• Hay criminalización de la protesta, judicialización de líderes y lideresas comunitarias, intimidación y presión constante de organizaciones estatales y locales que no están de acuerdo con aquellos grupos o personas que les señalan.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Yoro, gran parte de la población resiente las debilidades en los servicios que se brindan con fondos estatales. Consideran que las problemáticas originadas por la corrupción como temas prioritarios son: el mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes (88%), pérdida de confianza en las instituciones democráticas (88%) y la impunidad (88%) y otros aspectos relacionados con la captura del estado (62.5%). El tema de la impunidad en la región se ha visto amplificado por numerosos casos de corrupción de figuras públicas, ya que el sistema de justicia ha sido cooptado por grupos políticos y económicos, de acuerdo al informe.

A raíz de la pandemia y tras los huracanes Eta y Iota, ha habido mayor cierre de espacios de participación, aumentó la cooptación política de estos espacios por parte de los partidos tradicionales y la estigmatización de las personas y movimientos que critiquen o se opongan a procesos, proyectos o políticas impulsados desde las instituciones gubernamentales, con el único fin de deslegitimar la crítica y minimizar la participación ciudadana.

A pesar del abandono gubernamental, graves casos de corrupción y de estar en una permanente crisis en las instituciones del estado proveedoras de servicios, son muy pocas las personas y organizaciones que coordinan acciones de protesta o búsqueda de soluciones en la zona de Yoro.

Además, la participación de la Sociedad Civil ha sido prácticamente anulada, se reporta la criminalización de la protesta, judicialización de líderes y lideresas comunitarias, intimidación y presión constante de organizaciones estatales y locales que no están de acuerdo con aquellos grupos o personas que les señalan. En este sentido, se destaca en la región el trabajo de organizaciones emblemáticas como ERIC-SJ y Radio Progreso, que trabajan desde la formación política, la denuncia y el acompañamiento de presos políticos en el marco de la crisis postelectoral y también mediante la realización de sondeos de opinión, investigaciones y manifiestos públicos.

Pese a todas las limitaciones, vale destacar que las formas en las que la ciudadanía se organiza y participa en la región de Yoro, son diversas. Hay trabajo a nivel de redes con otras organizaciones, redes de mujeres y también redes juveniles que promueven los liderazgos locales y que, a pesar de la pandemia, han estado muy activos sobre todo en entornos virtuales.