APJ CAPACITA A JÓVENES DE SIGUATEPEQUE EN TEMAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

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  • La capacitación estuvo orientada a impulsar acciones de prevención de violencia y participación ciudadana.
  • El capítulo regional de APJ en Siguatepeque es el sexto capítulo de la APJ a nivel nacional.

La Alianza por la Paz y Justicia (APJ), desarrolló una jornada de capacitación en temas relacionados a seguridad y justicia, en el marco del proceso de formación «Seguridad 101».

APJ, en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil local de Siguatepeque inició el proceso formativo destinado a desarrollar las capacidades de jóvenes líderes del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua; para que ejecuten acciones efectivas de auditoría social e incidencia política ante los tomadores de decisiones del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras.

Seguridad 101, es una jornada de capacitación encaminada a que los participantes puedan conocer la situación actual de violencia que acaece en el país, comprender las múltiples causas de la criminalidad y delincuencia en el territorio nacional y tener consciencia del importante rol que juega la sociedad civil en el monitoreo y seguimiento al desempeño de las entidades operadoras de justicia; asimismo, durante el programa de formación, se conoce a profundidad el mandato y rol que juegan la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en el combate a la impunidad.

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Entre los participantes destacan jóvenes de la sociedad civil de Siguatepeque, miembros de las iglesias evangélicas y católicas, estudiantes universitarios y voluntarios del Cuerpo de Bomberos.

Siguatepeque, con una población de 95.121 habitantes es considerada una de las ciudades más seguras de Honduras por lo que el proceso de formación “Seguridad 101” estuvo orientado a reforzar las políticas de prevención y participación ciudadana.

La APJ, es una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones académicas e iglesias de diferentes denominaciones, que realizan acciones de auditoria social e incidencia política ante los tomadores de decisiones de Estado, a fin que las entidades que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, mejoren su desempeño y reduzcan los elevados niveles de impunidad que benefician al crimen organizado y la delincuencia común.

En la actualizad, la APJ, descentraliza su gestión en los municipios de Catacamas, Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, El Progreso y Siguatepeque, con el auspicio de Viva Dinamarca y Open Society Foundations (OSF).

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Acerca de la APJ:

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) es una plataforma ciudadana que aglutina a organizaciones de sociedad civil, iglesias e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras.

APJ REALIZÓ TORNEO DEPORTIVO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN OLANCHO

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  • Participaron más de 200 jóvenes de Catacamas y Juticalpa.
  • La iniciativa surgió con el propósito de apoyar el sano esparcimiento de los jóvenes y promover una cultura de paz y no violencia.

Más de 200 jóvenes participaron en el torneo deportivo “Jóvenes olanchanos al rescate por la paz y la justicia”, organizado por la plataforma ciudadana Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) con el fin de prevenir entornos de violencia a jóvenes y niños.

La jornada deportiva contó con la participación de estudiantes del instituto Rafael Madrid e instituto 18 de noviembre de la ciudad de Catacamas; así como del instituto Day Star e instituto Fraternidad de Juticalpa, todos del departamento de Olancho.

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“Es importante contribuir a la educación y la prevención de la violencia de estos jóvenes por medio de actividades que no solo fomenten el hábito de realizar deporte, sino que ayudan a modificar en ellos conductas que los hagan fortalecer sus valores y principios y con ello estamos logrando aportar al reto de prevención de violencia en el país”, manifestó Luis León, sub coordinador de la APJ.

La actividad promovida por la APJ, a través de su capítulo regional se desarrolló a lo largo de un día y en el mismo se tuvieron encuentros deportivos en las disciplinas de baloncesto, futbol y voleibol-este último en la categoría de hombres y de mujeres.

Esta actividad contó además, con la intervención de las autoridades de justicia y seguridad de Olancho, quienes con un mensaje hacia los jóvenes destacaron la importancia de fomentar la prevención social de la violencia y la delincuencia, mediante torneos deportivos los cuales sirven para prevenir conductas negativas y una cultura de convivencia en paz.

Estos torneos deportivos, se llevaron a cabo en las instalaciones del instituto 18 de noviembre de Catacamas en donde los jóvenes se mostraron entusiasmados en cada uno de los partidos de las distintas disciplinas, y al finalizar hicieron una demanda publica de tener más espacios de recreación y sano esparcimiento.

Al término de los encuentros, los representantes de la APJ premiaron con trofeo a los tres primeros lugares de cada categoría deportiva, así como un reconocimiento especial al jugador más disciplinado de la jornada.

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Iniciativas como estas son promovidas por los capítulos regionales de la APJ, con el fin de desarrollar las capacidades, transferir conocimientos y promover herramientas de prevención de violencia a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

Actualmente la APJ cuenta con capítulos regionales en las ciudades de Santa Rosa de Copán, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Catacamas y Siguatepeque.

COIPRODEN, 28 AÑOS A FAVOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE HONDURAS

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  • La Red de Instituciones procura que el Estado garantice derechos básicos a la niñez y juventud hondureña.
  • Más de 10 mil niños y jóvenes fueron asesinados violentamente en los últimos 17 años.

Desde su creación en el año de 1989, la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, niños, adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) surgió como un espacio de análisis, denuncia y propuestas sobre las políticas de niñez, adolescencia y juventud en Honduras desde el sector de Sociedad Civil.

Como parte de su trabajo, esta red de instituciones ha señalado la importancia de aplicar políticas encaminadas a bajar la violencia que afecta a los niños y jóvenes a nivel nacional.

De acuerdo a conteos realizados por la organización Casa Alianza, en los últimos 17 años (1998 – 2015) fueron ultimados en el país un total de 10,573 niños y jóvenes.

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En ese sentido, el director ejecutivo de la Red COIPRODEN, Wilmer Vásquez, ha señalado que es urgente que el futuro de Honduras-hablando de los niños y jóvenes- tenga la protección de una política de Estado que evite que estos menores sean asesinados.

“Existe un importante rezago por parte del Estado en el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales en favor de los derechos de la niñez y la juventud, y en este caso, es urgente disponer de un instrumento idóneo de acciones y medidas institucionales para combatir y erradicar la violencia en la niñez y la juventud, así como las mejores y oportunas decisiones para combatirla” mencionó Vásquez.

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COIPRODEN ha lamentado como a pesar de la existencia de algunas políticas de Estado a favor de la niñez y juventud, estás no cuentan con presupuesto, no se implementan y por lo tanto no se convierten en prioridad en la agenda de las instituciones del Estado.

La Red de Instituciones COIPRODEN está conformada por 36 organizaciones afiliadas, y esta a su vez forma parte del grupo de organizaciones miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) donde comparten entre sus objetivos la tarea de promover la participación ciudadana, la solidaridad y el fortalecimiento institucional; que permita contar con un ágil y eficaz sistema de justicia y seguridad, para beneficio de los sectores más vulnerables.

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INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INCLUSIÓN SOCIAL SON DESAFÍOS A ENFRENTAR EN ESTA LUCHA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA

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Omar Rivera, integrante de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que “el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal en el país y la implementación de programas integrales de inclusión social dirigidos a grupos colocados en situación de vulnerabilidad son retos imperativos en esta lucha contra la generalizada violencia que afecta a los hondureños”.

“La depuración, reforma y fortalecimiento de las diferentes unidades de inteligencia e investigación criminal es estratégico, es fundamental; se debe continuar en el proceso de reingeniería y modernización de instituciones como la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS); la investigación criminal ha sido históricamente el talón de Aquiles del Estado en esta lucha contra la criminalidad y delincuencia, y el principal obstáculo para revertir la impunidad. Solamente 4 de cada 100 muertes violentas reciben sentencia condenatoria, precisamente porque la mayoría de casos no son investigados rigurosamente” manifestó.

Por otro lado, el dirigente de la sociedad civil indicó que “se deben diseñar e implementar programas y proyectos que den atención integral a grupos históricamente excluidos y colocados en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de la niñez, juventud, mujeres e indígenas; pues muchos de los problemas de violencia se generan por la desigualdad social imperante en el país y las condiciones de pobreza extrema de sectores marginados del desarrollo”.

A low income neighborhood, without tap water or sewage in Tegucigalpa, on June , 2012, three days before the celebration of the World Environment Day. AFP PHOTO/Orlando SIERRA.

A low income neighborhood, without tap water or sewage in Tegucigalpa, on June , 2012, three days before the celebration of the World Environment Day. AFP PHOTO/Orlando SIERRA.

DIÁLOGO Y ACUERDO

Omar Rivera, exteriorizó que es fundamental que los líderes políticos del país y los tomadores de decisiones encuentren en el dialogo y la concertación el camino que los conduzca a alcanzar el consenso en torno a medias efectivas en contra de la criminalidad y la delincuencia; “genera un mensaje confuso eso de no consensuar acciones contundentes contra de las redes delictivas en la nación”.

«Yo le hago un llamado particular a los diputados de los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, para que superen las diferencias que tienen y aprueben lo antes posible las medidas pertinentes que brinden a las autoridades operadoras de justicia esas útiles herramientas que faciliten vencer a los más malos» opinó.

El dirigente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expuso que «en el marco de este proceso electoral que apenas inicia, los candidatos a cargos de elección popular, que abundan en el hemiciclo legislativo, deben estar convencidos que la mejor forma de decir es hacer y si quieren demostrarle al pueblo hondureño de su compromiso con la temática de seguridad y justicia, deben tomar decisiones, deben avanzar en esta guerra contra los malhechores; a los criminales no se les puede dar trato aterciopelado, se les debe hacer saber que el castigo será severo e implacable«.

Asimismo, Rivera, consideró que «en una embestida irregular y sangrienta como a la que está siendo sometida la población por parte de narcos, mareros y bandidos, los policías, fiscales y jueces deben contar con las condiciones ideales para cumplir su mandato; se debe actuar ya, no hay espacio para la moderación frente a los que con desenfreno roban, extorsionan y matan» sentenció.

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APJ se reúne con presidente de CSJ para dar seguimiento a reformas penales y certificación de personal judicial

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  •  Rivera: “Reformas penales podrían ser mejor aprovechadas si Policía, Ministerio Público y Poder Judicial son depurados”
  • Defensa Pública e Inspectoría General de Tribunales serán sometidos a procesos de mejoras.

Tegucigalpa. Integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), abogado Rolando Argueta, con el fin de dar seguimiento a las acciones que se impulsan para fortalecer las capacidades del Poder Judicial.

Durante el encuentro fueron discutidos los avances en el proceso de reforma de los diferentes organismos judiciales, así como la certificación del recurso humano del Poder Judicial con énfasis en la certificación de jueces, magistrados y personal auxiliar.

Omar Rivera, coordinador general de la APJ, aseguró que las reformas penales que se proponen y la reingeniería al marco jurídico, estratégico e institucional de las entidades que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, solamente tendrán un efecto positivo en la población, si -en paralelo- se impulsan agresivos procesos de evaluación e investigación del recurso humano que labora en ellas.

«Únicamente los más competentes y decentes policías, investigadores, fiscales, jueces y magistrados deben formar parte de la estructura estatal; los mediocres y coludidos con el crimen organizado y la delincuencia común deben ser expulsados», concluyó.

Omar Rivera, valoró como positivo que el Fiscal General del Estado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hayan anunciado la certificación de los empleados del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial; ojalá sea como se está haciendo en la Policía Nacional: «de arriba hacia abajo y priorizando en sacar a las manzanas podridas».

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Delincuentes deben recibir un mensaje claro y contundente del Congreso, reformas penales deben aprobarse de inmediato

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Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Transformación de la Policía Nacional, manifestó que «genera un mensaje confuso eso de no consensuar medidas en contra de los criminales y delincuentes».

Así se refirió el depurador al estancamiento de la aprobación de las reformas penales que recientemente remitió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de la República.

«Yo le hago un llamado a todos los diputados para que superen las diferencias que tienen y aprueben lo antes posible las medidas pertinentes que brinden a las autoridades operadoras de justicia esas efectivas herramientas que faciliten vencer a los más malos« expresó.

El dirigente de la sociedad civil dijo que «en el marco de este proceso electoral que apenas inicia, los candidatos a cargos de elección popular, que abundan en el hemiciclo legislativo, deben estar convencidos que la mejor forma de decir es hacer y si quieren demostrarle al pueblo hondureño de su compromiso con la temática de seguridad y justicia, deben tomar decisiones, no bloquearlas».

«A los criminales no se les puede dar trato aterciopelado, se les debe hacer saber que el castigo será severo e implacable» señaló.

Asimismo, Rivera, consideró que «en una embestida irregular y sangrienta como a la que está siendo sometida la población por parte de narcos, mareros y bandidos, los policías, fiscales y jueces deben contar con las condiciones ideales para cumplir su mandato».

«Las reformas deben aprobarse lo antes posible, no hay espacio para la moderación frente a los que con desenfreno roban, extorsionan y matan» sentenció.

REFORMAS PODRÍAN SER MEJOR APROVECHADAS SI POLICÍA, MP Y PODER JUDICIAL SON DEPURADOS

El integrante de la Comisión Especial aseguró que las reformas penales que se proponen y la reingeniería al marco jurídico, estratégico e institucional de las entidades que conforman el sistema de seguridad y justicia en el país, solamente tendrán un efecto positivo en la población, si -en paralelo- se impulsan agresivos procesos de evaluación e investigación del recurso humano que labora en ellas.

«Únicamente los más competentes y decentes policías, investigadores, fiscales, jueces y magistrados deben formar parte de la estructura estatal; los mediocres y coludidos con el crimen organizado y la delincuencia común deben ser expulsados» concluyó.

Omar Rivera, valoró como positivo que el Fiscal General del Estado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hayan anunciado la certificación de los empleados del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial; ojalá sea como se está haciendo en la Policía Nacional: «de arriba hacia abajo y priorizando en sacar a las manzanas podridas».

Mediante la participación ciudadana, Grupo Sociedad Civil impulsa el respeto a los derechos humanos

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  • GSC forma parte de la plataforma de organizaciones de la APJ.
  • Sánchez: “Necesitamos una participación incluyente y diversa”

En un país caracterizado por desafíos de desarrollo cada vez más complejos, en donde figuran el aumento de la desigualdad, obstáculos para la profundización de la gobernabilidad democrática, el irrespeto a los derechos humanos y la coartación a la participación ciudadana; la inclusión de la sociedad civil se convierte en un recurso vital para promover la acción ciudadana hacia el desarrollo y una democracia participativa mediante el apoyo a la acción colectiva.

Bajo este precepto surge el Grupo Sociedad Civil (GSC), organización que se constituye a partir de la Ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza como un pacto entre Estado y Sociedad Civil.

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El GSC es una organización de carácter civil que impulsa espacios donde puedan ser armonizados y representados los interés y aspiraciones de los sectores y foros regionales de la sociedad civil organizada.

Bajo el liderazgo de la escritora Jessica Sánchez, actualmente el GSC promueve procesos de incidencia que garanticen el cumplimiento de las autoridades en temas como respeto a los derechos humanos, seguridad, justicia y libertad de expresión.

“Desde nuestros inicios hemos impulsado una constructiva dinámica de trabajo que facilita el intercambio de información y nutrir de experiencias propias que permitan poner un alto a la violación de derechos a la población” mencionó Jessica Sánchez.

Esta organización está compuesto de once sectores sociales: sector mujer, pueblo indígenas y afro, sector obrero campesino, empresa privada, pequeña y mediana empresa, discapacidad, tercera edad, juventud y el sector LGTBI.

El GSC constituye un aliado estratégico para el trabajo de incidencia, coordinación y seguimiento que promueve la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) de demandar un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras.

En ese sentido, Sánchez ha destacado la importancia de los cambios que se necesitan impulsar en el país de forma urgente “y más de esos cambios que deben darse en el sistema de seguridad del país, y que deben darse abriendo la participación de forma incluyente y diversa, sobre todo para aquellos sectores que han estado más vulnerados en esa situación de inseguridad y estoy hablando de las mujeres, pueblos indígenas; juventud y recientemente la población LGTBI”.

La expectativa de la APJ y sus organizaciones miembros es tener una Honduras con paz, justicia y seguridad sobre la base de una buena gestión del Sistema de Justicia y Seguridad hondureño con respeto a los derechos humanos y la transparencia.

APJ me quitó la venda de los ojos: Hillary Gómez

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Tegucigalpa. Con tan solo 21 años de edad, Hillary Gómez es una de las jóvenes más conocidas en la ciudad de El Progreso. Su dinamismo es una de las principales características de esta joven egresada del proceso formativo “Seguridad 101” que promueve la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en distintas ciudades del país.

Gómez, entendió que para poder tener un país mejor se requiere de la participación de todos, así que decidió ser parte del cambio y tal como ella lo dice “quitarse la venda de los ojos” para conocer sus derechos, pero también sus deberes.

“APJ me dio a mí un estilo de vida diferente, ahora sé bien cuál es el papel que cada quien juega en nuestra sociedad; sé cuáles son las funciones de cada operador de seguridad y justicia, pero también sé cuáles son mis responsabilidades como ciudadana”, dijo Hillary.

El conocimiento adquirido, le ha servido a ella para poder compartir lo aprendido con otros de su entorno “ahora mis compañeros, vecinos y hasta de mi familia llegan y me preguntan a qué entidad deben acudir cuando tienen algún problema”.

No obstante, sostiene que le entristece la apatía e indiferencia de la gente. «Desearía decirles a todos que es momento de reaccionar, pero que no solo hablando o criticando. El país necesita de hondureños valientes que puedan ser el cambio que necesita Honduras».

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Hillary Gómez, egresada del proceso de formación “Seguridad 101”.

Actualmente, Hillary Gómez forma parte de los jóvenes voluntarios del Capítulo Regional de la APJ en El Progreso, donde impulsa actividades de capacitación que involucra a otros jóvenes, así como representantes de la sociedad civil.

Acerca de “Seguridad 101”

En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) inicia el proceso de formación denominado “Seguridad 101”; programa destinado a desarrollar las capacidades de dirigentes de organizaciones no gubernamentales, academia e iglesias, para que realicen efectivas intervenciones de auditoría social e incidencia política ante los tomadores de decisiones del sistema de seguridad y justicia en el país.

Capítulo Regional de APJ conoce avances y desafíos en materia de seguridad y justicia en Catacamas

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  • En Catacamas, la APJ es representada por medio de su organización aliada PREDISAN.
  • APJ socializó resultados del Índice APJ.

En el marco del proceso de regionalización de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), dirigentes de organizaciones de la sociedad civil del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho,  sostuvieron una reunión con funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Militar, Medicina Forense y Defensa Pública de esa localidad con el objetivo de conocer los avances y desafíos en materia de recurso humano, infraestructura y logística con los que actualmente operan estas instituciones.

En el encuentro la plataforma ciudadana APJ socializó los avances que en materia de depuración policial se  han obtenido por medio del trabajo que realiza la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

Es importante destacar que desde su creación la APJ ha demandado de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado a actos criminales y en redes delictivas.

Además, en la reunión que se realizó mediante la instalación de una mesa bipartita fueron compartidos los resultados del Índice APJ, herramienta que establece indicadores en materia de transparencia, impunidad, recurso humano, resultados y fortalecimiento institucional.

Con la reactivación de estos encuentros pudo reformularse la línea de trabajo del capítulo regional de APJ en Catacamas, trabajo que estará orientado a potenciar las acciones de una comisión interinstitucional de los operadores de justicia y seguridad, para generar un espacio de seguimiento el cual será liderado por la organización Predicar y Sanar PREDISAN, organización miembro de APJ.

En ese sentido, la plataforma ciudadana APJ reafirmó su compromiso de efectuar acciones de incidencia que permitan agilizar la construcción de una morgue en la ciudad de Catacamas, para beneficio de todo el departamento de Olancho; así como impulsar la asignación de mayor recurso humano en los Juzgados, Ministerio Público y Policía Nacional.

Con la instalación de estas mesas bipartitas, la APJ busca fortalecer la participación activa de la ciudadanía en las intervenciones de auditoria social e incidencia política en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia, a fin de que puedan mejorar su desempeño institucional y la efectividad en la lucha contra la delincuencia común y crimen organizado.

Definición de la nueva cúpula policial se constituye en uno de los principales retos de la Comisión Especial

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  • La Comisión Especial está construyendo la Policía Nacional que los hondureños nos merecemos.

Tegucigalpa. Luego que el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunciara la extensión de la vigencia de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, sus miembros han manifestado la disposición de continuar desempeñándose en esa instancia.

Omar Rivera, dijo que «los miembros de la Comisión Especial estamos poniendo todo nuestro empeño para cumplir a cabalidad y en el tiempo previsto con el mandato de implementar la necesaria profilaxis y reingeniería de los diferentes organismos policiales; si el Presidente de la República y el Congreso Nacional deciden extender la duración de la gestión de la Comisión Especial, estamos en la plena disposición de seguir sirviendo a la Patria para consolidar este proceso de reedificación de la Policía Nacional».

Rivera, señaló que son varios los retos y desafíos que la Comisión Especial tiene de frente al año 2017, entre los que destacan «culminar el proceso de evaluación de los integrantes de la escala básica de la Policía Nacional, certificar internacionalmente los diferentes organismos policiales, aprobar un nuevo marco legal que defina una renovada estructura institucional y ponga en vigencia una ley de la carrera policial, diseñar un sólido y efectivo sistema de investigación y evaluación de oficiales y agentes, reformar el sistema superior de educación policial, definir la nueva cúpula policial que asumirá el liderazgo de la Policía Nacional y colaborar con las entidades contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia en las acciones de persecución penal en contra los policiales que cometieron delito».

“Vamos a poner especial empeño en implementar grandes transformaciones; sin embargo, un aspecto que para nosotros es relevante es la estructuración de una nueva cúpula que asuma el liderazgo de la Policía Nacional, identificando a esos ‘campeones’ que van a ser los guías de esta renovada y modernizada institución; esta nueva cúpula debe adoptar una nueva mística policial sobre la base de un conjunto de valores y principios que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos, el enfoque comunitario de la gestión de prevención y combate al delito, el rigor técnico y científico en las operaciones policiales, y una conducta intachable en la cual destaque la honestidad y la decencia” indicó.

El dirigente de la sociedad civil concluyó expresando que “la Comisión Especial está construyendo la Policía Nacional que los hondureños nos merecemos; una Policía Nacional conformada por hombres y mujeres de alto perfil profesional, competentes y efectivos, honestos y decentes, comprometidos con los sagrados intereses del pueblo hondureño y respetuosos de la Ley”.