El Capítulo Regional de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, debido a la gran demanda de servicios de seguridad y justicia con que cuenta el país y que la capital industrial no es la excepción debido a sus altos índices de homicidios, inseguridad, corrupción e impunidad, exige públicamente que las instituciones operadoras de seguridad y justicia, y organismos aplicadores de la Ley (Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial) sean fortalecidos para garantizar el cumplimiento de su mandato y satisfacer las demandas ciudadanas.

En función de lo antes mencionado, el Capítulo de la APJ en San Pedro Sula, Cortés, se pronuncia en los siguientes términos:

1. La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen limitaciones para poder ejecutar acciones contundentes que prevengan, investiguen, juzguen y sancionen a los criminales, delincuentes y corruptos que transgreden la Ley, por lo que estas falencias deben ser solventadas dotando de suficientes recursos humanos, logísticos y presupuestarios para que la institucionalidad obtenga mejores resultados.

2. Los recursos del Presupuesto General de la República y de la Tasa de Seguridad Poblacional deben ser distribuidos de forma equitativa y proporcional,entre las diferentes integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia en el país, sin privilegiar a ningún sector en particular; la asimétrica y desigual distribución de los recursos del Estado, ha afectado fundamentalmente al Ministerio Publico y el Poder Judicial, quienes no han podido dotar de suficientes herramientas y recursos a los fiscales y jueces, debido a los raquíticos presupuestos con los que cuentan.

3. Debe implementarse un riguroso y efectivo proceso de depuración policial que permita sacar a las “manzanas podridas” de esa institución gubernamental, con la intención que las acciones de persecución de bandas del crimen organizado y la delincuencia común, no tenga como obstáculo el hecho que altos oficiales y agentes de escala básica sean cómplices en la acción delictiva; una Policía Nacional integrada por profesionales capaces, honestos y comprometidos, devolverá la confianza por parte de la ciudadanía y elevará el prestigio de la entidad.

4. Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben despolitizar los diferentes organismos judiciales y garantizarle al pueblo hondureñojusticia expedita, alejada de la influencia de los grupos de poder político, económico y criminal, y reducir sustancialmente la mora judicial.

5. La llegada de la Misión de Apoyo en Contra de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) debe ser aprovechada para brindar respuesta al clamor popular de la investigación, judicialización y castigo de los responsables de casos emblemáticos de corrupción en el país y a su vez esta debe generar el fortalecimiento y la certificación de los entes contralores y fiscalizadores, e instituciones operadoras de seguridad y justicia con capacidades especiales.

6. La ciudadanía reclama mayores espacios de participación para efectuar procesos de auditoría social e incidencia política, y de esta forma poder influenciar ante los funcionarios tomadores de decisiones, con la intención de que mejore el desempeño de la institucionalidad estatal y se formulen e implementen pertinentes políticas públicas.

El Capítulo Regional de la APJ en San Pedro Sula, Cortés, ratifica su compromiso de trabajar incansablemente para hacer de esta ciudad un territorio en donde reine la seguridad y en donde se pueda revertir la impunidad que tanto daño le causa a nuestra sociedad.