La sociedad civil hondureña realiza un llamado a la clase política y al Estado a atender la implementación de las recomendaciones emitidas a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para mejorar el desempeño del Estado hondureño en materia de seguridad ciudadana.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la Asociación para una Sociedad más Justa/Alianza por la Paz y la Justicia (ASJ/APJ), el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), y el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), realizaron, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), un esfuerzo conjunto para analizar y evaluar la aplicación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2011-2022 (PICSC), con el objetivo de presentar recomendaciones que permitan al Estado hondureño mejorar su desempeño en materia de seguridad ciudadana.

El Diagnóstico y Recomendaciones a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana fue elaborado con la participación de más de 30 organizaciones sociales que trabajan en programas de seguridad ciudadana en las ciudades de: Choluteca, Comayagua, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa.

“Estas recomendaciones nacen de un trabajo conjunto entre las organizaciones que impulsamos esta iniciativa y de una amplia consulta a diversos actores de la sociedad civil hondureña en seis regiones del país, enriquecida con la visión de especialistas en seguridad y organismos de cooperación internacional”, expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.

En Honduras, de acuerdo al Índice de Impunidad en Homicidios de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), el 86% de los casos de homicidios no son judicializados. Esto, de acuerdo a Hernández, se convierte en “caldo de cultivo” para la proliferación de la violencia pues “cualquiera se atreve a delinquir cuando sabe que no hay posibilidades de que la justicia lo alcance”.

En el evento, la AJD, ASJ/APJ, FOSDEH y el IUDPAS, presentaron 22 recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de seguridad en el país, las cuales se centran en impulsar el desarrollo humano y el respeto a los derechos humanos para prevenir la violencia y reducir la migración forzada, promover la transformación continua e integral de la Policía Nacional y de los métodos de investigación, fortaleciendo la Secretaría de Seguridad y los sistemas de información, y promover la participación ciudadana, integrando el papel de las municipalidades, el gobierno central, la sociedad civil, la academia y la cooperación para la prevención de la violencia.

En el actual contexto preelectoral, “la historia nos dice que los cambios de gobierno distorsionan lo bueno o lo malo se acentúa”, por lo que esta iniciativa busca que “las recomendaciones permitan al Estado mejorar su desempeño en seguridad ciudadana y que un nuevo gobierno pueda trazar planes para definir acciones coordinadas que permitan al país avanzar. Juntos podemos incidir”, agregó el representante de la ASJ.

Por su parte, Julieta Castellanos, directora del IUDPAS, exhortó “a las autoridades hondureñas, candidatos a cargos de elección popular, entre otros, a tomar en consideración estas recomendaciones e incorporarlas en sus propuestas y planes institucionales y de gobierno”.

Y añadió que “uno de los problemas de la institucionalidad, donde los ciudadanos tenemos que enfrentarnos al Estado, cuando en algunas circunstancias somos víctimas del Estado; una relación desproporcional donde se asumen los riesgos por parte de la sociedad civil cuando enfrenta este tipo de lucha; pero estamos obligados a exigir que funcione el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Policía, porque tiene un presupuesto y misión constitucional”.

En este mismo evento, Mauricio Díaz Burdett, director ejecutivo de FOSDEH, presentó el contenido de la campaña “Seguridad para el Desarrollo Humano” que hace un llamado de la sociedad civil al sector público de promover la seguridad ciudadana para el desarrollo humano, como un elemento de transformación social y al mismo tiempo incidir en la clase política hondureña, partidos políticos, funcionarios públicos y tomadores de decisiones, como responsables de atender las demandas de la sociedad civil respecto a la implementación de las recomendaciones emitidas.

La campaña fue difundida en los medios de comunicación nacional y en las redes sociales de la AJD, ASJ/APJ, FOSDEH y el IUDPAS. El informe Diagnóstico y Recomendaciones a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana será publicado en las páginas web de las organizaciones que impulsan esta iniciativa.

El evento cerró con las palabras de Martha Dubón, subcoordinadora de la AJD, invitando a la sociedad civil a realizar un esfuerzo de construcción colectiva y de largo plazo, para lograr que el gobierno asuma estas recomendaciones.

“Esperamos que este diagnóstico sea de mucha utilidad para todos los sectores comprometidos con la seguridad del país y que haya una apertura de parte del Gobierno, que reciba estas recomendaciones y sean tomadas en cuenta para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en el país. La seguridad pública es una tarea de todos y todas, esperamos que este diagnóstico y recomendaciones sean la base para un esfuerzo de construcción colectiva donde ciudadanos y organizaciones podamos participar y promover mejores condiciones”, finalizó.

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