APJ y Fiscal General del Estado definen ruta de trabajo en proceso de certificación del personal del MP

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  • Sociedad civil promueve la capacitación y formación de nuevos fiscales.
  • MP inició el proceso para la contratación de 400 funcionarios.

Tegucigalpa. Representantes de la plataforma ciudadana Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron este miércoles con el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla para definir la metodología y ruta a seguir en el proceso de certificación del recurso humano del Ministerio Público.

En este encuentro se logró formalizar la propuesta del acompañamiento y apoyo que la sociedad civil hará para potenciar las capacidades de las fiscalías.

A través de un trabajo de evaluación en la gestión de la Fiscalía de Delitos Comunes, la APJ ha logrado identificar las debilidades y falencias que presenta esta fiscalía, y que no permiten atender con efectividad la gran demanda que existe por parte de la sociedad.

Ahora, en esta nueva etapa se busca implementar este proceso de evaluación a las demás fiscalías especiales, para iniciar la certificación del personal y paralelamente un proceso de capacitación y formación de nuevos servidores del Ministerio Público, mediante una formación continua e integral.

Así como sucedió en la Policía Nacional, la APJ ha identificado dentro del Ministerio Público cómo el brazo de la corrupción también abrazó a las distintas fiscalías, por lo que resulta imprescindible buscar un mecanismo que garantice la idoneidad en el perfil de los fiscales.

Durante la jornada de trabajo, los representantes de la sociedad civil, aglutinados en la APJ, manifestaron su interés en garantizar una reducción de la mora judicial e investigativa a fin de que se vea reflejado en una reducción de los niveles de impunidad en el país.

Actualmente el promedio de atención en el Ministerio Público es de un fiscal por cada 200 expedientes, por lo que se busca ampliar el recurso humano de las fiscalías.

En ese sentido, el Ministerio Público (MP) ha iniciado con el proceso de contratación de nuevo personal que permita a la Fiscalía continuar con la lucha contra los distintos flagelos que abaten el país, entre ellos la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común.

En total serán contratados 400 fiscales que se sumarán a los 819 existentes.

APJ impulsará proceso de certificación de recurso humano en el Poder Judicial y Ministerio Público

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  • En asamblea general organizaciones aliadas de la APJ definen líneas de acción para el 2017.
  • Un efectivo proceso de depuración policial y apertura de capítulos destacan en logros de 2016.

Tegucigalpa. En el marco de una jornada de evaluación y planeación estratégica, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó una asamblea general con sus organizaciones miembros, a quienes fue presentado el plan de acción de la APJ para los próximos meses como parte de los procesos que son impulsados para promover reformas integrales al sistema de seguridad y justicia.

En el encuentro los representantes de 20 organizaciones aliadas que conforman la plataforma ciudadana, conocieron el trabajo realizado por la APJ en los componentes de investigación, movimiento-regionalización, comunicaciones – campaña e incidencia; en las temáticas priorizadas donde destaca la impunidad en homicidios, depuración policial, fortalecimiento a los entes de investigación criminal, gestión financiera de la Tasa de Seguridad y la asignación presupuestaria para operadores de justicia y seguridad.

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Durante los últimos meses, la APJ ha logrado incidir para desarrollar de manera efectiva un proceso integral de depuración policial, el cual a través de la conformación de una Comisión Especial de Depuración y Transformación ha alcanzado sacar de la estructura policial a 2,581 policías que no cumplían con los criterios de idoneidad que requiere la institución.

Al mismo tiempo, la APJ ha ejercido una presión sana para impulsar un proceso de reforma de la currícula policial, se ha demandado el fortalecimiento en la lucha contra la criminalidad y violencia en el país, logrando de parte de las autoridades mejoras en las labores de investigación criminal, así como una reducción de la mora judicial.

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Además, gracias a las acciones ejercidas desde la sociedad civil se ha incidido para contar con una distribución más equitativa en el presupuesto asignado a los operadores de seguridad y justicia, obteniendo un incremento del 53% al presupuesto de la Secretaría de Seguridad.

Los aliados de APJ conocieron además los avances que en materia de regionalización se han alcanzado, los cuales se concretizan con la apertura y consolidación de seis capítulos regionales en las ciudades de Catacamas, San Pedro Sula, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso y Copán.

El espacio también dio la oportunidad de analizar sobre el contexto y coyuntura nacional y reflexionar en torno a los retos y desafíos de la sociedad civil para este 2017.

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En ese sentido, se anunció que para este año se certificará la selección del recurso humano del Poder Judicial y Ministerio Público (donde ya se comenzó proceso para encontrar 400 nuevos funcionarios entre ellos varios fiscales), tarea con las que se aspira potenciar la modernización de la gestión en fiscalías y juzgados.

Los representantes de las organizaciones que integran la APJ manifestaron su satisfacción en torno a las acciones emprendidas por esta plataforma en el proceso de exigir cambios al sistema de seguridad y justicia de Honduras, con una participación activa de la sociedad civil.

Si existe extensión, estamos listos para continuar sirviendo a la patria: Rivera

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  • Si el Presidente de la República y del Congreso deciden extender la duración de la gestión de la Comisión Especial, estamos en la plena disposición de seguir sirviendo a la Patria para consolidar este proceso de reedificación de la Policía Nacional.

Tegucigalpa. Omar Rivera, dijo que «los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, estamos poniendo todo nuestro empeño para cumplir a cabalidad y en el tiempo previsto con el mandato de implementar la necesaria profilaxis y reingeniería de los diferentes organismos policiales».

«Si el Presidente de la República y el Congreso Nacional deciden extender la duración de la gestión de la Comisión Especial, estamos en la plena disposición de seguir sirviendo a la Patria para consolidar este proceso de reedificación de la Policía Nacional», manifestó Rivera.

El dirigente de la sociedad civil señaló que «dejar instaurado un sólido y efectivo sistema de investigación y evaluación de los integrantes de la carrera policial, aprobado un nuevo marco legal que defina una renovada estructura institucional y puesta en vigencia una ley de la carrera policial son retos del corto plazo que vamos a poder cumplir sin problema».

No obstante, el depurador expresó que «la reforma del sistema de educación de oficiales a través de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), la identificación de los líderes del futuro de la Policía Nacional y la definición de una nueva mística en la gestión policial, requieren un poco más de tiempo, y si se nos da la oportunidad de contar con unos meses más, seguramente lograremos estos importantes cambios».

Más temprano, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, indicó que «estamos iniciando los trámites para ampliar el período de duración a la Comisión de Reestructuración y Depuración Policial hasta el 20 de enero del próximo año, respetando que este Gobierno ha sido electo por 4 años y termina el próximo mes de enero», indicó.

En conferencia de prensa, Hernández detalló que «en ese sentido haremos las comunicaciones del caso y los procedimientos con el Congreso Nacional, de ser posible, porque también queremos una ampliación en cuanto a la protección de estos servidores públicos (miembros de la Comisión)».

Explicó que «si bien no son considerados servidores propiamente, porque no devengan algún salario, pero sí están haciendo un servicio público que vale la pena».

Por tal razón, agregó el mandatario, «merece que cuenten con el apoyo del Estado una vez que también terminen de hacer su labor porque van a haber tocado intereses fuertes, al igual que muchos servidores públicos lo están haciendo el día de hoy».

Con la ampliación del período de la Comisión «lo que buscamos es que se consolide el proceso de depuración porque falta todavía», explicó.

«Pero hay otra tarea que nosotros nos hemos autoimpuesto, que es la certificación» de los policías, medir su desempeño, su capacidad psicométrica y otras condiciones, bajo estándares internacionales, apuntó.

Capítulo Regional de la APJ en Siguatepeque revisará las capacidades de los operadores de seguridad y justicia local

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  • El capítulo regional de APJ en Siguatepeque es representado por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil de esa ciudad.
  • APJ cuenta con seis capítulos que funcionan en los municipios de Copán, San Pedro Sula, El Progreso, Catacamas, Comayagua y Siguatepeque.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) a través de su capítulo regional de Siguatepeque, sostuvo un encuentro con la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil de ese municipio, a fin de diseñar su estructura de trabajo e incidencia para el presente año 2017.

Durante la reunión se conformó una comisión de trabajo que tendrá la tarea de desarrollar un plan de incidencia local que permita unir esfuerzos entre los operadores de justicia y seguridad y sociedad civil de Siguatepeque, para dar respuestas a los problemas que se enfrentan en materia de seguridad y justicia.

Además, como parte de las primeras acciones que serán lideradas por el Capítulo Regional de la APJ en Siguatepeque se anunció el inicio de un proceso de inventariado del recurso humano y logístico de cada operador de seguridad y justicia local a fin de identificar las debilidades de cada institución, revisar sus capacidades y definir una agenda común de trabajo con las autoridades.

La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil local de Siguatepeque, que representa a la APJ en ese municipio, tiene como misión apoyar y orientar a los operadores de justicia en las limitantes que estos presentan y que permitan mejorar sus funciones.

Por su parte, los capítulos regionales de la APJ son plataformas ciudadanas creadas con el fin de potenciar el liderazgo de la sociedad civil y mediante acciones de incidencia directa promover la atención y respuesta a las mayores necesidades en materia de seguridad y justicia a nivel local.

Participaron en esta reunión del capítulo regional de APJ en Siguatepeque representantes del Ministerio Público de ese municipio, Cuerpo de Bomberos de Honduras; Policía Nacional, Red de Salud de Siguatepeque, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), integrantes del Proyecto DEBORAH del Programa Aldea Global (PAG), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Poder Judicial, Oficina Municipal de la Mujer de Siguatepeque, la Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque (CCIS) y miembros del Registro Civil.

Jóvenes sampedranos analizan situación de inseguridad, violencia y derechos humanos en el país

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  • Una propuesta para la reducción de homicidios fue presentada por los jóvenes sampedranos.
  • La APJ impulsa el liderazgo de la sociedad civil a nivel local, a través de sus capítulos regionales.

Los voluntarios de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en San Pedro Sula realizaron el primer foro juvenil “Una perspectiva actual sobre el entorno de violencia e inseguridad que vive la juventud de San Pedro Sula” evento que contó con la participación de más de 200 estudiantes de colegios y universidades, así como miembros de sociedad civil.

Durante el encuentro fue analizada la situación que se vive en esa ciudad del norte de Honduras, en el tema de derechos humanos, así como la estructura del Estado y su efectividad para atender las demandas que en materia de justicia y seguridad se presentan en ese sector del país.

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El foro que se desarrolló en el auditorio de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) contó con la presencia de expositores como el catedrático universitario, Ramón Barrios; Joaquín Mejía, especialista en el tema de derechos humanos y Luis León, subcoordinador de la APJ.

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Por su parte, los jóvenes asistentes presentaron una propuesta de ideas inclusivas que permita la reducción de la criminalidad y violencia en San Pedro Sula mediante una participación activa de la población.

Al finalizar el evento y en un acto simbólico los jóvenes lanzaron al cielo globos de color blanco en memoria de los hondureños que han sido víctimas de la violencia y como un clamor de paz en Honduras.

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Iniciativas como estas son promovidas por los capítulos regionales de la APJ, con el fin de desarrollar las capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

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Actualmente la APJ cuenta con capítulos regionales en las ciudades de Santa Rosa de Copán, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Catacamas y Siguatepeque.

Comisión Depuradora de la Policía rinde cuentas ante sociedad civil

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  • Comisión Depuradora ha evaluado a 4,934 policías desde su creación en abril de 2016.
  • APJ se comprometió a respaldar acciones de incidencia para la aprobación de reformas policiales.

Tegucigalpa. A ocho meses de gestión la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha evaluado 4,934 miembros de la policía, de los cuales 2,581 han sido depurados; según informaron hoy los integrantes del órgano depurador.

Los miembros de la Comisión conversaron sobre los principales logros de la Comisión Especial, durante un encuentro que se sostuvo con la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en donde participaron representantes de sociedad civil.

Durante el informe se detalló que del total de los policías depurados, el 28% corresponde a oficiales de alto rango, es decir oficiales y suboficiales; el 4% a personal auxiliar y el restante 68% a la escala básica.

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Además en la reunión se estableció una agenda compartida entre la Comisión y diversas organizaciones de sociedad civil representadas en la plataforma ciudadana de la APJ.

En la agenda de trabajo discutida prevaleció el interés por seguir incidiendo para que se apruebe la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial, herramientas que permitan que el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional de Honduras admita únicamente a aquellos policías que tienen los méritos idóneos para elevarse al grado inmediato superior.

“Los planteamientos de la ciudadanía representada en la APJ coinciden con las prioridades de la Comisión, que es tener un marco jurídico actualizado que permita que los ascensos se hagan en función de méritos y buen desempeño”, señaló Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora y presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Por su parte, Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, se mostró agradecido por el respaldo de las iglesias, organizaciones no gubernamentales y universidades «al proceso de profilaxis y reingeniería a los diferentes organismos policiales». 

«El respaldo de la sociedad civil nos motiva a continuar con la reforma policial; especialmente porque hemos coincidido con los dirigentes de la APJ, que es fundamental darle sostenibilidad a los cambios implementados en los 9 meses de gestión de la Comisión Especial», expresó.

La APJ ratificó su interés y compromiso de dar seguimiento al proceso de ascensos policiales a fin que en los mismos se le de privilegio a los méritos, buen desempeño e idoneidad.

Participaron en la reunión, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Amanda Madrid, presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Caritas; Óscar Chicas, director ejecutivo de Word Visión Honduras (WVH); Aurora de Pineda, Coordinadora de la Asociación de Víctimas de la Violencia (AVV); Carlos Hernández y Kenneth Madrid, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Oswaldo Munguía, director de MOPAWI; Luis León, sub coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ); Vilma Morales, integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional; y Omar Rivera, coordinador de la APJ y miembro de la Comisión.

No se puede fallar en esta lucha contra las maras: Omar Rivera

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional dijo que «el Estado debe demostrar su fortaleza en esta lucha en contra de las maras y pandillas; no se puede fallar».

Así reaccionó Rivera, ante el comunicado de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, en relación a la muerte del comunicador social Igor Padilla, ocurrida en el Barrio Suyapa de la ciudad de San Pedro Sula, en el cual se señala que «los indicios preliminares indican que los hechores  que perpetraron este acto que terminó con la vida del periodista están vinculados con miembros activos de una organización criminal de  maras y pandillas; del mismo modo, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), informó la mañana de este miércoles la detención de un presunto integrante de la Mara 18, quien está siendo investigado por el crimen del periodista hondureño Igor Padilla.».

«Si ya se sabe quiénes son y donde están, qué hacen y cómo lo hacen, no hay excusa que valga; las autoridades estatales deben vencer en esta confrontación entre quien quebranta la Ley y quien la debe hacer cumplir», manifestó.

«Se debe ser implacable; eso espera la población», reflexionó el dirigente de la sociedad civil.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Días anteriores, Omar Rivera, expresó que “la sostenibilidad de políticas públicas en contra de los actos ilícitos cometidos por los integrantes de las maras y pandillas es el factor clave para tener éxito en la lucha en contra de estos transgresores de la Ley; las políticas deben ser formuladas e implementadas considerándolas estrategias de Estado y no acciones de gobierno que concluyen cuando termina el mandato del Presidente de turno”.

El también coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), declaró que “la agresividad con la cual están intentando reaccionar los mareros y pandilleros es natural y predecible; por tal razón, las autoridades estatales deben responder con inteligencia, fuerza y valentía”.

“Sin duda alguna, las maras y pandillas están contra la pared, limitadas en su accionar perverso, sin oxígeno y avasallados por una recia actitud de la autoridad del Estado, hecho inédito en la vida nacional, pero para que esto continúe debe haber sostenibilidad en el accionar estatal; le corresponde a la ciudadanía a estar vigilante que no se baje la guardia y que se logre judicializar expeditamente y castigar ejemplarmente esta conducta inapropiada de estos inadaptados sociales”, concluyó.

Piden al Congreso Nacional penas severas para responsables de crímenes violentos

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AL CONGRESO NACIONAL

Ante el evidente incremento de nuevas modalidades de asesinato, crueles y despiadadas que van desde decapitaciones hasta desmembramientos, ejecutadas por personas deshumanizadas, sin temor a Dios ni amor al prójimo, la CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA DE HONDURAS solicita a los honorables diputados del Congreso Nacional que emitan leyes contentivas de penas severas que se apliquen sin excepción a todo aquel que se le compruebe su participación intelectual o material en los horrendos crímenes que actualmente aterrorizan a la población hondureña.

Pedimos a los honorables diputados consideren las consecuencias negativas que esos hechos sangrientos dejan como resultado, siendo algunas de ellas las siguientes:
1. Desintegración y destrucción de las familias por la pérdida de sus seres queridos.
2. Migración de hombres, mujeres y niños hacia otros países tratando de salvar sus vidas.
3. Debilitamiento de la economía nacional por cierre de negocios, o temor para abrir nuevos, ocasionados por la extorsión practicada por grupos delincuenciales.
4. Baja participación de inversión extranjera por los altos niveles de inseguridad.
5. Pérdida de la libertad de movilización y la paz de la ciudadanía honrada que sufre el terror de ser víctima, aún en sus propios hogares.

Esperamos que los diputados del Congreso Nacional respondan favorablemente a esta solicitud, teniendo como principal motivación la protección de las vidas del pueblo que les eligió.

Asimismo, la CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA DE HONDURAS patentiza su solidaridad con las familias que de una u otra forma han sido golpeadas por tan repudiables actos delictivos. De igual manera nos ponemos a la orden de las autoridades estatales para contribuir con los programas de prevención orientados a la reducción de la delincuencia.

«El producto de la justicia será la paz; tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto.». Isaias 32:17

Tegucigalpa, M. D. C.; 18 de enero de 2017

Confraternidad Evangélica de Honduras

Pronunciamiento de la Confraternidad Evangélica de Honduras sobre distribución de guías de educación sexual

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PRONUNCIAMIENTO

La Secretaria de Educación confirmó recientemente la distribución que realizará este año en ocho departamentos del país de las Guías de Educación Sexual “Cuidando mi salud y mi vida”; al respecto, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), se permite establecer su posición, para información de su membresía, los evangélicos y el pueblo hondureño en general:

1. Reconocemos la importancia de la educación sexual para los niños y niñas, siempre y cuando la misma se fundamente en valores morales y espirituales, y que su orientación sea hacia la promoción de conductas basadas en valores éticos, como respeto, responsabilidad, autocontrol sexual, integridad y fidelidad.

2. Aclaramos que con la Confraternidad Evangélica de Honduras no se ha consensuado estas Guías, tal como ha trascendido en algunos medios de comunicación del país. Lamentamos que se utilice el nombre de las iglesias para pretender avalar este tipo de materiales ante los padres de familia y el pueblo hondureño.

3. Reiteramos lo que hemos establecido hace varios años, cuando se comenzó a plantear este tema, que estamos en la mejor disposición de participar en la construcción de una estrategia integral, siempre y cuando no se limite únicamente al campo biológico y que promueva un programa de educación sexual fundamentado en los principios y valores cristianos, los cuales profesa la amplia mayoría de la nación hondureña.

4. Nos preocupa la evidente insistencia en desarrollar materiales sin el consenso previo que corresponde, por la trascendencia y complejidad del tema; y por ello nos hemos opuesto reiteradamente a cualquier intento de editar guías –bajo cualquier denominación que se le quiera dar- que en lugar de formar, más bien desorienten, afecten o perviertan a nuestra niñez.

5. Recordamos asimismo, que en el tema de educación sexual, no solo son importantes los materiales en si, sino también la formación, capacidad, responsabilidad y calidad de quien los enseña; para lo cual debe plantearse un plan de formación integral de los educadores. Es nuestra oración y clamor que Dios bendiga a Honduras, y de sabiduría y discernimiento a nuestras autoridades.

«Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.». Proverbios 22:6

Tegucigalpa, M. D. C. 17 de enero de 2,017.

Confraternidad Evangélica de Honduras

Ningún oficial tiene cheque en blanco en la Policía Nacional: Omar Rivera

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  • El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que pese a que es predecible que el general Félix Villanueva, actual director general de la Policía Nacional, continuará al frente la institución, el mismo no tiene un cheque en blanco y debe poner todo su empeño para conservar su idoneidad y desempeñarse eficientemente en el cargo que ostenta.

«Ningún oficial tiene cheque en blanco en la Policía Nacional; los habilitados a continuar en el servicio policial deben tomar en consideración que estarán permanentemente sometidos a evaluaciones periódicas y constantes investigaciones, y de comprobarse que han cometido algún acto reñido con la Ley o han tenido un mediocre desempeño, se procederá a cancelarlos, como corresponde», advirtió.

El dirigente de la sociedad civil dijo que le satisfaría que el general Villanueva no fuese encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa, pues «al frente de la Policía Nacional no basta con tener un oficial diligente y capaz, sino uno honesto y decente».

«El hecho que el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) haya manifestado que, según lo encontrado en el expediente, el director de la Policía Nacional no se enriqueció ilegalmente, es un alivio», apuntó.

INVESTIGACIÓN DEBEN SER CONCLUYENTES

Respecto a la calidad de los expedientes remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Omar Rivera lamentó que los mismos sean cuestionados por los representantes de los órganos contralores del Estado. «Es una pena que luego de gastar más de 250 millones de lempiras, en cinco años de gestión los productos de la DIECP generen tantas dudas».

«Hago un llamado para que no se siga despilfarrando dinero en investigaciones sin fuerza ni solidez; cualquier investigación realizada por la institucionalidad pública debe ser realizada con rigor técnico, en el marco de la Ley y ser concluyente, para que pueda ser utilizada para deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales del caso», reaccionó el depurador.