Autoridades del TSC se reúnen con comisión de depuración de la policía
Tegucigalpa. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se reunieron hoy con los miembros que conforman la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras.
Los miembros de la Comisión, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien la preside, y los comisionados Vilma Cecilia Morales y Omar Rivera, llegaron a la sede del ente contralor del Estado atendiendo una invitación que les formulara el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.
La reunión tuvo por propósito informar a los integrantes de la Comisión Especial el proceso que sigue el TSC para la investigación de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.
En el encuentro, que inició a las 2:30 p.m., el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, y las autoridades de la Dirección de Auditorías Centralizadas y Centralizadas, y de la Unidad de Investigación y Verificación, encargadas de investigar dicho delito, expusieron el proceso que sigue el TSC para investigar las denuncias por este ilícito, amparados en el marco legal vigente y acorde a parámetros nacionales e internacionales.
Respaldo:
La Comisión Especial reconoció los esfuerzos que realiza el TSC en investigar el enriquecimiento ilícito, a pesar de las limitantes; por lo que demandan apoyo.
“Hemos recibido todo el respaldo del parte del Tribunal Superior de Cuentas, creemos que vamos a recibir una colaboración no solo decidida por lo que hemos asistido sino porque esa es la tarea que ellos han venido realizando”, manifestó Vilma Morales.
“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribunal tiene, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, son temas que hay que ponderar y valorar”, valoró. En este contexto, comparó que el presupuesto del TSC no es siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la República. Además, consideró necesario que el tema de la investigación del delito de enriquecimiento ilícito debe ser una tarea del Ministerio Público.
“Creemos que es una tarea que tiene que tener otro contexto, tiene que estar claramente determinada a nivel de las leyes de la República para exclusivamente como una tarea del Ministerio Público”, apuntó Morales.
“Es importante evaluar estos temas y ponerlos en contexto sobre la tarea que viene realizando el Tribunal”, indicó. Destacó que el TSC cuenta con buena capacidad técnica, de quien recibieron aportes importantes.
Por su lado, Omar Rivera coincidió que es necesario una revisión del marco jurídico en el tema del delito de enriquecimiento ilícito, para no cargar la labor que realiza el TSC. “Debe haber reformas que permitan que el rol del Ministerio Público sea mucho más protagónico”, indicó.
La Comisión solicitó al TC priorizar en casos emblemáticos de policías que supuestamente se enriquecieron ilícitamente. Finalmente, Rivera agradeció el apoyo del TSC en facilitarles información de altos oficiales de la Policía.
Las autoridades del ente contralor del Estado reafirmaron la voluntad de apoyar la gestión de la Comisión Especial, atendiendo las solicitudes que le sean planteadas en el marco de las facultades que les confiere la Ley.
El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, informó que el ente contralor del Estado conoce 27 expedientes sobre supuesto enriquecimiento ilícito, que fueron remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
De esta cifra cinco están evacuados y cuatro están por concluir su investigación, el resto se investigarán de acuerdo a la prioridad que solicita la Comisión de Depuración. El interés del TSC es responder de forma expedita cualquier solicitud o denuncias que formulen instituciones o ciudadanos, a efecto de no dilatar cualquier proceso encaminado a la administración de la justicia en nuestro país.
Por consiguiente, el TSC reafirma que las auditorías e investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se practican con objetividad y profesionalismo, garantizando el debido proceso a los funcionarios y exservidores públicos señalados en denuncias o en los informes de auditoría.
