Comisión Especial y Organización de los Estados Americanos (OEA) trazan ruta para la transformación de la Policía Nacional

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Los integrantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, se reunieron con altos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de discutir asuntos inherentes al proceso de reforma del sector seguridad en Honduras.

Los depuradores sostuvieron una larga jornada de trabajo con Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA; y Juan Federico Jiménez Mayor, Vocero y Representante Especial del Secretario General de la OEA en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en la cual trazaron la hoja de ruta que permitirá transformar los diferentes organismos policiales.

Luego de una revisión minuciosa a los logros y desafíos del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, durante los últimos seis meses, con énfasis en la reforma al marco jurídico, estratégico, orgánico de la entidad policial, las partes acordaron priorizar acciones conjuntas en materia de modernización del sistema de educación de altos oficiales y generar espacios efectivos de participación ciudadana.

En torno a modernizar el sistema educativo policial hondureños se planteó impulsar cooperación horizontal entre los países del continente americano y recibir apoyo técnico de universidades de prestigio como Georgetown University de los Estados Unidos, la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Universidad de Quilmes de Argentina.

En representación de la Comisión Especial se hicieron presentes en la sesión, Julián Pacheco, Secretario de Seguridad; los comisionados Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano; asimismo, los asesores Jorge Machado y Carlos Hernández.

La OEA, a través de la MACCIH, propone mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, a través de la colaboración activa, asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción; entre sus líneas de acción más importantes tiene la de promover la implementación de las recomendaciones identificadas en el reporte de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) elaborado por la Secretaria General de la OEA.

Sociedad Civil da un paso al costado en elección del TSC y mira hacia el futuro

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El actual proceso de selección de los nuevos magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha dejado limitado la participación de la ciudadanía organizado para ejercer una efectiva auditoría social, dejando un sabor amargo y una enorme frustración.

Por tal motivo, organismos de la sociedad civil, iglesias, universidades y otros, exponen en el siguiente pronunciamiento todos los vacíos encontrados en este momento histórico que hoy marcará el rumbo del TSC, urante los próximos siete años.

Sin embargo, dejan en claro que no abandonarán la agenda de incidencia para depurar, reformar y fortalecer la principal entidad contralora del Estado.

Las suscritas organizaciones de sociedad civil, asociaciones empresariales, iglesias y representantes de universidades, ante la población hondureña, las autoridades políticas y la comunidad internacional, nos manifestamos en torno al proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en los siguientes términos:

  1. MANDATO LEGISLATIVO. Reconocemos que es mandato constitucional de los Diputados del Congreso Nacional, elegir a los Magistrados del TSC y que el Estado de Honduras requiere fortalecer sus instituciones para garantizar que finalmente comience a combatirse la corrupción y la impunidad.
  2. EL ESTADO Y LA CORRUCPIÓN. La corrupción ha estado presente en diferentes etapas de la historia de Honduras, sin que haya habido decisión y políticas públicas sostenidas orientadas a su combate. Los informes de Transparencia Internacional ubican a Honduras desde final del Siglo XX, en los tres primeros países con mayor corrupción en el continente americano; sin que a la fecha se hayan efectuado cambios en la conducción del Estado, independientemente del partido político que ostente el gobierno.
  3. DEBILIDAD INSTITUCIONAL. La estructura estatal cuenta con instituciones para prevenir, investigar, judicializar y castigar la corrupción, pero resulta irrefutable que han sido inefectivas. El mejor ejemplo, es el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Esta débil institucionalidad, se ve reflejada en los nulos esfuerzos que han tenido los gobiernos de turno en poder ser elegibles a la asistencia de la Cuenta del Milenio; asimismo, puede ser un impedimento para acceder a los recursos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
  4. EL TSC EL PRIMER ESLABÓN EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. Según su mandato constitucional, al TSC le corresponde el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control del Patrimonio del Estado; es responsable de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y coordina con dependencias gubernamentales y operadoras de justicia en el combate a la corrupción. Es la única institución del Estado que dentro de su mandato legal puede prevenir, detectar, investigar y sancionar actos corruptos, como institución de probidad, contralora y fiscalizadora; asimismo, incide en la penalización de la corrupción y la indemnización que el Estado debe cobrar por los daños y perjuicios causados.
  5. RETROCESO EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. En meses recientes, en respuesta al clamor de un pueblo indignado y a la incidencia de organizaciones de sociedad civil, ha habido asomos de voluntad política de las autoridades para combatir la corrupción. Desafortunadamente, el proceso actual de elección de los nuevos magistrados del TSC envía un mensaje opuesto a la voluntad política y repite una práctica desgastada, cuestionada y que los únicos resultados que ha dado son más corrupción e impunidad. El incumplimiento de los principios rectores del Reglamento para la Elección de la Nómina de Candidatos a Integrar el TSC, establecidos en el artículo 1; así como la falta de publicidad de las decisiones y actos de la Comisión Especial, resta confianza y debilita el proceso.
  6. COMISIÓN MULTIPARTIDARIA NO PERMITIÓ VEEDURÍA CIUDADANA. La transparencia, más que un discurso, son acciones orientadas a asegurar el acceso a información que permita la participación ciudadana en la gestión de lo público y llevan a las autoridades a rendir cuentas de sus actos y decisiones. Contradiciendo el artículo 2 del Reglamento para la Elección, en lo referente a garantizar la transparencia del proceso y la participación ciudadana de manera que este fuera riguroso e incuestionable, la Comisión Multipartidaria aceleró la selección de candidatos, excluyendo a las Organizaciones de Sociedad Civil en la veeduría y negando información de los 102 candidatos que creyeron y participaron como aspirantes.
  7. LAS CONSECUENCIAS DE UNA INADECUADA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TSC. Para llevar a cabo un verdadero combate a la corrupción, el Estado no puede continuar gestionando sus instituciones contraloras de la misma forma. Mientras en Centroamérica avanza la lucha anticorrupción y se vislumbran importantes resultados como en el caso de Guatemala y El Salvador, en Honduras todavía no se percibe voluntad, decisión política y coherencia entre los diferentes poderes del Estado. Sectores nacionales y de la comunidad internacional que han apoyado por años al país sin ver frutos, definen a Honduras como un Estado “altamente corrupto” donde el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, siendo uno de los indicadores, la corrupción de los funcionarios públicos y de autoridades electas.
  8. SEGUIREMOS MONITOREANDO, EVALUANDO Y EXIGIENDO UN MEJOR TSC. Al margen de no tener espacio de participación ciudadana en el proceso de elección de los nuevos magistrados del TSC, como representantes de diferentes sectores de la sociedad civil hondureña ratificamos nuestro compromiso de monitorear, evaluar y denunciar irregularidades en el sistema contralor del Estado e incidir para que el TSC que cumpla de manera independiente con su mandato legal de ente fiscalizador y responda a las demandas de la población.

SOMOS CIUDADANOOS QUE TRABAJAMOS PARA TENER OTRO PAÍS Y PEDIMOS A LOS SEÑORES DIPUTADOS Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE SUMEN PARA CONSTRUIRLO

Tegucigalpa, MDC – 01 Noviembre de 2016

Alianza por la Paz y al Justicia (APJ) – Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) – Asociación Nacional de Industriales (ANDI) – Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) – Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) – Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) – Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) – Fundación Alfredo Landaverde – Grupo Sociedad Civil (GSC) – MoskitiaPawisaApiska (MOPAWI) – Pastoral Social Cáritas de Honduras – Predicar y Sanar (PREDISAN) – Proyecto Aldea Global – Transformemos Honduras (TH) – Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) – Visión Mundial Honduras (VMH).

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Ministerio Público y Poder Judicial deben recibir más recursos de la tasa de seguridad

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El dirigente de la sociedad civil Omar Rivera, ha manifestado que «el impacto positivo que los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional ha tenido en el fortalecimiento de capacidades y la implementación de acciones de las entidades del sectores defensa y seguridad, debe ahora extenderse a otras instituciones del sector justicia en el país».

Rivera expresó que «el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, deben recibir una mayor cuota en la distribución de la Tasa de Seguridad Poblacional; durante los primeros cuatro años se ha privilegiado a la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), ahora toda transferir mayores recursos a las diferentes fiscalías especiales del MP, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y a los distintos organismos judiciales».

Proyectos de prevención de la violencia deben ser prioritarios para comité del fideicomiso

El también miembro de la Comisión Especial para la Transformación de la Policía Nacional, señaló que «el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, debe priorizar en su cartera de inversiones los programas y proyectos de prevención de la violencia, especialmente aquellos focalizados en grupos en condición de vulnerabilidad».

«La acción represiva en contra del crimen organizado y la delincuencia común debe ser complementada con intervenciones integrales que prevengan la violencia que azota a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y otros grupos vulnerables» planteó Rivera.

Recaudaciones de la tasa de seguridad superan a recursos a ser recibidos de la alianza para la prósperidad

El representante ciudadano reveló que «los US$500 millones recaudados -en los últimos cuatro años- por concepto de la Tasa de Seguridad Poblacional, superan con creces los montos que supuestamente van a ser transferidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, lo que demuestra que podemos enfrentar con total autonomía y de forma expedita los retos y desafíos nacionales en materia de defensa, seguridad y justicia».

Finalmente, concluyó que «un manejo honesto y transparente de los recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, permitirá que gobiernos extranjeros, agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales colaboren a implementar las estrategias y planes operativos que busquen derrotar a criminales, delincuentes y corruptos en Honduras».

El Comité Técnico del Fideicomiso la Tasa de Seguridad Poblacional, ha informado en su portal de la internet (www.tasadeseguridad.hn) que se ha recaudado al 30 de septiembre de 2016 más de Lps. 11 mil millones 338 mil.

CEH, semillero de Cristianos Valientes para hacerle frente a la violencia y la corrupción

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  • La justicia y el respeto a la vida son valores que promueve la CEH y la APJ.
  • Solórzano: “es momento de ser cristianos valientes”
  • CEH es la institución representativa de la Iglesia Evangélica en el país.

La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) como la institución representativa de la Iglesia Evangélica en el país, alza su voz para hacer un vehemente llamado a la paz y erradicar la violencia.

Así lo deja ver la CEH a través de las reflexiones de su presidente, el pastor Alberto Solórzano, quien llamó a los hondureños a “echarle manos a los asuntos del país” para luchar contra la violencia y la corrupción en todos los sentidos.

La CEH es oficialmente la representante de la Iglesia Evangélica a nivel nacional, la misma cuenta con 249 miembros que representan más de 9,500 iglesias y ministerios, lo que equivale al 90% del pueblo evangélico de Honduras.

Actualmente, la comunidad evangélica en nuestro país representa el 41 % de la población nacional, según un estudio del Latinobarómetro publicado en el 2014.

Solórzano, ha hecho un llamado al optimismo, la esperanza y el buen ánimo de los hondureños, para que a pesar de las situaciones de dolor y de violencia que atravesamos a diario, se siga trabajando en el empeño de alcanzar la paz y que ese sea un compromiso como cristianos valientes.

“En estos momentos en el país se están abriendo puertas, se está presentando la oportunidad para que como sociedad demos frutos y demostremos que si se puede, que si es posible ser eficientes y eficaces” exhortó el líder evangélico.

En su mensaje el pastor Solórzano, alentó a los hondureños a construir la paz desde el interior de sus conciencias, desde el fondo de los corazones, en los hogares, en el trabajo, en el descanso, en todas partes y en todos los momentos. Todos estamos llamados a ser Cristianos Valientes.

“Es momento de hacer las cosas por valentía, por convicción, es momento de marcar la diferencia” señaló el presidente de la CEH; al tiempo que subrayó que “esta es la hora de ser cristianos valientes y de gente activa para hacer cambios en este país”.

Trabajar por la paz, hacerla propia, difundirla, llevarla en la mente, en el corazón, en los labios y en las actitudes es el llamado que hace la representación evangélica de Honduras, para construir un país donde prevalezca la justicia y el amor.

La CEH como organización integrante de la plataforma ciudadana Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) impulsa acciones que van de la mano con los valores que promueve la APJ; como la unidad, tolerancia y honestidad; así como la justicia, el respeto a la vida e integridad.

Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional visita las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico Policial

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  • Modernas instalaciones fueron edificadas con fondos otorgados por el BID y COSUDE.
  • Más de USD 18 millones fueron invertidos en infraestructura, equipamiento, tecnología y diseño curricular.

La Paz, La Paz. Para conocer las instalaciones y mejoras implementadas en la formación de futuros policías, la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional visita este jueves las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP), ubicadas en La Paz, La Paz, en la zona central de Honduras.

En la visita participan los comisionados: Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); y Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ); al igual que el asesor Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Necesitamos tener mejor recurso humano mucho más capacitado y mucho más dotado de todas las herramientas tecnológicas. No solo basta con sacar a los que han delinquido o son corruptos, también hay gente que no está preparada. Para ser policía no solamente se necesita ser decente, se necesita ser capaz y tener las herramientas materiales, logísticas, técnicas, tecnológicas para poderle hacer frente a bandas del crimen organizado”, manifestó a propósito de la visita Omar Rivera.

Por su parte, el pastor Alberto Solórzano expresó que “nos complace saber que se está trabajando en una nueva Policía y toda la formación del nuevo policía. Estamos trabajando en forma integral. Todo esfuerzo vale la pena, nosotros necesitamos ver con esperanza el país”.

Las autoridades policiales presentaron ante la Comisión los avances en el proceso de reforma al sistema de educación policial y el nuevo modelo de gestión del ITP, cuyas nuevas instalaciones serán inauguradas el próximo 8 de noviembre con una inversión de 22,588,601.55 dólares (L. 519,537,835.73).

El ITP se convertirá en uno de los tres centros de capacitación policial más modernos de América Latina. Las edificaciones fueron construidas y equipadas mediante un préstamo otorgado al Estado de Honduras por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una donación efectuada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en Honduras.

Para la infraestructura se asignaron 12,572,498.96 dólares (L. 289,167,476.00), mientras al equipamiento, tecnología B-Learning (aprendizaje semipresencial) y otros entregables como textos, procesos de administración educativa y diseño curricular, se destinaron otros 6,265,880.40 dólares (L. 144,115,249.23).

El proceso de fortalecimiento de la principal unidad de formación policial contempla además de la mejora en infraestructura, una reestructuración de los procesos de capacitación a los futuros agentes y su certificación como personal idóneo para defender los intereses de la población y el país.

En ese sentido, los nuevos policías son formados durante 11 meses en áreas como derechos humanos, seguridad ciudadana, defensa personal, patrullaje urbano, legislación, arma y tiro, solución de conflictos, primeros auxilios, laboratorios, escena del crimen y operaciones especiales; posteriormente son sometidos a pruebas de confianza para proceder a su graduación del programa especial. En junio pasado, 922 nuevos elementos se sumaron a las filas de la Policía Nacional de Honduras. Actualmente, 2,202 estudiantes se encuentran en proceso de formación.

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Comisión visita las instalaciones de la Policía en La Paz

LPS. 158 Millones se han pagado a policías depurados

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Más de 158 millones de lempiras se han pagado en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales que han sido cancelados, en los primeros 6 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración policial.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, informó que, hasta la fecha, “se han pagado más de Lps. 158 millones por prestaciones laborales, indemnizaciones y derechos adquiridos a altos oficiales y agentes de escala básica que han sido cancelados por la Secretaría de Seguridad”.

“Todos los que han sido cancelados como consecuencia del proceso de reestructuración institucional de la Policía Nacional han recibido sus respectivas indemnizaciones; a nadie se le han violentado sus derechos laborales, en todos los casos se ha respetado el debido proceso, la mayoría de ellos ha recibido satisfecho sus respectivas prestaciones” aseguró el depurador.

Recientemente, la Comisión Especial comunicó que los policías sometidos a evaluación que habían sido cancelados pudieron haber salido de la institución por dos vías, la de cancelación por despido o la de cancelación por reestructuración. El despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo; mientras que la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal o del miembro de la Policía Nacional, sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, cancelándole los derechos que conforme a la legislación le corresponden.

Según el Decreto Legislativo No. 21-2016 aprobado por el Congreso Nacional de la República el 7 de abril de 2016, se dispuso, el artículo 2 “autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda”; se indicaba el dicho artículo que “son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía Nacional la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza”. Además, se establece que “el Poder Ejecutivo en el caso de retiro voluntario procederá al reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales para los cuales podrá establecer convenios de pago”.

Del mismo modo, fue decisión de la asamblea legislativa “autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas crear las partidas presupuestarias correspondientes para el registro del pago de los pasivos laborales que se deriven de la ejecución del presente Decreto y asimismo se le autoriza para que pueda contratar el Banco Estructurador y el Banco Pagador de los bonos soberanos que coloque en el mercado nacional o internacional”; asimismo, “para el cumplimiento del pago de los derechos laborales la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas lo cargará al límite de crédito interno autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. En caso que se requieran mayores recursos se requerirá una ampliación presupuestaria que deberá presentar al Congreso Nacional para su aprobación”.

MÁS 1,000 POLICÍAS DEPURADOS EN 6 MESES DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL

Desde que –hace 6 meses- el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, juramentara a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ya han sido 1,817 los policías que han sido sometidos a evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional gubernamental.

Los 1,817 policías evaluados pertenecen a diferentes niveles, de los cuales 9 pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 179 Suboficiales, 430 agentes de escala básica y 44 auxiliares.

De los policías sometidos a evaluación, la Comisión Especial tomó la decisión de excluir de la estructura a 1,040 de ellos, ya sea como consecuencia del proceso de reestructuración, por despido con justa causa o autorizando su retiro voluntario; del mismo modo, determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial, a 736 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional.

Quedan todavía en proceso de evaluación 27 policías y 14 suspendidos para facilitarles a otros operadores de justicia la realización de investigaciones, juzgamientos y sanciones por la comisión de actos reñidos con la Ley.

Urge aprobación de reformas a la ley orgánica de la Policía Nacional

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“El proceso de depuración policial se revitalizará con la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa”, ha señalado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

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El dirigente de sociedad civil indicó que «esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia».

“Las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional” manifestó Rivera.

El integrante de la Comisión Especial, señaló que “sin bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

COMISIÓN ESPECIAL YA ENTREGÓ SUS RECOMENDACIONES

La Comisión Especial ha desarrollado intensas jornadas de trabajo a fin elaborar sus recomendaciones a los proyectos de reforma a la legislación policial, mismas que han sido entregadas a las autoridades legislativas.

«Hemos analizado las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y remitimos nuestras recomendaciones a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional» anunció Omar Rivera.

«Esperamos que los diputados aprueben la nueva Ley de Policía, antes de irse a la campaña política y de vacaciones« exclamó.

Rivera, aclaró que la Comisión Especial, «además de depurar, también está impulsando la transformación de la Policía Nacional, que incluye el mejoramiento de su marco legal».

Alianza por la Paz y la Justicia acompañará proceso de reclutamiento y certificación de personal de la carrera judicial

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  • Consejo Coordinador de la APJ se reunió hoy con presidente de la Corte Suprema de Justicia.
  • Omar Rivera: Lucha contra crimen organizado y narcotráfico es un proceso irrefrenable.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) confirmó este miércoles su acompañamiento a los procesos de reclutamiento y certificación de personal de la carrera judicial, con el objetivo de mejorar el desempeño del Poder Judicial.

Miembros del Consejo Coordinador de la APJ se reunieron este miércoles con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, a quien confirmaron su disposición de fungir como veedores sociales en los mecanismos de ingreso y certificación del personal judicial.

En el encuentro participaron: el coordinador de la APJ, Omar Rivera; Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Aurora Pineda, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia; Jessica Sánchez, coordinadora técnica del Grupo Sociedad Civil; Marcela Castañeda, directora de Incidencia en Políticas Públicas y Participación de World Vision Honduras; José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog); Wilmer Vásquez, coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden); Carolina Caldera y Roger Ordóñez, miembros de la Fundación Alfredo Landaverde y Luis León, coordinador de Investigaciones de APJ.

“Nos hemos reunido con el presidente de la CSJ para hablar de diferentes temas. Se habló que se tiene que buscar los mecanismos de certificaciones de personal y asegurar que aquellos que andan en actos ilícitos salgan de la institución”, informó Carlos Hernández, de la ASJ.

Por su parte, el presidente de la CSJ aseguró que la tradicional politización en el nombramiento de jueces y magistrados, así como personal administrativo, no se repetirá y por ello contará con una amplia participación de la sociedad civil.

Omar Rivera, coordinador de la plataforma, hizo un llamado a los operadores de justicia para que “no tengan miedo, eleven sus niveles de capacidad para poder vencer a las bandas del crimen organizado, los carteles del narcotráfico y a las maras y pandillas”.

“Esto no solamente no tiene punto de retorno es un proceso irrefrenable”, agregó.

La APJ se comprometió a acompañar los procesos de reforma y mejora como veedora social para garantizar la independencia y eficiencia en la impartición de justicia. Entre los procesos que serán observados está la selección de personal de la carrera judicial, la certificación de jueces y otros servidores judiciales, el desarrollo de una propuesta de reducción de la mora judicial, capacitaciones e interrelación entre organizaciones de sociedad civil.

Además, demandó que cualquier actuación ilícita o arbitraria de miembros del anterior Consejo de la Judicatura, sea resuelta.

En agosto pasado, APJ instó al Congreso Nacional a fortalecer las capacidades de la Corte Suprema de Justicia e instituciones operadoras de justicia mediante la asignación de fondos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2017.

Las organizaciones civiles pidieron entonces incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia de Honduras.

Asimismo, solicitaron una evaluación a personal para determinar quiénes son idóneos para continuar en el servicio estatal y transformar las instituciones responsables de ejercer la acción penal sobre quienes transgreden la ley.

Próximos ascendidos deben ser oficiales de indudable idoneidad

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De frente a la realización de los próximos ascensos de oficiales de la Policía Nacional, que se tienen previstos realizar a fin de año, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, establecerá rigurosos procedimientos que garanticen que solamente los idóneos sean elevados al rango inmediato superior; así lo ha hecho saber Omar Rivera, miembro de esta Comisión Especial.

Rivera, señaló que “sería inadmisible que se vuelva a cometer el error de recomendar al Presidente Constitucional de la República y al Congreso Nacional el ascenso de oficiales de policía que, meses después, terminaron depurados, enjuiciados y hasta extraditados a los Estados Unidos de América, por la comisión de actos ilícitos”.

“Una Policía Nacional que en 5 años tendrá más de 25 mil agentes requiere un liderazgo robusto, capaz y decente, por lo que la selección de los nuevos altos oficiales debe tomar en consideración los nuevos retos y desafíos de la institución; ya no se trata de tener ese recio y tosco jefe policial que a gritos quería imponer orden en la entidad, ahora se necesitan profesionales con elevadas calificaciones académicas, con un innovador pensamiento estratégico, probidad evidenciada en sus actos y un liderazgo a la vanguardia” manifestó el dirigente de la sociedad civil.

Finalmente, el depurador mencionó que “una revitalizada Policía Nacional demanda una alta oficialidad de óptima calidad para implementar los procesos de reforma y fortalecimiento institucional que tanto ha necesitado esta entidad golpeada –en los últimos años- por la falta de credibilidad y confianza ciudadana”

Los ascensos en la Policía Nacional

El ascenso es un proceso administrativo legal para optar al grado inmediato superior, tiene como propósito mantener los cuadros orgánicos en el orden jerárquico de la Policía Nacional, reconociendo los méritos de cada candidato y el cual estará reglamentado y regulado a través del Manual de Ascensos establecido para tal fin.

La asignación de cargos, debe ser en base a la clasificación de los miembros de la Policía Nacional; considerando el grado jerárquico, tiempo de servicio (antigüedad), formación profesional, capacidad profesional, especialidad, la aprobación de las evaluaciones de suficiencia física y exámenes de idoneidad; asimismo, superar con éxito las diferentes pruebas de rendimiento físico, evaluación del desempeño, eficiencia en el cumplimiento del deber, las diferentes pruebas de confianza.

Más 1,000 Policías depurados en 6 meses de gestión de la Comisión Especial

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Desde que –hace 6 meses- el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, juramentara a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policial Nacional, ya han sido 1,817 los policías que ha sido sometidos a evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional gubernamental.

De los policías sometidos a evaluación, la Comisión Especial tomó la decisión de excluir de la estructura a 1,040 de ellos, ya sea como consecuencia del proceso de reestructuración, por despido con justa causa o autorizando su retiro voluntario; del mismo modo, determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial, a 736 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional.

Quedan todavía en proceso de evaluación 27 policías y 14 suspendidos para facilitarles a otros operadores de justicia la realización de investigaciones, juzgamientos y sanciones por la comisión de actos reñidos con la Ley.

CANCELADOS, SUSPENDIDOS E INCORPORADOS

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha evaluado 1,817 policías de diferentes niveles, de los cuales 9 pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 179 Suboficiales, 430 agentes de escala básica y 44 auxiliares.

De ese total de policías evaluados, 845 fueron cancelados por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial; 118 fueron cancelados por despido con justa causa, sin responsabilidad para el Estado; 14 fueron suspendidos; a 77 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional; 27 todavía continúan en proceso de evaluación y 736 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.

OTRAS ACCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL

En el marco de las responsabilidades de la Comisión Especial, la misma ha presentado al Congreso nacional de la Republica sus recomendaciones al contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial; a criterio de los comisionados “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.

Se ha indicado por parte de los depuradores que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

Asimismo, la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, envió al MP, varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y que además sobre ellos pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales; recientemente, la Comisión Depuradora entregó a las autoridades del MP, expedientes que contienen por lo menos 144 casos y denuncias que vinculan a 455 oficiales y agentes en la comisión de 28 presentes delitos.

Finalmente, pese a que todavía no está estructurado de forma definitiva un mecanismo de seguimiento a los agentes de escala básica y oficiales que han sido cancelados por la Comisión Especial, la misma ya esboza la configuración de una plataforma interinstitucional conformada por diferentes agencias de investigación criminal e inteligencia del Estado.

Se ha revelado que la idea toral de la iniciativa va encaminada a que dependencias especializadas de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ministerio Público (MP) y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, coordinen, articulen y complementen esfuerzos en relaciona directa al mandato legal que tiene cada entidad.

Miembros de la Comisión Especial han indicado que “la idea es que se diseñe un plan de seguimiento a los policías depurados y sea implementado por las unidades de inteligencia de la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Defensa, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) del Estado”. Además se mencionó que también es fundamental que otras dependencias estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Instituto de la Propiedad (IP), aporten información clave sobre operaciones de los policías cancelados, para determinar actos reñidos con la Ley y vinculados a lavados de activos u otros delitos.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN POLICIAL

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.