Diagnósticos regionales revelan limitantes en la participación ciudadana para generar incidencia en problemáticas nacionales

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  • ASJ realizó diagnósticos sobre participación ciudadana con organizaciones y miembros de comunidades de seis departamentos de Honduras.
  • La iniciativa fue financiada por Viva Dinamarca.

Tegucigalpa, 15 de noviembre de 2022. En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, en este sentido, se concluyó los diagnósticos regionales realizados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en seis departamentos de Honduras.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

Las jornadas de análisis se realizaron de forma virtual con organizaciones y miembros de comunidades de Francisco Morazán, Copán, Comayagua, Cortés, Yoro y Atlántida, para identificar las principales necesidades, desafíos locales y visiones al futuro de las organizaciones de sociedad civil y la juventud, al tiempo que indagó sobre la limitación de la participación ciudadana a raíz de la pandemia de COVID-19.

En cuanto a corrupción, los participantes identificaron diversas prioridades. La captura del Estado parece “muy prioritaria” para las regiones de Copán y Francisco Morazán; en tanto, el mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes se ubica como “muy prioritario” en las regiones de Atlántida, Francisco Morazán y Copán. Otros aspectos preponderantes mencionados fueron la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y que la corrupción obstaculiza el desarrollo.

En materia de educación, los ciudadanos de Francisco Morazán y Cortés identificaron como temas prioritarios la débil institucionalidad para enfrentar los desafíos educativos y el estancamiento de los resultados de aprendizaje. En otras zonas como Copán y Atlántida, el principal problema identificado fue el abandono escolar, pues la precaria situación económica y la falta de oportunidades está empujando a muchos menores de edad a emigrar de manera irregular.  Cabe señalar que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuatro de las regiones analizadas: Cortés, Francisco Morazán, Yoro, y Atlántida, son las que han tenido mayor índice migratorio en los últimos años.

Con respecto al tema de pobreza y desempleo, los informes regionales lo destacan como “muy prioritario” para los participantes en las jornadas, mientras en el área de salud, la priorización se enfocó en la falta de presupuesto, medicamentos, insumos e infraestructura en zonas como Atlántida, Cortés y Francisco Morazán, aunque la falta de voluntad política e incapacidad de liderazgo de las autoridades para hacer cambios profundos y sostenibles en el sistema sanitario fue considerada “muy prioritaria” en Francisco Morazán, Cortés y Yoro.

De igual manera, los informes abordan la estigmatización contra personas o movimientos en disenso con el Estado y la calificación de personas que protestan por sus derechos como violentas, irrespetuosas o dignas de castigo. A criterio de los entrevistados, este tipo de pensamiento permite y justifica consecuentes violaciones de los derechos humanos de quienes protestan por sus derechos.

En cuanto a las acciones adoptadas frente a las problemáticas identificadas en las distintas regiones, figuran como principales mecanismos de participación ciudadana los procesos de veeduría social en salud, educación, infraestructura y seguridad, en los que la lucha por la transparencia y contra la corrupción son un eje transversal; otros, como la defensa del territorio, destacan en regiones como Atlántida y Copán.

Producto de la reflexión, especialistas entrevistados consideran muy relevante y dinámica la participación de la sociedad civil como impulsora de reformas, creadora de políticas públicas, impulsora de cambios, impulsora de denuncias y protagonista al momento de evidenciar aspectos que no se están haciendo bien y que se deben mejorar.

Desconfianza de ciudadanía en la Policía Nacional perpetúa la inseguridad

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  • Estudio de ASJ muestra una ruta para incrementar la confianza ciudadana, mediante cambios no tan difíciles ni costosos de realizar.
  • WJP reveló resultados de El Estado de derecho en Honduras vinculados a la Policía, justicia penal y seguridad.

Tegucigalpa. La falta de confianza en la Policía Nacional es uno de los mayores retos que enfrenta la institucionalidad en el combate a la inseguridad; sin embargo, el contexto actual presenta oportunidades para adoptar medidas oportunas y estratégicas, señala el informe Detrás de la placa, presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El informe fue divulgado en el marco del evento “Rutas para fortalecer a la Policía de Honduras y fomentar la confianza ciudadana”, realizado en conjunto con World Justice Project (WJP), que presentó El Estado de derecho en Honduras: hallazgos clave de la Encuesta de Población General 2021.

El estudio de ASJ se basa en 661 encuestas realizadas en Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Copán, además de 51 entrevistas en profundidad, y recoge percepciones y observaciones sobre la gestión policial desde la perspectiva de víctimas, detenidos y policías en Honduras.

Entre sus hallazgos, destaca que, para 2020, siete de cada 10 hondureños desconfiaban de la Policía Nacional, lo que perpetúa y agrava los desafíos de eficiencia y profesionalismo de la institución.

Las víctimas han sido renuentes a denunciar, testificar y colaborar con la Policía, creando un ciclo vicioso donde homicidios y otros crímenes no se denuncian y no se resuelven. Romper este ciclo vicioso y aumentar la confianza ciudadana son factores clave para una buena gestión policial, apunta la ASJ.

Víctimas de crímenes contaron sus experiencias sobre el actuar de los policías en la escena del crimen, la recepción de denuncias e investigación del hecho criminal. De acuerdo al sondeo, en 79 % de los casos los policías hicieron preguntas sobre los hechos, 77 % se identificó con las víctimas, 59 % explicó lo que haría después y 56 % tomó notas de los relatos.

Con respecto a la atención al interponer una denuncia, alrededor de 72 % de los consultados dijeron que fue “muy buena” o “buena”, 21 % la calificaron como “regular” y 7 % como “mala” o “muy mala”. Cabe señalar que en las entrevistas destacó la preocupación de interponer una denuncia para que esta solo sea “engavetada”.

Por su parte, los detenidos sostuvieron en 79 % de los casos que el policía se identificó y 77 % conoció la causa de su detención. No obstante, 32 % aseguró que había sido golpeado por un uniformado y solo al 28 % le fueron informados sus derechos como ciudadanos.

Una vez trasladados a la celda de detención, recibir agua, comida y una llamada telefónica fue la excepción, no la regla. El 63 % no recibió comida ninguna vez durante su detención, solo al 28 % se le ofreció agua y apenas al 23 % una llamada telefónica.

Resumen ejecutivo _ Detrás de la Placa

 

El sondeo reveló también que los policías no tienen acceso a recursos básicos o información interinstitucional, como una libreta de apuntes, acceso a Internet, a un teléfono celular o municiones. De los policías entrevistados, 11 % dijo que alguna vez ha portado un arma sin munición durante su turno.

Otro punto abordado fue la vinculación de policías en actos criminales. Un 77 % de víctimas y detenidos, así como 63 % de policías, refirió que hay miembros del crimen organizado infiltrados en la institución.

Mientras solo 17 % de las víctimas y 18 % de los detenidos manifestó que después del proceso de depuración su confianza en la Policía ha aumentado, contra un 62 % de policías que opina lo mismo.

El informe plantea además otros temas como la revictimización, derechos humanos y condiciones laborales de los policías, así como recomendaciones como implementación de protocolos, distribución de recursos, condiciones laborales y procesos de comunicación interinstitucional, entre otros.

Plataforma Juvenil de la APJ estuvo presente en foro regional sobre género, diversidad y corrupción

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  • Durante el encuentro se reflexionó sobre las urgencias y los desafíos para las agendas en los contextos regionales actuales.
  • Se intercambió experiencias con capítulos de Transparencia Internacional de Argentina, Ecuador, Panamá y Guatemala, así como con representantes de ONU Mujeres y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), formó parte de un foro de dos días consecutivos, realizado en Panamá, donde se dio a conocer y se discutió el Informe Regional de Género, Diversidad y Corrupción en América Latina 2022 que fue realizado por varias organizaciones de sociedad civil de las Américas y donde participaron diversos capítulos de Transparencia Internacional (TI).

El documento revela cuál es la situación actual sobre el impacto de la corrupción en la vida de las mujeres en toda su diversidad, programas y políticas públicas de anticorrupción con enfoque de género, y el conocimiento de derechos y acceso a información y justicia.

Claudia Padilla, coordinadora del capítulo de la Plataforma Juvenil de APJ en Comayagua, fue quien representó a Honduras y durante su participación, dio a conocer que la mayoría de la población hondureña son mujeres y jóvenes, pero que son los grupos más excluidos en los espacios de tomas de decisión, además de sufrir la falta de interés de las autoridades para trabajar problemáticas de discriminación y crímenes de odio basados en género y diversidad sexual, lo que imposibilita el trabajo en agendas públicas para incidir en propuestas y estrategias que cubran estas problemáticas.

La líder juvenil también formó parte del debate sobre la corrupción como forma de violencia por razones de género, entre ellos la construcción colaborativa de argumentaciones públicas con claves interseccionales y definiciones sobre campaña de difusión.

El segundo día del evento, la representante de la Plataforma Juvenil de la APJ fue quien moderó uno de los paneles en relación al impacto de la corrupción sobre las mujeres y personas LGTBIQA+ a través de la mirada de las organizaciones integrantes de la coalición internacional, donde Padilla dijo que “el intercambio de experiencias nos había demostrado las grandes similitudes en la región latinoamericana con grandes índices de impunidad, crímenes de odio, el poco seguimiento y acceso a la justicia hacia los grupos poblacionales históricamente vulnerables y olvidados”.

 Además, destacó el arduo trabajo de las organizaciones de sociedad civil en estos ambientes hostiles donde la democracia está debilitada, para “sumar esa alerta que tenemos para agregar a nuestras agendas y ejes de trabajo en esta temática de visión de género y diversidad al igual que el Estado para poder iniciar a trabajar”, indicó Padilla.

El intercambio de estas experiencias tuvo lugar en Panamá, donde participaron capítulos de Transparencia Internacional como Poder Ciudadano de Argentina y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) de Ecuador, Libertad Ciudadana Panamá, Fundación Construir de Bolivia y Acción ciudadana Guatemala; así como también representantes de ONU Mujeres y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, otras organizaciones de sociedad civil como el Centro de Investigación y Acción Femenina de República Dominicana, Asociación Lambda Guatemala, Comunidad de Derechos Humanos de Bolivia y la Fundación Equidad Ecuador.

 

 

Jóvenes de la APJ realizan observación al concurso docente a través de veedurías sociales

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  • Los observadores se movilizaron a los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés, Copán, Lempira, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Choluteca.

Tegucigalpa 2 de septiembre de 2022. Voluntarios de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), la Coalición Transformemos Honduras y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), han realizado monitoreo del proceso de concurso de selección docente en nueve departamentos de Honduras a través de veedurías sociales.

Los observadores, quienes ya han participado en veedurías en otros concursos docentes, se movilizaron a Colón, Atlántida, Cortés, Copán, Lempira, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Choluteca, con el objetivo de documentar el proceso e impulsar la participación ciudadana, a través de la integración de los jóvenes en las veedurías ya que la sociedad civil y personas naturales pueden observar cualquier proceso público, enmarcado en la Ley.

Además de dar seguimiento al concurso docente, también se entrevistó a 45 miembros de las Juntas Departamentales de Selección, para documentar cómo se desarrolló el proceso, si la ficha se elaboró considerando algunos elementos enmarcados en la ley, entre otros datos.

Mientras que a 155 docentes concursantes se les consultó sobre la percepción que tenían sobre el manejo del concurso, si consideraban que se respetaría los resultados del proceso, si habría injerencia política y gremial, si el proceso era transparente, entre otras interrogantes.

La veeduría al concurso de selección docente se llevó a cabo del 22 de agosto al 2 de septiembre. En la semana del 22 se observó la aplicación de la prueba de conocimientos a los docentes concursantes. Para la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre se realizó únicamente en la ciudad de Tegucigalpa, ya que los exámenes fueron trasladados a esta ciudad para su revisión.

Para las próximas semanas el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional dará a conocer públicamente los resultados de estas veedurías, sin embargo, la información procesada -hasta la fecha de esta publicación-   coincide con las recomendaciones brindadas el pasado 1 de agosto por varias organizaciones de sociedad civil.

 

Lea además: Conjuveh galardona a líderes de la plataforma juvenil de la APJ

Asesinatos, persecución, criminalización y violaciones sistémicas de derechos humanos enfrentan líderes y lideresas sociales de América Latina

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Tegucigalpa. En el marco del fortalecimiento del espacio cívico y la lucha anticorrupción en entornos hostiles, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI), desarrolló espacios de reflexión sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y las luchas sociales contra la exclusión, en los cuales disertaron: Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia; Gustavo Cáceres, activista defensor de Derechos Humanos; Luciana Torchiaro, asesora para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional; Mercedes Freitas, directora de Transparencia Venezuela; Samuel Rotta, director de Proética Perú; Eddie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana Guatemala, y Claudia Padilla, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia en Comayagua.

Las jornadas de intercambio de experiencias “Ingredientes para una efectiva defensa del espacio cívico”, que finalizan mañana, son organizadas por ASJ con apoyo de Transparencia Internacional y Viva, como un espacio de reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana y cómo defender las libertades cívicas y democráticas con la participación del Secretariado de Transparencia Internacional y sus capítulos en Guatemala, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela.

El riesgo que enfrentan los líderes sociales por la defensa de los derechos humanos

“El primer elemento del respeto al espacio cívico es el respeto a la vida. Entre 2018 y 2022, en términos de agresiones y violencia a líderes y lideresas sociales tenemos que 957 fueron asesinados, un aproximado de 239 asesinatos por año y 20 asesinatos por mes, entre ellos indígenas, campesinos, afrodescendientes, sindicalistas, ambientalistas, diversidades, entre otros”: expresó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

No obstante, alertó que el país sudamericano “hay otras afectaciones como violaciones sistémicas de los derechos humanos, limitación a libertad de expresión, acceso a información, participación ciudadana, derecho la protesta, seguimientos irregulares” y más.

Por su parte, Gustavo Cáceres dio a conocer que el caso de asesinato de su hermana Berta Cáceres presenta similitudes con lo que atraviesan líderes y lideresas sociales en Colombia, en cuanto a escuchas desde el Estado, la falta de una verdadera participación estatal con los pueblos indígenas, el asalto al territorio indígena que construyó la denuncia de Berta en la legitima defensa de los recursos naturales, de la biodiversidad y del derecho ancestral.

“El asesinato de Berta Isabel Cáceres tuvo el componente político, militar y económico, situaciones que conjugan la lucha fuerte y el afán de despojar y retirar a los pueblos indígenas de sus territorios”, apuntó.

Luchas sociales contra la exclusión

Samuel Rotta, director de Proética, relató que el asesinato de líderes indígenas en Perú ocurre por denunciar actividades ilícitas como tráfico de tierras, madera, narcotráfico y todo ello facilitado por funcionarios de gobiernos subnacionales corruptos, lo que ha derivado en un mecanismo intersectorial para la protección de defensores de DD. HH. en ese país que, sin embargo, tiene algunos problemas.

Para Rotta, la forma de hacer frente a la debilidad estatal es a través del seguimiento y alertas ante riesgos de que se archiven los casos de denuncias; acompañando las demandas de líderes indígenas, por ejemplo, ante la Comisión de Derechos Humanos y análisis del mecanismo intersectorial para ver las deficiencias del mismo.

Mientras Eddie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, agregó que “históricamente, el Estado ha nacido para el dominio y el beneficio de otros y en nuestros países quienes más sufren los efectos de esos mecanismos de cooptación y de corrupción extrema son los pueblos indígenas”.

Por su parte, Claudia Padilla, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en Comayagua, mencionó que para la juventud hondureña hay muchos obstáculos, pues ha sido invisibilizada por muchos años por parte del Estado, por lo que la sociedad civil ha abierto las puertas a través de espacios de participación.

“Ya ser joven nos pone en estado de vulneración y ser mujeres, aún más. Para los jóvenes es un reto total presentar políticas municipales… Nos cuesta mucho tener presencia de autoridades en espacios de plática juvenil”, lamentó.

Entre el 22 y 23 de agosto se realizaron diversos paneles y conversatorios en los que participarán más de 30 organizaciones de sociedad civil, colectivos, activistas de derechos humanos y periodistas hondureños, así como miembros de la cooperación internacional, que trabajan en diferentes regiones del país, quienes conocieron las experiencias y lecciones aprendidas de organizaciones referentes en la protección, promoción de libertades y derechos democráticos en la región.

 

Informe de CIVICUS 2022 refleja resiliencia de la sociedad civil ante restricciones y ataques por parte de los gobiernos

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  • Publicado a mediados de 2022, este informe refleja un momento de inmensa agitación y confrontación en el mundo.

La Asociación para una Sociedad más Justa y la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), con apoyo de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), facilitaron un espacio para la presentación del «Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2022” realizado por CIVICUS.

Durante la presentación del documento, que es un análisis de los principales acontecimientos de actualidad que involucran y afectan a la sociedad civil en el presente año, participaron diversas organizaciones y miembros de sociedad civil, así como representantes del gobierno de Honduras y otros países, preocupados por la reducción de los espacios cívicos.

Para el director ejecutivo de la ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, “hay una tendencia fuerte que va orientada a reducir el espacio cívico en distintos países”. Además, agregó que a pesar de las restricciones y campañas para demeritar el trabajo de las organizaciones “lo importante es que juntos somos más fuertes y que en la diversidad tenemos que encontrar estos espacios que nos unan y que nos permitan articular los esfuerzos necesarios para avanzar”.

Y es que CIVICUS en su informe 2022, identificó cinco tendencias fundamentales de relevancia mundial: El aumento del coste del combustible y de los alimentos provoca el enfado de la población y las protestas por la mala gestión económica. La democracia está siendo atacada, pero se siguen consiguiendo cambios positivos. A pesar de los ataques, se está avanzando en la lucha contra la desigualdad social. La sociedad civil mantiene la presión sobre la acción climática. Las crisis actuales ponen de manifiesto las deficiencias del sistema de gobernanza internacional.

De acuerdo con Inés Pousadela, investigadora y miembro del equipo de redacción de este informe, estas tendencias abordan la capacidad de la sociedad civil para hacer su trabajo, cómo usan su creatividad al servicio de los Derechos Humanos, sin importan las restricciones u obstáculos que enfrentan y agregó que para enfrentar situaciones donde la sociedad civil se ve atacada es necesario garantizar las condiciones de seguridad física y digital de las organizaciones. Es necesario tener en cuenta la incidencia colectiva nacional y la incidencia internacional, dependiendo del contexto.

or su parte, Melissa Elvir directora ejecutiva de FOPRIDEH, mencionó que es importante conocer las experiencias de otras organizaciones “para ver si podemos tomar alguna idea en nuestra realidad actual en nuestro país, sobre todo en estos momentos que se ha generado casi una publicidad negativa en contra de las organizaciones de sociedad civil entonces todas tenemos que estar unidas para defender, no solamente nuestro derecho de asociación, sino que también de libertad de expresión  y de pensamiento; y nuestra libertad de, hasta cierto punto, señalar lo malo o bueno que está haciendo el gobierno para poder mejorar nuestros espacios de participación ciudadana”.

 Este es el undécimo informe anual sobre el estado de la sociedad civil, publicado por la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. El informe de este año tiene un formato más breve y accesible. Se basa en las historias publicadas por la iniciativa de comentarios y análisis continuos, CIVICUS Lens, y en más de 120 entrevistas con activistas, líderes y expertos de la sociedad civil que están cerca de los temas importantes del día.

Conjuveh galardona a líderes de la plataforma juvenil de la APJ

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  • Son coordinadoras de la plataforma juvenil que han alzado la voz por la juventud y niñez de Honduras. 

El trabajo de las coordinadoras de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Hillary Gómez y Claudia Padilla, ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Juventudes Hondureñas al otorgarles el Premio Nacional de Juventud y el Premio Regional de Juventud Centro, respectivamente.

De acuerdo a Conjuveh, en un comunicado, “esta premiación surge como una necesidad de reconocer las iniciativas y ejemplos de liderazgo juveniles destacados en Honduras. Agrega que se debe reconocer a las juventudes que lideran iniciativas, proyectos, programas que los y las jóvenes impulsan la participación, incidencia, diálogo y el desarrollo integral a nivel regional y nacional que generan agentes de cambio y desarrollo en Honduras”.

Por lo que es un merecido reconocimiento a la ardua labor de ambas jóvenes a nivel nacional y regional, ya que han trabajado en temas como la promoción de espacios cívicos, lucha contra el abuso sexual infantil, equidad y género entre otros temas, además de realizar acciones enfocadas en garantizar el respeto a los derechos humanos.

Desde distintas trincheras, Hillary, Claudia y demás integrantes de la plataforma juvenil de la Alianza han alzado la voz por la juventud hondureña, para que sus opiniones sean tomadas en cuenta por autoridades gubernamentales y locales, al punto de crear propuestas para incidir en la política pública.

Para Hillary Gómez, ganadora del Premio Nacional de Juventud, “el dinamismo, el empuje y el deseo de cambiar las cosas y luchar por un mundo mejor debe ser la convicción de nuestra generación. Sin duda alguna, cada vez que nuestras voces sean escuchadas, se refuerza el poder de la juventud para superar la adversidad mediante el compromiso y la potencialidad para tomar decisiones y asumir roles positivos para mejorar nuestra sociedad”.

Palabras que coinciden con lo que proyecta Conjuveh al recalcar que “las juventudes son sinónimo de innovación y progreso para las sociedades, y su vinculación en los procesos de desarrollo económico, social, académico y cultural son pilares fundamentales en todo proceso de transformación”.

En ese sentido, este premio se traduce en “un compromiso y un impulso para seguir formándome, para seguir en la ardua labor de defensa de derechos humanos, un compromiso con Honduras para seguir siendo un agente de cambio”, sostiene Claudia Padilla, ganadora del Premio Regional de Juventud Centro.

Vale mencionar que la premiación se realizará durante Primer Congreso Nacional de Juventudes Hondureñas Conjuveh22 (11 al 13 de agosto), donde los y las jóvenes de Honduras discutirán sus retos con autoridades estatales y sociedad civil con apoyo de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Solo 2.9 de más de 7.5 millones de hondureños se han aplicado al menos tres dosis de la vacuna contra covid-19

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  • ASJ recomienda ampliar la vacunación a toda la ciudadanía elegible que se haya aplicado una dosis hace cuatro meses, garantizando suficientes vacunas en todos los establecimientos de vacunación a nivel nacional.

Tegucigalpa. De los más de 7.5 millones de hondureños elegibles para inocularse contra covid-19, todavía 1.3 millones no se han puesto la primera dosis, 2.2 millones la segunda y solamente 2.9 han recibido una tercera dosis o refuerzo de vacunas, advirtió este jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La ASJ presentó los resultados de la veeduría social a nivel local hecha en conjunto con la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en el marco del trabajo que realiza el observatorio social “Vacunas para todos”, a través del cual monitorea el avance de la vacunación contra covid-19.

Los ejercicios de veeduría incluyeron levantamiento de información en 6 regiones sanitarias de Salud en: Atlántida, Comayagua, Copán, Francisco Morazán, Lempira y San Pedro Sula, en las cuales se recolectaron datos sobre el contexto local de casos de covid-19, almacenamiento y aplicación de vacunas así como el reporte del avance de la vacunación a nivel local.

Cabe destacar que, al 11 de julio, de 6,229,648 personas mayores de 12 años elegibles para vacunación, solo 2,899,580 habían recibido una tercera dosis o refuerzo; mientras que del 1,345,500 niños y niñas entre 5 y 11 años elegibles, 800,591 cuentan con la primera dosis, solo 554,569 cuentan con la segunda dosis y apenas 1,748 con la tercera dosis.

Entre los hallazgos de la veeduría se subraya que los reportes de avances del proceso de vacunación de la Secretaría de Salud se hacen diariamente, en su mayoría por vía digital, lo que apoya la confiabilidad de los datos que además son de acceso público.

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También se recalca que las regiones sanitarias incluidas en la encuesta están aplicando vacunas in situ y haciendo brigadas de vacunación casa por casa y en lugares públicos.

No obstante, el reporte apunta que “en todas las regiones encuestadas hay cantidades limitadas de dosis de vacunas, lo cual limita la cantidad de personas vacunadas a diario en los centros de vacunación”.

Por lo anterior, la ASJ recomienda aumentar significativamente la cantidad de dosis de vacunas disponibles en las regiones sanitarias de Salud para acelerar el ritmo de la vacunación contra covid-19 en el país, principalmente la de niños y niñas entre 5 y 11 años, para prevenir el aumento de contagios en centros educativos y la propagación del virus.

De igual forma, ante el aumento en la positividad en casos de COVID-19, insta a ampliar la vacunación a los ciudadanos elegibles incluso aquellos menores de 40 años que cumplan con el período de tiempo establecido para aplicarse la siguiente vacuna contra COVID-19.

Acciones de la plataforma juvenil de APJ impulsan activa participación de jóvenes con autoridades a nivel local

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La participación ciudadana y juvenil en procesos de toma de decisión y de incidencia con autoridades locales, se ha visibilizado en diferentes ciudades del país, como resultado de las acciones promovidas por la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

En los últimos meses, jóvenes de los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Cortés, La Ceiba, El Progreso y Siguatepeque han sostenido una serie de encuentros con autoridades regionales para abordar temas como la prevención de violencia hacia la niñez y juventud de Honduras, prevención de abuso sexual infantil, transparencia y la promoción de espacios cívicos.

En el caso de Comayagua, los jóvenes han tenido activa participación en el Consejo Municipal de esta ciudad, a fin de unir esfuerzos en beneficio de la niñez y juventud.

La representación juvenil también ha estado presente en las jornadas de cabildo abierto que se impulsan en Siguatepeque, gracias a la apertura de las autoridades municipales de esa ciudad; espacio que ha permitido fortalecer el liderazgo de la juventud y escuchar sus demandas y propuestas en temáticas de prevención de violencia, promoción de una cultura de paz, entre otros.

De igual forma, gracias al trabajo conjunto impulsado con la Coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (COIPRODEN), y redes de niñez, adolescencia y juventud de municipios cercanos a la ciudad de San Pedro Sula, la plataforma juvenil de la APJ ha participado en jornadas de fortalecimiento de capacidades en temas de formación sociopolítica e intercambio de buenas prácticas municipales en prevención de la violencia.

Los encuentros de formación también han sido enfocados a capacitar a los jóvenes en temas de prevención y atención a casos de abuso sexual infantil, derechos de la niñez y adolescencia y menores en vulneración, al tiempo de compartir con la juventud las reformas aplicadas al nuevo Código Penal en delitos sexuales; estas jornadas han sido impulsadas con el apoyo del programa Deborah del Proyecto Aldea Global, organización miembro de la APJ.

La incidencia y participación activa de la niñez y juventud con tomadores de decisión a nivel local, también se ha replicado en la ciudad de Santa Rosa de Copán, donde los jóvenes de ese capítulo regional de la plataforma juvenil de APJ expusieron ante las autoridades su preocupación ante la reducción de los espacios cívicos.

La Plataforma Juvenil de la APJ tiene sede en siete ciudades del país: San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa y Olancho; y es una iniciativa que busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenten con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz, acciones de incidencia política y defensa social, relacionadas con el tema de seguridad y justicia.

 

Cada seis horas un menor de edad es abusado sexualmente en Honduras y el 84% de casos quedan impunes, revela informe de ASJ

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Entre 2016 y 2020, la tasa de abuso sexual infantil aumentó 25% cada año, es decir más de tres niñas y un niño fueron abusados cada día.

El país no cuenta con un sistema de atención para niñas y niños víctimas de ASI, que les restituya derechos violentados.

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, presentó este miércoles un informe donde revela que cada seis horas, un niño o niña es víctima de Abuso Sexual Infantil (ASI) en el país, y el 83.74% de los casos quedan en la impunidad.

El informe titulado Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil, detalla que entre el 85% a 90% de los casos ocurrieron en el entorno cercano a la víctima y los cinco departamentos con la mayor cantidad de denuncias son: Francisco Morazán (2,038), Cortés (1,151), Atlántida (836), Comayagua (807) y El Paraíso (787).

La investigación, realizada revela que entre 2016 y 2020, hubo cerca de 4,345 embarazos en estudiantes de 8 a 17 años, de los que 907 corresponden a niñas de 8 a 14 años, lo que supone automáticamente la comisión de un delito de violación debido a la edad.

Los datos establecen que en esa línea de tiempo el sistema de administración de Justicia Penal ante el ASI, registró 8,945 denuncias por delitos relacionados con el abuso sexual infantil (siendo un total de 8,732 niñas; mientras que 1,099 fueron niños), de estas denuncias solo 1,454 (16.25%) finalizaron con sentencia condenatoria, implicando que el 83.74% de las denuncias quedó en impunidad, el 2020 tiene el II-ASI más alto con 87.19% y el 2019 el más bajo con un 80.93%, adicionalmente el informe revela que los menores de 15 a 17 años son el grupo etario más afectado, así mismo se establece que la tasa de denuncia de ASI a nivel nacional para 2016-2020 fue de 51.75 por cada cien mil habitantes (niños/niñas).

Ante estas cifras, preocupa la mínima o nula aplicación de justicia contra los agresores, ya que, de 10 casos denunciados, más de ocho quedaron en impunidad; de 10 casos judicializados, solo en cinco hubo una sentencia condenatoria; mientras que de cada 10 denuncias ingresadas solo cuatro fueron concluidas con una investigación y, además, de cada 10 investigaciones concluidas solo en seis se presentó requerimiento fiscal.

El informe de ASJ, también revela la ausencia de un sistema de atención para menores víctimas de ASI, que les restituya derechos violentados, garantice su protección y acceso a una justicia eficaz y eficiente. Se expone, además, que el sistema sanitario no cuenta con estructura institucional y equipo de profesionales suficientes ni con normas procedimentales, para contribuir al restablecimiento de la salud mental de niños y niñas.

Ante esta situación, el capítulo de Transparencia Internacional recomienda efectuar acciones para el diseño e implementación efectiva de políticas públicas de prevención, detección, atención de la violencia sexual y protección de niños y niñas, que asegure la reducción de la violencia sexual a partir de la caracterización del problema, una mayor inversión pública, el fortalecimiento institucional y la intervención colaborativa de los sectores de protección, sanitario, educativo, de justicia, seguridad y protección social, entre otras.

En la presentación del informe participaron Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la ASJ; Ninoska Reyes, coordinadora de Gestión Fiscal de la ASJ; Jaime Varela, coordinador de los programas Paz y Justicia y Rescate; Russlan Espinal, Oficial de Derechos Humanos de la ASJ, así como representantes del Comité Asesor Técnico Interorganizacional para la Prevención del ASI.