Comunicado: Diputados del Congreso Nacional de la República deben colocar los intereses del país por encima de los personales

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Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en el marco de la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, se pronuncian de la siguiente manera:

1)     Luego que la Junta Nominadora definiera los nombres de los profesionales del derecho que integran la lista de candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y que la misma haya sido entregada a la Secretaría de la Junta Directiva del Congreso Nacional, se impone como esencial reto que los legisladores de las diferentes bancadas representadas en el Poder Legislativo, seleccionen a los nominados más idóneos para desempeñarse en la titularidad del Ministerio Público (MP), entidad que representa los intereses de la sociedad y tiene el monopolio de la persecución penal en el país.

2)     En esta coyuntura en la cual varios parlamentarios están siendo acusados ante los tribunales de justicia por la supuesta comisión de delitos, es pertinente que los involucrados no tengan un papel relevante en el proceso de designación del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, por el conflicto de intereses que se presenta de conformidad al Código de Conducta Ética del Servidor Público.  En ese sentido, que los investigados y acusados por el MP, participen en la elección de – precisamente – quienes van a dirigir esta institución en el próximo quinquenio, restará credibilidad y legitimidad a una decisión que marcará la continuidad o no de la lucha en contra de las bandas del crimen organizado y redes de corrupción en Honduras. Diputados deben colocar los intereses del país por encima de los personales.

3)     Los diputados de las diferentes facciones partidarias con representación en el hemiciclo legislativo, que no estén siendo imputados de la comisión de delitos, deben actuar con responsabilidad al evaluar las hojas de vida y la trayectoria de los 5 sugeridos por la Junta Proponente, sometiéndolos –de ser necesario- a procedimientos internos de evaluación que amplíen el apropiamiento del perfil y pensamiento de quienes aspiran a convertirse en Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República; en los próximos dos meses, antes que venza el plazo para la elección de estos dos altos funcionarios, existe un tiempo prudente para que con rigor y transparencia se busquen los consensos y acuerdos necesarios para obtener la mayoría calificada que permita el nombramiento de quienes dirigirán tan importante ente operador de justicia.

4)     En esta elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, ni se admiten prisas injustificadas, ni manipulación de los grupos de poder político, económico o criminal, ni mucho menos el intento de quebrantar las disposiciones que ya establece la Constitución de la República y la Ley del MP, para elegir a tan importantes funcionarios del Estado; violar la Ley para obviar el deber que tienen los legisladores de elegir un nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, apostándole a nombrar un Triunvirato Interventor que convierta al MP en un botín político-partidario o en un instrumento para prolongar la impunidad que ya se está empezando a revertir, sería un acto reprochable y constitutivo de delito.

5)     Finalmente, hacemos un llamado a la población en general y a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que le den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante el Congreso Nacional, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP, y que lo mucho que se ha logrado no se eche por la borda.

Historia de éxito: Milton Fonseca, voluntariado y acción para construir una Honduras con seguridad y justicia

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Ayudar a su comunidad lo motivo a unirse como voluntario a los 13 años y diez años después continúa trabajando, ahora a favor de la sociedad hondureña.

De sonrisa afable y espíritu servicial, Milton Fonseca destaca por su entrega en el desarrollo de actividades enfocadas a la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (PJ-APJ).

A sus 23 años, admite que su vida ha sido marcada por el voluntariado que realizó en diferentes organizaciones de sociedad civil: “Ese sentimiento de sentirte útil, de ver cambios y ver resultados por las acciones emprendidas me ha hecho una mejor persona, me ha dado principios y valores, me ha permitido desarrollar una conciencia social que me permite ser más sensible ante las diferentes injusticias que se cometen contra los grupos más vulnerables”.

En cuanto a su vida profesional afirma que “el voluntariado fue el que me enseñó y me dotó de muchas habilidades para poder desempeñarme en el ámbito de la oficina y también en el ámbito académico, pues el voluntariado más que una actividad extracurricular pasó a ser un estilo de vida”.

Actualmente se desempeña profesionalmente como oficial de juventud de la Plataforma Juvenil de la APJ donde está a cargo de la reestructuración y conformación de la misma con el objetivo de incidir en las políticas de defensa social de este segmento social, que representa uno de los más vulnerables en Honduras.

Y es que de acuerdo a datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), el 71.2% de las víctimas de homicidio en Honduras durante el 2017 fueron jóvenes con edades de entre 15 a 39 años.

“Muchos jóvenes tienen la apertura de formar parte de espacios de acción ciudadana con el deseo de construir y transformar Honduras, sobre todo en temas de seguridad y justicia, la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia tiene el propósito de ser un puente entre los tomadores de decisiones y los jóvenes en nuestro país, para que estos últimos expongan la problemática que viven a diario”, puntualiza Fonseca.

Debido a su experiencia como voluntario, Milton invita a los jóvenes a participar en espacios de participación ciudadana: “Ya sea en su comunidad o en organizaciones, es importante que participemos. En mi caso, el voluntariado me demostró que podía ser útil y que por medio de mis capacidades y potencial podría servir para emprender acciones de ayuda a mi comunidad”.

Para formar parte del voluntariado en la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia escribe un mensaje privado en www.facebook.com/alianzapazyjusticia/

 

APJ exige más presupuesto para el Ministerio Público y Poder Judicial

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  • Informe destaca necesidad de un análisis y reestructuración de la asignación presupuestaria para lograr mayor equidad en la distribución de recursos y de esta manera fortalecer el ciclo y tiempo de respuesta del sistema de justicia.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), cuestionó que las asignaciones presupuestarias destinadas a financiar al Ministerio Público (MP) y Poder Judicial, son mucho más bajas que las que se destinan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

En un informe hecho público en los municipios de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán; y San Pedro Sula, en Cortés la plataforma ciudadana indicó que “al realizar la comparación del crecimiento porcentual entre el Presupuesto General y los presupuestos de las diferentes instituciones del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia del país, en los últimos 12 años, se observa, como el presupuesto para la Secretaría de Defensa, es superior al incremento que han tenido las otras entidades”.

Russlan Espinal, Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien presentó la investigación, dijo que “se muestra un trato diferenciado al asignar más recursos a la Secretaría de Defensa, que la coloca en ventaja para ejecutar operaciones y fortalecer sus capacidades logísticas”. Adicionó, que “el resto de las entidades del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia no han sido tan afortunadas; si bien es cierto, a partir de la implementación del proceso de reforma policial, la Secretaría de Seguridad, empezó a recibir mayores recursos que en el pasado, no son tantos como los que recibe la SEDN”.

“Las que menos asignaciones reciben y menores incrementos experimentan son los presupuestos del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial” reveló.

Espinal exteriorizó que “estos bajos incrementos son inaceptables, pues estos operadores de justicia son vitales para luchar contra la impunidad; se necesita que se les asignen más presupuesto”.

La investigación muestra que “el Presupuesto General de la República de Honduras, en el periodo 2006-2018 mostró un crecimiento de 464.5%, pasando de Lps. 42 mil 996 millones a Lps. 242 mil 733 millones”; entre tanto, la Secretaría de Defensa incrementó su presupuesto en 664.7%, pasando de Lps. 1 mil 41 millones a Lps. 7 mil 959 millones.

La Secretaría de Seguridad, en el período analizado, pasó de recibir Lps. 1 mil 817 millones en el año 2006  a Lps. 6 mil 584 millones en este 2018, para un incremento del 262.3%.

Por otro lado, pese a que el incremento experimentado por el MP, en estos últimos 12 años fue de 371.3%, las asignaciones monetarias son muy bajas respecto a las demás instituciones del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia; por ejemplo, mientras en el año 2018 el presupuesto de la Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad son de  Lps. 7 mil 959 millones y Lps. 6 mil 584 millones, la asignación anual del MP es de apenas Lps. 1 mil 886 millones.

Ese es el mismo caso del Poder Judicial, que ha visto incrementado su presupuesto de Lps. 1 mil 69 millones en 2006 a Lps. 2 mil 435 millones, apenas un aumento de 127.7% en 12 años.

El mismo tratamiento diferenciado se refleja en la asignación de recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, la que en los últimos ha asignado mayor cantidad de recursos a la Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad, marginando de cuantiosas asignaciones al MP y Poder Judicial.

RECOMENDACIONES

Finalmente, durante la presentación del informe que se tituló Evolución Histórica del Presupuesto del Sistema de Defensa, Seguridad y Justicia en Honduras 2006 – 2018, el asesor jurídico de la APJ, Mario Cañas, planteó que “el Gobierno, debe realizar un análisis y reestructuración de la asignación presupuestaria, generando a través de ello, mayor equidad en la distribución de recursos y de esta manera fortalecer el ciclo y tiempo de respuesta del sistema de seguridad y justicia; de la misma manera, debe procurar aumentar la transparencia en la gestión presupuestaria y rendir cuentas periódicamente, garantizando el derecho de acceso a la información pública”.

“Los niveles de inversión en seguridad y justicia, deben dirigirse a las dependencias que realmente requieren niveles de financiamiento para sus resultados y se debe garantizar que los recursos asignados sean manejados por unidades certificadas, es decir, unidades donde se hayan implementados procesos de depuración” señaló.

En su último punto, Cañas, “demandó mayor asignación presupuestaria para los programas de prevención de la violencia y atención a grupos colocados en situación de vulnerabilidad”.