Asesinatos, persecución, criminalización y violaciones sistémicas de derechos humanos enfrentan líderes y lideresas sociales de América Latina

Tegucigalpa. En el marco del fortalecimiento del espacio cívico y la lucha anticorrupción en entornos hostiles, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI), desarrolló espacios de reflexión sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y las luchas sociales contra la exclusión, en los cuales disertaron: Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia; Gustavo Cáceres, activista defensor de Derechos Humanos; Luciana Torchiaro, asesora para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional; Mercedes Freitas, directora de Transparencia Venezuela; Samuel Rotta, director de Proética Perú; Eddie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana Guatemala, y Claudia Padilla, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia en Comayagua.

Las jornadas de intercambio de experiencias “Ingredientes para una efectiva defensa del espacio cívico”, que finalizan mañana, son organizadas por ASJ con apoyo de Transparencia Internacional y Viva, como un espacio de reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana y cómo defender las libertades cívicas y democráticas con la participación del Secretariado de Transparencia Internacional y sus capítulos en Guatemala, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela.

El riesgo que enfrentan los líderes sociales por la defensa de los derechos humanos

“El primer elemento del respeto al espacio cívico es el respeto a la vida. Entre 2018 y 2022, en términos de agresiones y violencia a líderes y lideresas sociales tenemos que 957 fueron asesinados, un aproximado de 239 asesinatos por año y 20 asesinatos por mes, entre ellos indígenas, campesinos, afrodescendientes, sindicalistas, ambientalistas, diversidades, entre otros”: expresó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

No obstante, alertó que el país sudamericano “hay otras afectaciones como violaciones sistémicas de los derechos humanos, limitación a libertad de expresión, acceso a información, participación ciudadana, derecho la protesta, seguimientos irregulares” y más.

Por su parte, Gustavo Cáceres dio a conocer que el caso de asesinato de su hermana Berta Cáceres presenta similitudes con lo que atraviesan líderes y lideresas sociales en Colombia, en cuanto a escuchas desde el Estado, la falta de una verdadera participación estatal con los pueblos indígenas, el asalto al territorio indígena que construyó la denuncia de Berta en la legitima defensa de los recursos naturales, de la biodiversidad y del derecho ancestral.

“El asesinato de Berta Isabel Cáceres tuvo el componente político, militar y económico, situaciones que conjugan la lucha fuerte y el afán de despojar y retirar a los pueblos indígenas de sus territorios”, apuntó.

Luchas sociales contra la exclusión

Samuel Rotta, director de Proética, relató que el asesinato de líderes indígenas en Perú ocurre por denunciar actividades ilícitas como tráfico de tierras, madera, narcotráfico y todo ello facilitado por funcionarios de gobiernos subnacionales corruptos, lo que ha derivado en un mecanismo intersectorial para la protección de defensores de DD. HH. en ese país que, sin embargo, tiene algunos problemas.

Para Rotta, la forma de hacer frente a la debilidad estatal es a través del seguimiento y alertas ante riesgos de que se archiven los casos de denuncias; acompañando las demandas de líderes indígenas, por ejemplo, ante la Comisión de Derechos Humanos y análisis del mecanismo intersectorial para ver las deficiencias del mismo.

Mientras Eddie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, agregó que “históricamente, el Estado ha nacido para el dominio y el beneficio de otros y en nuestros países quienes más sufren los efectos de esos mecanismos de cooptación y de corrupción extrema son los pueblos indígenas”.

Por su parte, Claudia Padilla, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en Comayagua, mencionó que para la juventud hondureña hay muchos obstáculos, pues ha sido invisibilizada por muchos años por parte del Estado, por lo que la sociedad civil ha abierto las puertas a través de espacios de participación.

“Ya ser joven nos pone en estado de vulneración y ser mujeres, aún más. Para los jóvenes es un reto total presentar políticas municipales… Nos cuesta mucho tener presencia de autoridades en espacios de plática juvenil”, lamentó.

Entre el 22 y 23 de agosto se realizaron diversos paneles y conversatorios en los que participarán más de 30 organizaciones de sociedad civil, colectivos, activistas de derechos humanos y periodistas hondureños, así como miembros de la cooperación internacional, que trabajan en diferentes regiones del país, quienes conocieron las experiencias y lecciones aprendidas de organizaciones referentes en la protección, promoción de libertades y derechos democráticos en la región.