No le podemos pedir al Fiscal General que haga en 120 días lo que otros no hicieron en décadas
Omar Rivera, miembro de la Comisión para la Depuración Policial señala que a pesar de comprender lo difícil que es resolver casos emblemáticos en torno a crímenes cometidos hace varios años, es indispensable que los mismos sean concluidos exitosamente, para que la población no tenga ese mal sabor de boca que aquí todo queda en el olvido y en la más repugnante y despreciable impunidad
“Es difícil resolver casos en los cuales los supuestos involucrados en delitos tenían el sartén por el mango” ha manifestado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, refiriéndose a los asesinatos de Julián Arístides Gonzales y Alfredo Landaverde, y al papel que jugaron algunos integrantes de la alta oficialidad policial en los últimos años.
Rivera, señaló que en la Policía Nacional “no se investigó con rigor en el momento en el que se podía hacer con facilidad por lo reciente de los hechos, tampoco se sometió a pesquisa a los oficiales y agentes sospechosos de haber planificado y ejecutado estos reprochables hechos, y por lo que uno ha venido encontrando en los archivos policiales, da la impresión que se hicieron de la vista gorda y hasta destruyeron evidencia”.
“Yo estoy frustrado por la impunidad que ha imperado en el país y más por la impunidad en estos casos emblemáticos que están clavados en el imaginario colectivo, pero no puedo desconocer -como decía la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)- que el reto es enorme y difícil para las actuales autoridades del Ministerio Público (MP), ya que deben enderezar lo que se hizo mal en los últimos años” expresó el depurador.
El dirigente de la sociedad civil indicó que “no le podemos pedir al Fiscal General que haga en 120 días lo que otros no hicieron en décadas” en alusión a la aún no concluida investigación penal en torno a la participación de miembros de la Policía Nacional en el asesinato de Julián Arístides Gonzales y Alfredo Landaverde, que obligo a la Secretaría de Seguridad a dar por concluido el periodo de suspensión que había recomendado la Comisión Especial, para los sospechosos de haber perpetrado ese crimen, según informes publicados por medios escritos nacionales e internacionales.
No obstante, pidió a las autoridades del MP, poner pasión, compromiso, rigurosidad técnica y sentido de urgencia en estos casos, ya que los mismos “deben ser resueltos para que no tengamos ese mal sabor de boca que aquí todo queda en el olvido y en la más repugnante y despreciable impunidad”.
Según estudios realizados por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en Honduras solamente el 4% de las muertes violentas culminan en juicio oral y público, y reciben sentencia condenatoria; es decir, según esta organización de la sociedad civil hondureña, en el país existe un 96% de impunidad en los casos de homicidios, asesinatos y otros delitos contra la vida.
PIDEN MÁS PRESUPUESTO PARA LOS OPERADORES DE JUSTICIA
En la víspera de la entrega del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2017, por parte de la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional de la República, Omar Rivera, reiteró la solicitud de “aumentar el presupuesto del sistema de seguridad y justicia para el próximo año”, poniendo énfasis en “el necesario incremento a las asignaciones presupuestarias de la Policía Nacional, el MP y el Poder Judicial”.
Rivera, exteriorizó que durante la pasada rendición de cuentas que la Comisión Especial se realizó ante la Junta Directiva del Poder Legislativo y los jefes de bancadas parlamentarias, se solicitó a los diputados “fortalecer las capacidades de la institucionalidad estatal, lo que implica incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia del país”.
Declaró que “se debe continuar fortaleciendo las capacidades de los diferentes organismos de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para que enfrenten al crimen organizado, redes transnacionales, carteles del narcotráfico y la delincuencia común; lograr la plena especialización y consolidación de las fiscalías del MP; así como garantizar el cumplimiento constitucional de transferir el 3% del Presupuesto General al Poder Juridicial y hacer sostenible recursos a las nuevas unidades recién creadas, tal es el caso de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)”.
