Castellanos dijo que la Comisión, en la cual afirmó confiar, hizo muy bien en no permitir la ceremonia y con ello salvó al gobierno de la vergüenza.

El diario estadounidense The New York Times publicó un reporte donde señala la vinculación de varios oficiales de la policía con un poderoso cartel del narcotráfico y que los mismos financiaron y ejecutaron el asesinato del zar antidrogas González. Otro grupo de oficiales también planificó y ejecutó el asesinato de Landaverde.

Castellanos, cuyas declaraciones fueron divulgadas por Radio Cadena Voces, dijo que apoyan a la Comisión Especial de Depuración, así como al Ministerio Público, destacando que ahora entiende porque el ente fiscal no podía investigar “si los que investigaban era la Policía y ningún informe llegaba al Ministerio Público”.

Por ello, señaló, siempre pedimos que el Ministerio Público tuviera su propia policía de investigación y creo que los resultados comienzan a verse, así que se mostró contenta que la publicación periodística revelará los nombres de los comisionados generales y otros oficiales y policías sean conocidos y “que no sigan ocultándose en la impunidad”.

Dolor

Castellanos admitió que leer el reporte en lo personal se sintió “muy afectada, muy dolida de volver a los momentos más dramáticos que he vivido en lo personal”, igual que sus amigas.

“Pero es importante que se conozcan los nombres, y que salgan las fotografías, primero para que haya justicia y que los casos no queden en la impunidad; y en segundo lugar para aquellos policías y oficiales que han desarrollado su carrera profesional de manera limpia y honrada que su nombre no vaya quedar como los demás”.

También señaló que han sido años de impunidad para los responsables y de lucha de parte de los familiares de las víctimas para que investigaran y no ascendieran a los vinculados.

Recordó que siempre pidieron indagación de parte de la Dirección de Investigación y evaluación de la Carrera Policial (DIECP), pero que su exresponsable (Eduardo) Villanueva les respondió que “no era justiciero”.

También se lamentó que las autoridades, como ministros (de Seguridad) y otros rangos “cobijaban con honores, con soles-estrellas (ascensos) y sin embargo detrás de estas personas hay actos criminales que no pueden quedar en la impunidad”.

Dijo que es doloroso leer como ver como la seguridad del país haya estado en “manos de bandas criminales que obedecían a narcotraficantes, les llamaban señor” y ver como hondureños como el general González y Landaverde “dieron sus luchas en solitario”.

Mancharon a su familia

Castellanos, que perdió a su hijo por una acción criminal de agentes policiales, dijo que el Ministerio Público ya está actuando, debe estar revisando los informes, tanto los publicados, como los que incautaron en Casamata y la DIECP.

“Nos imaginamos que están haciendo los balances, las valoraciones, haciendo las fundamentaciones para actuar, sin fracasar, para que tenga éxito sus actuaciones, confiamos que el Ministerio Público va actuar, creo que lo está haciendo ya y vamos a tener la paciencia prudente” para ver las acciones, indicó la rectora.

Interrogada si hay posibilidad de escape de los señalados en caso que el Ministerio Público se tarde un poco, Castellanos dijo “se pueden fugar (los señalados), pero ya su nombre está muy claro y sus familias no van a poder huir todos, no van a poder huir sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus nueras y sus nietos, ellos ya han manchado su nombre y su familia”.

Cabe señala que alrededor de 40 oficiales de Policía, entre ellos el general Salomón de Jesús Escoto Salinas, quien era el jefe policial en el momento que fue asesinado el zar antidrogas Julián Arístides González, fueron retirados “con todos los honores” hace un poco más de dos años.

Asimismo, el 4 de febrero de 2014 se autorizó la “salida voluntaria” de siete oficiales de Policía, siendo éstos: comisario Constantino Zavala Laínez, Hugo Rafael Alvarado y Jonathan Eloy Sevilla; el comisario Carlos Valdemar Viana; los subcomisionados Ricardo Nicolás Murillo y Jesús Manuel Rodríguez; y el comisionado Walter Flores Mencía.

El comisario Zavala había sido previamente suspendido por el hallazgo de un sofisticado invernadero e instalaciones propias de un laboratorio de procesamiento de droga que fue encontrado por la Policía Nacional en la occidental localidad de La Cumbre, La Iguala, Lempira.