• En 2022 el 60 % de las agresiones contra defensores o periodistas estuvieron relacionadas con el ámbito de la tierra o el medio ambiente.
• El Congreso Nacional no revocó una reforma al Código Penal que incluye a las organizaciones de sociedad civil como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Tegucigalpa. Pese a la voluntad del gobierno actual de proteger los derechos humanos las amenazas al espacio cívico y participación ciudadana persisten en Honduras, en específico las agresiones contra periodistas, defensores de la tierra o el medio ambiente, además de ataques contra organizaciones de sociedad civil, indicó este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la presentación del informe Estado de País 2023: Espacio Cívico.

 El informe, detalla que, en Centroamérica, sólo Nicaragua se encuentra más baja que Honduras en tema de libertades civiles y según el grupo CIVICUS, Honduras se encuentra con un espacio cívico reprimido, al grado que, el año pasado, el 8.6 % de las ONG declararon haber sido víctimas de un ataque, siendo el retraso intencional de procesos burocráticos el más común, sin embargo, el porcentaje de ataques tuvo un descenso con respecto a 2021 cuando el 18 % de las ONG reportaron lo mismo.

En esa misma línea, hubo 242 agresiones contra defensores o periodistas, el 60 % de estas estuvieron relacionadas con el ámbito de la tierra o el medio ambiente. Sin embargo, en 2022, bajó la cantidad de denuncias contra periodistas en 40 %, se incrementó el índice de democracia, mejoró el Subíndice de Restricciones a los Poderes del Gobierno, pero menos de 1 de cada 3 hondureños confían en el Congreso Nacional, indica el documento.

Aunque el gobierno contribuyó a un clima propicio para la participación ciudadana con la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, se dificultó el trabajo de los defensores con el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección y el Congreso Nacional no revocó una reforma al Código Penal aprobada en 2021 que modificó el delito de lavado de activos al incluir las organizaciones de sociedad civil como Personas Expuestas Políticamente (PEP), contraviniendo lo tipificado en la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).   

 Sumado a esto, en diciembre se declaró el Estado de Excepción que restringe derechos constitucionales como la libertad personal, libertad de asociación, reunión, circulación y suspende límites a la detención y la inviolabilidad de la morada.

En ese sentido, el informe presentado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional señala cuáles son los obstáculos que enfrentan los y las hondureñas en cuanto a libertades civiles, participación ciudadana, libertad de expresión, violencia (conflictos sociales) y acceso a la democracia.

Desde la ASJ se instó a la urgente necesidad de impulsar una protección continua de grupos marginados, la apertura y la inclusión en la vida pública para construir una democracia fuerte en la que los ciudadanos exigen rendición de cuentas y confíen en que el gobierno cumplirá con sus responsabilidades, como garante de derechos humanos.

La iniciativa Estado de país informa y empodera a la ciudadanía para que a partir de estos datos se incida con propuestas de políticas públicas pertinentes y realistas, a través de datos y análisis de expertos, presentados en eventos públicos y un sitio web con información y estadísticas que reflejan la realidad nacional.

Más información sobre la situación de la economía y finanzas públicas se encuentra disponible en www.estadodepais.asjhonduras.com