Comayagua es el cuarto departamento de Honduras con más casos de abuso sexual infantil, revela informe de ASJ

• Índice de Impunidad en casos de abuso sexual infantil en Honduras es de 84%, según informe de ASJ.
• Al menos 807 denuncias de abuso sexual infantil reportó Comayagua entre 2016 y 2020.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, presentó un informe donde revela que cada seis horas, un niño o niña es víctima de Abuso Sexual Infantil (ASI) en el país, y el 83.74% de los casos quedan en la impunidad.

El informe titulado Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil, detalla que entre el 85% a 90% de los casos ocurrieron en el entorno cercano a la víctima y Comayagua se ubica en la cuarta posición entre los departamentos con mayor cantidad de denuncias: Francisco Morazán (2,038), Cortés (1,151), Atlántida (836), Comayagua (807) y El Paraíso (787).

Las cifras fueron socializadas este miércoles por los miembros de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quienes destacaron que Comayagua reporta 113 casos judicializados, de los cuales se registran tan solo 69 casos con sentencia condenatoria entre 2016 y 2020.

En los últimos cinco años, salvo 2020, la tendencia ha sido el incremento de denuncias anual; sin embargo, aunque hubo descenso en el número total de denuncias en 2020, en ocho departamentos el comportamiento se mantuvo hacia el incremento, siendo los casos más representativos: Choluteca (53 casos más), Comayagua (47 casos más) y Lempira (22 casos más). Esto da cuenta de la tendencia creciente de denuncias vista en el resto de los años.

En el dato global de Impunidad departamental las primeras cinco posiciones son encabezadas por El Paraíso con un 98.22%, seguido de Gracias a Dios con 96.55%, Yoro con 95.42%, Islas de la Bahía con 92.34% y Comayagua con 91.54%.

La investigación, agrega que a nivel nacional hubo cerca de 4,345 embarazos en estudiantes de 8 a 17 años, de los que 907 corresponden a niñas de 8 a 14 años, lo que supone automáticamente la comisión de un delito de violación debido a la edad.

Los datos establecen que en esa línea de tiempo el Sistema de administración de Justicia Penal ante el ASI, registró en todo el país 8,945 denuncias por delitos relacionados con el abuso sexual infantil (siendo un total de 8,732 niñas; mientras que 1,099 fueron niños), de estas denuncias solo 1,454 (16.25%) finalizaron con una sentencia condenatoria, implicando que el 83.74% de las denuncias quedó en impunidad, el 2020 tiene el índice de impunidad en casos de ASI más alto con 87.19% y el 2019 el más bajo con un 80.93%, adicionalmente el informe revela que los menores de 15 a 17 años son el grupo etario más afectado, así mismo se establece que la tasa de denuncia de ASI a nivel nacional para 2016-2020 fue de 51.75 por cada cien mil habitantes (niños/niñas).

Ante estas cifras, preocupa la mínima o nula aplicación de justicia contra los agresores, ya que, de 10 casos denunciados, más de ocho quedaron en impunidad; de 10 casos judicializados, solo en cinco hubo una sentencia condenatoria; mientras que de cada 10 denuncias ingresadas solo cuatro fueron concluidas con una investigación y, además, de cada 10 investigaciones concluidas solo en seis se presentó requerimiento fiscal.

El informe de ASJ, también revela la ausencia de un sistema de atención para menores víctimas de ASI, que les restituya derechos violentados, garantice su protección y acceso a una justicia eficaz y eficiente. Se expone, además, que el sistema sanitario no cuenta con estructura institucional y equipo de profesionales suficientes ni con normas procedimentales, para contribuir al restablecimiento de la salud mental de niños y niñas.

Ante esta situación, el capítulo de Transparencia Internacional recomienda efectuar acciones para el diseño e implementación efectiva de políticas públicas de prevención, detección, atención de la violencia sexual y protección de niños y niñas, que asegure la reducción de la violencia sexual a partir de la caracterización del problema, una mayor inversión pública, el fortalecimiento institucional y la intervención colaborativa de los sectores de protección, sanitario, educativo, de justicia, seguridad y protección social, entre otras.