicó Edwin Medina, del capítulo en San Pedro Sula.

Finalmente, los miembros de la APJ reiteraron la importancia de la función social que realizan los jóvenes mediante las acciones de voluntariado, generando un impacto positivo en los sectores en condiciones de vulnerabilidad que se ven más afectados por la pandemia.

El foro “Una mirada durante y después del COVID-19” fue transmitido en vivo, a través de la página en Facebook de la Alianza por la Paz y la Justicia.