Suspensión de garantías constitucionales durante pandemia por COVID-19 ha impactado acceso a la justicia y respeto a derechos humanos

Tegucigalpa. La coalición de organizaciones de sociedad civil, representada en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), realizó este miércoles un conversatorio virtual con el objetivo de analizar el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en el respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la situación que atraviesa el país en materia de impunidad.

El webinar “Derechos Humanos, Justicia e Impunidad en Honduras”, contó con la participación de: Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, (CODEH); Ramón Barrios, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS) y Russlan Espinal, oficial de derechos humanos de la APJ.

Durante el encuentro virtual se analizó las taxativas en el acceso a los tribunales de justicia y el respeto a los derechos humanos, en el marco de las garantías constitucionales suspendidas durante la emergencia sanitaria.

Hugo Maldonado lamentó que la suspensión de garantías constitucionales que permiten la movilidad de las personas, este limitando la labor de los defensores de derechos humanos en el país “estos tres meses han sido bastante difíciles, pues estas restricciones no nos han permitido ejercer nuestra labor como activistas de derechos humanos al cien por ciento”.

En ese sentido, el catedrático universitario Ramón Barrios, señaló como estas limitaciones en la movilidad ciudadana, han impactado en el acceso a la justicia; “los profesionales del derecho no hemos tenido acceso a los tribunales de legalidad, lo que representa que los imputados, personas sometidas a un proceso penal o que han sido detenidas en esta cuarentena no han contado con una legítima defensa sencillamente porque los abogados en el ejercicio independiente de su profesión no han tenido libre acceso y movilidad”.

Los panelistas coincidieron que el principal problema de los derechos humanos en Honduras, se centra en la falta de castigo para los delincuentes, situación que representa el primer paso a la impunidad.

En consecuencia, en la parte final del encuentro se reflexionó en torno a las cifras de impunidad y homicidios que se reportan en el país, en donde “según datos de la APJ, en el 2019 tan solo el 13% de los casos que llegaron a los Tribunales de Justicia eran resueltos, lo que representa un índice de impunidad de 87% en el país”, compartió Russlan Espinal.