FOPRIDEH: La participación ciudadana es un elemento indispensable para luchar contra la corrupción

  • La APJ y FOPRIDEH exhortan a una mayor participación ciudadana.
  • FOPRIDEH forma parte de la plataforma de organizaciones de la APJ.
  • Las 80 miembros de la federación promueven el desarrollo integral y sostenible del país.

Conscientes de que una activa participación ciudadana en la gestión pública refuerza la lucha anticorrupción, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) contribuye a mantener un ambiente democrático a través de acciones de auditoría social y procesos de capacitación para funcionarios y sociedad civil.

Dentro de las políticas públicas que se han planteado en la región para el control de la corrupción, la participación de los ciudadanos en espacios institucionales locales y nacionales se ha convertido en un elemento indispensable para combatir este flagelo.

Bajo esta premisa, FOPRIDEH, que actualmente preside la doctora Amanda Madrid, impulsa a través de sus acciones procesos de descentralización como medio para impulsar el desarrollo integral y sostenible del país que puedan hacerle frente a la corrupción, fortaleciendo las capacidades de sus organizaciones afiliadas.

Es así, que con más de 80 organizaciones aglutinadas en su red y diseminadas en todo el territorio nacional, FOPRIDEH apoya diversas dimensiones del desarrollo nacional, regional y local.

El espíritu del trabajo de esta plataforma persigue la construcción de una democracia estable, con mayor capacidad de resolución de conflictos y de promover mayor eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos, aprovechando la cercanía entre las autoridades y la población, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia de la gestión pública.

Esta participación propositiva se concretiza en la presencia de las ONG afiliadas y de la propia FOPRIDEH en espacios institucionales locales y nacionales, apegados a la aspiración de una justicia favorable, para impulsar procesos de desarrollo. De hecho FOPRIDEH ha sido una organización abanderada del reciente proceso de depuración policial, por mencionar un ejemplo.

Mantener actualizadas a sus ONG miembros acerca de las tendencias de la cooperación nacional e internacional y las agendas temáticas ligadas al desarrollo humano sostenible y lucha contra la corrupción, se convierte en el desafío constante de la Federación.

En los últimos meses, destaca entre los aportes de FOPRIDEH la realización de auditorías sociales en distintos municipios del país, para promover políticas públicas relacionadas con la descentralización, la transparencia y la gestión Municipal.

Además, entre sus logros alcanzados se destaca la capacitación de funcionarios públicos, en jornadas de aprendizaje de áreas como la Ley de Transparencia, Presupuesto Público, Gasto Público, Participación de la Sociedad Civil y estrategias de promoción.

FOPRIDEH forma parte de la plataforma de organizaciones de sociedad civil que integran la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), con quien comparte su misión de realizar auditoria social, incidencia política y generación de espacios de participación ciudadana inclusiva para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad de Honduras.

Nadie debe tener privilegios

  • Depuración, reforma y renovación debe implementarse en todas las instituciones del sistema de seguridad, defensa y justicia del país.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, consideró «predecible, oportuna y pertinente» la suspensión impuesta a los dos capitanes de las Fuerzas Armadas de Honduras, que fueron señalados -por el gobierno de los Estados Unidos de América- de tener nexos con el narcotráfico.

Rivera, indicó que «es una medida necesaria para que las investigaciones puedan realizarse sin interferencia».

«Nadie debe gozar de privilegios y todo aquel que es señalado de un acto ilegal debe ser investigado con rigor, y de encontrarse evidencia que ha cometido un delito, debe -también- ser sometido a juicio expedito y a sanción ejemplar» señaló el depurador.

Finalmente, el dirigente de la sociedad civil dijo que la «depuración, reforma y renovación debe implementarse en la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial; no basta con hacer la profilaxis y la reingeniería en la Policía Nacional, debemos asegurarnos que se cuenta con militares, fiscales y jueces honestos y competentes».

Congreso Nacional debe incrementar el presupuesto del Ministerio Público

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la próxima discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, correspondiente al año 2017, y en torno a la propuesta de distribución de recursos entre las instituciones del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia del país, se pronuncia de la siguiente forma:

  • Con beneplácito hemos observado en los últimos años una revitalización de la gestión del Ministerio Público (MP), que se ve reflejada en una lucha frontal en contra de los carteles del narcotráfico, redes de corrupción y maras, así como el incremento del número de investigaciones, requerimientos fiscales y capturas en contra de delincuentes comunes, servidores públicos y criminales dedicados a la extorsión, lavado de activos y otros delitos. En este sentido, celebramos los avances en esta lucha en contra de la impunidad y esperamos más resultados, a fin de revertir la generalizada impunidad que ha imperado en el país.
  • Para poder seguir exigiendo resultados a las diferentes fiscalías especiales, agencias de investigación criminal, unidades de medicina forense y demás dependencias del MP, se requiere dotarlas de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros ya que en los últimos años, hemos observado que, pese a que el presupuesto del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en su conjunto, ha sufrido un incremento cuantioso del 290% en la última década (2006-2017), que representa Lps. 115,867 millones, de recursos regulares del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, la distribución de los mismos ha sido inequitativa y desproporcional, privilegiando las asignaciones a las Secretarías de Defensa y Seguridad, las cuales en su conjunto han recibido el 73% del total de esos montos, y relegando al MP y la Poder Judicial, entidades que únicamente han recibido el 27% de ese total. En esta oportunidad, nuevamente, se ha excluido de dar un trato justo al MP, en la distribución de los recursos presupuestarios asignados, por lo que se evidencia una equivocada decisión que debilita la capacidad institucional de este ente operador de justicia.
  • Ese mismo patrón de distribución se ve reflejado en las asignaciones de recursos extraordinarios como los de la Tasa de Seguridad Poblacional, que fueron empezados a distribuir en el año 2012; del total recaudado hasta el mes de agosto de 2016, una cifra que asciende a Lps. 9,175 millones, la Secretaría de Defensa ha recibido el 36% de esos recursos, la Secretaría de Seguridad el 33%, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) el 18%, el MP el 4% y el Poder Judicial el 2% y otras instituciones estatales el 7%; esta distribución refleja con absoluta claridad el trato diferenciado hacia las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras.

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  • Ese mismo patrón de distribución se ve reflejado en las asignaciones de recursos extraordinarios como los de la Tasa de Seguridad Poblacional, que fueron empezados a distribuir en el año 2012; del total recaudado hasta el mes de agosto de 2016, una cifra que asciende a Lps. 9,175 millones, la Secretaría de Defensa ha recibido el 36% de esos recursos, la Secretaría de Seguridad el 33%, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) el 18%, el MP el 4% y el Poder Judicial el 2% y otras instituciones estatales el 7%; esta distribución refleja con absoluta claridad el trato diferenciado hacia las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras.

  • El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, para el año 2017, recientemente enviado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), no considera el incremento solicitado por parte del Fiscal General del Estado de más de Lps. 580 millones al presupuesto del MP, que hubiese permitido la contratación de fiscales, agentes de investigación criminal, médicos forenses, peritos especializados y personal técnico, que ampliaría la cobertura y mejoraría la calidad de los servicios de las diferentes fiscalías especiales y demás dependencias de este ente operador de justicia; esta decisión de la SEFIN, ratifica la perjudicial tendencia que históricamente ha sufrido el presupuesto del MP, y obstaculiza el cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de la entidad, y disminuye la capacidad de acción y limita la posibilidad de obtener mejores resultados durante el ejercicio fiscal 2017.

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  • No cubrir la brecha financiera del MP, para el próximo año, restringe la capacidad operativa de esta institución para poder mejorar su desempeño, ampliar su cobertura de servicios y cumplir a cabalidad sus deberes y responsabilidades para revertir la impunidad y castigar a todas aquellas personas que transgreden la Ley y violentan los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, al no tomar en consideración e incorporar la SEFIN, en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso Nacional, el incremento solicitado por el MP, no solo se traduce en un mensaje desalentador, sino que también en una muy mal señal en este esfuerzo por combatir a los corruptos y criminales en el país, especialmente porque se puede constatar que las demás instituciones que conforman el Sistema de Seguridad, Defensa y Justicia en Honduras, si recibieron relevantes aumentos en sus asignaciones presupuestarias, mismos que contrastan con el tratamiento dado a quien debe enfrentar el reto de construir los requerimientos fiscales para que los que violentan el ordenamiento jurídico vigente y sean ejemplarmente castigados.
  • Como organizaciones que representamos a diferentes sectores de la sociedad, pedimos a los diputados del Congreso Nacional de la República, enmendar el grave error, y dar al MP el mismo trato como a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, e impedir que se margine a esta institución de los beneficios de un incremento digno de los recursos asignados para hacerle frente a sus responsabilidades y deberes durante el próximo año, y les instamos a modificar el Presupuesto General de la República con el propósito de satisfacer la petición de ente estatal.
  • De ser necesario, la APJ, recomienda a los legisladores a disminuir las asignaciones a otras Secretarías de Estado que –a lo largo de los últimos años- han venido viendo incrementados sus presupuestaos de forma extraordinaria, tal es el caso de la Secretaría de Defensa, y particularmente las Fuerzas Armadas; en el marco de la estrechez y necesidad, las decisiones políticas deben ir encaminadas a priorizar, y las falencias actuales del MP, son un imperativo categórico a enfrentar y un grave problema a resolver.
Incremento porcentual por operador

Incremento porcentual por operador

  • Finalmente, consideramos inaceptable el robo del expediente judicial del caso del asesinato de la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, mismo que dibuja –de cuerpo entero- la negligencia y falta de responsabilidad con la que algunos funcionarios judiciales se desempeñan en sus cargos; urgimos la expedita y efectiva intervención de las autoridades del Poder Judicial a fin de deducir las responsabilidades administrativas del caso y corregir los protocolos de manejo de la información y documentos a lo interno de los diferentes tribunales y demás instancias jurisdiccionales. Del mismo modo, exigimos una rigurosa investigación por parte del MP, a fin de castigar a los culpables de este hecho delictivo. Todos los funcionarios del Poder judicial deben saber que sus actuaciones deben realizarse en el marco de las facultades que les da la Ley, en estricto apego al mandato que están llamados a cumplir y sobre la base del decoro y la responsabilidad que sus cargos requieren. Que no se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados y responsables de la custodia y manejo del expediente judicial en mención, que no se corrija las falencias de procesos internos en los diferentes organismos judiciales y que no se esclarezca el robo de tan importante documentación de un caso emblemático que esta incrustado en el imaginario colectivo, continuará dando un muy mal mensaje a la población en general y a la comunidad internacional, y contribuirá a enraizar la impunidad de la cual tanto nos quejamos los hondureños

La APJ, reitera su compromiso de continuar ejecutando acciones conducentes a depurar, reformar y fortalecer las capacidades de las diferentes instituciones que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia del país, a fin de garantizar el pleno goce los derechos y libertades de los hondureños.

Jóvenes capitalinos exigen mejor desempeño de Operadores de Justicia

Jóvenes universitarios y cristianos del Municipio del Distrito Central (MDC), exigieron, este fin de semana, a los titulares de las diferentes entidades operadores de justicia un mejor desempeño institucional y la implementación de políticas públicas que garanticen el pleno goce de los derechos humanos y libertades individuales de segmentos históricamente olvidados por la institucionalidad estatal, tal es el caso de la niñez, adolescencia y juventud.

En el marco de la jornada, denominada Seguridad 101, celebrada en un hotel capitalino y auspiciada por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), más de 50 jóvenes exigieron a la Policía Nacional, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial, aumentar la cobertura de sus servicios y proceder de inmediato al nombramiento de personal especializado en atender las demandas de los grupos colocados en situación de vulnerabilidad frente a la violencia, criminalidad y delincuencia.

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Omar Rivera – coordinador de la Alianza por la Paz y la justicia hablando sobre labor de APJ en Honduras

La APJ, con apoyo de la organización europea Viva Dinamarca, llevó a cabo esta jornada de capacitación, destinada a que jóvenes que realizan sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y forman parte de los programas y proyectos de la organización cristiana Red Viva, para que ellos puedan conocer sobre la actual situación del país en materia de seguridad, cuales son los factores causa de la impunidad imperante en el territorio nacional y cómo funciona el sistema de seguridad y justicia en la nación; la actividad formativa está focalizada en desarrollar capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, redes juveniles de iglesias e instituciones académicas.

Este proceso de capacitación se ha venido realizando en municipios en los cuales funcionan los Capítulos Locales de la APJ, siendo estos Santa Rosa de Copán, Comayagua, El Progreso, Catacamas y San Pedro Sula, Cortés.

Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), se fundó en el año 2012, y se constituye en una coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de las entidades operador as de seguridad y de justicia en Honduras.

La APJ tiene como visión “una Honduras de paz, seguridad y justicia sobre la base de una buena gestión del Sistema de Justicia y Seguridad hondureño con respeto a los derechos humanos y la transparencia; de igual manera, la misión institucional de la APJ es convertirse en una alianza de organizaciones y redes de la sociedad civil que realiza auditoría social, incidencia política y genera espacios de participación ciudadana inclusiva para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad de Honduras.

 

APJ participa en intercambio de experiencias y buenas prácticas para prevención de la violencia

  • Honduras busca retomar la experiencia de República Dominicana en la reducción y prevención de violencia.
  • Delegación hondureña conoció el funcionamiento del Sistema de Emergencia 911 y el Observatorio de Seguridad del país caribeño.

Tegucigalpa. República Dominicana es la sede del intercambio de “Experiencias en Gestión de Información y Buenas Practicas para la Prevención de la Violencia, Convivencia y Seguridad Ciudadana”, en el cual participa la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) de Honduras.

El encuentro se desarrolla con el propósito de fortalecer las capacidades y la articulación del trabajo entre las instituciones del gobierno y organizaciones de sociedad civil de Honduras, países centroamericanos y del Caribe.

Además de la APJ, conforman la delegación hondureña funcionarios del gobierno, alcaldes y miembros de la sociedad civil de nuestro país.

Durante este intercambio de experiencias se busca conocer el funcionamiento del Observatorio de Convivencia y Seguridad de República Dominicana, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de fortalecer los 30 Observatorios Municipales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (OMCSC) de Honduras.

Los OMCSC fueron creados en el 2014 como parte de las estrategias del Estado para buscar el empoderamiento de las alcaldías municipales en la recopilación de información basada en evidencia, a fin de orientar la toma de decisiones y evaluar las políticas públicas implementadas para reducir los indicadores de seguridad que impactan negativamente en sus comunidades.

En representación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)  participa en esta visita Luis Daniel León, quien es el Coordinador de Investigaciones de la plataforma ciudadana Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

La delegación de Honduras además está integrada por Salvador Valeriano Pineda, viceministro de Seguridad; Donald Javier Sagastume, coordinador operativo en Asuntos Interinstitucionales; Guadalupe López Rodríguez en representación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON); y Carmela Lanza, coordinadora del proyecto InfoSegura Honduras.

Además los alcaldes: José Antonio Laínez (Trujillo, Atlántida); Lincoln Alejandro Figueroa (Catacamas, Olancho), Aníbal Erazo Alvarado, (Santa Rosa de Copán, Copán); Marcio Junior Vega Pinto (Nueva Arcadia, Copán); Mario Huberto Cordón Flores, (Macuelizo, Santa Bárbara) y Gilma Ondina Castillo (La Paz).

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La comisión fue recibida por el alcalde del Distrito Nacional, David Collado y por el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, Alberto Morillo; quienes compartieron posibles soluciones, experiencias comprobadas y el mecanismo de sostenibilidad de estrategias innovadoras sobre la prevención de violencia, convivencia y seguridad ciudadana a nivel regional, nacional y municipal.

Los delegados hondureños conocieron además el funcionamiento del Sistema Integral de Respuesta a Emergencias 911 y el Registro de Armas y Balística de Santo Domingo.

República Dominicana ha mostrado en los últimos años un avance importante en el desarrollo de planes y acciones para prevenir y reducir la violencia. Ahora, Honduras buscar replicar esas buenas prácticas.

La visita al país caribeño se realiza como parte del proyecto Gestión de la información basada en evidencias para la seguridad ciudadana en América Central y República Dominicana (InfoSegura-CA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); los cuales cuentan con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Premio Quetglas 2016 es otorgado a Chester Thomas, miembro de la APJ

  • Con el galardón se reconoce entrega de Thomas a los más desposeídos en Honduras.

Tegucigalpa. En una emotiva ceremonia realizada en San Pedro Sula fue entregado la noche del jueves el Premio Quetglas 2016 a Chester Thomas, director ejecutivo de Aldea Global Honduras y miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Thomas, conocido por sus loables obras a favor de los más desposeídos de Honduras, fue galardonado en una ceremonia realizada en el Club Hondureño Árabe, en la cual se enlistaron sus múltiples proyectos a favor de campesinos.

Junto al también miembro de la Junta Directiva de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) fueron nominados al premio la voluntaria del Cuerpo de Paz, Kathryn Marie Tschiegg y Esteban Centeno Martínez, líder de la Organización de Cooperación, Ayuda y Desarrollo de Honduras (OCAH).

En la edición 2016, la Fundación de Obras Sociales Vicentinas (OSOVI) –anfitriona de la premiación- destacó la labor de Chester Thomas en áreas de extrema pobreza, así como su apoyo para la promoción de la agricultura y sistemas de distribución a favor de campesinos.

El Premio Quetglas se entrega anualmente a personas misericordiosas, quienes desde el anonimato practican la solidaridad con las personas menos favorecidas.

El galardón recibe el nombre en honor al padre Antonio Quetglas, oriundo de Santa Eugenia, España, quien llegó a Honduras en 1963 e inició su labor pastoral y social logrando la fundación de OSOVI en 1995.

Su dedicación impulsó decenas de obras a favor de niños, adultos y ancianos, al igual que enfermos.

En 2014 el premio Quetglas fue otorgado a Astrid Panting de Ruiz y en 2015 al Padre Alberto Gaucci.

Urge que depuración inicie en el Ministerio Público y el Poder Judicial

  • No solamente debe depurarse la Policía Nacional, también la profilaxis debe ejecutarse en las diferentes fiscalías del Ministerio Público y los distintos organismos judiciales

Porque el andamiaje institucional del Sistema de Seguridad y justicia no se circunscribe a la Policía Nacional y se vuelve impostergable una profunda limpieza en las diferentes estructuras de los entes operadores de justicia, Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instó al Fiscal General del Estado y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a “evaluar el personal de las diferentes fiscalías y juzgados” con la intención de determinar quiénes son los idóneos para continuar en el servicio estatal y transformar a tan importantes instituciones responsables de ejecutar la acción penal y sancionar a quien transgrede la Ley.

“Está es una mesa de tres patas; una pata es la Policía Nacional, otra es el MP y la otra el Poder Judicial. Las tres deben ser sólidas, fuertes y resistentes; deben ser funcionales, cumplir a cabalidad su papel en el ámbito de su mandato y no pueden fallar. Si alguna de ellas es débil, si alguna se presenta enclenque, si alguna falla, el sistema no funcionará de forma óptima” reflexionó Rivera.

El integrante de la Comisión Especial indicó que “es necesario depurar, reformar y fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Nacional, el MP y el Poder Judicial; por esa razón hemos estado pidiendo desde hace varios años que se certifiquen los recursos humanos que laboran en esas entidades, que se avance en el proceso de reingeniería orgánica y de procesos, y que se asignen mayores recursos, especialmente presupuestarios”.

Los recientes hechos que involucran a funcionarios y empleados judiciales en actos ilícitos han hecho que varios sectores de la sociedad exijan acciones inmediatas para adecentar las diferentes instituciones del Estado que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras.

Pueblo hará depuración de los políticos en las próximas elecciones

A los políticos de los diferentes partidos los debe evaluar el pueblo hondureño en las próximas elecciones generales. La población es la única que puede depurar a la clase política; ojala esa depuración se genere en el próximo proceso electoral para tener eficientes administradores del erario nacional y fieles representantes de los intereses del pueblo» dijo el también Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

El dirigente de la sociedad civil manifestó estar entusiasmado con los cambios y reformas que se están gestando en el país y tiene la esperanza que “los procesos de profilaxis y transformación se realicen también a lo interno de los distintos partidos políticos en el país”.

 

Por cada policía depurado se contratarán dos nuevos agentes

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional respalda la iniciativa del Gobierno de la República de elevar el número de policías en servicio a 26 mil agentes para el año 2022, a fin de garantizar el relevo generacional en la institución y acercarse a dar cumplimiento a estándares internacionales en materia de número de policías por cada 100 mil habitantes.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial, manifestó que se espera que durante el año 2016 “por cada policía depurado se contrate a dos nuevos agentes, a fin de fortalecer y no debilitar los diferentes organismos policiales”; el depurador señaló que “no solamente se trata de cancelar policías, sino de preparar a las nuevas generaciones que van a lograr transformar la institución”.

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Hasta la fecha, la Comisión Especial, en la reciente jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el proceso de evaluación de los integrantes de la carrera policial y reestructuración de los diferentes organismos policiales, informó que se han evaluado 1,515 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional, de los cuales se han cancelado 628, 14 han sido suspendidos, a 36 se les ha autorizado el retiro voluntario, 27 están en proceso de investigación y 810 han sido incorporados a la nueva estructura orgánica; asimismo, dio a conocer que en lo que va del año, han egresado del Instituto Tecnológico Policial (ITP) 925 agentes de escala básica y para la finalización de 2016 se habrán graduado 1,652 policías más, lo que totalizaría la cantidad de 2,577, lo que permitirá cubrir los espacios de los policías depurados”.

Rivera, quien también es coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), dijo que “es indispensable seguir formando a las nuevas generaciones de policías sobre la base de un modelo educativo con enfoque comunitario, que concientice a los agentes del deber de respetar de forma irrestricta los derechos humanos de los ciudadanos y que desarrolle capacidades especializados del contingente policial en áreas como la prevención de la violencia, inteligencia e investigación criminal, operaciones contra el crimen organizado y las maras, administración de recursos y logística, vialidad y transporte, y otros; necesitamos sangre nueva que venga a resolver los viejos problemas de la seguridad en el país”.

“El compromiso del Gobierno de la República es contar con una Policía Nacional fortalecida, certificada y equipada, y la Comisión Especial, impulsará acciones concretas en esa línea de acción; se espera que dentro de 6 años el número de policías supere los 26 hombres y mujeres, y que el indicador de policías por cada 100 mil habitantes, se haya incrementado de 156 a cerca de 280” declaró el dirigente de la sociedad civil.

276 policías por cada 100 habitantes para el 2022

Según proyecciones oficiales, la Policía Nacional contará con 26,486 agentes para el año 2022; esos mismos planes establecen que durante ese periodo saldrán en el marco de la depuración policial 2,893 y de forma vegetativa –en salidas normales- 6,803 agentes y oficiales.

De acuerdo a este proyecto de incremento de la nómina policial, egresarán del ITP, 22,700 agentes de escala básica en programas de educación con duración de 12 meses, luego de un riguroso proceso de evaluación de la idoneidad a través de pruebas de confianza.

Finalmente, se pronostica que la tasa de policías por cada 100 mil habitantes pasará de 156 en el 2016 a 276 en el año 2022, muy cercana a los estándares internacionales.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha establecido que es recomendable que los países cuenten con 300 policías por cada 100 mil habitantes.

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La necesaria reforma en la ANAPO

Sin embargo, Omar Rivera, reflexionó que no basta incrementar el número de agentes de la base policial y que se constituye en impostergable impulsar una reingeniería en el sistema de educación de altos oficiales de la Policía Nacional. “Tal cual se hizo con los procesos de formación de los nuevos agentes de a escala básica de la Policía Nacional, se debe avanzar en la reformulación de la curricula de formación de los oficiales”, sentenció Rivera. “Lo que se ha hecho en Comayagua y La Paz, con la renovación del ITP, a fin de capacitar a los nuevos policías, es ejemplar; eso mismo debe hacer con la formación de quienes van a convertirse en oficiales de la Policía Nacional, por lo que el mejoramiento de las instalaciones físicas, el aumento de la calidad de los docentes y la actualización de la estructura curricular de los planes de estudios de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), es urgente” opinó.

El coordinador de la APJ, exteriorizó que “de nada va a servir tener miles de nuevos agentes de escala básica sensibles a respetar los derechos humanos, con un enfoque comunitario para su trabajo en campo y con un entrenamiento de óptima calidad, si los oficiales de policía siguen formándose tal cual se ha venido haciendo en los últimos años; los cambios deben ser integrales y esta nueva mística policial que esperamos se logre insertar en la mente de todos los que pertenecen a esta institución, debe también ‘clavarse’ de arriba hacia abajo”.

Policías y mareros conformaron escuadrones del mal

Sobre las recientes publicaciones en las cuales se señala a miembros de la carrera policial involucrados en actividades ilícitas en asocio con delincuentes, el miembro de la Comisión Especial reveló que en esa instancia depuradora “se ha tenido acceso a información que indica que altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional han tenido nexos con bandas del crimen organizado, maras y pandillas, y redes de corrupción; por eso se han tomado decisiones encaminadas a cancelar a los sospechosos de estos ilícitos y se ha remitido al Ministerio Público (MP), las denuncias e insumos que al respecto se ha tenido en las manos sobre la supuesta participación de miembros de la carrera policial en actos criminales y corruptos”; “Que no venga nadie haciéndose el que no sabe, aquí está claro que por años las autoridades policiales y los operadores de justicia fueron abúlicos e indiferentes ante el mal proceder de oficiales y agentes” anotó.

Finalmente, Omar Rivera, arguyó que “por la vía administrativa, hemos cancelado a la mayoría de quienes han sido señalado de estos hechos repugnantes y en la medida avance en tiempo procederemos a evaluar a todo aquel que sea sospechoso de ser marero o estar asociado con pandillas; nosotros actuamos en el ámbito administrativo, la persecución penal le corresponde a las fiscalías especiales del MP; toda la información sobre la supuesta participación de policías en hechos delictivos es remitida de inmediato al MP, para que actúe”.

 

Libros en honor a Alfredo Landaverde motivan a luchar contra la impunidad y exigir justicia

  • Los libros están disponibles en español, inglés y miskito.
  • APJ reconoce el legado de Alfredo Landaverde para promover la justicia y luchar contra la impunidad.

En el marco de su campaña “Todos Merecemos Justicia”, la Fundación Alfredo Landaverde realizó hoy el lanzamiento de dos libros dedicados a la memoria del gran luchador contra el narcotráfico y la impunidad Alfredo Landaverde.

“Cuando haya justicia…habrá paz” y “Había una vez un héroe llamado Alfredo Landaverde” es el nombre de los libros que a partir de la fecha estarán disponibles para la población hondureña; en distintos puntos de venta del país.

Tras un trabajo de tres años, la obra “Había una vez un héroe llamado Landaverde” plasma las anécdotas del gran luchador hondureño y el mismo está dirigido a niños y jóvenes; mientras que el libro “Cuando haya justicia…habrá paz” condensa mediante una biografía la vida de Landaverde.

Con estas obras literarias, la Fundación Alfredo Landaverde busca que la lucha librada por este héroe contemporáneo no sea olvidada por las generaciones futuras.

“Lo hecho por Alfredo Landaverde trasciende una vida común, fue un político que luchó por la verdad, luchó por el combate al crimen y contra el narcotráfico, y dio su vida por ello declaró Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde.

Caldera, quien además es la presidenta de la Fundación Landaverde, mencionó que es momento de hacer honor a la memoria de Landaverde “estos libros son testimonios de vida, hechos reales que nos recuerdan la importancia de unir esfuerzos para tener un país mejor, en donde todos merecemos justicia”

Alfredo Landaverde fue asesinado en diciembre del 2011, días antes había denunciado que muchos narcotraficantes operaban impunemente y que eran conocidos por la Policía Nacional. También había afirmado que “sí por decir la verdad me van a matar, bienvenida sea la muerte”.

Presentación libros Alfredo Landaverde – foto: Brian Velásquez

Al acto del lanzamiento de los libros acudió, el coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera quien razonó que el verdadero heroísmo se refleja en aquellos que nunca bajan su bandera y que hasta el último aliento de vida están dispuestos a luchar, permitiendo que otros tomen esa estafeta y continúen la lucha como la que Alfredo Landaverde inició.

Rivera, además enfatizó como en Honduras solo el 4% de los delitos terminan en juicio oral y público y con sentencia condenatoria, lo que representa un 96% de impunidad “da la impresión que muchos no estamos lo suficientemente golpeados con una cifra de ese tipo, como para poder exigir como lo hacía Alfredo Landaverde de depurar, reformar, transformar y fortalecer instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y al Poder Judicial”.

Presentación libros Alfredo Landaverde – foto: Brian Velásquez

Las dos obras literarias que expresan el valor que se les da a las ejecutorias de un hombre que se constituye en un héroe nacional, fueron escritas por los hondureños Hellen Gutiérrez y Roberto Vallejo.

Los ejemplares, están disponibles en versión en español, inglés y miskito a un precio de 180 lempiras.

La Fundación Alfredo Landaverde, es una de las organizaciones que integran la plataforma ciudadana de la APJ, donde comparten el anhelo de Landaverde de tener instituciones conformadas por profesionales que sean honestos, capaces y que puedan cumplir a cabalidad con el mandato que les da la ley.

Chester Thomas, miembro de APJ, destaca entre los finalistas para obtener el premio QUETGLAS 2016

• Premio Quetglas, reconoce a una persona que con su noble labor ayuda a su comunidad.
• El reconocimiento se entregará por tercer año consecutivo, por parte de la Fundación OSOVI

Por tercera ocasión, la Fundación Obras Sociales Vicentinas (OSOVI) realizará la premiación de los Premios Quetglas 2016 “Un premio a la caridad hecha persona”, con el propósito de reconocer a un prójimo que realiza una labor, actividad o servicio en apoyo de los menos favorecidos, logrando con su trabajo el transformar y mejorar la situación de vida de personas, dignificándolas como seres humanos y como hijos de Dios.

En esta oportunidad, destaca entre los finalistas para optar a este premio Chester Thomas, director ejecutivo de la organización Proyecto Aldea Global (PAG).

Thomas ha sido considerado un ángel terrenal, por su motivación a ayudar al pueblo hondureño tras las consecuencias del huracán Fifí, acogiendo a muchas personas en sus nobles acciones para crear una diferencia significante en la vida de ellos.

Chester Thomas centra su labor en áreas de mucha pobreza, ayuda a campesinos transmitiendo sus conocimientos en técnicas agrícolas, invernaderos y sistemas de distribución.

Actualmente, gracias a Chester Thomas, hay una red de ingenieros que ayudan a los campesinos a llevar una mejor vida, mediante las acciones del PAG, que él mismo fundó.

Esta iniciativa que busca reconocer a estos héroes anónimos con el Premio Quetglas, se hace en honor al reverendo padre y director de esa fundación, Antonio Quetglas, quien lleva más de 5 décadas velando por niños, jóvenes y adultos en este país.

 

 

El Padre Antonio Quetglas, nació en el año de 1931 en España y tras varios años de estudio y preparación se ordenó como sacerdote y en 1963 llegó a Honduras, donde comenzó su noble labor pastoral y social hasta lograr crear la fundación de OSOVI en 1995.

La dedicación y bondad del padre Quetglas ha inspirado y concretizado decenas de obras hacia los más pobres, desde niños hasta ancianos. Su mano y su obra han tocado no solo a enfermos de males físicos, sino también ha impulsado la rehabilitación de otro tipo de males como el alcohol.

El Padre Antonio sigue su labor desde la Arquidiócesis de Tegucigalpa, contagiando con su obra a empresarios y laicos que lo apoyan y que han tomado su ejemplo y su mensaje como objetivo de vida, y ejemplo a seguir.

Los criterios para seleccionar al ganador del Premio Quetglas 2016, van desde el tiempo de asistencia a los beneficiados, el cumplimiento de valores cristianos y vicentinos, el alcance obtenido y transformación lograda, la sinergia con otras personas o instituciones, así como el grado de innovación y singularidad del servicio brindado.

Junto con Chester Thomas son también finalistas, la voluntaria del Cuerpo de Paz Kathryn Marie Tschiegg y el joven Esteban Centeno Martínez.

En 2014 el Premio Quetglas fue entregado a la dama Astrid Panting de Ruiz; el año pasado el padre Alberto Gauci, fue el acreedor del premio Quetglas 2015.

La gala de premiación para conocer el ganador del Premio Quetglas 2016 será en la ciudad de San Pedro Sula este jueves 29 de septiembre.

El Proyecto Aldea Global del cual Chester Thomas, es su fundador y actual director ejecutivo es una de las organizaciones que integran la plataforma Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en donde se comparte el anhelo de promover iniciativas de procesos participativos, propiciados por una sociedad civil informada y con conocimiento, para contribuir de manera propositiva, crítica y vigilante, para una sociedad donde prevalezca la justicia y la seguridad.